Un ecocidio que no reconoce fronteras

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero – 23-01-2020

https://www.ambito.com/opiniones/australia/australia-un-ecocidio-que-no-reconoce-fronteras-n5078285

Cuando se habla de Australia, no son pocos a los que se viene a la mente sus hermosos paisajes, el bienestar de su población, la calidez de su gente. La mayoría de las variables socio-económicas lo sostienen: 28 años seguidos de expansión económica basados en un mercado interno sólido, un pujante sector de servicios (desde financieros, pasando por las telecomunicaciones o los educativos), junto con exportaciones masivas de materias primas (lácteos, carne bovina) y una amplia variedad de recursos naturales estratégicos (donde el país cuenta con, por ejemplo, con el 40% de las reservas totales de uranio en el mundo). Pero sobre todo, Australia tiene instituciones creíbles. Y que, en su mayoría, funcionan con enorme fluidez enmarcadas en valores fundamentales: capacidad, meritocracia, eficiencia, eficacia, justicia, y bajos niveles corrupción.

Ello permite que la desaceleración de la economía china, la guerra comercial global, o las señales de una incipiente burbuja inmobiliaria, puedan ser capeadas para que se transformen de potentes huracanes, a suaves tendencias económicas negativas que no impacten, por ejemplo, en un desempleo que ha rondado por décadas el 5%, o un PBI per cápita que históricamente se mantiene en el top 10 global. Las respuestas coyunturales para sostener este escenario suelen ser multi-causales: la necesidad de recursos naturales por parte de China para dinamizar su economía exceden cualquier tipo de ralentización del gigante asiático, que Australia tiene poca exposición a las cadenas globales de producción manufacturera – lo que la aleja de las ‘peleas arancelarias’ -, o que las políticas crediticias contra-cíclicas han tenido un éxito quirúrgico.

Sin embargo, la especialidad australiana para alcanzar el objetivo de crecimiento con estabilidad, se encuentra en lo que se podría denominar ‘pragmatismo de anticipación’: Cuando en la primera mitad del siglo pasado el modelo agroexportador generaba una dependencia bajo la lógica del deterioro de los términos de intercambio – tan bien conocida por nosotros -, el gobierno australiano entendió que existía la necesidad de realizar un proceso de industrialización sustituyendo importaciones. Cuando sus vecinos asiáticos se transformaron en los ‘tigres del crecimiento industrial’ luego de la segunda guerra mundial, Australia decidió transformarse en una economía de servicios. Cuando comenzó el ascenso económico de China, los australianos dejaron de mirar rápidamente a sus vecinos asiáticos como ‘comunistas de cuidado’ – bajo el paraguas de seguridad global en alianza con los Estados Unidos – , a ser uno de sus principales socios para con la exportación de sus recursos naturales. Con la crisis global de 2008-2009, pasaron de ser liberales – con un Estado moderado pero eficiente, basado en  enormes incentivos para con la creación de empresas, Pymes principalmente – a convertirse, en un abrir y cerrar de ojos, en keynesianos a favor de la generación de enormes estímulos fiscales. Y así podríamos continuar.

Sin embargo, luego de describir las bondades socio-económicas, productivas, y porque no estratégicas, debemos mencionar que hay un detalle, no menor, en el que Australia falla, el cual es estructural y mayúsculo: el de la sustentabilidad. Aquella que no piensa en el bienestar material de genera el consumo actual, sino el que tiene la empatía de mirar más allá, el de pensar en una vida plena para las futuras generaciones.

La grave y prolongada sequía y las olas de calor récord que está sufriendo Australia como consecuencia del cambio climático, ha tenido un rol fundamental en los graves incendios acaecidos en las últimas semanas; los cuales, cada vez tienen mayor asiduidad, duran más y son más severos e impredecibles. El país vive con un grado y medio por encima del promedio del período 1961-1990 y dos grados con respecto a la época preindustrial. En este sentido, la Agencia de Meteorología de Australia reveló que 2019 fue el año más caluroso y seco en la historia del país, con una temperatura media de 1,52 grados centígrados por encima del promedio, y una media nacional de lluvia de solo 277 milímetros, la más baja registrada hasta la fecha. El dato respecto a las secuelas habla por sí solo: 10 millones de hectáreas arrasadas. Prácticamente toda la superficie de Portugal. Y a futuro, las estimaciones no son más alentadoras: el propio organismo sostiene que el número de días con peligro extremo de incendio habrá aumentado un 30% para finales de la corriente década, y un 100% para el año 2050.

No podemos decir que los australianos no saben que su país es el decimoquinto mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, cuando su historia de desastres naturales habla por sí sola: sin ir tan lejos en el tiempo, hace una década se quemaron aproximadamente 450.000 hectáreas en el estado de Victoria, en el extremo sur del continente. Por otro lado, en el año 2016 el Gran Arrecife de Coral perdió el 20% de su tamaño; mientras el sistema fluvial Murray Darling, el más caudaloso de Australia, se ha secado un 40% en el último quinquenio.

El actual Primer Ministro australiano, Scott Morrison, tiene una visión diferente: pide paciencia y asegura que los incendios son parte de la vida cotidiana australiana. Por ende, no tiene planes creíbles para reducir, por ejemplo, las emisiones de carbono australianas. Ello a pesar de que los propios datos oficiales indican que la cantidad de gas que ingresó a la atmósfera australiana entre 2015 y 2019, se incrementó en un 20% en comparación con los cinco años anteriores.

Por el contrario, el gobierno solo ha tomado medidas coyunturales cosméticas que conllevan una incidencia económica menor. Por ejemplo, en el año 2018 Australia se unió a la campaña Mares Limpios propuesta por el área de Medio Ambiente de la ONU; un llamamiento a los gobiernos, las empresas y los ciudadanos a emprender acciones para frenar la contaminación por plásticos en los océanos. También se comprometió a invertir 2.500 millones de dólares para financiar a gobiernos locales y empresas agrícola-ganaderos para que pongan en marcha proyectos de vegetación y el reemplazo de sus sistemas de alumbrado y refrigeración. Parece extraño: trabajar sobre las consecuencias no parece entrar bajo la lógica australiana del planeamiento a largo plazo. O será que los intereses son tan profundos que no alcanza la superioridad moral de un modelo que pregona los más altos índices de calidad de vida.

Ello es lo que sostienen sus detractores, quienes resaltan que las medidas son meras caricias inocuas. “Demasiado poco, demasiado tarde”, indican desde el Consejo del Clima, un organismo independiente creado tras la disolución de la comisión gubernamental abocada al Medio Ambiente: por ejemplo, lo realizado hasta el momento  de ninguna manera puede contrabalancear equitativamente la política llevada a cabo en el año 2014 por el entonces primer ministro Tony Abbott, cuando eliminó el impuesto que obligaba a las empresas a pagar 15 euros por cada tonelada de emisión de carbono. Por otro lado, mientras se observa una permanente inacción para con la reducción de la dependencia del país de los combustibles fósiles, particularmente en sectores como la electricidad y el transporte, el gobierno se muestra ‘muy activo’ para autorizar, por ejemplo, la ampliación del puerto de Abbott Point, en el noreste de Australia, uno de los más grandes del mundo destinados a la extracción y transporte de carbón. El detalle: se encuentra ubicado en medio de una gran barrera acuífera que alberga más de 500 especies de peces y más de 400 de coral.

Lo interesante es que tampoco el costo económico de los desastres naturales – que, de continuar esta tendencia, podría alcanzar los 30.000 millones de dólares al año de aquí a 2050 – hace mella en las clases dominantes. En este aspecto, es claro que mientras el perjuicio económico, más allá del daño medio ambiental, se socializa, las ganancias de las elites corporativas, son individuales. Evidentemente, el lobby y las presiones de unos pocos, pueden más que los intereses colectivos. Ejemplos recientes sobran: en el año 2010 el Primer Ministro, Kevin Rudd, fue enormemente cuestionado tras su intento de aplicar impuestos sobre las empresas mineras que las obligue a la reducción de la contaminación del carbón. En 2018 sucedió algo similar con el premier Malcolm Turnbull, cuando éste promovió un nuevo esquema de infraestructuras corporativas y sociales con energías renovables.

La situación actual es claramente diferente. Morrison cuenta con el apoyo del también negacionista Rupert Murdoch, cuyos medios lideraron la campaña que lo llevaron a ser Primer Ministro. Y su discursiva no se mueve un ápice de la lógica de acumulación: “No vamos a involucrarnos en los objetivos irresponsables, destructores de empleo y económicamente perjudiciales que se están buscando”, sostuvo ante el reclamo de una parte importante de la sociedad. Y para sostener su discursiva, desempolva el Excel con los datos de la macroeconomía dura: solo para citar un ejemplo, el sector minero pasó de representar el 2% del PBI hace una década, al 8% al día de hoy. Y en términos comerciales, Australia se ha convertido en el principal proveedor de hierro y cobre de China (un promedio de 50.000 millones de dólares de exportaciones anuales al gigante asiático en el último quinquenio), además de alcanzar en 2019 el segundo lugar como exportador mundial de carbón, con China e India como sus principales destinos. Si, así es, dos países que a su vez pertenecen al grupo ‘selecto’ de los grandes emisores de gases.

En este aspecto, lo que pasa en Australia es, lamentablemente, también una problemática  global. Sin ir muy lejos en tiempo y espacio, hace unos meses en Brasil ardieron unas 5.500.000 hectáreas en la región del Amazonas. O un año antes, donde se habían quemado alrededor de 800.000 hectáreas de bosques en California, Estados Unidos. Y en nuestro país, aunque no hemos vivido un desastre ambiental de estas magnitudes, no nos encontramos ajenos a los dilemas medio ambientales que acontecen en cada rincón de la tierra.

Poseemos una de las mayores reservas a nivel mundial de litio, lo que implica una importante cantidad de emisiones sólidas, propias de las actividades extractivas durante la voladura y el arranque del material. También tenemos una producción importante de megaminería metalífera; cabe destacar que para extraer un gramo de oro, es preciso remover 4 toneladas de roca, consumir 380 litros de agua, 43,6 kwh de electricidad, 1 kilogramo de explosivos, y 850 gramos de cianuro. Si hablamos de las potencialidades de la industria hidrocarburífera – con Vaca muerta a la cabeza -, no podemos dejar de mencionar la necesidad de un sobreconsumo de agua y el  uso intensivo de químicos contaminantes. Por su parte, la falta de control con la consecuente depredación de nuestros mares, conlleva serios riesgos de reproducción para con la pesca sustentable. Ello sin olvidar a la agricultura industrial y la deforestación: con solo mencionar que la soja pasó de ocupar 5 millones de hectáreas hace 2 décadas, a más de 18 millones al día de hoy, comprenderemos el porqué de la pérdida de 7 millones de hectáreas de bosques nativos y más de 1 millón de pastizales naturales. Y así podríamos continuar. Todo con enorme impacto en nuestro ecosistema.

Pero la acumulación de capital manda, y los números así lo demuestran. Un informe elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente comparó el crecimiento económico y la cantidad de reservas de recursos naturales de 4 países importantes y representativos a nivel global para el período 1990-2008: mientras Estados Unidos, China, Brasil y Sudáfrica, incrementaron su PBI en 37%, 422%, 31% y 24% respectivamente en dicho período, la naturaleza siguió el camino exactamente inverso: disminuyeron las reservas un 20% en Estados Unidos, 17% en China (el número no fue mayor dado que gran parte del abastecimiento de materias primas y recursos estratégicos se importan); 25% en Brasil y 33% en Sudáfrica.

Evidentemente, la búsqueda desenfrenada e inmediata de una mayor productividad en pos del lucro y el consumo, se contrapone con la protección de los ecosistemas que nos permitirán vivir un futuro sustentable para todos. Y está demostrado que no alcanza con una mayor concientización global, mediatizada y movilizada, para que la destrucción del medio ambiente tenga cada vez más obstáculos. A las elites que detentan el poder no les importa. Vaya uno a saber lo que piensan. Que si hay desastres naturales, ellos tendrán recursos para escapar. O que si nos encontramos en un contexto de escases de alimentos u otros bienes esenciales, siempre habrá para ellos y tendrán la forma de adquirirlos.

Lo que sí es seguro es que las mayorías no pueden quedarse sentadas esperando a que los señores del poder decidan si están dispuestos a vivir en un mundo inclusivo y sustentable para los niños del mundo por nacer, o querrán seguir con posturas peligrosamente egoístas. Por lo tanto, para que la historia no nos encuentre en una  pasividad languideciente, el castigo a los que contaminan debe ser político, en las urnas. Y aquí traigo a mi memoria las palabras de aquel cartel ubicado justo antes del túnel de salida al campo de juego de un equipo de futbol americano en los Estados Unidos, con el objetivo de que cada jugador lo recordara previo ingresar a cada partido: ¿Porqué no nosotros? ¿Porqué no ahora? Quien dice que en estas palabras podamos encontrar la respuesta. Que debe ser urgente. Sino puede ser demasiado tarde.

