El discurso que le pone precio a la libertad

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero – 23-11-2020

https://www.ambito.com/opiniones/fmi/el-discurso-que-le-pone-precio-la-libertad-n5150094

La culpa. Esa maldita palabra que mortifica a individuos y sociedades. Y que el Fondo Monetario Internacional (FMI), previo a otorgar la Facilidad de Financiamiento Extendida (EFF en sus siglas en inglés), lo resalta en la propia definición que le provee a sus futuros clientes: “es una modalidad que se ajusta a las necesidades técnicas de la economía. Se trata de una facilidad crediticia de asistencia prolongada para el problema estructural de balanza de pagos, que se evidencia en la caída permanente de las reservas internacionales sin posibilidad de recuperación en las circunstancias actuales de la economía; en el déficit de balanza comercial y de la balanza de capitales; en el arrastre de déficit fiscales crecientes y poco manejables que ha mostrado el sector fiscal en los últimos años”.

Junto a la culpa, por supuesto, conviven las amenazas; si no se cumplen las medidas, el impacto directo – e indirecto – sobre la economía nacional, podría generar un enorme daño al ya resentido escenario que conllevó al pedido de auxilio. Por ejemplo, si en vigencia de un acuerdo, el país signatario no cumple las condicionalidades comprometidas, aunque no utilice el préstamo, el Fondo podría suspender el acuerdo; ello no solo derivaría en la obstaculización – y los ‘potenciales’ beneficios del préstamo en sí -, sino que además provocaría el fin a la protección que tenían los capitales externos ingresados para aprovechar el diferencial de tasas de interés domésticas, o mismo el bajo riesgo devaluatorio que el conjunto de condicionalidades usualmente asegura.

Por supuesto, ello no es exclusivo de un Estado en particular. Justamente porque le ha pasado a muchos países alrededor del mundo en el último medio siglo, la dinámica de la homogenización generalista fue la clave maestra – y por ende errónea – para simplificar lo que per se, a nivel doméstico, es más que complejo. Parece obvio, salvo para muchos de los decisores del FMI, que los dilemas culturales, políticos, productivos, etc., que se enmascaran detrás de los serios desbarajustes macroeconómicos de quienes acuden al Fondo, son de lo más variopinto que uno puede analizar.

En este sentido, si situamos la mirada en Europa, nos encontramos que la relación Deuda/PBI de Georgia se incrementó a 58,5% en 2020 (39,8% en 2019). Bajo este escenario, y dada la recepción de un EFF en el año 2017 para poner sus ‘números en orden’, el gobierno georgiano le prometió al FMI reanudar la consolidación fiscal una vez finalizada la pandemia. ¿Su principal dilema? El alto porcentaje (77,7% en 2019) de deuda denominada en moneda extranjera, proveniente de la ‘lluvia de divisas occidentales’ que llegó al finalizar la guerra fría (mismo Ucrania recibió un EFF de 2.200 millones de dólares en 1998). Evidentemente, la ‘fiesta volátil’ de moneda extranjera dura, no fue acompañada de una ‘prudente’ utilización en términos de los objetivos monetarios y fiscales.

Tampoco el Tratado de Maastricht hizo mella en las políticas de todos los miembros de la Unión Europea. Virando el eje hacia el occidente, Grecia firmó varios acuerdos de EFF entre el año 2012 y 2016. La ‘estabilidad macroeconómica’ (léase el repago de las deudas a la banca europea que había financiado un modelo inviable en términos de productividad y gasto público), tuvo su – esperado – costado más  oscuro: solo para citar un ejemplo, la reforma laboral que eliminó los convenios colectivos de trabajo, junto con una ‘reestructuración’ sanitaria que generó un recorte del gasto en la salud pública, y una reforma previsional que elevó la edad de jubilación hasta los 65 años, implicó que en sólo 4 años se despidieran a 350.000 empleados estatales y la desocupación alcanzase el 25 %. En definitiva, una crisis social de dimensiones bélicas.

En África, la República de Etiopía alcanzó a fines de 2019 un acuerdo por tres años aprobado en el marco del EFF. A pesar que el país había crecido en torno al 9% en los dos años previos, la debilidad de las exportaciones provocó una escasez de divisas (historia Argentina dixit) que requirió la asistencia del Fondo. Al menos eso dijo el gobierno, el cual encontró en los halcones económicos de Washington la excusa perfecta para realizar las reformas estructurales que, por sobre todo, les permitieron hacer negocios no del todo claros. Otro ejemplo es el caso de Túnez, que en el año 2016 recibió un EFF de 2.900 millones de dólares. Para ello, el gobierno tunecino tuvo que hacer ciertos deberes ex ante: como pre-requisito, tuvieron que aprobar en el Parlamento un paquete de leyes que aseguraran la independencia bancaria; una especie de ‘inmunidad’ ante potenciales ‘políticas desacertadas’ por parte de cualquier gobierno de turno a futuro. Es que después de la primavera árabe, cualquier transición entre regímenes pareciera que pudiera socavar el statu-quo. Mejor una ‘condicionalidad’ de cambio, sobre todo para que nada cambie.

Por su parte, Angola, antes de firmar el reciente EFF, utilizó el tipo de cambio como ancla nominal mientras experimentaba una expansión fiscal financiada por su banco central, lo que derivó en la necesidad de imponer restricciones cambiarias que llevaron la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo al 150%. Antes de otorgarle los 15.000 millones de dólares, el FMI le exigió liberalizar el régimen cambiario, como así también eliminar las ‘distorsiones’ del mercado y las restricciones para el retiro de divisas. En este sentido, el FMI propone que, con el dinero provisto, el ajuste hacia la ‘sustentabilidad macroeconómica’ sea de una manera gradual y no abrupta. Realizada por los mismos que, según los propios actores, los llevaron a este desastre. Suponiendo que el FMI tiene la verdad revelada: ¿aprenderán de este modo los causantes que sus políticas previas han sido erradas? Difícil… En él mientras tanto, el gobierno de Angola ya comenzó con la venta de activos del Estado, incluyendo la empresa estatal emblema, la ineficiente petrolera Sonangol – cuyas ventas de hidrocarburos representan el 65% de los ingresos fiscales totales -. Hablando mal y pronto, sería como ‘matar al perro para terminar con la rabia’.

Ya en nuestro continente, el nivel de deterioro de la economía ecuatoriana llevó a las autoridades a solicitar este año un EFF por 6.500 millones de dólares, con el objetivo de, según la discursiva gubernamental, “ayudar a restablecer la estabilidad macroeconómica, apoyar a los grupos más vulnerables, y promover la reforma estructural”. Por supuesto, no ‘queda bien’ afirmar que la finalidad per se es lo último sin, al menos, mencionar los dos primeros. La respuesta del FMI no se quedo atrás: en su informe sobre el préstamo en cuestión, sostiene que “la EFF incluye el ampliar los programas de asistencia social, garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, y sentar las bases para un crecimiento sólido que beneficie a todos los ecuatorianos”. Lo interesante aquí es también el orden en que se forma la oración. Como si el focalizarse en los ‘fundamentals macroeconómicos’ fuera lo último, el lastre, lo marginal; cuando sabemos que es todo lo contrario, para con una lógica ortodoxa que desprecia una nefasta realidad social-económica que, sistemáticamente, ha sido permanentemente minimizada y soslayada. Como sostiene el Dr. Andrés Malamud, “se pide que los ‘fundamentals’ deban ser sólidos; las pirámides de Egipto también, pero adentro están todos muertos”.

En este sentido, la historia también demuestra que el EFF que le otorgó el FMI a Colombia en el año 1999, fue inducido por el proceso de desregulación económica que se inició en la década de 1980’ y se consolidó con la Constitución de 1991. Este proceso ‘legalizó’ importantes postulados de la logia neoliberal y, al mismo tiempo, declaró la doctrina social-demócrata como objetivo del Estado. Es decir, que mientras el gobierno se comprometía con la reducción de la intervención del Estado en la regulación de las actividades económicas y la privatización de las empresas públicas, por otro lado incrementaba sus responsabilidades estatales en materia de seguridad social y los compromisos financieros con las regiones y departamentos en el marco de la descentralización. Ello sin mencionar que la desregulación expuso a los productores colombianos, sin un verdadero esfuerzo por cerrar la brecha estructural en materia tecnológica, educativa e infraestructural, en competencia injusta con grandes compañías y consorcios transnacionales. En definitiva, más allá del crecimiento económico que se ha observado a lo largo de este siglo, la continuidad de la lógica intelectual que apoya estas políticas ha obstaculizado todos los intentos de equidad y mejoras sustanciales en la calidad de vida de las mayorías colombianas.

En nuestro país, el proceso neoliberal globalizador, con un basamento previo pero llevado a cabo con toda su fuerza luego de la caída del muro de Berlín, tuvo matices similares. La deuda fraudulenta que había contraído la dictadura y crecido al calor de la nacionalización de deudas privadas, fue reciclada en un proceso de reestructuración que, entre otros, implicó una EFF en el año 1992: bajo la misma, se promovió la privatización del sistema previsional en favor de las AFJP, la eliminación del impuesto a las transacciones financieras, la supresión de las contribuciones patronales, como así también una reforma tributaria regresiva que instrumentó el incremento del IVA, que era del 13 %, primero al 18 % y, luego a la alícuota del 21 % todavía vigente.

En este sentido, y tal como indica la Dra. Noemí Brenta “entre 1982 y 2001, el país estuvo el 81% del tiempo bajo la tutela del FMI”. Para resultados socio-económicos, los números hablan por sí solos: mientras el desempleo pasó de 5,7 % en abril de 1982 al 22 % en abril de 2002, la pobreza, medida por ingresos, que en 1974 afectaba a mucho menos del 10 % de la población, trepó hasta alcanzar el 55% en 2002. Lo peor es que a pesar de ello, y ya entrando a números actuales, desde el último gobierno militar hasta el año 2019 se pagaron más de 600.000 millones de dólares y la deuda no paró de crecer: ascendió de 8.000 millones de dólares antes del golpe de Estado de 1976, a 324.000 millones de dólares en diciembre de 2019. Y pareciera que en el corto y mediano plazo, el esquema económico sometido al rigor del FMI continuará: con el actual EFF, el ajuste presupuestario se encontraría en torno al 10% para el año venidero; mientras que hacia 2025, nuestro país deberá a comenzar a pagar montos cercanos a los 10.000 millones de dólares anuales, a lo que hay que adicionar el pago de la deuda con los privados.

Como eje totalizador, uno podría analizar los causales de esta dinámica bilateral entre los Estados y el FMI; sobre todo para poder, de una vez por todas, atacar la problemática de raíz. En este sentido, en casi todos los documentos del FMI, en el EFF se exige el “fortalecimiento de la transparencia fiscal y de contratación pública, eliminar el ingente déficit fiscal primario, como así también la promoción de la gobernanza como elementos clave del programa de reforma que deben aplicar las  autoridades.” Uno entonces se pregunta: ¿Han colaborado alguna vez con ello? ¿No es su deber? Cambiemos la pregunta, con lógica de retorica: ¿Prestan solo porque es su per se, a sabiendas que nunca los gobiernos deudores han cumplido con sus promesas de pago en tiempo y forma? ¿O mejor dicho, aquellas promesas fallidas para con el beneficio de las mayorías, en realidad fueron aciertos de una lógica que beneficia principalmente – o solamente – a algunos grupos concentrados? ¿Por qué entonces quieren exclusivamente que haya recortes en el gasto? ¿Pidiendo incrementar la recaudación de un país que pide extasiado ayuda, seguramente viviendo una incertidumbre/inestabilidad embebida en un mercado interno recesivo? Muchas preguntas, pocas respuestas (y ambiguas).

Sin faltar a la verdad, aquí debe quedar algo en claro: es innegable la responsabilidad primaria de gobiernos corruptos e ineficaces para con los beneficios colectivos – y sobre todo de los que más lo necesitan -. El problema es que las deudas contraídas no suelen conllevar estos objetivos superadores, sino que su rol primordial es salvar justamente a aquellos políticos afines que viven fuertes tensiones socio-económicas domésticas (a sabiendas que la geopolítica conlleva un rol fundamental); que además suelen terminar, no en contadas ocasiones, generando puertas giratorias hacia los paraísos fiscales para sus amigos de las elites concentradas. Es evidente entonces que ello también implica la corresponsabilidad en quienes liberan los fondos; sino cómo es posible que el FMI acuerde el año pasado un EFF por 6.000 millones de dólares para Pakistán, su DECIMOTERCER programa de rescate desde finales de la década de 1980’. Y no me vengan con que no podían saber que el dinero prestado iba a servir intereses contrarios a las mayorías paquistaníes (O griegas, ecuatorianas, argentinas). Porque para ello, siempre están distraídos. Contrariamente a la rapidez que tienen para generar un discurso que le pone precio a la libertad.

Tal como lo esgrimió el escritor frances Guy Debord en su libro publicado en el año 1973, la Sociedad del Espectáculo, “la sociedad civil se encuentra saturada de limitaciones en cuanto a su capacidad de atención, como así también adolece de memoria para retener demasiadas imágenes o situaciones a traves del tiempo; por lo tanto, es muy voluble de hacerla feliz en el momento, en el aquí y ahora. Y mañana, que la suerte los ayude”. Que la suerte nos ayude entonces. Pero mientras tanto, cuando vayamos a las urnas, intentemos ser lo suficientemente lucidos para saber leer la historia, y entender cuales son los intereses de los complices domésticos. Porque los del Fondo, claramente ya los conocemos.

Todo cambia, para que nada cambie

Publicado en Ámbito Financiero el 09-11-2020

https://www.ambito.com/opiniones/estados-unidos/biden-presidente-que-puede-cambiar-argentina-n5146553

A pesar de las acusaciones, primará la racionalidad institucional: Joe Biden, un hombre del histórico ‘círculo rojo’ de la política estadounidense que cree en el multilateralismo y en el liberalismo económico, será erigido formalmente como el presidente número 46 de los Estados Unidos de Norteamérica. ‘Las instituciones no se manchan’, haciendo un paralelismo al parafrasear al mejor futbolista de la historia. Sería demasiado ordinario, grotesco, y terriblemente negativo para con las prospectivas de política exterior norteamericana como ‘faro democrático del mundo occidental’, continuar insistiendo con esta fantochada.

Para comenzar, debemos aclarar algo. Nada va a cambiar, al menos en términos sustanciales, para nuestro país. La agenda de la política exterior estadounidense, complementando la ya compleja dinámica doméstica, tiene otras prioridades coyunturales: las relaciones económicas – sobre todo comerciales – con China (principalmente para con su contención), Europa y otros actores de relevancia internacional; los dilemas geopolíticos/militares en Medio Oriente, Europa del Este (con Rusia a la cabeza) y el Asia Menor; y el complejo escenario migratorio con Centroamérica, entre otros.