 

Esquirlas económicas desde Medio Oriente

Publicado el 8-1-2020 en Ambito Financiero

https://www.ambito.com/opiniones/petroleo/esquirlas-economicas-medio-oriente-n5075507

Cuando el mes de Noviembre pasado el actual líder supremo de la revolución iraní, el ayatolá Ali Khamenei, respaldó las medidas del gobierno de Teherán para incrementar el precio de la gasolina en un 50%, hubo disturbios en distintos puntos del país. Eran voces disidentes que sostenían que las mafias del poder disfrutan de monopolios (más de un 50% del sector de la producción corresponde a las empresas estatales), controlando un sistema de toma de decisiones que favorece la concentración de la riqueza, el saqueo de los recursos nacionales y la fuga de divisas: se calcula que solo en los primeros tres meses de 2019, salieron 20.000 millones de dólares de las arcas iraníes. Estos números asustan, aunque en argentina estemos mal acostumbrados. Algunos lo racionalizarían como algo lógico, dada la inestabilidad geopolítica y financiera. Nosotros podríamos asemejarlo a la famosa ‘viveza criolla’: los formadores de precios, en lugar de vender los productos para el mercado doméstico, se encuentran exportando producción realizada con el ‘dólar barato’ de hace seis meses, quedándose con las divisas que ya valen el triple del momento de producción, para luego redireccionarlas a paraísos fiscales.

Poco parece importarle al líder supremo, cuya respuesta fue contundente: “el sabotaje y los incendios son obra de hooligans y no de nuestro pueblo. La contrarrevolución y los enemigos de Irán siempre han apoyado el quiebre de la seguridad, y van a continuar haciéndolo”. Una ‘economía de resistencia’, como lo sentenció el presidente Hasan Rohani al parlamento nacional, luego de presentar el presupuesto para el año venidero. Lo que sea para generar una mayor cohesión interna.

Por ahora ha dado resultados. Una inflación en torno al 50% (y cercano al 100% para alimentos básicos y medicinas), una devaluación del 68% del Rial en el último año, la escasez de bienes y servicios, una caída estimada del PBI de entre el 7% y el 10% para 2019, un incremento del índice de desempleo que pasó del 9% al 16% desde la reimposición de las sanciones, exportaciones de petróleo en torno a los 250.000 barriles diarios (un 10% de lo que vendía previo a las sanciones estadounidenses) y el empobrecimiento general de la población – quienes, como suele ocurrir siempre, son los que más sufren las sanciones financieras exógenas -, han sido inertes para resquebrajar un régimen que ya lleva 40 años en el poder. Estados Unidos, con su experiencia en Cuba, ya lo debería saber. El poder de la moral, léase la ideología, la cultura, o la religión, siempre han prevalecido por sobre los dilemas económicos en el país persa.

En términos geopolíticos y geoeconómicos, la situación tiene aristas de tinte ‘venezolanas’. Amenazas bélicas de Trump que se diluyeron en un férreo ahogo financiero, un apoyo explícito de Moscú y uno implícito de Beijing. Está claro que los aspirantes al trono estadounidense de ningún modo se van a quedar afuera de la pelea por el control de Medio Oriente, menos si se entiende que Irán cuenta con el 10% y el 15% de las reservas mundiales probadas de petróleo y gas respectivamente.

Por un lado, la alianza con Rusia excede largamente lo político y militar, ya que conlleva vínculos económicos de vital relevancia. Por ejemplo, para el año 2018  los intercambios en monedas nacionales ascendían al 40%; ya en 2019 la cuota de compra-venta a través del rial y el rublo ha rebasado el 50%. Desde la lógica de los BRICS de principios del corriente siglo XXI, el ‘sacarse de encima al dólar’ ha sido una prioridad. Y un golpe geoeconómico fuerte para las otrora intensiones financieras monopólicas globales de los Estados Unidos.

A ello hay que agregarle el otro punto determinante de las inversiones rusas en el mundo: los proyectos de infraestructura para con el facilitar la posterior extracción de recursos estratégicos. Para citar algunos ejemplos, ya se encuentra firmada la inversión rusa por más de 1.200 millones de euros para la construcción de Sirik, una central eléctrica de 1.400 megavatios que aumentará significativamente la capacidad de la producción de electricidad iraní; o mismo los 2.800 millones de dólares prometidos por el gobierno de Moscú para financiar la construcción de una línea de ferrocarril de más de 600 kilómetros que cruce de este a oeste el país persa.

La otra gran potencia, China, hace caso omiso a las sanciones impuestas por su partenaire estadounidense en el juego del ‘Tom y Jerry’ de las guerras comerciales: continúa comprándole petróleo a Irán – en torno a los 400.000 barriles diarios -, pero también otras materias primas fundamentales para su desarrollo económico doméstico. Por ejemplo, a pesar de las prohibiciones, incrementó la adquisición de minerales (como el Hierro, el Cobre y el Zinc), en torno al 150% en el último año.

El otro punto clave es el masivo proyecto de integración de Eurasia. Cuando el presidente Xi Jinping visitó Teherán en Enero del 2015, Rouhani dijo: “Irán y China acordaron aumentar el comercio a 600.000 millones de dólares en los próximos 10 años”. La mayoría de las inversiones, por supuesto, involucran al petróleo y el gas, pero crucialmente también abarcan la cooperación en energía nuclear y el posicionamiento de Irán como un centro absolutamente crucial de la ‘Ruta de la Seda’.

La Unión Europea es el otro gran actor de relevancia, quien ha sido enormemente beneficiado por el acuerdo nuclear del 2015: un claro ejemplo es el contrato del año 2016 entre Airbus y el gobierno de Irán para la compra de 112 aviones de pasajeros, del cual solo pudieron entregarse 3 debido al restablecimiento de las sanciones estadounidenses.

En este aspecto, los números mandan para una Europa estancada en dilemas políticos, económicos y sociales: en juego está casi el 5% de las importaciones de petróleo de sus países miembros, como así también intercambios comerciales valorados en 21.000 millones de euros previos a la salida de Trump del acuerdo nuclear en 2018. Italia es otra muestra de ello: esperan que se destrabe el conflicto para poder avanzar en la construcción de un oleoducto de 2.000 kilómetros, con una valuación de 4.300 millones de dólares, a cargo del grupo Saipem, subsidiario de la empresa italiana ENI. Para Irán, la UE tampoco es un tema menor: es el principal proveedor de bienes de capital tecnológicos, fundamental para el desarrollo industrial y de infraestructura del país persa.

El otro punto de desahogo iraní es la ayuda correligionaria. De los diez países que son destinatarios del 80% de las exportaciones iraníes, siete son musulmanes. La mayoría de Medio Oriente, pero también algunos países asiáticos como Indonesia o Pakistán. Pero además se ha expandido en Yemen, Qatar, Siria, Irak, y el Líbano a través de un puntilloso trabajo político y militar. Un caso ejemplo ha sido el fenómeno yihadista del Estado Islámico en el norte de Irak; escenario bajo el cual los iraníes supieron aprovechar la situación gracias a su ancestral conocimiento de la zona, el liderazgo religioso sobre las comunidades chiitas, la influencia cultural persa sobre los pueblos indoeuropeos de la región, y una alianza política con los alawitas de Siria. Por supuesto, los vínculos en terreno muchas veces terminan sellando acuerdos económicos: la exportación de  productos no petroleros (35% del total), como químicos, plásticos, metales, hortalizas y frutas, tiene como destinos principales los países islámicos aliados en la región.

Más aún, podemos afirmar que la experiencia – trasformada en sabiduría – es fundamental para que Irán pueda manejarse a nivel internacional bajo un permanente contexto de coacción económica. En este sentido, Con la finalidad de eludir las sanciones bancarias y financieras de los Estados Unidos, el gobierno de Teherán ha creado una red de comerciantes, empresas, oficinas de cambio y recaudadores de dinero en diferentes países. Hasta un sistema de trueque, expandido principalmente con sus países vecinos Irak, Pakistán y Afganistán. Claro, porque no recurrir al contrabando: “Sin seguro, sin bancos, solo efectivo”, le mencionaba hace poco un alto funcionario iraní a un grupo de comerciantes extranjeros de países afines al régimen. En este juego de salir airoso a como sea, todo vale.

Bajo el marco descripto, el desencadenante económico y financiero global derivado del incremento en las tensiones miliares ha sido el esperado. Como siempre, la mayoría de las bolsas son aliadas de la certidumbre – sobre todo cuando la inestabilidad proviene de la geopolítica del petróleo -, y retrocedieron fuertemente en los primeros días luego de la escalada. En adición, los mercados temen sobre todo ‘un conflicto más amplio’ que arrastre a Irak, Arabia Saudita y otros, lo que impactaría más fuertemente en el precio de los hidrocarburos. Más aún, los incrementos en los surtidores se podrían potenciar exponencialmente en el caso de que se produzcan ataques a buques petroleros que podrían interrumpir los flujos de petróleo en el mar. Como contraparte, la salida de capitales de los mercados emergentes y el repunte de los activos de resguardo como el oro (nuestra conocida Barrick Gold fue una de las grandes beneficiadas) fueron, como suele ser, las vedettes de los primeros días post-asesinato.

Ante este contexto abrupto generado exógenamente, las consecuencias para nuestro país son variadas y de diversa intensidad. En tanto a las relaciones geopolíticas o comerciales, los cambios que podrían producirse serían marginales o nulos. En tanto a la diplomacia, las relaciones con los Estados Unidos no cambiarán: pasando de una total subordinación en el anterior gobierno, a una relación de ‘abandono al alineamiento directo bajo el alo de un mayor respeto y profesionalismo’, se intentará definir la situación como ‘en un stand-by de análisis’, al menos en el corto plazo. Con Irán tampoco conviene que haya cambios: cualquier mínimo atisbo de acercamiento o alejamiento podría sentenciarse como un potente movimiento telúrico, especialmente luego de los atentados de la década de 1990’ y el más reciente memorándum de entendimiento, todavía frescos y latentes en la memoria de la mayoría de los argentinos. No parece ser entonces inteligente mover el avispero, menos en los primeros pasos de un gobierno recientemente asumido. Equidistancia pragmática, se podría decir.

En el escenario comercial, tampoco veremos grandes movimientos derivados de la escalada del conflicto. Estados Unidos continuará siendo uno de los socios comerciales más relevantes para nuestro país, con cadenas de valor bilaterales que, más allá del impacto en los precios de la energía, muy lejos se encuentran de verse afectadas por el conflicto en un lejano Medio Oriente. Por otro lado, el intercambio comercial con Irán tampoco es relevante para nuestro país: el comercio bilateral del último año se mantuvo en torno a los 450 millones de dólares, un 0,77% del total de exportaciones de nuestro país. Bajo el esquema agroexportador clásico, casi la totalidad de las ventas argentinas se han centrado en la soja y sus derivados (harina, pellets), aceites y cereales. Por su parte, Irán solo le exportó 5 millones de dólares a la Argentina en el 2019: se destacan aquí los plásticos y una variedad de frutos secos. En tanto a las inversiones bilaterales, las mismas son prácticamente nulas; solo pensar que la Inversión Extranjera Directa mundial iraní promedió anualmente los 2.500 millones de dólares durante el corriente siglo, implica que para la Argentina solo quedan las migajas. No suena tampoco ilógico: en los últimos 15 años casi no ha habido visitas bilaterales de delegaciones comerciales de relevancia, a lo que se adiciona las dificultades financieras y de pago derivadas de las sanciones impuestas contra el régimen persa.

Como contraparte, el sector financiero si se ha visto afectado. La salida de los capitales de los mercados emergentes comenzó a impactar negativamente en los valores de nuestros títulos públicos, con incrementos en el riesgo país, y bajas significativas en la cotización de los ADR de empresas argentinas listadas en Nueva York (lógicamente las energéticas y aerolíneas argentinas han estado entre las más afectadas los primeros días).

El otro punto débil es el hidrocarburífero. Cuando asumió el nuevo gobierno en nuestro país, desde el sector petrolero mencionaban que el atraso tarifario rondaba entre un 10% y 15% con un barril a 60USD. Un atraso que se incrementó al día de hoy, donde el Brent ya se encuentra en torno a los 70USD. Igual y tal como sabemos, en Argentina la teoría nunca se traslada a la práctica. Al menos de manera proporcional. Con los precios de combustibles prácticamente congelados, la inflación promedio en nuestro país fue del 4% mensual en el último semestre de 2019. Desequilibrios macroeconómicos y monopolios formadores de precios domésticos, sería la conclusión preocupante. Por ello, el incremento del crudo a nivel internacional, solo implicaría echar más nafta al fuego.

En definitiva, cuando la externalidad macro es tan potente, poco se puede incidir siendo un ‘país medio’ con enormes dificultades intrínsecas; solo se puede actuar proactiva y cautelosamente para paliar la situación. Ya bastante complicado es lidiar con la negociación de la deuda con el FMI/Trump luego del asilo a Evo Morales y la ambivalencia diplomática ante Maduro; por ende, en el corto plazo solo queda lidiar con las consecuencias: contener los precios del surtidor y mostrar ‘una argentina cumplidora – se han pagado al día de hoy las obligaciones previstas en materia de deuda, como el  bono Centenario (AC17) por unos u$s100 millones – y en modo crecimiento’, para que los activos no se continúen devaluando. No mucho más en apenas un mes de mandato.

Luego solo queda esperar, siendo lo más diplomáticamente correctos y sin hacer declaraciones altisonantes a favor de una u otra posición. Porque lamentablemente, y más allá de los daños y las dolorosas muertes de seres humanos, las derivaciones para nuestro país difícilmente tengan alguna vertiente positiva. En un momento en el que necesitamos justamente apaciguar las variables y generar un contexto normalizador, la inestabilidad e incertidumbre solo generan obstáculos para con el poder mostrar y llevar adelante un proyecto superador de largo plazo; ya sea tanto para los expectantes actores relevantes domésticos, como para los que esperan – más ansiosamente ante el actual contexto beligerante – los repagos financieros desde el exterior. Ojalá entonces que pase la tormenta lo más rápido posible y se pueda llevar a la práctica, con menor ruido externo, la nueva racionalidad de unas políticas económicas que demuestren verdaderamente un cambio de rumbo.

Al César, lo que es del César

Pablicado en el diario Ámbito Financiero el 31-12-2019

https://www.ambito.com/opiniones/impuestos/al-cesar-lo-que-es-del-cesar-n5073925

La cuestión impositiva es tan antigua como la humanidad misma. Ya se discutía en los tres evangelios sinópticos de la Biblia cómo los fariseos intentaron que Jesús se pronunciara de forma explícita sobre si los judíos debían pagar impuestos a Roma: su respuesta dio lugar al popular refrán “Al César, lo que es del César”. Sin ir tan lejos en el tiempo, desde la creación de los Estados Nacionales modernos el contrato social sostiene que los gobernantes, en nombre del Estado, recaudan dinero – mayoritariamente a través de la vía impositiva -, para luego redistribuirlo en pos del bien común. Simplemente eso.

Por supuesto y como ocurre en toda ciencia social, podemos discutir si el Estado se parece más a un ‘Gran Hermano’ que a una institución libre de toda subjetividad; que si la elección de los gobernantes y su posterior desempeño se emparentan o por el contrario se distancian abismalmente de sus promesas o el mismo deber ser; o qué es realmente el bien común en un mundo donde prima el desempleo, la desigualdad y la exclusión. La realidad es que vivimos en un sistema económico global de demandas crecientes en la mayoría de los rincones del planeta, parí passu nos encontramos con sociedades cada vez más informadas y, lentamente, más educadas. Ello se ve reflejado, por un lado, en que cada vez más personas tienen acceso a lo que ocurre en otros lugares del mundo. A través de los diversos medios de comunicación, pueden observar que otros seres humanos, sus pares, poseen claramente una mejor salubridad, educación, u ocio. Por otro lado, no podemos dejar de lado el espíritu per se de la lógica de la evolución: no hay lugar en el mundo donde una persona no quiera que sus hijos y nietos vivan mejor. La consecuencia, mayores exigencias y presiones fiscales para solventar una realidad social que lo reclama. Y gobiernos temerosos que si no dan respuestas, las tensiones sociales se puedan incrementar. Y como lo hemos visto en nuestras latitudes últimamente, a una velocidad y con una voracidad inusitadas.

La realidad global es que un puñado de personas y corporaciones, más poderosos y ricos que naciones enteras, no quieren cubrir el costo de una imposición que derive en ingresos a las arcas estatales para su posterior distribución. Con una quirúrgica ingeniería de operaciones globales, vivimos en tiempos de secretismo bancario y exuberantes paraísos fiscales  – existen unos 50 territorios en ‘listas negras’ -, que alimentan el fraude y la elusión fiscal (se calcula que las prácticas de elusión de las multinacionales deja unas pérdidas de 500.000 millones de dólares al año en el planeta). Por ello es que el economista Thomas Piketty propone un impuesto global sobre el patrimonio que grave con un 5% o 10% a las fortunas superiores a los 10 millones de Euros. O la misma propuesta de James Tobin, cuya idea fue aplicar una tasa que grave las transacciones financieras mundiales como forma de generar recursos de bienes públicos globales y contribuir a la estabilidad financiera internacional. Pero más allá de estos proyectos macroaltruistas globales, que han quedado hasta el día de hoy en la nada – igual que todo lo que proponen los Organismos Internacionales, denostados bajo un mundo de nacionalismos crecientes y alianzas estratégicamente pensadas -, cada país intenta hacer lo que mejor puede. O quiere.

Por un lado, los países nórdicos que personifican el mundo más desarrollado – Islandia, Dinamarca, Bélgica, Suecia, Finlandia -, tienen los impuestos más altos del mundo. Y además poseen una mayúscula calidad de vida, son profundamente competitivos y poseen altos niveles de productividad. La clave: transparencia, sustentabilidad, ética, eficiencia y eficacia en la recolección y el expendio de los recursos gubernamentales. Un ejemplo minimalista es el caso austriaco: como política de incentivos al cuidado del medioambiente, han reducido la carga fiscal para bicicletas y otros vehículos eléctricos.

Como contraparte a las altas cargas impositivas, se encuentran varios Estados del mundo árabe: Qatar, Kuwait, Bahréin, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos pertenecen a los países del Top 10 donde la carga tributaria es la menor del planeta. La respuesta a ello es muy sencilla: la recaudación proviene de sus altos ingresos hidrocarburíferos, los cuales suplantan ampliamente cualquier tipo de imposición.

En el caso de nuestra región latinoamericana, el promedio de los tributos llega a un 23% del PBI  (hay que tener en cuenta que en la OCDE es el 34%). Los países de la región que menos impuestos pagan son Guatemala, República Dominicana y Perú (12,6%, 13,7% y 16,1% del PBI respectivamente). En el otro extremo se encuentran Cuba (41,7% del PBI), seguido por Brasil (32,2% del PBI) y Argentina (31,3% del PBI). Salvo la excepcionalidad socialista del caso cubano, son todos Estados con enormes niveles de desigualdad. Pero la diferencia entre Argentina o Brasil y los que menos tributan, es el nivel de ‘tolerancia ciudadana’ ante las exigencias de incrementos del gasto social bajo el marco redistributivo de los recursos escasos. Diferencias educativas y culturales, se podría decir.

Saliendo de los escenarios estructurales, la dinámica económica también requiere de cambios puntuales en términos impositivos. Un claro ejemplo ha sido la crisis europea de hace una década. Si nos fijamos en el caso de España, la enorme deuda pública contraída previamente ‘obligó’ al gobierno a incrementar el IVA en el año 2010  y nuevamente en el año 2012 – del 16% al 18%, para luego pasar al 21% -, lo que le permitió generar ingresos extras (unos 8.000 millones de Euros) destinados casi con exclusividad para el repago de sus compromisos externos. La misma suerte han tenido los contribuyentes griegos, que desde el año 2007 al 2017 tuvieron un incremento de 8,2% – hasta alcanzar el 39,4% del PBI – en términos impositivos totales. El objetivo recaudatorio, en mayor o menor medida, se cumplió para ambos países mediterráneos. Queda en el debe el impulso a las mayoritarias clases medias y bajas, todavía ahogadas en un mar de endeudamiento, mercados internos deprimidos, y disminución en el gasto social y las inversiones estatales.

Un caso similar de ajuste fiscal se dio en Irlanda, con la excepción que su situación previa le permitió capear la crisis con mayor solvencia y menores consecuencias socio-económicas. En este aspecto, en la década de 1980’ se iniciaron reformas que incluyeron, por ejemplo, la diferenciación de los niveles de aportes al Estado según el tipo de empresa y su ubicación geográfica. Poco más de una década después se evaluó que era conveniente unificar los regímenes, con una tasa de imposición a las sociedades del 12,5% (antes de los cambios ese porcentaje había llegado al 50%). Luego se sumaron incentivos específicos, como un menor nivel de impuestos – hasta el 6,25% – para los beneficios logrados por inventos patentados en el país; lo que a su vez se complementó con una deducción por invertir en investigación y desarrollo, lo que conllevó a que muchas compañías multinacionales – sobre todo del sector tecnológico – se instalaran en el país. Los opositores hacen hincapié en que el “race to the bottom”, donde países como Irlanda ceden una cierta cantidad de ingresos y beneficios directos para con las arcas estatales – inclusive perforando la legislación laboral o medioambiental –, terminan perjudicando al conjunto. No es el caso de Luxemburgo, que ha hecho de la competencia fiscal una política de Estado. No son pocos los que sostienen que si Amazon, que se instaló en aquel país en el año 2003, se ha transformado en el mayor retailer del planeta, es en parte porque ha arrinconado la fiscalidad hasta el borde de lo ético. Como indica el dicho, el tango se baila de a dos. O de a tres. En este sentido, Francia fue más allá y ya decidió aplicar una tasa a la digitalización. Desde los Estados Unidos ya comenzaron las quejas: en el discurso dicen que afectarían a consumidores y pymes dentro de la cadena de valor tecno-productiva; aunque implícitamente, sabemos que el dilema es geoeconómico. Las principales empresas afectadas, entre las que se encuentra Google, por ejemplo, son estadounidenses.

China es otro caso de políticas tributarias dinámicas y quirúrgicas. El gigante asiático redujo recientemente la alícuota del impuesto al valor agregado, con porcentajes diferenciales según el tipo de actividad y el tamaño de la empresa; también hubo reducciones tributarias referidas a los ingresos obtenidos por inversiones en bonos. En este sentido, la motorización el consumo y la multiplicación de las operaciones bursátiles son un debe para con la mejora de la macro y microeconomía china; pero sobre todo, es necesario geopolíticamente para con el achicar la brecha con el resto de las principales economías capitalistas.

No podemos dejar de mencionar que, en ciertas ocasiones, la dinámica tributaria viene acarreada de fuertes pactos sociales. En Japón, por ejemplo, hubo una modesta caída del aporte de los empleados para el fondo de desempleo, contrabalanceado por un aumento en las contribuciones para las jubilaciones y pensiones. Este tipo de medidas mixtas (alzas y bajas), también se dio en otros paises, como es el caso de Finlandia, donde un pacto de competitividad derivó en una reducción de lo que aporta el empleador, en contraposición a un incremento de lo que se encuentra a cargo del empleado.

Por último, más allá de lo estructural y coyuntural, debemos analizar qué tipos de impuestos se cobran y, por ende, que grupos o sectores económicos se perjudican/benefician con cada política impositiva. Por ejemplo, en algunos países se decide incrementar el IVA (en nuestro país representa casi el 50% de la recaudación, mientras que el promedio OCDE se sitúa en torno al 10%), un impuesto regresivo pero sencillo de recaudar. En la mayoría de los Estados hay espacio fiscal para gravar la renta – proveniente de la economía real, pero también de la especulativa -, pero suele contar con una férrea oposición de los sectores concentrados de mayores ingresos, con una discursiva ligada a los perjuicios sobre las tan mentadas inversiones que ellos solo pueden generar.

Ello puede centrarse en una discusión ética, aunque en nuestro país se puede traducir en una cuestión de racionalidad económica: la presión impositiva es la segunda más alta a nivel global en términos de las contribuciones obligatorias que pagan las empresas que producen — después de las deducciones y exenciones permitidas — como parte de las ganancias comerciales. Aunque podemos discutir sobre la explicación técnica que menciona la imposibilidad de las empresas locales de ajustar sus balances por inflación, la verdadera respuesta a la problemática se encuentra en otro lado: la mala praxis económica que ha llevado a una inercia inflacionaria de más de dos dígitos por años, tasas de interés exorbitantes y prohibitivas para mejorar la producción (o simplemente para apalancar las deudas contraídas), gran cantidad de Pymes proveedoras de bienes y servicios que cobran con suerte a 120/150 días en un mercado interno deprimido, o la alta evasión impositiva de una gran parte del empresariado más rico, y por lo tanto, con mayor capacidad contributiva. Pero sobre todo, la real imposibilidad de la mayoría de las Pymes de poder pagar todos los impuestos dado el contexto descripto. Para una parte importante de los actores económicos, manejarse, al menos en parte, en la informalidad, se ha tornado una realidad cotidiana para poder sobrevivir. Ello a su vez promueve el discurso lógico de quienes sostienen que los pocos que pagan todo, terminan pagando por los que no lo hacen. Una discusión inerte y que no conlleva ninguna solución.