Un poco más al sur, podemos afirmar que tampoco habrá presión ni exigencias para ponerle un coto a la Venezuela de Maduro. Derechos humanos si, hasta ahí. Avasallamiento agresivo a través del Grupo Lima – que puede quedar en semi Stand-by al no haber un claro soporte desde el norte -, no. Seguramente continuarán las relaciones cordiales con los aliados temporales de la era Trump (Brasil, Chile, Colombia), mirando de reojo la dinámica (y sobre todo las potenciales tensiones) de sus escenarios domésticos. Bajo este contexto Argentina podrá liderar, junto con México y ahora Bolivia, un posicionamiento de pragmatismo racional latinoamericanista que busque el dialogo permanentemente. Y no mucho más que ello.

A pesar del cierto distanciamiento expuesto, de ningún modo podemos denostar la relación bilateral existente, nos guste o no. Los Estados Unidos continúan siendo – al menos por ahora – el principal inversor externo en nuestro país, con el 22,7% del stock de Inversión Extranjera Directa; casi 17 mil millones de dólares según los últimos datos del BCRA. En este sentido, se calcula que hay más de 300 empresas estadounidenses-argentinas, la mayoría nucleada en la American Chamber, con inversiones de relevancia en la industria de petróleo no convencional (USD 450 millones para financiar a Vista Oil y Aleph Midstream en Vaca Muerta en los últimos años), en el suministro de energía (AES), en la industria manufacturera (GM, Ford – 700 millones de dólares en inversiones recientemente -, Goodyear, BASF, DuPont, Whirpool), en el sector de los seguros (Metlife, Prudential), los servicios financieros (American Express, Visa, JP Morgan),  los servicios profesionales (Accenture, Manpower Group), y los servicios de información y comunicaciones (IBM, Cisco Systems, Google).

Por otro lado, Estados Unidos es el tercer socio comercial de la Argentina, aun cuando supo ser el primero por un largo tiempo (solo para citar un ejemplo, las exportaciones argentinas a Estados Unidos representaron el 6% del total exportado en 2015, muy lejos del 11% que supieron alcanzar en 2005). Para el año pasado, el intercambio comercial superó los 10 mil millones de dólares (deficitaria para la Argentina en el decenio 2010-2019 en 49.445 millones de dólares; solo con una merma relativa en los últimos dos años – como siempre a lo largo de nuestra historia, por la disminución de las importaciones derivadas de la devaluación y la estructuralmente deficitaria escasez de divisas -). Llevando a la practica la contra fáctica frase ‘vamos ganando’, podemos afirmar que los argentinos, en este campo, ‘seguimos perdiendo’.

Al analizar la composición sectorial del comercio bilateral, se observa que las exportaciones argentinas a los Estados Unidos tienen una fuerte concentración en combustibles y minerales, seguida por los productos metalíferos, así como la industria alimenticia y los productos primarios en general. Del lado de las importaciones originarias en los Estados Unidos, las maquinarias son el principal rubro de importación; aunque los combustibles también tienen un fuerte peso, así como los productos químicos. Aquí tenemos que dejar algo en claro: Argentina y Estados Unidos no son mercados complementarios, lo que implica un vínculo no carente de conflictos o de asuntos pendientes. Llámese aranceles, subsidios, o barreras paraarancelarias de tinte fitosanitario. Y por supuesto, el poder de presión de sus lobbies. No nos olvidemos lo que ocurrió en los últimos años con la suba de aranceles al biodiesel argentino en el mercado estadounidense, o la eliminación de preferencias especiales en comercio exterior para países denominados “en desarrollo”, como la Argentina. Y si, qué difícil es argumentar contra la potencia imperial que nuestras industrias no se encuentran ‘subsidiadas deslealmente’, que no realizamos devaluaciones competitivas adrede, o que ingenuamente disminuimos los requerimientos medioambientales para con la producción. Este escenario, siendo sinceros, tampoco cambiará durante el próximo gobierno demócrata.

Si seria dable esperar un gobierno más aperturista, más pro libre comercio; esa lógica podría ayudarnos, sobre todo pensando en los productos que le vendemos a los Estados Unidos, como el acero y aluminio. A la vez, Biden también es más pro combustibles alternativos; en ese marco, sería plausible la suba de los precios de la soja y del etanol. En tanto a la potencial devaluación del dólar a nivel global en el corto plazo, no es lo más trascendente para la Argentina en los próximos meses: lo que nos debe importar, lamentablemente bajo nuestra eterna fijación mental (derivado generalmente de políticas económicas inapropiadas a lo largo de la historia) es el valor que le den al billete verde nuestra elite empresarial en particular, y nuestra sociedad en general. Por supuesto, para alcanzar la ‘pax cambiaria’ el gobierno deberá contar con el suficiente ‘poder de fuego’ en términos de capacidades políticas y financieras, para apaciguar las demandas racionales y atacar con determinación las amenazas de los provocadores seriales de corridas bancarias.

Bajo el mismo paraguas, no podemos olvidarnos del financiamiento. En este sentido, el accionista mayoritario del FMI (17% de incidencia en los votos del directorio), con el cual el país debe renegociar un acuerdo histórico de 44.000 millones de dólares, dejará que los técnicos hagan su trabajo. Pedir prudencia macroeconómica, ajuste fiscal, inflación controlada, no es exclusivo de Demócratas ni de Republicanos. ¿Otro pedido de auxilio financiero? Improbable en el corto plazo con el binomio Fernandez-Biden. Ello a pesar de que las tasas de interés seguramente se mantendrán bajas por un par de años, al menos para asegurar la sustentabilidad del efecto rebote post-pandemia. Esperemos que cuando los fondos de inversión busquen denodadamente activos más riesgosos, ambos Estados, desde la necesidad y desde el otorgamiento, no permitan la injerencia salvaje que ponga en jaque una vez más al sistema financiero nacional; ya sabemos que la historia de endeudamiento de nuestro país, lejos se encuentra de la utilización ‘bien habida’ para con el crecimiento de la economía real y el desarrollo socio-económico de nuestro pueblo.

En tanto a una temática mayúscula, probablemente se termine la ‘guerra declarada’ de aranceles con China; pero no así la rigurosidad. De hecho, la disputa por ganar mercados se profundizará; la diferencia estará en los modales. Recientemente, Claver Carone, un halcón de Trump erigido flamante presidente del BID que continuará en su cargo después de Enero, ha hecho pública su intención de gestionar un aumento de capital de la institución para ampliar su capacidad de préstamos. Sin tapujos ni tabúes, explícitamente ha justificado que el propósito de tal acción sería ofrecer a los países una alternativa frente a China. Recuperar espacios perdidos por negligencia propia, se diría.

Desde la óptica argentina, China no solo es el principal comprador de los productos relevantes de nuestra oferta nacional (cereales y oleaginosas, carne vacuna), sino que además es muy tentador en términos de inversiones (granjas porcinas, recursos estratégicos), y hoy en día representa el ‘ancho de espadas financiero’ sin cuestionamientos (Swap). Difícil competir con eso. Más allá de todo, cabe aclararse, el ser competitivo – una variable escasa en la historia de nuestro país – tiene que ser una premisa, gobierne quien gobierne. Para negociar con Estados Unidos, China, o con cualquier país del mundo.

El punto más álgido aquí, o diría el más preocupante, es la disputa geopolítica entre ambos colosos, la cual claramente continuará bajo la presidencia de Biden. Generar un buffer de contención financiero y económico en detrimento del avance chino no es suficiente para los Estados Unidos. La lenta agonía de la primacía del dólar, el dejar de ser los adalides de nuestros productos importados – y nuestra balanza comercial deficitaria -, o lo que podríamos denominar el ‘loser takes nothing’ ante el avance de las inversiones en infraestructura (con el ejemplo reciente del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura financiando la ruta de la seda sudamericana), es solo un complemento de la más importante derrota que viene sufriendo ante el gigante asiático en nuestro país: la base satelital – con sus derivaciones militares -, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones con el 5G, y la biotecnología entremezclada con la industria farmacéutica bajo el manto de la conquista Antártica, pronostican un escenario ‘oscuro’ de disputa en el mediano y largo plazo. Con un adicional: podríamos esgrimir que los chinos no nos tratan como su ‘patio trasero’. Es que también, al menos por ahora y haciendo honor a la verdad, hemos aceptado, sin chistar, sus requerimientos. Una vez más, nuestra necesidad (de financiamiento) tiene cara de hereje.

Sin embargo, tarde o temprano, Argentina tendrá que hacer elecciones que disgustaran a la otra parte: el riesgoso equilibrio sobre una soga tensa en ambos extremos. Porque a ciencia cierta, a pesar de la ‘conquista china’, Estados Unidos no retrocederá: defender sus bases militares y los intereses de sus corporaciones, mientras intimida a los actores políticos y de la sociedad que desafíen los objetivos y principios primarios dictaminados por todo el establishment desde el establecimiento de la doctrina Monroe, continuará siendo la piedra basal de la política estadounidense hacia nuestras latitudes.

El gobierno argentino se encuentra entonces obligado a jugar. En este sentido, el presidente Fernández participó el mes pasado de un encuentro de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de América Latina y el Caribe, una entidad que nuclea a 24 cámaras de la región que colectivamente reúnen unas 20.000 empresas, en el que expuso sobre los beneficios que ofrece el país a la hora de invertir. Por supuesto prometió “reglas claras” (antes de que empiecen los históricos cuestionamientos sobre la necesidad de una flexibilización laboral, el terminar con los frecuentes cambios regulatorios – sobre todo en términos de precios -, o el ordenar ‘institucionalmente’ la macroeconomía, entre otros), esperando la tan ansiada lluvia de dólares. Solo les pidió que cumplan: que den empleo, que inviertan y que paguen sus impuestos. Que difícil todo. Sobre todo esto último.

Para concluir, quisiera tomar las palabras del jefe de Gabinete de la Cancillería Argentina, Guillermo Justo Chaves, quien declaró previo a las elecciones estadounidenses que para nuestro país “era absolutamente indiferente. Con los problemas que tenemos y con la política exterior que planteamos, que gane Trump o Biden no afectará las relaciones entre los países de forma determinante”. En definitiva, necesitamos y debemos hacer, de una vez por todas, las cosas bien. Recobrar la preeminencia regional en pos de los intereses económicos nacionales, y sobre todo de los que menos tienen, tiene que ser la prioridad. Aunque como sabemos, en un país que se encuentra arraigado bajo una asfixiante ‘dependencia estructural’ con las potencias (antes el Reino Unido, ahora Estados Unidos y China), ello es condición necesaria, pero no suficiente. Porque como decía Napoleón, “uno de los atributos que les exijo a mis generales, es que tuvieran suerte”. Apropiadas palabras para las vastas necesidades que representan el actual estadío de nuestro bendito país.

Justificar, la palabra que avala el negocio de la guerra

Pablo Kornblum para el Cronista Comercial, 01-11-2020

https://www.cronista.com/columnistas/Justificar-la-palabra-que-avala-el-negocio-de-la-guerra-20201101-0004.html

La economía de la guerra siempre ha sido enormemente fructífera. Ya sea en su rol como motor de la economía nacional y sus efectos multiplicadores pro-positivos – incluida la generación de miles de puestos de trabajo -; por el ingente aporte de tecnología de punta (drones, cyberdefensa, la carrera espacial); la investigación y el desarrollo realizado por el Capital Humano altamente calificado; o mismo el fortalecimiento de las cadenas de valor de pequeñas y medianas empresas. Un claro ejemplo han sido los Estados Unidos de Norteamérica: mientras la inmersión del keynesianismo en la política estadounidense fue la llave maestra para salir de la gran depresión de 1929, el salto cuali y cuantitativo para embestirse como el hegemón de occidente fue claramente su inmersión total en la Segunda Guerra Mundial.

Azerbaiyán (un Estado rico en hidrocarburos, de confesión musulmana y formado por una mayoría túrquica) lo sabe y ha llevado a cabo en los últimos años importantes acuerdos de producción con Israel, Sudáfrica y Turquía, en su intento de utilizar la tecnología extranjera para desarrollar una industria de armas autóctona y, de este modo, alcanzar una independencia estratégica en el mediano plazo. Para su consecuencia, además ha intentado diversificar sus proveedores, tomando como preeminencia aquellos que aplican políticas flexibles en detrimento de Estados que, por ejemplo, se adhieren a la política de embargos relacionados con conflictos bélicos. Más aún, los azeríes desean evitar al máximo posible la dinámica de la ‘dependencia rusa’; no solo porque la sujeción en sí es un lastre negativo para cualquier sector de la economía, sino que además Armenia, su contrincante en la guerra por Nagorno-Karabaj – una antigua provincia autónoma soviética dentro de Azerbaiyán, de mayoría étnica armenia y cristianos ortodoxos -, tiene una gama limitada de proveedores (Ucrania, Montenegro) y se encuentra supeditado a las ‘relaciones carnales’ con Moscú.

En este sentido, ambos países, en conflicto hace décadas, tienen gastos en defensa muy por encima de la mayoría de los países del mundo (inclusive del 2% del PBI requerido por la OTAN para sus socios): 3,79% del PBI para Azerbaiyán, y 4,79% del PBI en el caso de Armenia en el año 2019. Razones no le faltan: sin ir muy lejos en la historia, la sangrienta guerra de 1988-1994 dejó un balance de 30.000 muertos, 25.000 de los cuales fueron del lado azerí. En aquella oportunidad, la superioridad armenia era abrumadora gracias a su principal aliado, Rusia (desde los tiempos en que estaba gobernada por los zares, los armenios ya contaron con su protección con el argumento de que luchaban contra el Islam), lo que derivó en que Azerbaiyán perdiera control sobre Nagorno- Karabaj y se creará un cinturón alrededor de esta región que pasó a control militar armenio.

Hoy en día, el gobierno ruso es el principal vendedor de armas a Armenia y Azerbaiyán. ¿Su justificación? “De este modo, nos permite controlar las capacidades armamentísticas de nuestros dos vecinos”, indicó su Canciller, Sergei Lavrov. En otras palabras, se dicen los únicos que pueden asegurar la estabilidad en su histórico patio trasero. Sin embargo, ya no estamos en la era de dominio absoluto sobre los satélites soviéticos: pareciera que ni el erróneo final de la guerra desatada, puede justificar los medios. Poco importa, ‘todo pasa’, como diría el ya fallecido expresidente de la AFA. En él mientras tanto, la política de ventas de armamento rusa continúa inmutable: ‘créditos blandos’ para quien este interesado en su industria para la defensa, como los 100 millones de dólares que le otorgó recientemente a la propia Armenia para la adquisición de cuatro aviones de combate SU-30SM.

En el cercano Medio Oriente, la guerra parece vivirse como propia. Y no precisamente por el dilema religioso en sí, sino más bien por la dinámica comercial del componente bélico que se ha generado. Por ejemplo, el viceministro de Asuntos Exteriores azerí, Araz Azimov, declaró hace pocas semanas que Jordania les había vendido armamento. Desde Amán, formalmente nunca llegó la desmentida. Más allá del detalle diplomático, el vínculo descripto es marginal en comparación con lo que ocurre en la frontera oriental jordana. Mientras Armenia le pide a Israel que suspenda la venta de armas a Azerbaiyán (es el principal proveedor del ejercito de Bakú, con ventas por más de 825 millones de dólares en el periodo 2006-2019), el gobierno hebreo solo manifestó su “tristeza” por la violencia en Nagorno-Karabaj y, en un acto de falso altruismo, mostró su disposición a “brindar ayuda humanitaria”. Nada en referencia a la venta de armas. Pero no es extraño: los israelíes, como octavos exportadores de armas en el mundo, están acostumbrados a vivir de la tecnología para la guerra – utilizada contra propios y extraños -. Y como suele ocurrir, sin importar el cómo: el propio diario israelí Haaretz publicó informes bancarios que revelaron transferencias de dinero del gigante de la defensa israelí Israel Aerospace Industries, pocos meses después de que se firmara un acuerdo de armas entre ambos Estados, por un valor de 1.600 millones de dólares a dos empresas sospechosas de lavado de dinero para el Gobierno azerbaiyano.