Por lo tanto, podemos afirmar que la recaudación impositiva es un eslabón determinante, pero no es el único. Hasta podríamos decir que no es el más importarte. Por ende, urge una necesaria complementariedad con otras políticas económicas apropiadas. El caso de Sudáfrica es emblemático: el país tiene uno de los sistemas fiscales más progresivos del mundo y, al mismo tiempo, una de las sociedades más desiguales del planeta. En este sentido, los ricos pagan altas imposiciones – el decil con mayor nivel de ingresos debe tributar en torno al 42% -, el impuesto corporativo es difícil de eludir, y los gravámenes al consumo incluyen excepciones para los alimentos y otros suministros básicos para los hogares de menores ingresos. Por otro lado, la naturaleza redistributiva del impuesto es modélica en términos de poner el foco en los pobres y en la asistencia social. Sin embargo, luego de décadas de ‘apartheid’, no solo la mayoría de la población es incapaz de acumular capital humano o financiero, sino que además la tasa de desempleo supera el 20%, lo que cerciora la capacidad contributiva. Evidentemente, la concentración de la riqueza en un minúsculo grupo de la población dedicado principalmente a los servicios financieros, tiene un límite fiscal para con las soluciones que se puedan generar en términos de mayor igualdad y desarrollo socio-económico. Y el no generar un escenario macro y microeconómico pro-positivo, suele terminar en la necesidad de recaudar ‘a como sea’. Este es el caso de Chad, un país agrícola de los más pobres del mundo, que aplica un impuesto corporativo del 1,5% sobre el volumen de negocio, o el 40% de los beneficios, en función simplemente de cuál sea el más elevado.

Por último, como me dijo una vez un profesor cuando daba mis primeros pasos como estudiante de economía, “no hay sistema económico que funcione, ya sea de derecha o izquierda, si se embebe en la ineficiencia y la ineficacia, pero sobre todo si perdura bajo un manto inmoral de total corrupción e impunidad”. Instituciones éticas y sólidas, una sociedad que culturalmente castigue la corrupción, la evasión y la mala praxis económica, y un modelo de solidaridad impregnada en cada uno de los actores sociales en pos de una mayor justicia distributiva, podrían ser el norte para generar un sistema tributario racional, eficiente y eficaz. Y que por sobre todo, ayude a los más necesitados. Que en definitiva, como se mencionó al principio, para ello fue creado.

La geopolítica en la reestructuración de deuda soberana

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 12-12-2019

https://www.ambito.com/economia/reestructuracion/que-paises-reestructuraron-la-deuda-soberana-y-como-les-fue-n5070656

El incumplimiento del pago de una deuda es tan antiguo como la historia misma. Antes del siglo XIX, los defaults se producían mayoritariamente por eventos extraordinarios, como guerras y revoluciones. A partir de entonces, su principal bandera ha sido la lógica financiera, pero siembre en conjunción con intereses geopolíticos que implican una interdependencia compleja de análisis. La mayoría de las 250 cesaciones de pagos de deudas soberanas desde 1800 hasta el año 2000 que requirieron una reestructuración, han tenido su correlato con la dinámica del statu-quo sistémico: una rentabilidad suntuosa reflejada en una elite concentrada trasnacional, la cual se ha tornado acreedora permanente de gobiernos cómplices que perjudican a los más débiles.

 

El abanico de casos es tan grande como la geografía global. Por ejemplo, en la reestructuración ucraniana de 2015, el gobierno de Kiev hizo uso de todas las opciones disponibles: quita de capital, extensión de plazos con periodo de gracia, aumento de la tasa de interés y la emisión de un bono atado al crecimiento, similar al Cupón PBI que utilizó Argentina en 2005. Aquí el FMI ha ocupado un rol sustancial. Los acreedores privados no aceptaban un recorte de capital mayor al 5%, mientras Ucrania aspiraba a una poda del 40%. En este sentido, la presión del organismo multilateral de crédito apéndice de los Estados Unidos fue clave para que los grandes Fondos de Inversión (entre los que se encontraban nuestros conocidos Franklin Templeton y Black Rock) dieran su aval a una quita del 20%. No sea cuestión, pensaban desde el imperio, que el detrimento macroeconómico ucraniano se contraponga con un fortalecimiento geopolítico del enemigo ruso.

 

El otro elemento clave en Ucrania ha sido su casi simultaneidad con la decisión de la ONU de poner un límite al accionar de los ‘Fondos Buitres’. En aquella resolución, se dictaminaba que un Estado soberano tiene derecho a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana, sin que sea frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas. Pero específicamente, se debía respetar la decisión de la mayoría en los casos de canje de deuda, de manera de evitar que un número ínfimo de acreedores pueda accionar contra una reestructuración y promover el embargo de los bienes de un país, como embajadas o embarcaciones (como bien lo hemos sufrido con la Fragata Libertad en el puerto de Ghana). Podríamos decir que ha sido una justa y racional medida de la principal institucional global; lamentablemente, la misma se encuentra embebida en el ninguneo y el destrato de una lógica internacionalista vapuleada por la logia que representa la elite financiera/política/judicial trasnacional.

 

Ello también se vio claramente reflejado en uno de los mayores default de la historia, como ha sido el de Grecia en el año 2010; en aquel momento, la deuda soberana griega había escalado hasta los 320.000 millones de euros. El país europeo, quebrado por la crisis financiera que estalló en 2008 y sin poder financiar más un gasto público que se había incrementado un 50% entre 1999 y 2007, realizó un referendo donde el 61% de los electores votaron por el “No” a los ajustes exigidos por la denominada ‘Troika’. El resultado era previsible: la mayoría de los griegos no había vivido la ‘fiesta de los Euros’, ya que los préstamos internacionales habían sido licuados por unas elites políticas y economías evasoras y corruptas.

 

La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, rechazaron de cuajo la decisión democrática: sin importar las consecuencias socio-económicas, los principales acreedores, los más renombrados bancos europeos (alemanes sobre todo, donde reside el motor económico del viejo mundo) y estadounidenses, debían cobrarse sus deudas. Evidentemente, mientras las ganancias se habían concentrado en una elite financiera, las pérdidas se socializaron a través de fuertes medidas de austeridad, como por ejemplo la reforma del mercado laboral. Las consecuencias, a la vista: una década después todavía se observa un mercado interno deprimido, el desempleo más alto en la región y, por supuesto, una creciente desigualdad social.

 

En el fondo, la geopolítica denotaba la otra gran problemática: encontrar el equilibrio justo entre el repago de los compromisos y la tensión social que podía implicar la salida del Euro – en aquel momento la temática en boga de los mercados y los líderes regionales -, con nefastas consecuencias económicas y un temor al ‘efecto contagio’ de otros actores estatales que en aquel momento también se encontraban en graves problemas financieros (Portugal, España, Irlanda). Finalmente, Europa le torció el brazo al pueblo griego y el gobierno a cargo del premier Tsipras decidió que el ajuste prevalezca sobre una potencial salida de la Unión Monetaria. Lo interesante es que aquel dilema geopolítico con tintes dramáticos se contrapone con lo que está ocurriendo años después con el Brexit, donde el dilema británico no se encuentra directamente vinculada ni con el Euro, ni con la deuda soberana. Evidentemente las complejidades y la enorme cantidad de variables en juego se conjugan tanto a nivel internacional, como a nivel doméstico.

 

Ello se observa de forma similar en las discusiones que se han planteado dentro del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el Organismo creado en el año 2011 que tiene como objetivo ayudar a los Estados miembros de la Unión Europea que se encuentran en graves dificultades financieras. Italia es el país apuntado en la disputa actual: con las nuevas reglas se afectaría directamente al valor de su deuda soberana, principalmente dadas las facilidades que se incluirían para con la reestructuración de sus pasivos públicos que al día de la fecha ya superan el 130% de su PBI. En este aspecto, los países nórdicos ya han puesto el grito en el cielo: son contrarios a compartir cualquier tipo de riesgo con los ‘países del sur que no son de fiar’. Culturas más proclives al trabajo versus ‘vagos improductivos’, se podría decir. Una retórica discutida y peligrosa, pero más actual que nunca y que impacta de lleno en el financiamiento y posterior repago de las deudas intra-regionales.

 

Más al sur, las problemáticas parecen acrecentarse. La denominada por muchos ‘ilegitima’ deuda de Mozambique que salió a la luz mundial en el año 2017, tiene aristas de un negociado financiero con ribetes de colonialismo del siglo XX: empresas de alimentos y militares financiadas por bancos europeos (como por ejemplo los 500 millones de dólares otorgados por el Crédit Suisse para el desarrollo de una empresa nacional de Atún), gerenciados por compañías ligadas al gobierno francés, bajo el manto de un enorme desvío de los préstamos con, al menos, la complicidad de las más altas autoridades del gobierno mozambiqueño.

 

Poco han importado el bypass ilegal realizado al parlamento nacional, o la falta de capacidad para generar procesos productivos verdaderamente viables y provechosos para la generación de bienes y empleo que favorezcan a la mayor parte de la ciudadanía. Peor aún, dado que la deuda pública había llegado al 120% del PBI y Mozambique se tornó incapaz de honrar sus reembolsos, los acreedores propusieron una reestructuración que fue aceptada por el gobierno; un repago que compromete fuertemente a una producción gasífera de enorme potencial, ya que implicaría una fuga de recursos contraria a los intereses de una población que tiene ingresos promedio de 150 dólares mensuales. Por las dudas, empresas británicas, estadounidenses e italianas, con la conveniencia del gobierno mozambiqueño, ya se encuentran operando en la zona.

 

Por nuestras latitudes, el caso de Venezuela tiene ciertas similitudes con el descripto país africano. Las posibilidades de que el gobierno se declare en default se diluyeron de forma inversamente proporcional al involucramiento masivo de China y Rusia en la dinámica económica venezolana, sobre todo luego del intento de derrocamiento del presidente Nicolás Maduro promovido por los Estados Unidos y los grupos insurgentes domésticos a principios del corriente año. La pelea por los recursos naturales estratégicos – de eso se trata ciertamente, no del bienestar de la mayoría del pueblo venezolano -, le ha permitido reperfilar permanentemente los casi 80.000 y 20.000 millones de dólares de deuda que tiene con los acreedores chinos y rusos respectivamente. El costo no es menor, pero es el único que permite la supervivencia de un régimen asediado financiera y operativamente por los Estados Unidos: ceder a todos los requisitos de las potencias aliadas para con la obtención de los bienes tan preciados que provee la geología del país caribeño.

 

Para el resto de los Holdouts involucrados en el financiamiento venezolano, el aprovechar las altísimas tasas de interés o el comprar bonos a valor usurario (como los que se ofrecen de PDVSA), saben que solo conlleva a un futuro litigio espurio: una macroeconomía seriamente dañada en términos financieros y productivos (la inflación de cuatro dígitos no brinda margen alguno de racionalizar algún tipo de devolución seria de un préstamo), y una institución gubernamental que no puede brindar ningún tipo de previsibilidad o estabilidad de mediano plazo cuando se produzcan los vencimientos, les implica a los Fondos Buitre el demostrar toda su pericia para articular un trabajo conjunto con las elites políticas/judiciales/mediáticas, que les permitan obtener el mayor rédito financiero posible. Más allá de todo, sus detractores de la oposición venezolana sostienen que la posición de Maduro ante los acreedores solo es comparable con la que tenía el ex presidente comunista de Rumania Nicolás Ceausescu: mientras su población pasaba hambre durante años, él cumplía religiosamente con el pago de la deuda externa.

 

Luego de lo descripto, podríamos afirmar que la lógica del endeudamiento tiene aristas específicas para cada situación geográfica e histórica en particular, como así también dependiendo del monto recibido o la capacidad de repago de cada actor estatal. Lo que sí es generalizado es la dependencia que el préstamo genera, en mayor o menor medida, para cada uno de los deudores. Por otro lado, se encontrará en la idoneidad técnica y moral de cada gobierno su utilización: para acumular capital, generar divisas, repagar deuda o avalar la fuga del préstamo. Y su complemento con el resto de las políticas económicas exteriores y domésticas nos dirá, en el largo plazo, si la decisión de tomar deuda y su posterior renegociación ha sido beneficiosa para con las futuras generaciones.

 

Lamentablemente, el desarrollo institucional macroeconómico, social y productivo de nuestro país, lejos se encuentra de Suiza, Bélgica, Noruega, Finlandia, Corea del Sur, Singapur y Nueva Zelanda, los países que siempre han honrado en tiempo y forma sus deudas soberanas. Podemos esgrimir que subestimamos la capacidad de repago en términos de la dinamización del aparato productivo exportador, que los acreedores privados tendrían que haber sabido de las dificultades financieras del país y por ende son corresponsables de la necesaria reestructuración, que habría que haber activado el Swap Chino en lugar del desesperado salvataje de 50.000 millones de dólares provisto por el dúo Donald Trump/FMI – y cuyo objetivo era evitar el ‘avance del comunismo en Sudamérica’ -, o que el tomador del préstamo fue el gobierno anterior y no se puede honrar las deudas sin crecimiento económico y a costa de la miseria del pueblo argentino. En definitiva, la realidad es que las cartas están echadas y ahora hay que jugar. En el mientras tanto, nunca es tarde para desempolvar el libro del recordado Aldo Ferrer y volver discutir a futuro, si queremos – y podemos – “vivir con lo nuestro”.

La insoportable levedad del ser

Publicado en Ámbito Financiero el 27-11-2019

https://www.ambito.com/la-insoportable-levedad-del-ser-n5068143

La obra maestra de Milan Kundera podría reflejar, con matices propios de la época, el escenario latinoamericano de estos últimos meses. Ideología y pasión se han fusionado para discutir el per se de la lógica política, en modalidad siglo XXI: las grandes epopeyas de cambios sistémicos se tradujeron en deseos de mejoras coyunturales de temáticas especificas, a través de marchas masivas alejadas de la otrora violencia organizada estilo ‘guerrilla’. Más ‘light’, puede ser. Pero no menos efectivas para con el resquemor de muchos gobiernos temerosos de perder sus privilegios.

Colombia, con sus especificidades, posee los síntomas de la dinámica regional. Aquella que se basó históricamente en una estructura socio-productiva desequilibrada – acentuada con el modelo neoliberal promovido en las últimas décadas -, la aplicación de la teoría de la dependencia en detrimento de los productores de las abundantes materias primas, una doctrina Monroe con complicidad endógena, y un sometimiento socio-económico bajo un halo coercitivo sin fisuras.

Los recursos naturales estratégicos (carbón, minería, petróleo), los servicios de telecomunicaciones y finanzas – todos ellos con un efecto multiplicador menor sobre la generación de empleo -, y por supuesto el narcotráfico, son los sectores que han impulsado la economía del país desde finales del siglo pasado. Estos sectores concentrados con grandes beneficios y enorme rentabilidad, han sido enmarcados y balanceados bajo la lógica monetarista del control férreo de la inflación y el erario público, en complemento con diversificados Tratados de Libre Comercio (con su eje latinoamericano en una Alianza del Pacifico que mira con ansias el continente asiático).

Esta dinámica excluye a vastos sectores productivos compuestos por Pymes regionales incapaces de competir con los enormes monopolios de escala, relegando a un segundo plano el crecimiento de la producción y el desarrollo de un mercado interno sustentable. Un fiel reflejo de ello fue la “apertura hacia adentro” implementada a partir de la década de 1990’: con la reducción de aranceles y la eliminación cuasi total de las barreras arancelarias, desde entonces las importaciones casi que duplicaron su participación en el PBI (del 15% al 30%). Sin embargo, las exportaciones apenas se incrementaron marginalmente, generando una lógica de endeudamiento procíclico que limita la praxis de la política económica.

A todo ello se le adiciona la falta de un análisis detallado que requieren las medidas especificas coyunturales, las cuales han traído consecuencias negativas sobre escenarios estructurales de profunda discusión en la historia de Colombia: en este sentido, tenemos como ejemplo la dura crítica sobre lo que se considera un incumplimiento por parte del gobierno respecto al punto 4 del acuerdo con las FARC, donde se promueve la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito, por otras alternativas de subsistencia en beneficio de las comunidades más pobres. Lo que debería ser una prioridad si realmente no se desea volver al pasado, ha quedado relegado a un segundo plano. Será que los que reclaman por ello son primordialmente ‘ciudadanos de segunda’ que se encuentran alejados de los centros de poder real.

Como se ha descripto, el crecimiento económico de unos pocos actores privilegiados ha menguado cualquier atisbo de desarrollo social sustentable. Es inútil buscar en la escasa productividad total de los factores o el ‘tardío’ efecto derrame las causas centrales de las exigencias desatadas por las injusticas socio-económicas. Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, director del Secretariado Nacional de la Pastoral Social de Colombia, lo indicó tajantemente (sin la necesidad de tener que sopesar la teoría de Piketty por sobre Friedman): “se vive una inequidad muy grande donde el sector financiero está absolutamente enriquecido, la mayoría de los bienes de mayor valor se encuentran concentrados en unos pocos, y las empresas de recursos naturales estratégicos ganan mucho dinero y pagan muy pocos impuestos; todo ello mientras la mayoría de los colombianos sufre carencias básicas. Sobre todo en el campo y las personas menos educadas”.

En este aspecto, los dos ejes centrales para con el despertar y el desarrollo sostenible, inclusivo y digno – esto es una educación de calidad sin excluidos que se complemente con un ingente financiamiento para los más postergados -, se encuentran en falta para la mayoría de los colombianos. El caso emblemático de Dylan Cruz, el joven asesinado por la policía, abarcaba ambas premisas: falleció protestando porque le habían negado un crédito – el cual a futuro seguramente le sería realmente difícil pagarlo, con un PBI per cápita promedio de US$6.500 al año -, para acceder a la universidad.

Ahora hay que lidiar con las muertes. Por ello, el presidente Duque, en un halo de desesperación que replica lo ocurrido con Moreno en Ecuador o Pi?era en Chile, quiere dialogar de lo que sea y con quien sea de cualquier tema de agenda que lo libere indemne de esta situación: eliminar las propuestas previas de flexibilización laboral y recorte a las pensiones, brindar mayores fondos para la educación pública, dar marcha atrás con la privatización de empresas estratégicas (como por ejemplo Ecopetrol), comprometerse radicalmente a terminar con los altos niveles de corrupción, dar cumplimiento integral del acuerdo de paz con las FARC, o proponer con firmeza el cese definitivo de los asesinatos de líderes sociales, indígenas y excombatientes. En definitiva, un completo menú a la carta bajo el agobiado marco de una ‘necesaria conversación nacional’. Eso sí, tarde, siempre tarde.

El vaciamiento institucional descripto que aplica a Latinoamérica toda, tuvo como consecuencia primaria convertirnos en la región más desigual del mundo. Y la inequidad es el principal factor disparador de las tensiones sociales. Cuando la pobreza es homogénea, y dada que la capacidad de análisis de los más humildes se vincula directamente con lo visual y la inmediatez, el no procesar escenarios adversos diluye la posibilidad de reacción. Por ello, la ignorancia y la mentira han sido el antídoto aplicado ante la menguante represión física. Simplemente porque esta ‘mal visto’, no porque los poderes de turno reflexionen sobre la falta de ética de lo cotidiano.

Sino pregúntenle al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, que lo primero que verbalizó ante los escenarios de reclamos fue su “preocupación por los incidentes de violencia y vandalismo en los países de la región”. Cuidado con hacer tambalear el statu-quo, pensarán en voz alta desde Washington y otras potencias con intereses en la región, a través de los legalistas y moralistas Organismos Internacionales. Mismo el Banco Mundial, que en un informe del 10 de Octubre pasado, focalizaba los problemas de Colombia en la recepción del flujo masivo y acelerado de migrantes venezolanos (casi 1.500.000 hasta Septiembre de 2018), mientras alababa el historial de ‘gestión macroeconómica y fiscal prudente’ de los sucesivos gobiernos colombianos. Los ‘mejores alumnos’, como lo solemos conocer por estos lares.

Sin embargo, y a pesar de que algunos prefieren mirar para otro lado y poner el foco en la estrategia de desprestigiar y deslegitimar la protesta social – argumentando que quienes reclaman no tienen razón en sus demandas y son parte de una conspiración castro-chavista internacional o miembros del subversivo Foro de Sao Paulo -, estas últimas semanas hemos observado esencialmente tres elementos disruptivos comunes en los países al sur del Rio Bravo.

Por un lado, la dinámica de una democratización de los medios de comunicación que permite aunar rápidamente objetivos, deseos, miserias compartidas. Por el otro, la inconsciencia que deriva en una falta de temor: la mayoría de los que reclaman son jóvenes que no han vivido la violencia estatal, paramilitar, guerrillera. Y finalmente, tenemos la explosión de aquellos grupos históricamente olvidados, ninguneados, y empobrecidos en sus respectivos países, que en algún momento de las últimas décadas han tenido conquistas socio-económicas tangibles (con gobiernos reivindicadores de un progresismo abarcativo en términos económicos, políticos y culturales), y no quieren de ningún modo volver al pasado.

Por ello y para concluir, creo que es importante recordar el momento en el que le preguntaron al propio Kundera como podía resumir su obra maestra: sin vacilar, sostuvo que “la lucha del ser humano contra el poder, es la lucha de la memoria contra el olvido”. En un país de una baja tasa de representatividad sindical (menor al 5% de los trabajadores), y donde el último gran paro nacional se produjo hace 42 años contra el gobierno del liberal Alfonso López Michelsen, lo ocurrido estos últimos días podría parecer extraño. Pero las elites, aquellas que desean que los focos de poder y riqueza se mantengan inalterados in eternum, deberían poder reflexionar e ir más allá: ojo con el despertar de un ‘monstruo dormido’. No sea que se transforme en una marea social con reflexión y comprensión histórica, deseosa de generar una conciencia irreversible para con la búsqueda permanente de un futuro sustancialmente mejor para la mayoría de los colombianos.

Los fríos (e insuficientes) números de la economía

Pablo Kornblum para Ambito Financiero el 3 de Noviembre de 2019

https://www.ambito.com/los-frios-e-insuficientes-numeros-la-economia-n5063284

Sudamérica – y América Latina en general -, ha crujido. La desigualdad y la pobreza, atemperados por la coerción y el control comunicacional que denota la historia de nuestra región, suelen encontrar su punto de eclosión cuando se conjugan con otras variables menos economicistas, menos palpables para la macro, pero potentes en términos cualitativos. La pasión, las ganas de vivir mejor, la necesidad de cambiar un presente de carencias. Las últimas semanas han sido una clara muestra de ello.

El falso “milagro económico chileno” desnudo para al resto de la sociedad lo que los economistas sabemos desde el primer día que ingresamos a la Universidad. Crecimiento no es igual a desarrollo, y el efecto derrame no solo no es una relación estrictamente proporcional entre acumulación de capital y propagación pro-positiva del mercado interno, sino que además es claramente insuficiente para terminar con las desigualdades. Los números hablan por sí solos. Mientras el 1% más adinerado del país acumuló el año pasado el 26,5% de la riqueza, el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1%; a ello se le adiciona que el 50% de la población activa percibe un salario de US$550 al mes (el sueldo mínimo actual de subsistencia es de US$414), bajo un escenario donde los medicamentos no genéricos y la educación privada, solo para citar algunos ejemplos, son los más caros de la región.

Sin embargo, este contexto no es suficiente para explicar el millón de personas que se unieron para reclamar frente al Palacio de la Moneda; para ello, se deben comprender los arraigados factores culturales que mellan en la estructura social chilena. La capacidad de desarrollo de la ciudadanía se encuentra limitada por el apellido que se tiene, por el lugar donde se vive, por el colegio que se puede pagar para sus hijos. Por ende, el hartazgo no es puntual de un aumento del boleto del metro. Es acumulativo y suele tener un detonante. En este caso, ha sido la burla de altos funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera que le pedían, a la enorme mayoría de jóvenes y trabajadores que apenas llegan a fin de mes, que se levanten más temprano pero evitar tener que realizar ‘ese esfuerzo económico’. Aquel que las elites, de las cuales ellos son parte, no realizan. Ni siquiera lo perciben.

Lo mismo ocurrió en Ecuador. Con enorme liviandad, el gobierno de Lenin Moreno le pedía a la ciudadanía hidalguía para soportar el incremento exponencial del precio del combustible, tras la quita de subsidios que permitirían ahorrar 1.000 millones de dólares. Mientras que, al mismo tiempo, los medios de comunicación no ocultaban, con total desparpajo, exenciones impositivas por 4.600 millones de dólares para los grupos económicos concentrados amigos del poder político. Como consecuencia, una gran parte de la ciudadanía salió a las calles. Sobre todo los indígenas, con sus mujeres al frente, quienes han sido hasta el día de hoy las más vulnerables: por su género, por ser indígenas, por ser pobres. El estricto cumplimiento financiero bajo las directrices del FMI provocaron el despertar de aquellas violentadas en su ser. Evidentemente, el honor no entiende de medidas obsecuentes para con la estabilidad macroeconómica.

Las elecciones en Bolivia y Uruguay han dado otra muestra de desgaste gubernamental; por más efectivos que hayan sido en defender sus valores progresistas, ambos gobiernos han percibido el descontento existente en un núcleo blando del electorado que busca alternativas superadoras. En este sentido, el ser humano quiere vivir mejor, tener una mejor calidad de representación institucional, poder satisfacer con felicidad sus propios deseos. Pero también los gobiernos han perdido su eficacia y se han enlodado en la ineficiencia y la corrupción, desarrollando un frecuente estatus-quo de poder que se balancea entre la oligarquía, la plutocracia y el nepotismo; lo que potencia, bajo un discurso de mayor eficiencia y democracia, aún más el drenaje de un electorado pragmáticamente desleal.