Así es, comprendió bien: un país cristiano (Armenia) le pide a uno judío (Israel) – donde además ambos pueblos han tenido un pasado común de genocidios el siglo pasado -, que deje de vender armas a uno musulmán (Azerbaiyán). Queda claro entonces que la geoeconomía se transformó en un profeso ex ante que la cultura o la religión en la geopolítica del siglo XXI. O dicho de otro modo, en términos pragmáticos: la empatía es dejada a un costado cuando desde Azerbaiyán, Israel importa el 40% del petróleo que consume.

Si a lo expuesto le adicionamos los vínculos en materia de inteligencia, fundamentales para con la contención y prevención del eterno enemigo del Estado Hebreo, Irán, el negocio cierra por todos lados. Es que los persas históricamente han apoyado financiera y militarmente a Armenia, aunque sus declaraciones siempre conlleven un tinte de mesura: la realidad indica que posee una gran población azerí dentro de sus propias fronteras luego del Tratado de Gulistán firmado en el año 1813, que dividió al pueblo azerí en dos al concluir la primera guerra ruso-persa. Por supuesto, nada es porque sí. Y una mano lava la otra. No por nada pocos le creyeron en el año 2011 al entonces presidente de Armenia, Serzh Sargsyan, cuando afirmó que Ereván nunca vendió armamento a Teherán. Y los que dudaban, tenían sus razones: poco tiempo después, el mismo primer mandatorio confirmó que “varias lanzagranadas desechables de alguna forma llegaron a Irán desde Armenia”.

Complementando lo expuesto, podemos afirmar que Medio Oriente es más que un mero proveedor de armas. En este aspecto, no solo en el terreno se encuentran los actores estatales: bajo la nueva lógica de las “guerras hibridas”, junto con los azerbaiyanos combaten alrededor de 4.000 mercenarios enviados desde Siria a la zona de conflicto – a los cuales se les paga alrededor de 2.000 dólares mensuales a cada uno -. ‘Un ejército militar de reserva’, diría algún nostálgico marxista; es que si intercambiemos la palabra ‘industrial’ por ‘militar’, la resignificación teórica no estaría tan desacertada.

Decir que es un secreto a voces, sería quedarnos con gusto a poco: todos saben que los mercenarios han sido pagados por los bolsillos de Ankara. Por supuesto, en un tono irónico digno de la diplomacia, su primer mandatario, Recep Erdogan, sentenció: “Algunos nos dicen ‘enviaron (combatientes) sirios a Nagorno-Karabaj’. No tenemos una agenda así (…) Ya tienen mucho por hacer en su país”. Aunque el apoyo implícito no sea un tema menor, la madre patria de los azeríes se ha comprometido a brindar el sostén diplomático, moral, militar y económico que sea necesario. Es que además, no es nuevo la animadversión total entre el pueblo armenio y el turco, potenciado exponencialmente luego de que los primeros sufrieran un genocidio por parte de los segundos, el cual terminó con la vida de más de un millón de personas entre 1915 y 1923. Sarven Kocak, un economista representante de la comunidad armenia en nuestro país, sostiene justamente que lo peor del genocidio es el no reconocimiento de Ankara, que continúa insistiendo en que aquellas muertes fueron dentro de la racionalidad de un conflicto armado típico de la época. Y las animosidades no solo no aminoran, sino que crecen al calor del nacionalismo turco, inclusive desde el factor económico: “desde hace 25 años, la República de Armenia ha sido sometida por los gobiernos turcos de Turquía y Azerbaiyán a un bloqueo salvaje, que se agrava porque nuestro país no tiene salida al mar”, sostiene con un dejo de bronca y tristeza.

Es que dentro de la permanente puja de intereses económicos que vivimos, tenemos en claro que – aunque lejos está de ser un juego de suma cero -, mientras algunos se perjudican, otros se benefician. Y sino pregúntenle al presidente serbio, Aleksandar Vucic, quien manifestó, sin ningún tipo de desparpajo, que las ventas de armas a Armenia tienen como objetivo central el salvar la industria militar del país: “Azerbaiyán y Armenia son nuestros amigos. Pero la industria militar serbia cuenta con 17.000 personas que necesitan proteger sus empleos. Y sabemos que a quien sea que le vendamos, la otra parte definitivamente estará insatisfecha”. Porque a decir verdad, y para lavar un poco las culpas con agua bendita, la moral puede ser dejada un poco de lado: mientras a algunos el armamento vendido los conduce a una muerte segura en combate, a otros los ayuda a dinamizar los muchas veces constreñidos mercados internos.

Moviéndonos hacia occidente, la Unión Europea ya mostró su interés ulterior durante el incremento de las tensiones en el año 2016: sentenció un enérgico rechazó a la anexión de Nagorno-Karabaj y al uso de la fuerza en la región por parte de Armenia. Es claro: para los países europeos, la tubería que atraviesa Bakú-Tiblisi-Ceyan suministra recursos cruciales para cubrir sus necesidades energéticas. Y no hay mucho más que ello. Porque dentro de Europa, poco importa el conflicto, salvo para quienes también tienen intereses económicos particulares en la industria armamentística. En este sentido, el más claro ejemplo es España, siendo el país ibérico uno de los mayores exportadores de armamento a Azerbaiyán el año pasado. Pero también bajo la lógica de la triangulación. Por ello, el Embajador de Armenia en España, Vladimir Karmirshalyan, realizó recientemente una declaración en tono de desesperación: “Yo no puedo pedir a España que hoy reconozca la independencia de Artsaj; pero sí quiero pedir encarecidamente al gobierno español que desde hoy no venda más armamento a Turquía”.

Ya adentrándonos en nuestro continente, el ministro de Exteriores canadiense, François-Philippe Champagne, informó recientemente que Canadá suspendía las exportaciones de armas a Turquía para “evaluar la situación más a fondo”, ante las afirmaciones de que se estaría utilizando tecnología canadiense en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Con una liviandad y una doble moral más propia del autoritarismo o nepotismo vinculados a los actores en disputa, el país norteamericano se refiere a la venta de armamento como si la misma tuviera el rol de paliar el hambre en el mundo o ayudar a encontrar la vacuna contra el HIV. Estados Unidos, por su parte, no se va a involucrar en el conflicto en medio de su contienda electoral presidencial. Porque a ciencia cierta, los estadounidenses son los paladines del mundo libre, hasta que les urgen las problemáticas domésticas. Que no son pocas en tiempos de crisis económicas, asesinatos de minorías, y un coronavirus fuera de control.

Dado lo expuesto y en cuanto a nuestra querida Argentina, solo nos queda observar y tomar nota de lo conveniente, principalmente para ponernos a trabajar ya sobre lo plausible. Por supuesto, con el desarrollo de una potente ‘economía de la guerra’ no alcanza para que el país salga adelante como un todo. Sin embargo, el potenciar una industria de la defensa como sector estratégico proveedor de divisas y generador de fuentes de trabajo en base a la innovación tecnológica, no es poco para nuestras siempre crecientes necesidades nacionales. Esperemos entonces que el FONDEF recientemente aprobado, financiado con un 0,8% del PBI desde el año 2023 con afectación exclusiva para la recuperación, modernización y/o incorporación de material para la defensa, sea el puntapié inicial para generar una industria competitiva y con capacidad de exportación.

Para concluir, casi no vale la pena aclarar que en todo este entramado geoeconómico, a nadie le importan los miles de muertos que ha habido en pocas semanas, ni los 150.000 habitantes de Artsaj que lo único que quieren es vivir en paz y bajo sus propias costumbres, cansados de reclamar que los dilemas económicos y políticos de los involucrados se dejen de tapar con tumbas. En él mientras tanto, y contrabalanceando impunemente el dolor de las víctimas, los negocios de algunos, los cuales no requieren un justificativo moral y se encuentran más allá del derrumbe de la ética en el fragor de la batalla, serán siempre negocios.

Dr. Jeckyll y Mr. Hyde

Publicado en Ámbito Financiero, el 26-10-2020 por Pablo Kornblum

https://www.ambito.com/opiniones/bolivia/dr-jeckyll-y-mr-hyde-n5142979

Hace ya unos cuantos años, luego de una discusión en una clase de maestría en la Universidad de Sydney, se me acerca un estudiante liberal australiano y me dice “yo se porqué ustedes tienen tanta izquierda en Latinoamérica; simplemente porque la derecha siempre hace mal las cosas”. En aquel momento le respondí que creía que era difícil resumir y simplificar tanto una realidad harto compleja. Hoy en día continúo sosteniendo lo mismo; aunque me atrevo a decir que algo de razón tenía.

 

El breve interregno neoliberal de Añez hizo lo que no debe permitir, prima facie,  ningún gobierno conservador (ni progresista); robar antes que hacer (siendo generosos y haciendo caso omiso a las violaciones a los derechos humanos). Y menos aún en medio de una crisis económica y sanitaria derivada de una pandemia que lejos se encuentra de concluir, donde cada paso en falso desnuda rápidamente las miserias políticas.

 

Más aún, los bolivianos también se encontraron con la misma conjugación de posturas arcaicas y regresivas pre-masistas: solo para citar un par de ejemplos, se propuso la flexibilización laboral a través de la eliminación de la Ley General del Trabajo, avalando el  reemplazo de las relaciones laborales por contratos civiles; o mismo el reglamentar el trabajo por horas – con el apoyo de Camacho -, “para que las mujeres puedan atender las tareas del hogar”. Nada nuevo bajo el sol y en menos de un año de gobierno.

 

En relación a este último, el autoproclamado único candidato de la ‘nueva política boliviana’, se mostró durante toda la campaña como el típico hombre de negocios que ingresa a la política por derecha, como el empresario y actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Lamentablemente, también parece que lo ha copiado en sus malas prácticas corporativas: tal como el primer mandatario estadounidense, las acusaciones de evasión impositiva lo acompañaron durante toda la campaña electoral; en este sentido, la fiscalía sobre delitos económicos lo inculpó de crear tres sociedades offshore con sede en Panamá para su propio beneficio y el de varios particulares y empresas bolivianas que, de este modo, pudieron disimular y blanquear su dinero y establecer planes de evasión fiscal.

 

Por supuesto, Camacho ha negado rotundamente los hechos y, siguiendo al pie de la letra el viejo dicho popular, llevó adelante su contraofensiva basada en ‘la mejor defensa, es el ataque’. En este sentido, su partido aceptó que el problema económico no radicaba en la tasas impositivas aplicadas durante el gobierno de Evo Morales – que en Bolivia nunca fueron elevadas para las corporaciones -, sino más bien por los controles gubernamentales, que se intensificaron desde que el MAS llegó al poder. Claro, los empresarios cruceños no estaban acostumbrados a pagar impuestos. Porque desde las épocas memoriales del general Banzer Suárez, se había instaurado en Bolivia una tradición de amnistía fiscal (o vulgarmente denominada ‘perdón tributario’): cuando un nuevo presidente era elegido, anulaba las deudas fiscales de las elites acumuladas en periodos previos.

 

Pero lo peor de todo, es que más allá de que se encontraban bajo una ‘nueva normalidad’ de tener que pagar impuestos como cualquier mortal en este mundo – ya sea persona física o jurídica -, a las elites de Santa Cruz tan mal no le fue con “el indio”, como Camacho mismo consideraba despectivamente a Morales: desde el año 2010, la tasa de crecimiento del PBI cruceña siempre ha sido superior a la de Bolivia en su conjunto. Solo para citar un año calendario, en 2018 su economía creció a una tasa del 5,8%, un 37,44% superior a la del país como un todo (4,22%).

 

Pero eso no es todo: también se mostraba como una copia fiel del otro ‘outsider regional’, el ex militar brasileño Jair Bolsonaro. No solo mimetizándose bajo su fascismo a través de la Unión Juvenil Cruceñista – creada a imagen y semejanza de las brigadas franquistas españolas -, sino que además genera invariablemente un paralelismo en su fervor religioso, con muchas biblias, ruegos a dios y la defensa irrestricta de la sociedad occidental y cristiana en una cruzada de la fe; legitimando, de este modo, su postura autoritaria con el discurso religioso.

 

Sin embargo, ello no sería el mayor desafío político, en un mundo que se expanden las extremas y languidecen los centros; su principal techo no fue solo geográfico, sino que además fue clasista y demográfico. Por un lado, el crecimiento económico que multiplicó la riqueza de las elites cruceñas, tuvo su consecuente efecto derrame hacia las clases medias y populares, lo que ha derivado a que una gran cantidad de estos últimos votantes hayan entendido que los beneficios recibidos durante tantos años también han sido parte de las políticas económicas del gobierno central. Y por otro lado, los indígenas, que su partido aborrece como pares y disfruta como siervos, son muchos. Demasiado para sus aspiraciones presidencialistas.

 

El otro candidato opositor con mayores posibilidades de llegar a una segunda vuelta, era el ex presidente Carlos Mesa. Enamorado de las políticas neoliberales de ajuste estructural y estabilización económica con alto costo social, como lo pregonaba ya desde su canal de televisión privado en la década de 1980’, debió renunciar a menos de dos años de haber asumido la primera magistratura debido a que a los históricos dilemas socio-económicos, se le adicionó el conflicto ideológico: la llamada ‘Guerra por el Gas’ (sumado a la ‘Guerra por el Agua’ de años previos), fue el disparador de fuertes expresiones de hartazgo de la sociedad hacia el modelo privatizador y de hambre instalado durante la globalización diseñada bajo los parámetros del Consenso de Washington desde principios de la década de  1990’, lo que le quitó cualquier tipo de margen de maniobra y lo obligó a dimitir previo a las elecciones que le dieron la victoria a Evo Morales.

 

Más aún, como la única verdad es la realidad y las comparaciones en política lejos de ser odiosas suelen ser determinantes a la hora de emitir el voto – sobre todo dada la memoria de corto plazo de las mayorías -, fueron muchos los bolivianos que no solo vivenciaron mejoras sustanciales en sus niveles de ingreso reales (mientras el salario mínimo se multiplicó por 5 durante el gobierno de Morales, la inflación de un dígito fue la norma y no la excepción en todo el período), la democratización del servicio de gas natural logró que se pase de un abastecimiento del 3% de la población en el año 2006, a un 50% de la población boliviana en 2019.