No es ilógico entonces que más allá del sostenido crecimiento económico boliviano durante casi todo el gobierno de Evo Morales, los actuales bloqueos abrevan en las medidas de fuerza que realizaban en los ’70, ’80 y ’90, los mineros, indígenas y cocaleros, en una Bolivia hundida en la miseria y el saqueo. Otros actores, medios similares, el mismo objetivo de cambio. Tampoco para con la estabilidad macroeconómica que ha conseguido el Frente Amplio, que con 14 años de crecimiento ininterrumpido y un PBI per cápita que se ha incrementado en un 73% desde que asumió Tabaré Vázquez  por primera vez (17.278 dólares anuales en 2018), encuentra difícil remontar el escenario adverso de ballotage. El electorado de centro le reclama el incumplimiento para frenar las altas tasas de homicidios, o la falla en la trasformación productiva hacia energías renovables, entre otros. Simplemente exigen salir – aunque sea parcialmente – de los datos duros de la macroeconomía, y acercarse a los requerimientos tangibles y cotidianos del pueblo.

Por su parte, la continuidad del periodo chavista inaugurado hace 20 años, conlleva una clara impronta geopolítica – por no decir militar – de apoyo Chino-Ruso-Cubano, que le permite a Nicolás Maduro mantenerse en el poder, a pesar de padecer una inflación anual que supera los 4 dígitos. Un ejemplo es la elección de Venezuela para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a pesar de las incontables denuncias sobre una clara estrategia gubernamental para neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política. Igualmente, Maduro no solo no se hace problemas, sino que relativiza cualquier argumento que le puedan adjudicar. Más aún si en el Consejo también se encuentran Filipinas y Arabia Saudita, entre otros países enormemente cuestionados por su praxis coercitiva.

Mientras la mala gestión de la política económica doméstica ha sido la norma durante años, el poner el foco en el contexto global le brindó un respiro al gobierno bolivariano: el real (y agresivo) bloqueo económico estadounidense, se contrapone con el apoyo de las potencias orientales que ya se encuentran insertas y quieren incrementar su influencia en la región: tanto en términos diplomáticos, como para con la realización de ingentes inversiones, o la obtención de recursos naturales. En este sentido, el caos económico y la hiperinflación poco le importan a Rusia, China y otros Estados europeos, mientras obtengan sus objetivos estratégicos (petróleo, Zinc, etc.). La que si sufre, más allá de su nivel de ideologización, es la mayoría de la población venezolana. Que, para citar un ejemplo, busca desesperadamente obtener ingresos en dólares (alrededor del 40% ya percibe la divisa estadounidense, sobre todo vía remesas) para poder adquirir bienes y servicios básicos (medicamentos, alimentos, etc.). La brusca aceleración de la dolarización en Venezuela tiene como objetivo el defenderse de la hiperinflación, proteger el patrimonio y simplificar las ya tumultuosas operaciones económicas. Medidas económicas necesarias, pero que no cierran la ‘brecha política’ ni mitigan la violencia social.

En un escenario más benévolo pero igualmente preocupante, nuestro país también vive una migración al dólar. El desprecio hacia nuestra moneda y la creciente dinámica inflacionaria afectan enormemente a una sociedad con un nivel de pobreza que supera largamente las 16 millones de personas – cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los servicios básicos -, y a 5 millones de conciudadanos que se encuentran desocupados o sub-ocupados. Sin embargo, lo que más se ha resaltado luego de las elecciones del último domingo ha sido la nueva ‘brecha socio-productiva’: entre los que ‘producen y trabajan’ y los que ‘viven del Estado’ – en todas sus modalidades -. Lo que queda para racionalizar entonces sería por qué la inmoralidad de los números, le ceden el lugar de análisis primario al ‘bienestar relativo’. Todos estamos mal, pero otros se encuentran mejor o peor. Es claro que uno siempre quiere estar en el grupo ganador. O mejor dicho, ¿no deberíamos estar todos mejor, y dejar de lado la lucha del pobre contra el pobre? ¿O será que el miedo a descender en la pirámide social prevalece sobre la lógica de un mínimo contrato social?

En este sentido, es interesante destacar que durante el último debate presidencial argentino, un candidato propuso, con enorme liviandad, equilibrar el déficit fiscal despidiendo un millón de empleados públicos, además de exponer con cierta lógica racional el ‘vivir con lo nuestro’ a través de la eliminación de cuajo de la coparticipación federal. Lo preocupante es que no solo no se ha referido, bajo una estricta lógica economicista, a lo que ocurriría en el corto plazo con un hundido mercado interno por la falta de consumo; sino que ni siquiera ha mencionado como podría lidiar con un contexto socio-económico insostenible. Una angustia familiar que no se podría describir con palabras, pero que, evidentemente, no entraba dentro de su espectro de análisis. Un desapego que es la norma en una no depreciable cantidad de políticos de nuestro país, que parece que olvidan que su objetivo central cuando asumen es el bien común; pero sobre todo el mejorar la calidad de vida de los que menos tienen.

Lo expuesto denota varios puntos interesantes: por un lado, la alternancia de ciclos progresistas y conservadores, donde los diferentes gobiernos no pueden desarrollar una lectura pragmática y oportuna del mix que representan los cambios en el escenario internacional – siempre dinámico -, el descreimiento generalizado de su propia casta política, y especialmente la falta de políticas  abarcativas y superadoras que ellos mismos no pueden o quieren proveer. Por otro lado, el continuo pensamiento que las soluciones economicistas homogéneas son validas para cualquier lugar y momento histórico, es un error que suele acarrear enormes consecuencias socio-económicas negativas. Una Latinoamérica repleta de inequidades requiere políticas redistributivas y sociales que promueven sociedades más justas; y la única forma de proveerlas es comprender la especificidad de cada historia, cada cultura, cada forma de vivir.

En este sentido, la puja de intereses intra-nacional es una permanente en todas las naciones, pero no es una cuestión exclusiva de la disputa por la riqueza. Hoy en día se ponen a consideración otras variables que se conjugan y complementan entre sí, lo que dificulta la acción simplista de la vieja política focalizada en ideales concentrados. Temáticas como el aborto, la protección del medio ambiente, o la inserción social de grupos minoritarios se entremezclan en la agenda económica de todos los partidos y requieren un trabajo quirúrgico para delinear un programa de Estado. Solo con una enorme claridad conceptual, altruismo moral y capacidad técnica, se podrá suavizar la virulencia (política, social y económica) en el intercalar de gobiernos de izquierda y derecha (en contraposición a lo ocurrido en estos tiempos en nuestra región, donde se han observado traspasos de mando con altos niveles de turbulencias).

En definitiva, propongo para concluir el observar los países del mundo con mejores indicadores en su calidad de vida: Suecia, Noruega, Finlandia, Australia o Canadá, por ejemplo. Altos PBI per cápita en sociedades fuertemente igualitarias, han generado una ciudadanía más educada, respetuosa, e igualitaria en tanto la comprensión, tolerancia y aceptación de los derechos de los individuos, que redundan a su vez en un círculo virtuoso en términos de mejoras económicas individuales y colectivas y que, posteriormente, repotencian nuevamente el desarrollo social previamente descripto. Quizás allí se encuentre la clave para nuestra Latinoamérica: que los fríos números de la economía dejen de ser el objetivo per se, y se tornen una herramienta que primariamente genere altos niveles de educación y formación; ya que de este modo se podrá comenzar resolviendo enormes dilemas morales que luego, como un bumerán positivo, redundarán en la construcción de sociedades más justas y equitativas en términos económicos.

Cinco siglos igual

Pablo Kornblum para Ambito Financiero – 14 de Noviembre de 2019

https://www.ambito.com/bolivia-cinco-siglos-igual-n5065830

La canción de León Giego podría ser un fiel reflejo de lo que ocurre en Bolivia. Cinco siglos igual, de quienes pelean por el poder y la riqueza, utilizando y conjugando todos los mecanismos y las variables a su alcance para conquistar sus objetivos.

Mientras algunos analistas evalúan el futuro de la geopolítica global pensando en la ciberguerra, la biotecnología, la medicina nuclear o la ocupación espacial; me permito mirar hacia el pasado para asemejar  lo que ocurre en el país vecino con lo que vivimos desde los albores de nuestra patria. Se sabe que las comparaciones son odiosas, y muchas veces pecan de ciertos vicios de inexactitud, pero suelen ser aleccionadoras, sobre todo en una Latinoamérica donde, parafraseando al enorme escritor uruguayo Eduardo Galeano, las venas abiertas continuando desangrándose. Y seguramente nos ayudarán a reflexionar: no se puede planificar un futuro próspero sin tener en claro la dinámica histórica que nos sitúa en el presente.

Allí con el nacimiento del modelo agroexportador de la segunda mitad del Siglo XIX, pudimos observar el dominio y control de la oligarquía terrateniente, bajo el manto de un Roca con un sable en una mano y una biblia en la otra, procurando avanzar y aleccionar raudamente en una conquista del desierto con más sombras que luces. Por su parte, soplando en las nucas de los militares y la fiel iglesia se encontraban los intereses británicos, con un enorme poder de convencimiento bajo una univoca discursiva liberal creada para potenciar las necesarias bondades de la división internacional del trabajo. Junto con su promesa de alianza eterna, trajeron su financiamiento, sus bienes de capital, sus insumos manufactureros, sus ingenieros y contadores con su respectivo know how a cuestas. Por supuesto, el costo no era menor: dependencia estratégica, intercambio desigual y endeudamiento, se conjugaron intercaladamente por casi un siglo.

Pero ello no importaba: nuestras materias primas fueron lo sobradamente enriquecedoras para la elitista tripe alianza conservadora gobernante. El campo poseía la riqueza, los militares el poder de coerción, y la iglesia la palabra justa de convencimiento. Y en épocas lejanas a las tecnologías globalizadas, el efecto derrame era suficiente para la comprensión social de la época. Luego el mundo cambio: las ideologías florecieron con la educación, el escenario comercial y productivo global era diferente. El progresismo avanzó, la sustitución de importaciones se hizo un menester. Que el peronismo tomó como propio, y el desarrollismo intentó potenciar. Autonomía, desarrollo socio-económico y productivo, idea y poder nacional. Y luego el neoliberalismo volvió y se fue cíclicamente, bajo presiones y complicidades exógenas y endógenas. Y así estamos.

Como un espejo de lo descripto, estos últimos días se han visto imágenes de las caras más representativas de la oposición vinculadas a las históricas elites económicas cruceñas, enmarcadas en una geografía que produce el 70% de los alimentos del país y tiene un enorme potencial energético e hidrocarburífero. También muchas biblias y ruegos a dios en cada aparición pública de sus referentes. El mismo ‘líder cívico’, Luis
Fernando Camacho, se jacta de ser parte de una de las dos grandes logias de la zona (Los Caballeros del Oriente), y junto a su familia forma parte del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., con compañías vinculadas a los seguros, el gas y los servicios.

Por otro lado se encuentran las fuerzas policiales y militares, fuertemente adoctrinadas desde el norte del continente – como si durante las últimas décadas nada hubiera ocurrido -, desoyendo los pedidos de ayuda del poder ejecutivo a cargo del destituido presidente. Paradójicamente y a favor de una salida ‘democrática y constitucional’, menos de un año le llevó al Comandante de las Fuerzas Armadas Bolivianas, Williams Kaliman, pasar de decirle a Evo Morales que tiene un “hermano con quien contar  porque era un soldado del proceso de cambio”, a pedirle su dimisión. Un deja vu del explícito apoyo del General Pinochet a Salvador Allende, previo al golpe de 1973.

En este sentido, el ex agregado militar de Defensa en la Embajada de Bolivia en los Estados Unidos y puntilloso alumno de la ‘Escuela de las Américas’ – organismo instructor rector de las fuerzas armadas latinoamericanas para el cumplimiento de los objetivos estadounidenses en la región -, aprendió más que bien la elección: el ‘enemigo interno’ es el verdadero peligro, más aún si van en contra de las democracias capitalistas cristianas y occidentales que atentan contra los intereses geoeconómicos y geopolíticos estadounidenses en su ‘patio trasero’.

Por otro lado, agazapados se encuentran los actores estatales y no estatales nacionales y trasnacionales, tratando de obtener tajadas de las probables futuras privatizaciones de los recursos naturales estratégicos, como lo sostiene ideológicamente el candidato del ballotage Carlos Mesa; un enamorado de las políticas neoliberales de ajuste estructural y estabilización económica con alto costo social, como lo pregonaba ya desde su canal de televisión privado en la década de 1980’. Seguramente sus ideas se encuentren, por ejemplo, lejanas a las políticas que lograron democratizar el servicio de gas natural, que pasó de un abastecimiento del 3% de la población en el año 2006, a un 50% de bolivianos en 2019. Porqué mirar hacia adentro y en pos de la mayoría, si durante dos siglos no lo han hecho.

Nada de lo que podamos decir de las políticas de desarrollo socio-económico le importa u opaca a los actuales rostros de felicidad afines a las elites políticas y económicas ‘vinculadas al mundo’: con “el indio”, la nacionalización e industrialización de las bendiciones que provee la madre tierra eran un problema: proteger celosamente, distribuir estratégicamente los contratos, maximizar el valor agregado nacional, y producir por y para el país, han sido un obstáculo geopolítico y geoeconómico para las grandes potencias. Solo para citar un ejemplo, el carbonato de litio en bruto – el cual Bolivia posee reservas estimadas en 21 millones de un total de 30 millones de toneladas a nivel global -, ha multiplicado su valor en los últimos años y tiene un costo al día de hoy de alrededor de 6.000 dólares la tonelada. Con un ingente procesamiento tecnológico para el desarrollo de la telefonía celular, la industria electrónica o los vehículos híbridos, puede llegar a generar productos por 1.000.000 de dólares la tonelada.

Por ende, el “winner takes all” (si, el mismo tipo de ‘contrato’ que nuestro país llevó a cabo con el Reino Unido dos siglos atrás), se tornaba un imposible para norteamericanos, chinos, rusos, alemanes, japoneses, coreanos o británicos que deseaban expoliar todo los hidrocarburos o el litio en estado puro. Como se pensó durante el gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada – de quien Carlos Mesa era su vicepresidente -, quien planteaba la instalación de plantas procesadoras exclusivas para llevar el gas natural licuado directamente a los Estados Unidos. Las cosas cambiaron, podrán pensar desde el norte del paralelo del Ecuador: con alguna espuria negociación con un potencial nuevo gobierno, seguramente les podría llegar el momento. Por supuesto, luego de  sortear la disputa geopolítica para dirimir quién sale victorioso entre las potencias que ya pisan con fuerza en la región.

En definitiva, el escenario estructural latinoamericanista de pujas permanentes de intereses económicos y de poder, propios y ajenos, continúa siendo el eje rector en el cual debemos profundizar nuestro análisis. El ‘milagro económico boliviano’ se transformó en meros datos de colores, para dejar su preponderancia a un odio cultural-racial que en realidad es un mero maquillaje cosmético, mientras la lucha contra la corrupción y el narcotráfico se transformó en un caballito de batalla, que aunque complejo de probar, conlleva una alta efectividad comunicacional para un gobierno desgastado y con los vicios propios de las burocracias regionales. La misma autoproclamanda ‘presidenta constitucional’ Áñez conjuga lo expuesto perfectamente: no solo fue directora del medio de comunicación Totalvisión desde donde ha forjado su carrera política, sino que ha tenido comentarios xenófobos/racistas con elucubraciones de tinte ‘satánico’ en contra de los miembros de las comunidades indígenas.

“Tenemos que sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar, pero solo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo”, le hablaba el mencionado líder Camacho a todo el pueblo boliviano en uno de sus últimos virulentos discursos. Sus oyentes deberían evaluar cuidadosamente sus palabras. Porque pasar de ser víctima a victimario, de traicionado a traidor, puede ser frugalmente vertiginoso. Un claro ejemplo podría ser la posición de la Central Obrera Boliviana, que en un primer momento le sugirió a Evo Morales que ‘dimitiera si es necesario’; que no sea cuestión que el mix entre arrepentimiento y auto culpabilidad, los obligue a tener que pedirle con urgencia que se postule nuevamente para oponerse a la instauración de un viejo y conocido modelo que les cerciore los derechos sociales y económicos obtenidos durante los últimos quince años.

Endeudar, AJUSTAR, transferir (¿fugar?)

Pablo Kornblum para Ambito FInanciero, 20-10-2019

https://www.ambito.com/endeudar-ajustar-transferir-fugar-n5060745

Nos (mal)acostumbramos. La palabra ajuste ha sobrevolado el lenguaje de los hogares de nuestro país y de toda Latinoamérica desde hace décadas. A pesar del temor que le genera a muchos, su etimología (del latín ‘ad iustus’) hace referencia a lo justo: ajustar sería conformar algo a una norma ‘justa’. En economía, especialmente para la escuela neoclásica, esa norma implica alcanzar ‘los grandes equilibrios macroeconómicos’; aunque cabe aclarar, no siempre se explica cuáles son los mecanismos, qué significa ajustar para alcanzar objetivos, y menos aún de qué maneras pueden hacerse.

Los ‘ajustes’, dolorosos en la mayoría de las ocasiones para gran parte de la sociedad, suelen tener como eje central el componente externo. Ello no quiere decir que el déficit fiscal o los dilemas inflacionarios de tinte doméstico no generen preocupación; simplemente que existen herramientas de redistribución de los costos que, como se diría vulgarmente en la jerga futbolística, son problemas que se ‘arreglan puertas para adentro’. Los actores económicos y políticos domésticos se conocen, se miden, saben que en algunos momentos de la historia pierden, pero en otros ganarán. Están quienes entienden de los círculos rojos, quienes los miran de reojo, y quienes no tienen muy en claro lo que ocurre pero buscan en su micropolitica diaria respuestas a los dilemas de sociedades tan complejas y desiguales como las nuestras. La irrupción del Menemismo ante la hiperinflación de 1989 fue una clara muestra de ello: el arreglo con los grupos de poder – sobre todo con los monopolios formadores de precios – tuvo enormes costos sociales, a contraparte de obtener el efecto esperado a corto plazo. No podemos negar que el neoliberalismo trasnacional post-fin de la Guerra Fría, con su consecuente expansión financiera sin barreras, ha sido de gran ayuda; pero fue el acuerdo entre los actores domésticos la clave para reducir la inflación a dos dígitos a los pocos meses de la asunción del gobierno peronista.

El frente externo es diferente. El endeudamiento y la escases de divisas que suelen derivar en el repago de deuda y los intereses crecientes, exceden los dilemas propios de los grupos sociales internos y potencian las problemáticas, incrementando exponencialmente los costos de las probables soluciones.

Para comenzar, no podemos negar el proceso acción-reacción. Cuando el stock de deuda latinoamericano se incrementó de 200.000 a 290.000 millones de dólares en el bienio precedente a la crisis de 1982 (incrementando el déficit de cuenta corriente promedio regional al 5% del PBI), ningún gobierno parecía haberse percatado de las políticas comerciales proteccionistas de los países de la OCDE ni la crisis del ala socialista, que significó una disminución en la demanda de exportaciones latinoamericanas y un deterioro de los términos de intercambio. Tampoco esperaban la evolución de la tasa LIBOR, que históricamente había fluctuado alrededor del 2% en términos reales, alcanzó un máximo histórico de 6% en 1981 y permaneció en niveles superiores a 4.5% hasta 1986. Tampoco se pensó en el abrupto retiro pro-cíclico de nuevos préstamos, donde las entradas netas de capital se redujeron abruptamente a niveles insignificantes, y el pago de intereses y utilidades se incrementó, transformando radicalmente la transferencia de recursos hacia la región (de +11.000 millones de dólares en el periodo 1980-1981, a –18.000 millones de dólares en 1982). Nadie está diciendo que ante este contexto, el próximo paso obligado sea la receta del ajuste. Pero le abre un amplio margen y herramientas racionales para quienes lo proponen.

Avancemos un paso. Si la decisión política de hacer el ajuste es un hecho consumado, la pregunta luego es el cómo se digiere para la gran cantidad de ciudadanos afectados. En este sentido, el enmascaramiento discursivo de sus promotores se torna clave para suavizar los objetivos. Una reforma del Estado (positivista bajo la semántica del interlocutor), disciplina fiscal para el control de los gastos (ser prudente y ordenado puede observarse como una virtud), el incremento de los impuestos (para contribuir con el bien común), las privatizaciones (para eliminar de cuajo el gasto público ineficiente y corrupto) o el terminar con las burocracias sindicales (que se dedican a acrecentar riquezas personales sin hacer honor a sus responsabilidades – en muchas ocasiones operando de ‘ambos lados del mostrador’ -), son términos habituales en los ‘ajustadores’.

Ejemplos sobran. En plena recesión brasileña del año 2015, el gobierno de Rouseeff sostuvo que la economía del país debía entrar en una etapa de ‘corrección’ para lograr credibilidad. Una forma diplomática para desviar la atención de las derivaciones económicas negativas que conllevaba el escándalo de de corrupción de amplias proporciones que involucraba a funcionarios del propio Gobierno y grandes grupos empresarios, paralizando los procesos de inversión del sector público y privado.  Carlos Salinas de Gortari, catalogado uno de los ‘mejores alumnos del modelo neoliberal’, en una frase de campaña previo a las elecciones de 1988 que lo catapultaron presidente, llego a decir que México iba a llegar al ‘Primer Mundo’ por la vía de un nuevo modelo de ‘liberalismo social’ que él mismo iba a llevar a la práctica. Nada más alejado de la realidad, pero apropiado para el contexto histórico internacional que lo acompañaba. Por otro lado, la dialéctica de ‘lucha contra las sanciones imperialistas estadounidenses’ que han obligado a ajustar aun más el rígido control del sistema de cambios de Venezuela, ha tenido como objeto el disipar el rol culpógeno – bajo una verdad a medias – de los errores endógenos de la política económica bolivariana de los últimos años. Y así podemos seguir.

Los que quieren llevar adelante el ajuste, suelen además resaltar las victorias, por más pequeñas, parciales o relativas que sean para gran parte de la sociedad. En este aspecto, los festejados superávits operativos de entre 1% y 2% del PBI en Brasil, México y Colombia en el periodo 1985-1989, se debieron principalmente a la reducción de las importaciones, consumo e inversiones, con el resultante de mercados internos fuertemente recesivos. No era necesario maquillarlo demasiado: un ‘paper’ del FMI de la década de 1990’ sostenía que “la pobreza no bajó y la desigualdad creció con los ajustes, pero la experiencia fue exitosa: América Latina subió el ingreso per cápita 1,5% anual en los 1990’; mientras que en los 1980’, bajó el 2%”. Solo era necesario ocultar el Índice de GINI que opaque la lectura real de los datos que implicaban aquella distribución de la riqueza. Y elegir cuidadosamente las variables, para luego determinar cuáles mostrar y cuáles no.

Entre las que se ocultaban, podemos mencionar que mientras ‘entre gallos y medias noches’ se aplicaban exenciones impositivas a los grupos económicos concentrados del Ecuador, el presidente Lenin Moreno le pedía amablemente al campesinado indígena una ‘enorme fuerza interior’ para soportar el incremento descomunal del combustible luego de la quita de subsidios. Un esfuerzo similar al que la Unión Europea le pidió a los griegos, cuando desde Bruselas les explicaban la necesidad de que se ajusten para aprovechar el financiamiento del Banco Central Europeo luego de la crisis de 2008, lo que les permitiría reactivar el mercado interno; poco se mencionaba de la ‘puerta giratoria’ que implicaba el repago financiero de las ‘deudas legítimamente contraídas’, lo que como se observó hasta el día de hoy, solo alargaría la agonía del ajuste.

Vayamos al final de la película. El ajuste, con sus modos y formas, se termina realizando. Se cierra la brecha con el mundo, pero se genera una enorme transferencia de recursos al exterior mientras se elevan los costos internos de tinte socio-económico, con impacto negativo directo sobre los procesos de equidad, la caída de los salarios, y los desajustes en la productividad en los diferentes sectores económicos. Y ello se percibe, se nota, impacta.

Por lo que, a pesar de vivir en (imperfectas) democracias, el voto popular, aunque vilipendiado y direccionado con falsas promesas, permite generar ciertos cambios – aunque marginales en lo estructural – en la vida política y económica del país. Por ello, ante el escenario electoral siempre presente en la cabeza de los políticos, los mismos necesitan reafirmar que el ajuste es ‘meramente transitorio’. Frente a un costo que se decía ‘acotado’ en el tiempo, no valía la pena enfrentar los problemas de largo plazo (donde estaremos todos muertos, cambiando la versión Keynesiana de la historia). Pero además, los promotores del ajuste le asignaron un rol fundamental a las políticas sociales para paliar y aliviar situaciones de extrema pobreza. Que debiera ser coyuntural hasta que se reactive la economía, la producción, el trabajo, etc…Y ahí nos quedamos. La asistencia social eterna, que nunca se refleja en empleos de calidad, ni en incrementos de la productividad, ni en mayores capacidades para exportar y generar divisas. Solo perpetúa estructuralmente un ciclo de gasto público creciente, con el posterior convite a otro ciclo de ajuste. La serpiente que se devora su propia cola.