 

Con una lectura básica de lo expuesto, al MAS solo le quedaba transmitir lo que la mayoría de los bolivianos quería escuchar: continuar lo que se hizo bien y cambiar lo que hace falta. Además del ingente crecimiento económico (desocupación máxima del 6%, una deuda externa que descendió del 52% al 24%) y las fuertes políticas redistributivas (disminución de la pobreza un 27%, reducción de la desigualdad un 25%, creación del bono Juana Azurduy contra la mortalidad infantil y el bono Juancito Pinto para con la reducción de la tasa de deserción escolar), se volvió a explicar minuciosamente la relevancia de la nacionalización de los hidrocarburos, la estabilización del tipo de cambio que permitió el aumento de los depósitos en moneda nacional, el rol activo del Estado en la inversión pública con financiamiento de las reservas internacionales (construcción de infraestructura hospitalaria, escuelas), o la implementación de la ley de servicios financieros, donde los bancos debían destinar el 60% de sus carteras al crédito productivo y a las vivienda de interés social exclusivamente (con libre disponibilidad del otro 40%), entre otros. En definitiva, una quita marginal en la rentabilidad de las elites que no solo permite dinamizar el consumo interno, sino que además ayuda mantener la tan delicada y frágil paz social. O sea, con una lectura simplista podríamos afirmar que no le hace mal a nadie y ayuda a muchos; aunque para la posición conservadora, la pérdida de poder político real implique mucho más que ello.

 

En tanto la mirada a futuro, el propio Arce realizó una autocrítica y prometió la unidad nacional – como todos los políticos en las diversas variantes de centro, con el objetivo de tranquilizar a los sectores medios-altos urbanos, aquellas pymes y profesionales alejados de las luchas clasistas -, excediendo claramente la exclusividad que significaría representar un bloque étnico-social de matriz plebeya (el vicepresidente Choquehuanca será el vínculo con el movimiento campesino e indígena). Por otro lado, el presidente electo habló de la necesidad de dar paso a profesionales, jóvenes con ‘compromiso’ y sectores sociales que no fueron tomados en cuenta: no hay que olvidar que por la afiliación religiosa del binomio presidencial, siempre fueron propensos a una orientación más dialoguista con la oposición y con las clases dominantes; esto los convierte en figuras más digeribles para la derecha. Finalmente, en lo económico prometió continuar el proceso de industrialización por sustitución de importaciones con mayor tecnología y valor agregado – por ejemplo la producción de diésel orgánico sobre la base del reciclaje de aceite de cocina -; además de profundizar un neodesarrollismo que no perjudique – por no decir que aliente – los grandes negocios de los agroindustriales y la banca.

 

Por supuesto, la historia nos ha enseñado de cíclicas pujas de intereses entre grupos humanos que contraponen diferencias raciales, religiosas, económicas. Por ello, el gobierno de facto saliente, antes de entregar el gobierno, se ha encargado de comprar armas por varios millones de dólares para ponerlas al servicio de la Policía y las FF.AA. Esta decisión no tiene un ápice de ingenuidad: siempre hay que tener a las fuerzas de coerción en el ‘bando propio’. No solo para agradecer por los ‘servicios prestados’ durante todo este año; sino, y principalmente, porque nunca sabe cuando se las pueda volver a necesitar. Ya sea para proteger sus intereses, o para obtener su respaldo para reconquistar el poder; porque en definitiva, deben pensar, siempre se debe sostener la condición de clase que se representa, por la que se sienten legitimados a estar siempre a cargo del gobierno, muy cerca de él, o al menos condicionándolo.

 

En este sentido, ni la propia Añez se cree el primer Tweeter que escribió luego de la victoria de Arce: “Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia”, fueron sus palabras. Una democracia que menos de un año atrás, ella misma y todo el golpismo opositor vilipendio. Pero como en el extraño caso del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde, el discurso enmascara una doble personalidad edulcorada en nombre de la ‘libertad’, junto con una retórica de tinte ultra conservador rociada con agua bendita. Pero que por otro lado, y a los hechos me remito, muestra en su lado más oscuro un desprecio por lo nacional-popular y un racismo asentado en una antinomia decimonónica: “ciudadanos” (ellos) versus “salvajes” (los “otros”, campesino/as indígenas). Si señores. Esa es la visión de ‘modernidad’ de las élites políticas y económicas que retornaron a los meandros del poder en noviembre de 2019.  Intenciones que chocaron contra la realidad sociológica de un país al que quieren gobernar pero, en el fondo, lo desprecian.

 

En él mientras tanto, y tal como diría el filosofo y sociólogo francés, Raymond Aron, “…todos los sistemas sociales son imperfectos, y la política no consiste en la lucha entre el bien y el mal, sino en la elección entre lo preferible y lo detestable”. A pocos días de trascurridas las elecciones, podemos afirmar que aquellos bolivianos que estaban indecisos, dieron finalmente su veredicto. El ‘voto útil’ del mundo rural y urbano popular periférico (incluido el magro 1,55% de Chi Hyun Chung, que había obtenido el tercer lugar en los comicios de 2019 con un 8% en la votación nacional, pero con cifras mayores al 15% en La Paz y Oruro, tradicionales bastiones del MAS), se encontró lejos de aquella visión del mundo de la élite neoliberal, la cual creyó que el MAS terminaría representando un movimiento político circunscripto en una raza guiada obtusamente por la voluntad de su ‘caudillo’. De aquí en más, dependerá de Arce y su gobierno, terminar de ratificar con hechos la confianza que le otorgaron el 55% de los electores bolivianos.

El tren ya paso; ahora solo queda correrlo desde atrás.

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 13-10-2020

https://www.ambito.com/opiniones/argentina/el-tren-ya-paso-ahora-solo-queda-correrlo-atras-n5139767

Algunos hasta se atrevieron a pensar en una “tercera vía” hacia un socialismo post-pandemia. Sin embargo, ya vimos – y debemos entender – que al capitalismo de la competencia salvaje, la acumulación desmedida y el individualismo narcisista, no lo mata ni un virus, ni una guerra, ni nada. Las revueltas presentes para con la mejora de la calidad de vida de las mayorías son siempre marginales; de los cambios revolucionarios, aquellos tan temidos o esperanzadores tal cual los conocimos en el Siglo XX, se pasó a un sistema de grietas que se limitan a quitar y poner marionetas manejadas por las elites globales, las cuales se encuentran a la cabeza de una lógica sistémica que no detiene su marcha.

 

Hemos aprendido que vivimos en el mejor mundo posible. La palabra libertad, entremezclada con confusa suficiencia cuando se la asocia a la economía o los derechos humanos (salvo cuando aparece el COVID-19 y se necesita con urgencia de la asistencia del Estado), se conjuga con el miedo a volver a la fallida utopía socialista. Solo persiste una idea que, lejos de servir para avanzar hacia un sistema superador, proviene de la mano de un miedo centrípeto, circunscripto por la conectividad virtual que nos permite observar el planeta en la soledad de nuestro dispositivo móvil, con el mero objetivo de buscar socios que avalen las ideas y los deseos propios. Lejos, cada vez más lejos, de generar un cambio sistémico. Ni siquiera estructural.

 

Bajo la dinámica descripta, a nuestra Argentina como un todo solo le quedaría alinearse, tanto en términos económicos como políticos. Cierta autonomía ideológica y financiera para con el mundo es ahora inviable; hubiera requerido décadas de solidez institucional, crecimiento económico, transparencia jurídica. Bajos niveles de corrupción y alta eficacia que generen respeto, ya sea en términos endógenos como para con el mundo. Porque mientras el resto del mundo avanza, nosotros continuamos luchando contra nuestros propios demonios.

 

Comencemos observando al viejo continente. Aunque las economías de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) se contrajeron un 15% promedio durante el segundo trimestre de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019, la proyección de decrecimiento para este año se modera hasta el -8%, con expectativas de crecimiento del +5% en 2021 y del +3,2% en 2022. Para generar este proceso de recuperación, el Banco Central Europeo decidió dejar inalteradas las tasas de interés en el mínimo histórico del 0%, como así también ha mantenido los estímulos monetarios comprando bonos de la deuda pública y ayudando a la generación de un Fondo Comunitario Europeo de 750.000 millones euros para sacar adelante a cada uno de los países miembros. Por supuesto, a diferencia de lo que vemos en nuestras latitudes, tienen un plan para con el repago de los préstamos: nuevos tributos comunitarios, impuestos a los productos plásticos tóxicos y a las emisiones de carbono, o mismo  gravámenes a los oligopolios digitales. Un esquema totalmente intra sistémico. Un keynesianismo de manual que no cambia ninguna lógica preexistente.

 

Tampoco la pandemia disminuyó el alto nivel de competitividad que se requiere en la arena internacional. La UE le pidió recientemente a China un vínculo económico “más equilibrada, con mayor igualdad de oportunidades”, tanto en términos comerciales como en relación a las inversiones. Pueden sentarse tranquilos a esperar la respuesta: China no solo se siente cómoda con su programática política económica global detallada con firmeza en cada uno de sus planes quinquenales presentados en las últimas décadas; sino que, sin necesidad de limpiar las culpas morales racionales de cualquier democracia occidental por la expansión del virus, ha reactivado su “socialismo de mercado” a una velocidad a la que solo ellos lo pueden hacer. Los números hablan por sí solos: solo para citar dos variables de relevancia, el mes de agosto pasado las ventas minoristas y la producción industrial crecieron 0,5% y 5,6% interanual respectivamente, previendo una aceleración del PBI para el último trimestre del año.

 

En el otro polo de la gran disputa capitalista por el poder global, los Estados Unidos de Norteamérica se encuentra hoy en medio de una elección que se dirime entre dos candidatos del, cuando no, establishment de Washington y sus satélites de lobistas corporativos. Con un Donald Trump que comenzó su mandato jugando a la política de la seducción y terminó en la arena de la confrontación, pero que en ningún momento desestimó al dios mercado como el hacedor del sueño americano. Su rival, Joe Biden, es un candidato más que moderado; como diría el colega internacionalista Patricio Talavera, el erigido por los demócratas ha sido seleccionado “con los mismos criterios que se aprueba a un yerno”. Igualmente, sea cual fuera el resultado de la contienda electoral, la recuperación económica que se ha estado vislumbrado en el último trimestre se potenciará con un shock de expectativas positivas que posibilitará alcanzar, al menos en el corto plazo, una nueva normalidad económica. Que aunque podría ser distinta en términos productivos, comerciales y financieros a las condiciones pre-pandémicas, lejos estará de ser revolucionaria.

 

Siendo los actores estatales descriptos nuestros principales socios comerciales y financieros – excluyendo Brasil -, la relación con ellos se torna vital. Por un lado, el acuerdo entre el Mercosur y la UE languidece por, teóricamente, las críticas recibidas en nuestro continente por ser responsables de causar un peligroso daño medio ambiental: ello incluye específicamente la afectación de la biodiversidad y el cambio climático,  derivado especialmente de la desforestación y los incendios del amazonas, la explotación minera y energética, la contaminación acuífera, como así también el uso de sustancias químicas indebidas para con la producción agrícola.

 

Aunque los socialdemócratas, verdes y afines en el viejo continente hayan calificado el Stand-By en las negociaciones como “un gran triunfo para los consumidores, el medioambiente, la protección de los animales y los derechos humanos”, la realidad es que vastos sectores económicos europeos ligados a la agroindustria quedarían sepultados con el acuerdo. Y una gran parte de ellos no solo garantizan el pacto social de gobernanza en cada una de las naciones; sino que además son parte del entramado económico y productivo enraizado en las diversas culturas nacionales de la unión. Olvidémonos entonces de la ejecución de un tratado probablemente muy beneficioso para el sector primario de nuestras latitudes: las mastodónticas subvenciones que reciben los productores en el marco de la Política Agrícola Común de la Unión Europea, continuaran in eternum.

 

Por su parte, los Estados Unidos no solo subvencionan su producción agrícola en contra de nuestros intereses; ello no sería nada si no fuera que en el último medio siglo nos han considerado siempre su ‘patio trasero’, hacedores de dictaduras – por supuesto, siempre con complicidad endógena – en pos de que los podamos abastecer y endeudar bajo el rol que ellos mismos nos digitaron dentro de ‘su’ sistema económico y financiero global. Sin entrar en detalles históricos – donde hemos tenido épocas con mayor o menor margen de maniobra, por desavenencias externas o autoprovocadas -, los u$s44.867 millones que recibió la Argentina desde el año 2018 por parte de los Estados Unidos para impedir el asentamiento del comunismo lula-madurista (léase vía FMI con indicación explícita de Trump), solo sirvieron para dolarizar las ganancias de los mismos de siempre, con su respectiva fuga por las puertas giratorias del sistema financiero sin control (o mejor dicho descontrolado) de nuestro bendito país. Cuidado, a pesar de ello, nunca es tarde para aleccionar bajo el manto de la confusión permanente de las masas abstraídas por series sobre mundos místicos o competencias culinarias: los representantes del FMI se encuentran en este momento en nuestro país para “respaldar ajustes estructurales ante una nueva normalidad, lo que incluye que los empleados comiencen y abandonen sus empleos con mayor facilidad”. Traducido: Reforma laboral sin miramientos con los costos socio-económicos que ello acarrea, con tal de que podamos repagar nuestras deudas colectivas para mantener la rueda del sistema funcionando.

 

Lo que no pueden proveer, y es un gran problema para ellos, es una compuerta propia, ni tampoco un acuerdo efectivo con algún actor regional de relevancia que trabaje como pívot estabilizador y buffer contra su enemigo y nuestro aliado (¿circunstancial?), China. Porque, a ciencia cierta, nuestra relación bilateral con la potencia asiática de coyuntural tiene poco y nada: hace años nos hemos rendido a sus pies. Y que quede claro, no por sus cantos de sirena, sino por su enorme ‘billetera de payaso’. Con mayor o menor conveniencia. Porque nos compran todo lo que nuestro campo pueda ofrecer. Como contraparte, adquirimos sus bienes de capital (telecomunicaciones, agroindustria), absorbemos sus inversiones (nucleares, de infraestructura), y tomamos sus préstamos a la tasa de interés ofrecida sin chistar. Pero además, nos permiten realizar acciones de compra/venta en ambas monedas nacionales, generar contratos a futuro en yuanes, como así también avanzar intempestivamente hacia la construcción de la nueva Ruta de la Seda Sudamericana con ‘mirada argentina’: una Asociación Estratégica Integral que se espera permita concretar proyectos de agua y saneamiento, vivienda, conectividad, energía renovable e infraestructura de transporte en nuestro país.

 

Todo bajo el lema “Winner takes all” (o sea, donde todo el proceso de desarrollo quedará en manos chinas). Pero la voracidad del único ganador con todas las letras no termina aquí. En la reciente conversación que mantuvieron Xi Jinping y nuestro primer mandatario, Alberto Fernández, el presidente chino le pidió la colaboración del país para fortalecer la relación de China con América Latina, el Caribe y el Mercosur; sobre todo para poder tener una participación más activa en la Comunidad de Estados Latinos y Caribeños (Celac). Y si, la geopolítica es fundamental. Y aquí ya entramos en un tema aun más ‘espinoso’; el statu-quo del sistema económico es inamovible, pero la distribución de poder entre las principales potencias es flácida, cambiante, tensa.

 

Por ello la estación especial de Neuquén, cuyo manejo es la conjunción de intereses del Partido Comunista Chino a través del Ejército Popular como órgano ejecutor, complementa todo aquello y más: le adiciona el componente geopolítico en plena disputa por los recursos naturales estratégicos (ya sea geológicos o marítimos), la proyección Antártica, la guerra electrónica y satelital. Para citar un ejemplo, el eventual uso dual (militar y civil) implicaría la eventual intercepción de satélites de Estados Unidos o la UE. ¿Quién lo puede afirmar? Bajo el hermetismo reinante, seguramente no nuestro país. Igualmente, a sazón de la verdad, durante el gobierno de Cambiemos se agregó un anexo para especificar que la estación sea para uso pacífico y no belicista. En fin, lo que sea “pour la galerie”.

 

En realidad, para nuestro país, mejor dicho para nuestros políticos, lo más relevante es que los chinos, a diferencia de los creadores de la ‘Doctrina Monroe’, no se inmiscuyen en los asuntos de política doméstica. Ideal: un país que nos financia el déficit y no pregunta por qué lo generamos. Y que se encuentra siempre listo para activar parte o la totalidad de los 18.500 millones de dólares del Swap en caso de que lleguemos a una crisis de aún mayor complejidad que la actual. Por ello, los acuerdos bilaterales nunca se han truncado desde el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio en el año 2001. Ni con el actual gobierno argentino, ni con el anterior, ni con el anterior del anterior.

 

Igual, seamos sinceros, ¿para qué nos van a cuestionar? Argentina tiene un déficit comercial crónico con China (-2.000 millones de dólares en 2019) que se remonta a finales de la década pasada. Salida de divisas que ellos mismos nos financian: negocio redondo para el gigante asiático. Y para unos pocos de los nuestros: los sojeros y la industria cárnica siguen de parabienes. Pero también para algunas de nuestras castigadas economías regionales. Sino observemos la ansiedad manifiesta de varios gobernadores esperando obtener alguna tajada de los 4.000 millones de dólares de inversiones para la concreción de las 12.000 granjas que se instalaran en nuestro país – con su respectivo efecto derrame socio-productivo -, para abastecer con 900.000 toneladas anuales de carne de cerdo a China. Si, ya sabemos que ciertos actores políticos y organizaciones sociales y medioambientales ya han puesto el grito en el cielo por el alto nivel de contaminación que repercutirá en nuestras aguas y suelos, o mismo con las emisiones diarias de gases letales como el dióxido de carbono y el metano. Pero ni a los chinos, ni a las elites políticas de nuestro país – debe ser uno de los pocos temas que ha saltado la grieta entre el oficialismo y el principal partido de oposición -, ni al sistema económico de acumulación global les importa. Es más, a algunos políticos y empresarios les quedaron revoloteando las últimas palabras de Xi hacia Fernández: “Queremos que más productos y con más valor agregado ingresen a China”. ¿Podremos generarlos? ¿Podremos competir? Difícil, para no decir muy poco probable, al menos en el corto plazo. Pero bueno, suena bien. Y el show debe continuar.

 

Vivimos en la Argentina del los proteccionismos agresivos, de las liberalizaciones salvajes. De la destrucción de las instituciones y sus bases filosóficas. De los mercados eternamente monopólicos que presionan a gobiernos débiles, inertes, o cómplices para que apliquen las medidas que ellos demandan. De la corrupción enraizada, entremezclada con una conjunción explicita de ineficiencia e ineficacia. De las crisis económicas permanentes que, como indica el Dr. Julián Zicari, son, por sobre todas las cosas, grandes mecanismos de transferencias regresivas de ingresos. De la pobreza invariablemente creciente (del 6% en la década de 1970’ al 40% actual), la cual conlleva a un capital humano cada vez más obsoleto para los requerimientos productivos del mundo actual. De la asfixia y la falta de incentivos para muchas Pymes que quieren producir verdaderamente para abastecer a la economía real. Todo ello, en su conjunto, ha provocado nuestro retraso letárgico, opuesto 180 grados a los requerimientos que implica la lógica sistémica trasnacional actual. Evidentemente, estamos muy lejos de los que soñamos un país de vanguardia, de relevancia.

 

Para concluir, nos encontramos en un mundo embebido en una dinámica económica donde los Estados y sus elites corporativas avanzan como un tren a toda velocidad. Y ello no va a cambiar. O el sistema lo cambiamos nosotros, los argentinos, para generar una nueva racionalidad superadora – lo que es altamente improbable -, o la Argentina se adapta, definitivamente y de una vez por todas, de la mejor forma posible a un sistema exigente que no permite falencias ni fisuras, y donde las fracturas domésticas y para con terceros se pagan caro. Lamentablemente, sea cual fuera el caso, ahora estamos corriendo al tren muy lejos desde atrás.

El FONDEF y la trascendencia como prioridad

Publicado en Ámbito Financiero el 28-09-2020

https://www.ambito.com/opiniones/fuerzas-armadas/el-fondef-y-la-trascendencia-como-prioridad-n5136059

El dólar, la inseguridad, la inflación; la corrupción y la pobreza. Tenemos todo y, en muchos casos, al por mayor. Que trasvasan la visión panóptica de cada individualidad – y hasta diría de cada posición moral -; pero tienen una característica común: se centran en la coyuntura, en la problemática de la inmediatez, de lo que debemos solucionar ahora mismo. Que son fundamentales y, dada su continuidad temporal (y la incapacidad de eliminarlos de quienes detentan las máximas responsabilidades), terminan siendo de trascendental relevancia para el devenir de nuestro país. Porque la referencia para con el trascender no es menor: allí es donde se encuentra la base para, definitivamente, construir una sociedad mejor. No para nosotros, los argentinos del hoy; sino y principalmente, para las futuras generaciones.
La Ley que ha creado el Fondo Nacional de Defensa (FONDEF) para con el reequipamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas, pareciera poseer este espíritu superador: el mismo será afectado para la recuperación, modernización y/o incorporación de material para la defensa; el favorecer la sustitución de importaciones a través del desarrollo de proveedores, como así también la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa; el promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable por medio de un mayor escalonamiento tecnológico; y el incrementar las acciones de investigación y desarrollo, tanto en el sector público como en el privado, mejorando las condiciones de creación, difusión y asimilación de novedosos bienes y servicios por parte de la estructura productiva nacional. Como primer eje de trabajo, se buscará revitalizar las grandes fábricas como Astilleros Río Santiago, Tandanor, y la Fabrica Argentina de Aviones (FAdeA); como así también Institutos de innovación e investigación, como el INVAP, el cual aportará su reconocido desempeño internacional. Se estima – y se espera – generar aproximadamente 14 mil puestos de trabajo de manera directa.Es probo a lo largo de la historia mundial: generar una Industria de la Defensa Nacional de vanguardia es fundamental y estratégico, ya sea en su rol como motor de la economía nacional y sus efectos multiplicadores pro-positivos – incluida la generación de miles de puestos de trabajo -; por el ingente aporte de tecnología de punta (drones, cyberdefensa, la carrera espacial); la investigación y el desarrollo realizado por el Capital Humano altamente calificado; o mismo el fortalecimiento de las cadenas de valor de pequeñas y medianas empresas. En definitiva, vital para lo que representa una Argentina donde la oferta de producción nacional languidece cíclicamente, la escases de divisas es una habitualidad, y las frecuentes recesiones se encuentran siempre a la vuelta de la esquina.

Al día de hoy, el presupuesto militar de Argentina representa el 0,7% del PBI – uno de los más bajos inclusive en la región -; el cual tiene como destino principal los gastos corrientes, dejando muy poco margen para la inversión en capital, el entrenamiento, los ejercicios y despliegues. Y aquí reside una necesidad clave, un deber ser con el cual nos tenemos que reencontrar luego de décadas de desidia: se invierte en defensa no solo con el concepto final de estar preparados para la guerra, sino para ser soberanos en el manejo de la tecnología y evitar la dependencia externa. En un mundo donde la interdependencia compleja es una realidad, los medios de guerra suelen tener piezas y armados que involucran el desarrollo, la producción, el financiamiento y la logística de diversas empresas y países.

Es por ello que el FONDEF cumple un rol complementario que oxigena con una clara finalidad: no puede ser asignado para incrementar el personal ni para fortalecimiento de las instituciones, sino exclusivamente para equipar a las Fuerzas Armadas. Por ende, es un aporte independiente de los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el presupuesto nacional. En cifras concretas, el Fondo estará integrado con el 0,35% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual el año 2020, el 0,5% para el año 2021, el 0,65% para el año 2022 y el 0,8% para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios.

Por supuesto, los fondos especiales y las partidas específicas no son un tema exclusivo de nuestro país, sino de todo aquel Estado que defiende los intereses geoeconómicos y geopolíticos de su población como un todo – luego dependerá de la política redistributiva para afianzar el bienestar micro -. Porque las potencias con visión estratégica de largo plazo lo tienen bien en claro: aunque la ideología se torna una variable de relevancia a la hora de tomar la decisión de apoyar a tal o cual Estado u grupo en conflicto (ya sea diplomáticamente o a través de la venta de armamento), en la arena internacional son todos potenciales enemigos, mientras que los beneficios que se pudieran obtener de las ganancias geoeconómicas y geopolíticas, redundarán en ganancias domésticas que, como mínimo, podrán ayudar a aliviar las tensiones sociales.

En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, del propio presidente Donald Trump llevó al Congreso una propuesta para crear una Fuerza Espacial que costará 13.000 millones de dólares en los próximos cinco años. Sus responsabilidades incluyen el “desarrollar profesionales y adquirir sistemas militares del espacio, junto con el madurar la doctrina militar para la potencia espacial”. Lo más interesante es que el presupuesto destinado al cosmos es adicional a los ya inmensos 740.000 millones de dólares correspondientes para la cartera el corriente año, superando los niveles máximos alcanzados durante las guerras de Corea y Vietnam. Evidentemente, la histeria anti-China, que ha emergido como la ‘amenaza central’, requiere recursos infinitos.

Su partenaire chino, cuenta con un gasto militar anual, ‘declarado oficialmente’, de 178.000 millones de dólares. Sin embargo, su presupuesto crecerá este año un 7,5%, por encima del incremento del PBI previsto previo a la pandemia del COVID-19 (entre el 6% y el 6,5% del producto). En este sentido, Xi Jimping quiere completar la modernización del Ejército Popular de Liberación para 2035, cuyo objetivo final es conseguir unas fuerzas armadas de primera clase capaces de imponerse en cualquier tipo de guerra para el año 2050. Para ello, está desarrollando o ha adquirido, algunos de los sistemas de armamento más modernos del mundo, desde sistemas de misiles hipersónicos a novedosos submarinos nucleares.

Cabe destacar que las esquirlas de la disputa por la supremacía global no son menores en esta ‘nueva guerra fría’. Y la tecnología para la defensa juega un rol central. El Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, anunció hace pocas semanas que en la próxima década se destinarán 575.000 millones de dólares para las Fuerzas Armadas australianas, incluyendo una ampliación de 270.000 millones de dólares para la adquisición de armamento militar (la mayor parte destinado a compras a los Estados Unidos). “Las relaciones entre China y los Estados Unidos son muy difíciles, ya que compiten por la supremacía política, económica y tecnológica; tenemos que estar a la altura de las circunstancias”, enfatizó en una entrevista reciente, mientras se jactaba de haber excedido la promesa previa de su propio gobierno de incrementar el gasto militar anual al 2% del PBI; todo ello, mientras el país sufre la primera recesión en casi 30 años y la desocupación tocó un techo record de 9,4% por el COVID-19.

En el caso del viejo mundo, hace pocos meses el Parlamento Europeo adoptó el primer programa comunitario – denominado Fondo Europea de Defensa – para financiar el desarrollo de nuevos productos y tecnologías en el ámbito militar, incrementar la eficiencia en el gasto del sector, e impulsar la innovación en defensa. Ello implicará la cooperación entre los Estados miembros en la producción de tecnología y equipos de defensa avanzados e interoperables, como así también alentará la participación de las pequeñas y medianas empresas en proyectos colaborativos. ¿Los números? Nada despreciables 13.000 millones de euros para el periodo 2021-2027.

Uno de sus objetivos es continuar endureciendo su posición ante Rusia, derivado de un desgaste permanente en la relación desde la crisis de Crimea en 2014. Para los rusos, esta dinámica es parte del TEG global: el éxito obtenido en Siria está permitiendo que, consolidada ya su posición de actor imprescindible en Medio Oriente y ampliando su ambición al Mediterráneo Oriental, África e Iberoamérica, continúe con su política de potenciar la tecnología militar para viabilizar más rápidamente su proyección a nivel global. En el mientras tanto, pandemia de por medio, el Ministerio de Defensa ruso ha utilizado su industria para con la construcción de 16 centros médicos multifuncionales en 15 regiones de los distritos militares occidental, meridional, central y oriental del país; todo a cargo de la principal contratista del ejército, la Compañía de Construcción Militar (VSK, en sus siglas en ruso), con un presupuesto de aproximadamente 120 millones de dólares.

Más cercano a nuestro país, tenemos el caso emblemático de Chile. La ley Nº 13.196 indica que la empresa estatal de cobre Codelco debe destinar el 10% de sus ventas al exterior a las Fuerzas Armadas, donde el monto tiene un piso mínimo establecido de 180 millones de dólares. En sentido similar al FONDEF argentino, todos los recursos derivados de la Ley del Cobre deben ser destinados a la compra de armamento. Sin embargo, y aunque los montos no han sido significativos, en algunos años se han utilizado parte de estos recursos para financiar el costo civil y militar de desastres naturales (2010, 2011, 2015 y 2016). Otro punto a resaltar es que como las grandes inversiones muchas veces implican compromisos de alto costo y largo plazo, los recursos devengados pueden ser menores a los montos efectivamente autorizados. Finalmente, como los recursos aportados por Codelco suelen ser mayores que los gastos efectivos en la compra de armamento, a lo largo del tiempo se han ido acumulando excedentes en el Banco Central de Chile; ello ha conllevado a un álgido debate político sobre el destino final de los mismos, sobre todo ante una sociedad tan desigual y altamente privatizada en servicios esenciales, como lo son la salud y la educación.

En definitiva, la dinámica nacional e internacional muestran que la modernización y la tecnologización de los medios y las herramientas de las Fuerzas Armadas, se encuentra, como mínimo, en la ‘picota’ de las discusiones políticas claves para con el devenir económico, político y social de cada uno de los Estados-Nación. Por ende, nosotros como argentinos tampoco debemos olvidar un fin esencial y estructural que debemos perseguir: el garantizar la soberanía de los espacios aéreos, terrestres y marítimos; como así también el coadyuvar a repensar, porqué no, los desafíos del futuro que ya se disputan hoy en día las grandes potencias y que nos impactan directamente; la proyección antártica, la disputa espacial, la guerra cibernética. Es por ello que debemos proteger nuestros recursos estratégicos (el agua dulce, el capital ictícola, la agricultura sustentable), mostrarnos cohesionados y fuertes ante los desafíos cibernéticos y satelitales, y sobre todo generar escenarios de empatía para con la protección denodada de nuestras fronteras (especialmente poniendo el eje para con los esfuerzos en nuestro mapa bicontinental).