Para concluir con la actualidad de nuestro país, luego de que el gobierno impuso discursivamente la necesidad del ajuste luego de ganar las elecciones de 2015, la discusión terminó en grieta entre los partidarios del shock y los gradualistas. Para los primeros, no se lograron implementar a tiempo los ajustes fiscales de manera responsable, ni las reformas macroeconómicas necesarias para enderezar el rumbo. Los gradualistas, por su parte, hablaron de la falta de confianza de los inversionistas y del contexto internacional adverso, entre otros. Para el ciudadano medio, ya poco importa; lo que algunos observaron como gradualismo, otros sintieron como shock. La crisis habla por sí sola: Tarifas dolarizadas, mercado interno deprimido, inflación y endeudamiento galopantes. Solo algunos pocos ganaron. Aquellos que pueden transferir los costos y fugar utilidades, más allá del tipo de ajuste. Que vale aclarar, cualesquiera que sean, siempre son selectivos. Y suelen perjudicar a las mayorías.

En definitiva, hay dos cuestiones que parecen ser claves. Por un lado, comprender la lógica sistémica, las bases programáticas de los Organismos Internacionales, la geopolítica entremezclada y en conjunción con las cíclicas pujas de intereses de los actores de la vida política y económica del país. El otro punto fundamental es analizar la historia para poder visualizar toda la película, la dinámica en lugar de la foto puntual. Porque la historia se repite y los que se pelean por la torta son casi siempre los mismos, o por lo menos presentan racionalidades similares ante los objetivos que nunca cambian: la lucha por el poder y la riqueza. Por ahora, no cabe duda que la mejor política económica para luchar contra los ajustes es aquella que minimiza la probabilidad de incurrir en ellos; en este sentido, nunca más acertado el dicho ‘más vale prevenir que curar’.

El control de capitales, en código global

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 6 de Septiembre de 2019

https://www.ambito.com/como-funciona-el-control-capitales-el-resto-del-mundo-n5052841

Desde el Acuerdo de Bretton Woods post segunda Guerra Mundial, el FMI fue designado como el Organismo global encargado de estabilizar los desequilibrios financieros que puedan aquejar a las economías nacionales. En el ocaso de la guerra fría a finales de la década de 1980’, el FMI, a través del Consenso de Washington, fue determinante en su planteo: los controles de capital no debían utilizarse, salvo en muy excepcionales tiempos de crisis financieras, ya que básicamente implicaban una merma en las inversiones externas además de una distorsión a la asignación del capital físico, lo que derivaba en un impedimento al dinamismo y al crecimiento económico. Alguno se preguntará si era necesario sopesar las crisis globales vividas para realizar algún tipo de control. Sin embargo, en los albores del dominio de la superpotencia unipolar, no era un tema de discusión para el ‘mainstream’ económico, a pesar de que la historia económica nunca había demostrado – ni hasta el día de hoy – una correlación positiva entre el crecimiento y la libre movilidad de capitales.

Posteriormente a la crisis financiera asiática de los años 1997-98, donde varias naciones se vieron literalmente obligadas a adoptar controles de capital, la visión viró hacia una aceptación general de que las regulaciones pueden ser apropiadas en determinadas ocasiones – incluso esenciales -, en tiempos de escenarios adversos. Un claro ejemplo fue Malasia, país que impuso estrictos controles para el intercambio y límites a las salidas de inversiones financieras, con el objetivo de contener y apaciguar los daños que causaba el contexto recesivo que aquejaba al país luego de la ingente fuga de capitales. Con una característica saliente: hizo caso omiso a los pedidos de ajuste del FMI. Para el año 2000, el país volvía a crecer con fuerza; más aún que aquellos que siguieron los consejos del Fondo.

 

Otro dato más para tener en cuenta: en los últimos años, Taiwán e Indonesia le restringieron a los inversores extranjeros el acceso a determinados depósitos bancarios, además de requerirles ciertos períodos temporales mínimos para con la inversión de capital dentro de sus territorios. En la República de Corea, por su parte, la presencia dominante de los bancos residentes en las transacciones internacionales de flujos de capital ha permitido una mayor regulación estatal. Evidentemente, la crisis del sudeste asiático, más de dos décadas atrás, caló tan hondo que los sucesivos gobiernos regionales no lo olvidan. Aprender de la historia denota madurez.

La crisis de 2008-09 profundizó el cambio de paradigma: en este caso, el FMI aprobó vehementemente la aplicación de controles de capital para la situación islandesa, quien vivía en aquel momento una sangría de depósitos de personas físicas y jurídicas – sobre todo del Reino Unido y Rusia -. Por supuesto, cuando la crisis acontece, nadie se acuerda de la fiesta de influjos financieros que habían vivido desde la creación y profundización de la Unión Europea y la impronta inversora internacionalista de los grandes magnates rusos. Pero Islandia aprendió la lección: impuso controles que ayudaron a frenar la fuga colosal de capitales, enjuicio a los responsables de la mala praxis económica, y fue paciente para esperar una recuperación económica lenta pero sostenida. Después de casi una década, Islandia avanza lentamente hacia la eliminación de los controles, pero solventado desde una lógica institucional diferente. Pragmatismo y experiencia se diría. Otro punto a tener en cuenta.

La actualidad global también nos brinda ejemplos. En este sentido, India y Nigeria endurecieron recientemente el acceso de sus ciudadanos a las divisas como parte de la lucha por limitar la salida de capitales causada por el desmantelamiento de las políticas de estímulo de la Reserva Federal de Estados Unidos y la devaluación del Yuan. Un vez más, la Guerra comercial de las dos principales potencias mundiales deja en evidencia la globalización financiera que vivimos. Podrá gustarnos o no, pero los capitales todavía se movilizan con gran fluidez, buscando agresivamente en cada rincón del planeta la mayor tasa de rentabilidad. Es la lógica del capitalismo neoliberal moderno, que siendo sinceros, aunque pueda perimirse en la coyuntura con diversos matices, nunca se ha ido. Los países inteligentes lo entienden. Y buscan mitigar los efectos adversos.

En nuestra región la historia también nos deja enseñanzas. Por un lado, Chile sufrió uno de los más severos impactos luego de la crisis de los años 1980’ en América Latina, derivado de la liberalización extrema de los flujos financieros y la ausencia de regulaciones. El sistema de controles posterior permitió, en cambio, sortear sin problemas la crisis mexicana de finales de 1994, además de minimizar los impactos financieros de la crisis asiática. Regulación y liberalización se complementaron por la vía de simplificar el ingreso de capitales orientados a la inversión productiva o de largo plazo; reduciendo, como contraparte, los impactos de la volatilidad financiera.

En este sentido, es interesante que, paradójicamente, países como Chile, Colombia y México, que en la última década se caracterizaron por un discurso liberal en lo económico, presenten mayores controles que la media de la región. Mas allá que la intensidad con la que cada control se utiliza es diferente, la regulación existe. Está claro que una cosa es lo que se dice, y otra es el trasfondo de lo que se hace. Discursiva y realidad pueden ser dos caras de la misma moneda. Y porque no dar resultados positivos.

Por otro lado, en el año 2008 inversiones de ‘carry-trade’ inundaron Brasil e inflaron artificialmente el valor del real, minando la competitividad de las exportaciones industriales brasileñas. Como consecuencia, Brasil implementó impuestos a la inversión extranjera en el mercado local de acciones y bonos, con el objeto de impedir que los flujos especulativos aprecien el tipo de cambio. Al igual que en Brasil, a principios del año 2010 crecientes flujos especulativos incrementaron el valor del colón costarricense, dañando la capacidad operativa de su producción nacional. Menos de un año después, Costa Rica decidió establecer un encaje a los préstamos externos de corto plazo recibidos por los bancos y otras entidades financieras. El miedo en ambos Estados tenía sus razones concretas: estos flujos cortoplacistas no sólo estaban amenazando las capacidades exportadoras y productivas de estos países, sino que también aumentaban el riesgo de una repentina reversión de flujos con sus derivaciones devaluatorias e inflacionarias.

La revisión histórica y geográfica realizada demuestra que las medidas macroprudenciales para limitar la inestabilidad financiera son una necesidad permanente. La combinación de instrumentos, intensidad y reglas contingentes en el momento apropiado y con la precisión correspondiente – incluyendo intervenciones esterilizadas, encajes diferenciales, cuantificación máxima en la compra de divisas, requerimientos de permanencia mínima, desdolarización de la deuda pública, regulación de contratos de derivados en el exterior, posición de los bonos en el mercado local, otorgamiento de deuda externa a residentes -, generan un marco de solidez determinante para con la efectividad macroeconómica.

Por supuesto, ello se debe retroalimentar positivamente con un contexto jurídico e institucional doméstico acorde que acompañe y posea los suficientes grados de libertad, – como podría ser el evitar firmar tratados bilaterales sobre inversiones o acuerdos de libre comercio que pudieran reducir el margen normativo del país para poder aplicar controles y regulaciones en cualquier momento que sea necesario -, para que el sistema como un todo sea estructuralmente sustentable.

 

No podemos concluir el artículo sin referirnos a nuestra bendita Argentina. Seamos claros: nadie se enamora de una moneda. La pasión nacional por el dólar se debe a los históricos desequilibrios macroeconómicos derivados de la permanente falta de divisas. Como en gran parte de los órdenes de la vida, lo que escasea se desea. Y en un país como el nuestro, con una inestabilidad cíclica exorbitante, no se puede estar esperando con los brazos cruzados que llegue la próxima ‘fiebre del dólar’ (por ahora, quien dice que no se convertirá en la ‘fiebre del Yuan’ a futuro) con su consecuente y repentina salida de capitales del sistema financiero.

Por otro lado, debemos clarificar preventivamente que intereses están en juego, para que los agentes, tanto internos como externos, tengan a sabiendas los costos económicos  que provocan las decisiones gubernamentales. Debemos terminar con la fiesta de las expectativas ‘demasiado optimistas’ de unos pocos, donde existe una mínima aversión al riesgo para los que conocen del negocio. Los que saben cuando entrar, pero sobre todo cuando salir.

En concatenamiento con este último punto, se torna fundamental comprender la relación entre la falta de control de capitales, las enormes crisis macro y microeconómicas recurrentes, y la pobreza que aqueja a la mayoría de nuestros ciudadanos. Porque en realidad, los que sufren son siempre los mismos. Los que no tienen la comprensión para anticiparse a las coyunturas adversas, ni la capacidad financiera de sobreponerse a los coletazos económicos. ¿Es necesario siempre depender de la pericia propia para ‘zafar’ de los avatares de nuestra economía?

Porque no soñar en una crisis como algo excepcional dada la habilidad de un gobierno previsor, con una posterior reacción rápida, inteligente y pragmática para estabilizar la dinámica macroeconómica en un periodo de tiempo breve. Pero en un país como el nuestro, que tiene como característica principal justamente una histórica variabilidad que se transforma raudamente en una bipolaridad generadora de enormes costos económicos y sociales de largo plazo, parecería ser una utopía. Por lo pronto, aunque sea aprendamos y copiemos, adaptando a nuestras características propias lo que a otros les ha dado buenos – o por lo menos aceptables – resultados macroeconómicos.

Claves para entender el nuevo control de cambio en Argentina

Pablo Kornblum para la agencia Turca AA

https://www.aa.com.tr/es/mundo/claves-para-entender-el-nuevo-control-de-cambio-en-argentina-/1571383

“Con desesperación, el Gobierno acude a un decreto. En el mismo decreto dice que dada la urgencia no hay condiciones para tratarlo en el parlamento, esa es la primera consideración de restricción democrática. La segunda cuestión es que establece regulaciones: un Gobierno que se autoproclama liberal y que dice que hay que desregular la economía, decreta una regulación”, advierte el economista Pablo Kornblum.

“Afecta a los exportadores porque los obliga a traer sus dólares (se estima que será una cifra cercana a los 10 mil millones de dólares). Cuando denuncian que han cobrado el dinero, tienen cinco días para liquidarlo. Para el Gobierno es una forma de hacerse de dólares”, continúa Kornblum.

“Es demostración de la impotencia en que está el gobierno de Macri en la actualidad. Habrá que ver cómo sigue esto más políticamente que económicamente, todavía podemos tener sorpresas con respecto al Gobierno porque falta mucho para las elecciones del 27 de octubre”, señala Kornblum.

En la misma línea, Kornblum opina que “se anticiparon al primer día hábil de septiembre porque imaginaron que iba a ser catastrófico. Estas medidas van a generar que haya una estampida de pequeños y medianos ahorristas que van a tratar de sacar sus dólares del sistema financiero y guardarlos”.

Aparentemente no hay peligro en ese sentido, a priori los dólares están en el BCRA. “Pero si un gobierno desregulador empieza a regular, inevitablemente va a generar ciertos temores en la gente. Para aquella persona que votó a Macri, que votó un programa con ciertas ideas, una forma de ver las cosas, ahora hacer lo contrario no se ve muy bien”, continúa el economista.