Porque de no ser así, continuaremos llegando siempre tarde, siempre lentos. Un pequeño ejemplo paradójico es que en la misma sesión que se aprobó el FONDEF, unos minutos antes la Cámara había aprobado un incremento en las multas sobre la pesca ilegal en aguas argentinas. ¿Qué hubiese sucedido en los últimos años si las embarcaciones de la Armada hubieran tenido la tecnología de última generación y las capacidades de disuasión apropiadas durante el patrullaje en su zona de control? Usted ya tiene la respuesta.

Realmente no vale la pena mirar para atrás exclusivamente para llorar por la riqueza perdida. Solo esperemos esta vez estar a la altura de las circunstancias y, de una vez por todas, sepamos aprovechar la oportunidad que tenemos por delante. Para ello debemos ser eficientes y eficaces; sobre todo cuando se requiere ser quirúrgico a la hora de realizar el gasto técnico y la inversión tecnológica para alcanzar objetivos que deben ser evaluados con suma inteligencia. Pero además y muy especialmente, evitando las filtraciones financieras espurias que, lamentablemente y en muchas ocasiones con razón, puedan generar cuestionamientos de las diferentes vertientes políticas. Porque el FONDEF debe ser una política de Estado, que debe perdurar. Por el bien de nuestros hijos y nietos, es hora de que hagamos bien las cosas.

Los servicios esenciales y el mundo de las comparaciones

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 14-09-2020

https://www.ambito.com/opiniones/servicios/los-esenciales-y-el-mundo-las-comparaciones-n5132624

Hace pocas semanas, el gobierno argentino ha declarado servicios esenciales a la TV, Internet y los teléfonos celulares. Las razones esgrimidas desde el ejecutivo son claras: “El derecho y el acceso a la conectividad abren puertas a otros derechos y a otros accesos, como son la educación, los consumos culturales, la capacitación, el trabajo y la producción”. Por ende, se ha decretado el congelamiento de tarifas hasta fin de año, una mayor regulación del Estado – sobre todo para poner límites a los incrementos de precios -, la obligación a las empresas a proveer una tarifa básica universal que sea accesible para todos los ciudadanos, y la promoción de la competencia en un mercado ‘altamente concentrado’.

Como no podía ser de otra manera bajo la lógica puja de intereses permanente, desde algunos sectores salieron inmediatamente a discutir la medida. Por ejemplo, la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI) sostuvo que una mayor intervención del Estado no solo no asegura el objetivo último que se declama, que es la universalidad de la conectividad a internet, sino que, como ha sucedido en otras oportunidades, probablemente genere un menor desarrollo y penetración de los servicios de banda ancha.

En sentido similar, GSMA América Latina – entidad que representa a operadores móviles y compañías relacionadas – expresó que medidas que modifican las estructuras de precios en mercados en competencia, con una proporción significativa de insumos dolarizados, resultan regresivas en materia de inversión en infraestructura digital y nuevas tecnologías. Como consecuencia, lejos de garantizar el acceso a todos los ciudadanos, las disposiciones ponen en riesgo la calidad de los servicios para el consumidor y la ampliación de la conectividad, pudiendo redundar en un aumento de la brecha digital.

Más allá de la discusión de la eficacia y el objetivo del DNU en sí, lo que volvió a generar resonancia pública en términos internacionales es la declaración del primer mandatario en una entrevista radial, en la cual sostuvo que “admira a Noruega y Finlandia, y en estos dos países son servicios públicos”. No es la primera vez que se compara nuestro país con otro: solo para citar un ejemplo reciente, el gobierno puso énfasis sobre los resultados positivos que, en términos relativos con Suecia, nuestro país estaba obteniendo en la pelea contra el COVID-19.

En esta ocasión, la Embajada de Finlandia en Argentina salió a responder. O como seguramente explicarán, solo buscaron ‘clarificar’ la expresión de nuestro presidente. En este aspecto, los finlandeses son muy puntillosos y precisos a la hora de llevar a cabo sus políticas de Estado. Siempre con mucho respeto y de manera diplomática: no por nada estuvieron décadas de guerra fría lidiando bajo el fino equilibrio de su modelo pro-occidental (sellado definitivamente con su ingreso en la Unión Europea en 1995 y el acercamiento a la seguridad que le brinda la OTAN a través del programa Asociación por la Paz), y la necesidad de ser cordiales con su vecino soviético, de quien se independizó en épocas de revolución bolchevique: ello a pesar de que la emancipación le costara la cesión de un 10% de su territorio a la Unión Soviética, pagos durante décadas de indemnizaciones de guerra, así como permitir que supervisara su política exterior. Sin embargo, siempre con el pragmatismo inteligente que los caracteriza, los finlandeses convirtieron el dolor en aprendizaje: como ellos mismos lo sostienen, el resarcimiento terminó siendo algo positivo para Finlandia, porque obligó a desarrollar y diversificar su industria, como así también creó la base para unas buenas relaciones comerciales con Moscú, las cuales se mantuvieron después de saldar esa deuda.

Para comenzar, cabe destacar que la divergencia no se encontraría en el espíritu del DNU. Más aún, el país nórdico sancionó en el año 2010 el derecho a una conexión a Internet de como mínimo 1 Mb/s (que fue ampliado hasta los 100 Mb/s en 2015), justificado por ser una ‘necesidad básica’ dado que, según palabras del propio gobierno finlandés en aquel momento, “sin esta tecnología, nuestra economía se estancaría”. Sin embargo, el comunicado oficial actual asegura que “el mercado finlandés en general se basa en la competencia abierta entre sus actores, donde se busca que se genere permanentemente nuevas oportunidades de negocios, se promuevan las exportaciones – dado que endógenamente es un mercado pequeño -, y se pueda aumentar la línea de servicios, lo que propicie un clima de mayor elección y precios competitivos para los consumidores”.  En este sentido, el salario promedio en Finlandia se encuentra en torno a los 4000 Euros mensuales. ¿Cuánto vale un servicio completo de Internet con Cable en Finlandia? Entre 35 y 50 Euros por mes. Así es, no se haga malasangre si hizo la relación salario promedio/costo del abono en nuestro país. Menos en términos de la calidad del servicio ofrecido.

Pero además, para que el modelo sea sustentable, ha sido crucial la inversión en Investigación y Desarrollo, que en Finlandia llega al 3% del PBI, la cual proviene un tercio del Estado y el resto lo aportan las empresas. Es un modelo público-privado de fomento a la innovación y a la exportación – que incluye de manera decisiva a las universidades – el cual promueve un desarrollo realizado de manera eficiente y eficaz. Como dicen los finlandeses: “Si vamos a ser capitalistas, vamos a hacerlo como mejor funciona”.

Es por ello que al mirar hacia afuera (tema tan debatido en nuestro país; el cómo  conseguir las tan preciadas y necesarias divisas), Finlandia además se especializa en la venta al mundo de tecnologías de la información y telecomunicaciones – incluyendo bienes electrónicos de primera línea -, coherente con sus políticas en general y medioambientales en particular. En este sentido, Sanna Marin, la primera ministra más joven del mundo, se ha empeñado en lograr la descarbonización de la economía finlandesa para el año 2035; para ello, ha propuesto que la generación de riqueza se desarrolle primordialmente a través de la creación, utilización y venta de servicios digitales (catalogado por muchos como el país del mundo con mayor innovación per cápita del planeta), la cual es mucho menos dañino que la producción de hidrocarburos.

Es importante recalcar que su racionalidad exportadora se encuentra enmarcada en un balance ‘anti-grieta’ donde todos los sectores aportan, desde su máxima eficiencia y con el mayor valor agregado posible, para con la generación de una balanza comercial superavitaria (las exportaciones representan más de un tercio del PBI de 234.000 millones de Euros). También aquí se puede observar que alejados se encuentran de nuestra eterna pelea entre el campo histórico proveedor de divisas; la industria políticamente protegida y carente de competitividad que sufre los vaivenes cíclicos de los costos, la inflación y las recesiones que afectan frecuentemente al mercado interno; y un sector de servicios con cierto valor agregado de tecnología que, con ganas de crecer, en una gran cantidad de ocasiones se encuentra con los retos de una macroeconomía siempre inestable, una todavía letárgica ayuda del Estado, y ciertos vicios propios de la dinámica a veces corrupta, ineficiente y monopólica.

Volviendo al comunicado, desde la Embajada indicaron que “el Estado garantiza la disponibilidad de los servicios básicos de comunicaciones para toda la población, donde si fuera necesario se movilizan fondos públicos. Y la buena calidad de los servicios básicos está estipulada por legislación: todos los consumidores y las empresas finlandesas tienen derecho a una suscripción telefónica asequible, así como a una suscripción de banda ancha de 2 Mbit/s en su lugar de residencia permanente o su ubicación comercial”. No es altruismo, sino lógica y racionalidad pura. El sector de los Servicios emplea a cerca de 3/4 de la población y representa más de 70% del PBI. En un mundo como el actual, es imposible producir y competir sin la tecnología adecuada.

Para ello, es indispensable contar con una de las principales claves del éxito finlandés: un sistema de educación universal, pública y gratuita, reconocido como uno de los más avanzados del mundo, que ofrece a todos los jóvenes las mismas oportunidades. Por supuesto, con docentes con sueldos superiores a la media del mercado. Pero además, sólo los mejores y más preparados estudiantes pueden convertirse en maestros y profesores: en el exigente sistema finlandés, sólo cerca del 10% de los candidatos suelen ser aprobados para cursar la maestría obligatoria en la universidad. Como se diría, la tan preciada y necesaria ‘meritocracia’.

Para los finlandeses, este es un tema que no se discute. Desde su gobierno indican que “Es una obligación moral, pues el bienestar y en última instancia la felicidad de un individuo depende del conocimiento, de las aptitudes y de las visiones del mundo que son proporcionadas por una educación de calidad. Pero también un imperativo económico, ya que la riqueza de las naciones depende cada vez más de las habilidades y el conocimiento”. O sea, no solo existe el servicio tecnológico esencial de telecomunicaciones de primera calidad, sino también están los usuarios que tienen la accesibilidad, los recursos, las herramientas pedagógicas, el capital humano y las capacidades para utilizarlos. Y no, no sería concebible para los finlandeses que existan niños que en plena pandemia tengan que trasladarse a la escuela más cercana para poder conseguir una computadora para estudiar; o mismo aquellos que se dirigen a espacios públicos para tratar de ‘enganchar’ alguna red con Wi-Fi y poder, de este modo, realizar la tarea escolar. Menos aún docentes con salarios por debajo de la línea de pobreza.

Por supuesto, hay luces y sombras, como en todas las latitudes. Por ejemplo, el país convive con un rápido envejecimiento de la población que erosiona la posibilidad de sostener el Estado de Bienestar; este objetivo además genera una deuda pública creciente que no se compatibiliza con la necesaria prudencia macroeconómica que requiere ser parte de la Unión Monetaria Europea (el cual muchos creen que fue un golpe de ‘Knock Out’ para la relevancia global que tenía hasta hace unos años la emblemática compañía de telefonía móvil Nokia). O bien la doble moral que nos retrotrae a nuestra conocida ‘Botnia’, con los impactos medioambientales que provocan sus plantas de celulosa en el vecino país oriental. En definitiva, como dice el refrán popular, solo dios es perfecto. Y los finlandeses son seres humanos. Como nosotros.

Sin embargo, hay cuestiones que para los finlandeses están claras y no se negocian. Es considerado en todos los rankings globales en el TOP 5 de los sistemas judiciales más independientes del planeta, las empresas más éticas, y donde los ciudadanos disfrutan de mayores niveles de libertad personal, elección y bienestar. Eija Rotinen, embajadora de Finlandia en Chile, lo grafica con claridad “La razón para la confianza que hay en la ciudadanía hacia el gobierno es la igualdad (el índice de GINI es de 0,257, lo que la hace una de las sociedades más equitativas del mundo). En todas las escuelas de Finlandia, ahí se puede ver al hijo de un empresario estudiando junto al hijo de un obrero. Ello genera empatía y estabilidad”.

Y allí es donde los finlandeses redoblan la apuesta. La educación pública de alta calidad no es el resultado de instrumentos pedagógicos por sí solos, sino también de políticas sociales.  Esta manera para alcanzar compromisos y abordar los desafíos de la ciudadanía a través de procesos democráticos, los finlandeses lo resumen muy bien con una palabra propia: “talkoo”. Ello significa “Trabajar juntos, de forma colectiva, en pro de un objetivo común específico; ya sea almacenando la cosecha, guardando la madera o recaudando dinero. El asunto es cooperar. Todos juntos, por igual”.

Por ende, por ahí sería positivo comparar menos y copiar más. Nadie dice desentenderse de las especificidades históricas, culturales, sociales; pero la realidad es que, solo para citar uno de los ejemplos descriptos, el tener docentes enormemente capacitados bajo una educación pública de excelencia, con sueldos más que dignos para que puedan focalizar su mente en lo único que debieran hacerlo – que es el enseñar para con el bienestar de la sociedad toda -, nos vendría bastante bien. Es más, tendría que proclamarse como un ‘deber ser’ para todo país que quiera progresar. Mientras tanto, si no se atacan fehacientemente los problemas estructurales de manera abarcativa, los cambios marginales – léase los parches de siempre – solo profundizaran el inerte intento de escapar del ‘fango’ en el que estamos inmersos desde hace décadas. Porque a decir verdad, y sin tratar de realizar una auto-reflexión superadora, al día de hoy solo nos queda el respirar hondo previo a un simplista suspiro que, indefectiblemente, derivará en un “Que lejos que estamos…”

La peor noticia

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero 31-08-2020

https://www.ambito.com/opiniones/ninos/pobreza-causa-consecuencias-y-el-impuesto-los-ricos-n5129031

El dólar. La inflación. La negociación de la deuda externa. La reforma judicial. La ley del aborto. La inseguridad. Todos temas de enorme relevancia y actual discusión en nuestro país. Pero hay uno que sobresale del resto, o por lo menos así debiera serlo. El más relevante, la raíz causal de mucho de lo mencionado previamente. El más doloroso, dado que conlleva las peores consecuencias para el futuro. Hace pocas semanas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indicó que, según sus últimas estimaciones (en base a datos del INDEC y pronósticos del FMI), entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 la cantidad niños pobres pasaría de 7 a 8,3 millones en Argentina (el 62,9% del total).

Por supuesto, el dilema no es exclusivo de nuestro país, sino que es sistémico y global. Según el mismo Organismo, se espera que para fin de año 672 millones de niños en todo el mundo vivan en hogares pobres. Desde la óptima más pesimista – diría la más realista – a estos números habría que agregarle aquellos millones de niños que sobreviven con un poco más de lo que denota el frio indicador de la línea de pobreza (con sus familias con ingresos de 3, 4 o 5 dólares diarios), en adición de quienes – para generar todavía un análisis con mayor precisión – pertenecen al núcleo de lo que se denomina la “pobreza multidimensional” (los niños que no poseen acceso a una salubridad apropiada, educación mínima, agua potable, infraestructura básica, etc.).

Más aún, la ONG trasnacional Save The Children, la cual trabaja codo a codo con UNICEF, agrega que ya antes de la pandemia dos terceras partes de los niños y las niñas del mundo carecían de acceso a cualquier forma de protección social, lo cual le impide a sus familias resistir las crisis financieras que perpetúan el ciclo vicioso de la pobreza intergeneracional. Por otro lado, en el informe titulado A Future for the World’s Children? realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la prestigiosa revista médica británica, The Lancet, se concluyó que la salud y el futuro de todos los niños y adolescentes del mundo – pero recalcan sobre todo de los más vulnerables – se encuentran bajo la amenaza inmediata de la degradación ecológica, el cambio climático y las prácticas de comercialización explotadoras que los empujan a consumir productos dañinos para su organismo. Por nuestros lares, Mónica Rubio, asesora en política social de UNICEF para América Latina y el Caribe indicó que “la mayoría de los niños de la región conviven en permanente riesgo de contraer enfermedades que se pueden hacer crónicas, suelen rezagar su educación – lo que los termina excluyendo del sistema -, y es tristemente común que padezcan períodos de hambre o malnutrición que, aunque sean cortos, pueden dejarles secuelas para toda la vida”.

Evidentemente, los niños que no poseen una calidad de vida digna en el mundo son – inmoralmente a esta altura del siglo XXI – demasiados. Porque un niño subalimentado es una tragedia. Miles de millones carentes es, directamente, un tácito genocidio intolerable.

La principal razón por la que esto ocurre es, indudablemente, la inequitativa distribución de los recursos a nivel global. Porque la creación de riqueza y la acumulación de capital – real o ficticia/financiera -, ha sido tendencialmente creciente desde la aparición del sistema capitalista tal cual lo conocemos. Y continuará siéndolo. Un estudio de los académicos James Davies, Rodrigo Lluberas y Anthony Shorrocks para el Global Wealth Databook de 2019 es esclarecedor: a finales del año pasado, 47 millones de personas adultas en el mundo (el 0,9% del total de los mayores de edad) tienen activos por más de 1 millón de dólares, acumulando el 43,9% de la riqueza global. Del otro lado de la pirámide, 2.883 millones de personas adultas (56,6% del total) poseen bienes por hasta 10.000 dólares, lo que en su conjunto representa solamente el 1,8% del patrimonio global.

La disparidad descripta es abismal tanto a nivel inter como intra-estatal. Los niños de Corea del Sur, Noruega o Australia tienen la totalidad de necesidades básicas satisfechas, como así también las mejores posibilidades de supervivencia y bienestar; como contraparte, la mayoría de los niños en Chad, Bangladesh o Haití son sumamente pobres y su futuro se podría describir, como mínimo, de lúgubre a desesperanzador. Por otro lado, endógenamente los países también tienen diferencias – a veces increíblemente abismales – entre las diferentes regiones o los sectores socio-económicos. Por ejemplo, en la región de Kampala en Uganda, la pobreza no llega al 6% de la población; mientras que en Karamoja, dentro del mismo país, la pobreza afecta al 96,3% de sus habitantes. Y en la India, mientras los hijos de las castas superiores se reciben de ingenieros en las más prestigiosas universidades del mundo, cientos de millones de Sudras (la casta inferior) sobreviven con enormes carencias de todo tipo.

 

Podríamos repreguntarnos y discutir interminablemente cómo llegamos a esta situación en nuestro país y en el mundo. Pero no. El tiempo es valioso y estamos urgidos de dar respuestas rápidas, efectivas, contundentes. Lamentablemente, no es tan sencillo de alcanzarlas; hay un sector no menor de la sociedad global, que trasvasa las clases sociales, que ya se hartó de tanto espacio para los reclamos colectivos, de tanta atención del Estado a los desvalidos (“con mis impuestos NO”), de aquellos desahuciados extranjeros que atentan contra la economía y la inseguridad. Un odio, una bronca contenida que anima conductas microfascistas que han sido visualizadas inteligentemente hasta su seducción, por candidatos que ofrecen una agenda represiva y ultraconservadora sin importar los costos.

 

Un discurso como el de Bolsonaro, Trump, Alternativa para Alemania o VOX en España, es una dulce melodía para aquellos temerosos de un futuro peor – más aún que la ya desgraciada actualidad – que promueve el fervoroso anti estatismo, el libre mercado en pos del individualismo, el bajar impuestos a los ricos ‘para que inviertan’, y el avanzar raudamente hacia la flexibilización laboral. Por supuesto, ello no alcanza: ya probaron – fallidamente – con la tibieza de la discusión democrática y los marginales avances progresistas; ahora es el turno del conservadurismo autoritario. Un deja vú al Thatcherismo más rancio, donde el “No hay tal cosa como la sociedad: hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias” sostenido por la dama de hierro, convivía con la opresión – y cuando no la represión -; ello se puede observar claramente a través de una diversidad de películas de época (como la afamada Tocando el Viento, del guionista y escritor Mark Herman) las cuales muestran, a través del drama, la comedia o la tragedia, un proceso de desindustrialización y tercerizaciones – involuntario para millones de trabajadores británicos – que marcaba un camino para la posteriormente salvaje globalización neoliberal de la década de 1990’.

 

Como buffer moral, el modelo ideológico descripto no predica nunca el egoísmo: descansa simplemente en una pedagogía implícita de respeto al prójimo como condición para el orden social. “Tu libertad termina donde empieza la de los demás”, una auto-emancipación generada dentro de un círculo de autonomía que nos rodea y que nadie debe traspasar. “Invadir”, sería la palabra acorde a un mundo donde reina la escases y prevalece la agresividad y la competencia desmedida. La apuesta es que cada uno cuide y proteja lo mucho (o poco) que posee: ya sea bienes materiales, afectivos, de salubridad, o la misma supervivencia. Aquí estoy tranquilo. El afuera siempre es peor. Lo muestran los medios de comunicación más poderosos y trascendentes, porque no creerles.

 

Bajo esta lógica fóbica, individualista y pro dios mercado, poco importa el otro, aquel ajeno a mi circulo de interés y control que no es un potencial consumidor. A quienes el marketing no les hace mella; no porque no lo desean, sino porque directamente no pueden acceder a lo que se les ofrece. Del otro lado del mostrador, se encuentran muchas Organizaciones Sociales, las cuales suelen ser positivas y voluntaristas, pero nunca tienen el poder – y sobre todo el dinero – que posee la única institución que coercitivamente obliga a contribuir con la riqueza generada, inclusive de aquellos que persiguen denodadamente el orden liberal. ¿Quién entonces puede dar respuesta, sino es otro que el Estado?

 

Sin embargo, difícil es contraponerse a un orden agresivo desde lo discursivo y lo represivo, si cuando los políticos que llegan al poder  incumplen con las premisas de la eficiencia, la honradez, y la puesta en funciones de los hombres y mujeres más capacitados técnica y moralmente para poder generar el verdadero cambio que necesitan los millones de niños desahuciados. Porque la realidad indica que en el marco de lo visual, lo superfluo, lo inmediato – que prevalece en una sociedad inmaculada en el simplismo de la falta de comprensión y la mentira generada -, lo que se observa a primera vista es el fracaso: el incumplimiento de las promesas de los sucesivos gobiernos que han hecho de la cosa pública una gran “caja” de dinero; y no mucho más.

 

Como consecuencia, el escenario civilizatorio hoy se ha centrado, afianzado y solemne, en el totalitarismo del capital: la alianza de corporaciones, medios y políticos que ha decretado que no pueda existir ningún aspecto de la vida social fuera del mercado, que no subsista ningún lazo horizontal por fuera del imperio de su ley, que el individuo deba enriquecerse por sus propios medios sin mirar hacia el costado, el sufrimiento del otro. Donde el Estado, otrora centro de la vida de las sociedades, quedó relegado a una posición de debilidad secundaria, que solo refuerza su autoridad ante hechos catastróficos, como la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo. Por ende, de la discusión vital y superadora se pasa a un reduccionismo que deriva en una bipolaridad de centro, donde lo único que desea el ciudadano medio es evitar lo que nos disgusta, lo ‘menos malo’. Por supuesto, esta agenda negativista se aleja de pro-positivismo que requiere tomar el toro por las astas para terminar con la pobreza, sobre todo la que afecta a los más vulnerables, nuestros niños.

 

Quisiera concluir con las palabras del Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS: “con demasiada frecuencia, los responsables de la toma de decisiones en el mundo están fallando a los niños y jóvenes de hoy en día: fallando en la protección de su salud, de sus derechos y de su planeta”. Ya no hay tiempo de mirar para otro lado ni desentenderse. Porque en rigor de la verdad, no hay tal cosa como los descriptos ‘círculos de autonomía’, que pudieran coexistir felizmente sin tocarse ni invadirse. Empezando por la comprensión, el voto racional, la empatía conciente, el seguimiento y contralor de quienes tienen responsabilidades ejecutivas. Los millones de empobrecidos niños de nuestro país nos lo están pidiendo a gritos.

Monedas digitales Estatales. ¿La competencia sustentable de las criptomonedas?

Pablo Kornblum el 23-8-2020 para El Cronista Comercial

https://www.cronista.com/columnistas/Monedas-digitales-estatales-la-competencia-sustentable-de-las-criptomonedas-20200823-0004.html

Con la inestabilidad intrínseca que todavía acaece sobre el mundo de las criptomonedas, en adición a la vuelta al Estado-Centrismo que ha traído la actual pandemia, el rol de las monedas digitales estatales volvió a ponerse sobre el tapete en la agenda financiera de una gran parte de los bancos centrales del mundo. Mientras ya está claro que los costos marginales de la tecnología y su mantenimiento terminarían siendo más económicos que la producción y la logística del formato papel, el punto sobre el cual se debe trabajar más se centra en que la sociedad tenga los recursos económicos y la capacidad técnica para adaptarse al nuevo sistema. Se podría esperar que en el mediano/largo plazo, con nuevas generaciones de seres humanos más adaptados y con mayores posibilidades tecnológicas (al menos en términos de acceso a  dispositivos electrónicos, como son los teléfonos celulares  o las redes de Internet), el salto social para con la masividad se estaría saldando. Por supuesto, todavía está por verse.

Es por ello que hasta el día de la fecha, son pocos los países (como son los casos de Australia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Islas Bahamas, Francia, Japón, Suecia y Suiza) los que han formalizado la idea de avanzar decididamente hacia las monedas digitales. La característica de la mayoría de estos es que tienen altos estándares de infraestructura tecnológica (con un enorme y competente equipo de ciberseguridad dentro del Banco Central y para con las finanzas estatales en general), sumado a una importante estabilidad macroeconómica. Por ende, se podría decir que las inequidades sociales, los desequilibrios financieros y la falta de acceso a recursos se encuentran suavizados, lo que es un plus – por no decir una necesidad sine qua non -, para poder llevar adelante un proyecto de semejante envergadura.

Por otro lado, lo que si hay que destacar que el gran actor de esta película es China, el cual ya ha comenzado a realizar pruebas piloto. Su objetivo es geopolítico: quiere ser el primer país en mostrar las ventajas que ello conlleva, quitándole la primacía a los Estados Unidos. Es similar a la disputa por quien es el primero en producir la vacuna para con el COVID-19: tomar la delantera te permite ‘moldear la cancha’ a futuro. En definitiva, es un área más donde se disputa la supremacía global.

Como contraparte, la FED por ahora no tiene intención de emitir una MDBC, ya que no considera que exista problema alguno en el sistema de pagos minoristas de los Estados Unidos (y posiblemente porque también se encuentren satisfechos con el dólar todavía como moneda mayoritaria del señoreaje externo). Sin embargo y como lo describíamos en el caso de China, la geopolítica y la geoeconomía determinan y disponen; por ende, será un tema seguramente a tratar después de las elecciones del próximo mes de Noviembre.

También tenemos el caso de otros países, cada uno según su propia lógica, intereses y necesidades. A diferencia de lo expuesto previamente, el ‘PETRO’ en Venezuela es una moneda digital vinculada a las riquezas petroleras del país, cuyo objetivo es convertirse en un salvataje para la dañada economía caribeña. Sin embargo, los resultados han sido magros; simplemente por el hecho de que no se puede desligar el desempeño de su moneda digital a la crisis macroeconómica y la baja performance de la producción hidrocarburífera actual. Otro caso es el de Lituania, que al observar con temor los desarrollos ‘libertarios’ de criptomonedas como la “Libra” de Facebook, entienden que la soberanía de los gobiernos se encuentra desafiada; por ende, urge del establecimiento y la administración de una propia moneda digital Estatal.

Evidentemente, la puja de intereses (con sus perdedores y ganadores) dentro de la nueva dinámica tecnológica-financiera seguirá existiendo, tanto a nivel interestatal como entre diferentes actores no estatales y para con su relación con los gobiernos (léase los ‘perjudicados’ dueños de criptomonedas). Por supuesto, dentro de un ambiente de cooperación y estandarización de procesos interestatal podría ser positivo en términos de agilizar los intercambios a un menor costo; sin embargo, ello se dificulta al no diferir de lo que pudiera ocurrir en cualquier otro sector económico o área de disputa estratégica.

Por ello, y ya saliendo de la esfera de la estatalidad, la discusión se centra en los pros y contras que las monedas estatales digitales conllevan. En cuanto a las ventajas, se puede visualizar un escenario superador a tono con el Siglo XXI, como es el evitar la destrucción medioambiental para la confección de papel moneda (más ahora como foco de contagio de COVID-19). Por otro lado, en términos económicos se incrementaría la velocidad de los pagos interbancarios, se disminuiría los costos de las transacciones, y se podría incrementar y simplificar la recaudación impositiva – pari passu su utilización como vehículo que desenmascare actividades delictivas como el lavado de dinero -.

Sin embargo, la gran disyuntiva en la discusión técnica actual es su diferenciación de las otras criptomonedas. En este sentido, está posee la característica de ser segura y sustentable en el largo plazo, dado que es producto del respaldo de Instituciones no perecederas, como son los Bancos Centrales estatales y trasnacionales; siendo estos avalados, respaldados y regulados por y bajo las leyes de los Estados-Nación. En este sentido, vivimos en un mundo donde los Estados todavía detentan el rol central en la vida de las sociedades; ello se ha visto reflejado con fuerza en la actual pandemia del COVID-19, donde más allá de los roles variados de las corporaciones privadas, la ciudadanía ha buscado refugio y soluciones en sus propios gobiernos, aquellos que con el mandato popular se comprometen a actuar por el bien común. Por ende, sin el respaldo Estatal, será endeble cualquier tipo de moneda digital presente o futura que sea solo intercambiada en el mercado sin regulación. Y ello también es una idea que quieren propagar (o al menos dejar traslucir) muchos gobiernos: desestimar y deslegitimar permanentemente las diversas monedas digitales ‘privadas’ que existen, por el mero hecho que no detentan el control que quisieran sobre ellas.

En cuanto a los resquemores, también existen varios puntos a saldar. Por un lado, no está claro cuál es el rol que tomarían los Bancos Centrales en relación a su responsabilidad para con el público y con el resto de la banca comercial. Tampoco es evidente como se implementaría la tecnología financiera y la estandarización de las cuentas, tanto a nivel nacional como transfronterizo. En términos macroeconómicos, la duda surge principalmente en relación al señoreaje externo, donde la modalidad digital facilitaría su circulación; por ende, ante una crisis económica, la población del país más subdesarrollado podría huir más rápidamente hacia la ‘moneda fuerte’, generando una crisis cambiaria que profundizaría la debacle financiera doméstica. Por otra parte, el Estado estaría recibiendo una gran cantidad de datos sobre las finanzas de sus ciudadanos, lo que redundaría en un beneficio para con la lucha contra la economía informal. Sin embargo, aquí también surgen interrogantes: ¿estamos preparados para que la economía informal se regularice de un día para el otro? ¿O terminaremos generando un ‘parate’ productivo con una larga lista de población económicamente activa excluida del comercio y el consumo?

En este sentido, el contexto adverso se visualiza más allá del caso puntual de la moneda digital: la realidad es que muchos gobiernos suelen carecer de la credibilidad ciudadana. ¿Quién controlará el sistema de emisión? ¿Cómo sabrá el ciudadano medio que no se puede fraguar el sistema? Uno podría decir que también puede haber corrupción o algún ‘agujero negro’ en la casa de la moneda; pero la historia y el poder ‘palpar’ el billete físico, que además de tener una serie de resguardos, puede ser controlado por una variedad de actores una vez que entra en circulación. Sino pensemos que ha pasado con el ‘voto electrónico’; el mismo no solo ha sido harto discutido – donde en nuestro país terminó aprobándose con el requerimiento de una contraparte en papel -, sino que en muchos países del ‘primer mundo’ han vuelto al formato papel.

Por otro lado, los más osados sostienen que sí se podría combatir los flagelos de la evasión (lo que implicaría por ejemplo un Gasto Social más eficiente y menores imposiciones), el narcotráfico y el empleo no registrado. Sin embargo, aquí surgen dos inconvenientes: por un lado, mientras continúe coexistiendo con el papel moneda, se podrá continuar infringiendo la ley por este medio; por el otro, siempre existirá la posibilidad de que el sistema sea ‘violado’ o ‘corrompido’ financiera o tecnológicamente, ya que el mismo es manejado, controlado y auditado por seres humanos. Porque estamos en Argentina. Y aunque siempre puedan generarse mayores obstáculos para infringir la ley, como por ejemplo la existencia de infraestructura y de un equipo especializado y multidisciplinario de combate al crimen ciber-financiero, sabemos que en nuestro país, ‘hecha la ley, hecha la trampa’. Por ende y en definitiva, se requeriría de un cambio cultural profundo de quienes manejan el sistema y detentan la ejecución de las políticas públicas que, claramente, va más allá de temática de las monedas digitales Estatales en cuestión.

Teletrabajo: ¿Empleo del Futuro con legislación del pasado?

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 17-8-2020

https://www.ambito.com/opiniones/teletrabajo/empleo-del-futuro-legislacion-del-pasado-n5125428

La ley del teletrabajo ya es una realidad en nuestro país. Una modalidad laboral que tomó impulsó en la cuarentena, y pareciera que llegó para quedarse. Su onda expansiva dependerá, como siempre, de cómo los diversos actores acepten las reglas de juego y, por sobre todo, luego las cumplan. Difícil en nuestra ya compleja Argentina.

Más allá de que para algunas empresas el teletrabajo es el modus operandi per se, para la mayoría que ya aplicaban esta modalidad tenían como objetivo, con igual o mayor productividad y/o menores costos, poder conciliar la vida personal y laboral del empleado. Algunos estudios han probado además que el teletrabajo tiene ventajas como la reducción de absentismo del puesto de trabajo, el fomento de una mayor digitalización, el generar una mayor fidelización por parte de los empleados y, en términos de externalidades positivas colectivas, la reducción de la contaminación por un menor desplazamiento de los trabajadores.

Como contraparte, los problemas que el teletrabajo genera también son una realidad. Por un lado se encuentra la desconfianza entre la empresa y el empleado (central en nuestro país), pero también la pérdida de ámbitos relacionales con los compañeros de tareas: el ser humano es un ser social y la mayoría de nosotros necesita, al menos eventualmente, ese vínculo cara a cara que es irremplazable. Si a ello le adicionamos que en muchas ocasiones se pueden diluir los límites entre la vida familiar y el tiempo de trabajo, el balance para con la toma de una decisión se hace todavía más compleja. Tanto desde el lado del empleador, como del empleado.

Cabe destacar que la modalidad del teletrabajo no es novedosa a nivel internacional. Ya sea por nivel de desarrollo o por el tipo de economía que prevalece (principalmente de servicios), hay Estados que han avanzado a distintas velocidades en materia legislativa y operativa. Con sus pros y contras según, como siempre ocurre, la lógica con la cual se evalué la dinámica situacional.

En la mayor parte de Europa, donde se encuentran las garantías institucionales más avanzadas del mundo, la ejecución de las leyes depende del acuerdo particular en cada país. Por ejemplo, en Suiza las empresas pagan absolutamente todos los insumos que utiliza el trabajador en su hogar. Por otra parte, en la Francia donde todavía prevalece cierta fortaleza sindical, el teletrabajo es voluntario y la persona que lo ejerce tiene exactamente los mismos derechos – acceso al médico de empresa, coberturas sociales, vacaciones, formación, derechos sindicales, etc.- que el resto de trabajadores presenciales.

En Alemania, por su parte, no existe un derecho legal y explícito a trabajar desde el hogar. De concretarse, se debe a un acuerdo entre la compañía y el empleado en el marco del convenio colectivo o, en caso de que este no exista, fruto de un acuerdo individual entre el trabajador y la empresa. En la vecina Austria, el empleador no puede coercionar de manera unilateral a sus trabajadores a que realicen las tareas desde sus casas. Solo se lo puede obligar si así lo establece expresamente el contrato laboral o el convenio colectivo. En tanto Noruega, el pais nordico posee un sistema de horas flexible basado en una “Ley de ambiente laboral”, la cual boga por un acuerdo cooperativo entre el empleador y el empleado que facilite la actividad de la empresa.

Continuando hacia los países bajos, desde el año 2014 Bélgica ya obliga al empleador a compensar a los empleados que trabajaban a distancia con 20 euros mensuales por el uso de su propia computadora, en adicion a otros 20 euros por la utilización profesional de una conexión a internet personal. En la actualidad y derivado del contexto del COVID-19, el monto ha sido incrementando a casi 130 euros. En Holanda, la norma establece que los empleados que hayan prestado servicios por lo menos un año, en empresas de más de 10 trabajadores, tienen el derecho de pedir trabajar desde otro lugar que no sea la misma oficina.

Otras economías con un escenario político-tecnológico de relevancia global, son la India, China y los Estados Unidos. En cuanto a los primeros, cuna de cientos de miles de ingenieros de las castas superiores, es uno de los lugares en el mundo con mayor cantidad de teletrabajadores en las enormes corporaciones transnacionales, como Microsoft o Price WaterHouse Coopers (PWC). Sin embargo, existen dilemas no menores en el pais asiático, referidos principalmente a la infraestructura: por ejemplo, el suministro eléctrico, aunque sea en zonas residenciales, suele ser intermitente. Por otra parte, en China el gran problema es la falta de espacio – incluidos los espacios de “coworking” con la actual pandemia -, lo que se conjuga con un gran escenario emprendedor e incremento de precios de los alquileres: en este sentido, la opción teletrabajo se define también en el juego del fino equilibrio de generar rentabilidad. En tanto en los Estados Unidos, un empleador no paga los mismos impuestos (seguro social, Medicare o cargas por desempleo) para un empleado que trabaja a distancia, ya que es considerado como un contratista independiente.

En nuestra región Colombia es el país más avanzado, ya que en el año 2008 promulgó la Ley 1221 que estableció normas para promover y regular el Teletrabajo. Para ello, desarrolló un importante basamento institucional por medio de la “Red Nacional de Fomento al Teletrabajo”, especialmente dirigido a la población en situación de vulnerabilidad. Las estadísticas indican que el proyecto ha sido bien recibido por la comunidad: en el año 2012 se censaron 31.553 teletrabajadores en Colombia; mientras en 2018 ya había 122.278.

En Perú también existía una ley de teletrabajo antes del COVID-19, aunque la misma conllevaba sus propias rigideces: la norma nunca terminó de ser aplicada ampliamente porque implica una modificación del contrato de trabajo, que a su vez requiere un mutuo acuerdo debidamente suscripto y una capacitación previa respecto a los medios informáticos a utilizar por parte de los empleados. Hoy en día se está debatiendo una nueva modalidad en la cual es suficiente la comunicación del empleador hacia el empleado, donde no se requiera acuerdo, ni modificaciones contractuales ni capacitaciones. ¿Efecto COVID-19? Más bien modelo flexible y competitivo para con el mundo.

Bolivia, por su parte, no consideraba como empleados antes de la pandemia a “quienes presten servicios desde sus domicilios u oficinas, sin concurrir cotidianamente a las del patrono”. Vocabulario fuerte para el Siglo XXI, aunque no sorprenda, en tierras del dezplazado ex presidente ‘indigena’ Evo Morales. Por su parte, en el pasado mes de marzo el Gobierno Federal de Brasil habilitó a los empleadores a “cambiar el régimen presencial por el teletrabajo” como una forma de “hacer frente al estado de calamidad pública”. En el caso chileno, el congreso trasandino sancionó recientemente la Ley 21.220 para regular el teletrabajo; entre los puntos más salientes, la norma sostiene el derecho a una desconexión digital de los empleados de al menos 12 horas continuas, como así también la prohibición de que los trabajadores usen elementos de su propiedad.

En nuestro país, algunos observan la nueva legislación ‘muy apegada’ a los intereses de los asalariados: mismos derechos, obligaciones y remuneración no inferior a la que se percibe bajo modalidad presencial; jornada laboral de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes; empleador que proporcione la totalidad  del equipamiento, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas; y afiliación sin obstáculos al sindicato correspondiente a la actividad. Nada que no contemple la misma lógica que, por ejemplo, se promovió bajo el estatuto que protegió los derechos de los peones rurales de mediados de siglo pasado.

Cabe destacar que también hay otras que, con el mismo espíritu, se traducen en derechos adquiridos más vinculados al siglo XXI: ya sea el derecho a no estar conectado a los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación fuera de la jornada laboral y durante los períodos de licencias; o mismo aquellos empleados que acrediten tener a su cargo el cuidado de personas que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las mismas.

Como contraparte, los empresarios, dentro de la racionalidad que debe primar en una sociedad donde deben confluir los intereses, no debieran realizar mayores objeciones sobre lo expuesto. Sin embargo, también tienen sus lógicas razones para oponerse. Mientras el cambio de una posición de trabajo presencial a uno de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, deberá ser voluntario, por otro lado la ley estipula que el consentimiento del empleado será reversible en cualquier momento de la relación laboral. Con justa razón, un empresario que cambia su metodología de trabajo y diseña un proyecto empresarial de forma virtual, no puede quedar a merced de un empleado que, por cualquiera sea la razón, decide de un momento a otro volver a trabajar en modo presencial.

Tambien se señala la obligatoriedad de contratar mano de obra local. ¿Y si una persona de otra parte del territorio es la más idónea? ¿O un extranjero? Para hacer justicia a la verdad, ya son varias empresas y particulares argentinos que trabajan para afuera. Y perciben sus ingresos también en moneda extranjera en otras latitudes. ¿Si pagan impuestos por ello? Esa es otra historia.

El punto más álgido pareciera ser, por una obviedad pro-sistémica, la potencial merma en la acumulación de capital. El argumento es sólido desde ese punto de vista: estamos en el siglo XXI y la competencia global es, como mínimo, ‘salvaje’. Por ende, los servicios trasnacionales, que operan en los más diversos usos horarios, no pueden encasillarse en un momento y bajo una intensidad predeterminada. ¿Por qué no tomar empleados que trabajen en espejo y que ocupen otras franjas horarias? Simplemente porque es muy costoso y, por ende, poco competitivo. Por supuesto, los empresarios del sector deslindan responsabilidades en un sistema mundo que ellos no crearon: quien les puede negar que la exigencia proviene de la demanda del mercado.

Es por ello que desde varias cámaras empresarias argentinas, de todo tipo y color, sostienen que para empezar a pensar una aplicación de la ley con seriedad, primero hay que definir concretamente cuándo se considera que un empleado ‘teletrabaja’ – ya sea full time o parcialmente -. Es decir, centralmente buscarán por un lado que las jornadas sean flexibles y que, en todo caso, se establezca la cantidad de horas a trabajar, pero no un horario de corrido asimilable a uno de trabajo presencial. Por otro lado, plantearán que en la reglamentación de reversibilidad se establezca: a) con un preaviso de dos meses para que el empleado le comunique la decisión de volver al trabajo presencial, b) que ese plazo de ejercicio de la reversibilidad no sea mayor a los tres meses desde el momento en que se adopte la posición del teletrabajo y, c) que la reversibilidad no sea aplicable cuando el empleado físicamente se encuentra a más de 100 km del lugar donde se encuentran la actividad presencial. Clarificar la cancha acorde al mundo actual, se diría. Por supuesto, del otro lado del mostrador sostienen que lo único que quieren los empresarios es embarrarla para avasallar los derechos del trabajador, obtenidos décadas pasadas bajo un Estado de Bienestar que todavía no vislumbraba la actual globalización plena.

Para concluir, tenemos entonces demasiadas verdades para respuestas escuetas. Pero que requieren una enorme celeridad ante la dinámica global que estamos vivenciando. En este sentido, siempre lo mejor para el colectivo, es mirar el largo plazo. Porque el problema pareciera no ser el espíritu de la ley, sino la irracionalidad del análisis dogmático embebido en un positivista maquillaje cosmético, y el propio sistema económico argentino que es altamente poroso endógenamente. Por lo tanto, ¿Qué tipo de país queremos? ¿Es el que discute la incidencia creciente de los servicios de teletrabajo con su consecuente, y necesaria, legislación? ¿O es aquel que no castiga a aquellos gobiernos que no apoyan suficientemente la infraestructura tecnológica, vital para cualquier país que se digne ser un modelo económico de gran utilidad a nivel global? ¿Es el teletrabajo a destajo que nos permita ser competitivos a un precio vil a costa del trabajador, pero al mismo tiempo podríamos exportar software y generar las tan preciadas divisas? ¿O tendremos una legislación y una educación en tecnología de suficiencia y relevancia internacional, para que se paguen buenos salarios y generemos un servicio diferenciador que satisfaga la demanda desde cualquier rincón de la tierra?

Lamentablemente, como bien sabemos, esto es Argentina. Mientras de un lado de la grieta el ideario social sostenga que la legislación es solo para controlar un gran call center explotador de una multinacional y no una Pyme que quiere exportar software y necesita cierto margen para tener rentabilidad; y del otro se encuentre algún empresario trasnochado que piense que puede llamar a su empleado a la madrugada con la mera justificación que el sistema vive de la tercerización de procesos y la necesidad de ser productivos a toda hora para poder responder a las exigencias de la economía, será muy difícil encontrar el equilibrio racional que nos genere ese salto cualitativo: aquel que nos permita adentrarnos en el mundo de las ‘economías serias’, con mayor margen para la independencia, el desendeudamiento, y el desarrollo socio-económico de la mayor parte de nuestra vapuleada sociedad.