El Censor

Publicado en Ámbito Financiero el 25-1-2021

https://www.ambito.com/opiniones/redes-sociales/el-bloqueo-trump-y-el-poder-censor-las-n5164908

En la película Argentina con titulo homónimo, ‘el censor’, interpretado por el enorme Ulises Dumont, es un funcionario que durante la última dictadura cívico-militar tiene como rol determinante el evitar que determinadas películas – ya sea por cuestiones de índole político o sexual – lleguen a las salas cinematográficas. Casi medio siglo después, esta vez no es el aparato represivo (en este caso virtual) del Estado quien decide bloquear una red social; por el contrario, quien toma el mando y la decisión son los propios imperios de la comunicación, el denominado 4to poder, los cuales, con su ‘oligopólico poder de fuego’ se han alineado en contra de quien, en este caso, ejerce la primera magistratura de la todavía principal potencia del planeta.

En este sentido, las cuentas del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, han sido bloqueadas en Twitter, Facebook e Instagram, entre otras, luego de los disturbios en el Capitolio. ¿El motivo? Según alegan las mismas, Trump dijo frente a miles de personas en Washington que nunca concedería la victoria a su rival debido a que existió fraude electoral; más aún, arengó a sus seguidores a hacer ‘algo memorable’ el día de la confirmación de Joe Biden como presidente. Siguiendo la  misma línea, Snapchat y Youtube anunciaron que todo fue “en aras de la seguridad pública” y por los intentos de Trump “de difundir desinformación e incitar a la violencia”. “Creemos que los riesgos de permitir que el presidente continúe usando nuestro servicio simplemente son demasiado grandes”, explicó Mark Zuckerberg, CEO de Facebook.

¿Nos encontramos entonces con un poder exógeno con intereses económicos encontrados al oficialismo? Seguramente estas enormes y ricas corporaciones, las cuales ya no se encuentran satisfechas con ser oligopolios sobre una de las pocas industrias altamente rentables que quedan, no dejarán de buscar la acumulación de poder político para con sus fines particulares.

¿Son solo una herramienta más para cooptar el poder político por parte de grupos opositores? En este sentido, Michelle Obama pidió a las plataformas de redes sociales bloquear permanentemente las cuentas de Trump. “Ahora es el momento de que las empresas de Silicon Valley dejen de permitir este comportamiento monstruoso y vayan más allá de lo que han hecho al prohibir permanentemente a este hombre en sus plataformas, estableciendo políticas para evitar que los líderes de la nación utilicen su tecnología para alimentar la insurrección”, sostuvo con vehemencia y muy poco cuidado la ex primera dama. Seguramente no ha reflexionado que la discursiva obstaculizadora puede derivar en un boomerang que también podría impactar en el gobierno demócrata que recién comienza.

¿Representan a los paladines de un mundo imaginario del cual ellos consideran ideal, el ‘nuevo paraíso en la tierra’? A la elite tecnológica le encanta aparecer como el ‘policy maker’ del altruismo moral – especialmente progresista -. Sino recordemos como en el año 2018 Naomi Buchwald, una jueza de distrito en Nueva York, determinó que era una violación a la libertad de expresión recibir un bloqueo – justamente de un activista social – por parte de @realDonaldTrump, la cuenta personal en Twitter que usaba cotidianamente el ahora ex presidente estadounidense.

En fin, habría que estar en sus juntas directivas y en la cabeza de los accionistas de las grandes empresas tecnológicas para poder deducir las razones de esta decisión histórica; probablemente haya un poco de todo aquello. En el mientras tanto, el debate ya comenzó. Algunos se preguntarán qué derecho tienen estas empresas para cerrar las cuentas, o sea para decidir lo que debe o no decir el presidente electo democráticamente de un país. Más aún, Zuckerberg agregó que la decisión de Trump de “usar su plataforma para condonar en lugar de condenar las acciones de sus partidarios en el edificio del Capitolio, ha perturbado con razón a la gente en Estados Unidos y en todo el mundo”. O sea, no solo se objeta lo que hizo, sino lo que dejo de hacer.

De ello se derivan varios interrogantes. ¿Cuál es el fino límite de lo que es contrario al bien común? ¿Cómo deciden que una cuenta es terrorista, atenta contra la salud pública, o es ‘demasiado’ de derecha o de izquierda? ¿‘Combatir el Capital’ entonces es peligroso porque iría contra los propios intereses de estas corporaciones tecnológicas? ¿Debería entonces prohibirse a aquellos que promuevan el fin del Estado – como quisiera algún libertario de los que abundan por estos lares -, ya que sería llevarnos a todos a un peligroso mundo semi-anárquico? ¿Ha sido razonable – sin análisis geopolítico mediante – que Twitter suprima un mensaje del guía supremo de Irán, Ali Khamenei, porque afirmaba que no era prudente tener confianza en las vacunas norteamericanas o británicas contra la covid-19? Pareciera ser entonces que ‘el botón de la libertad de escuchar y ver’ se encuentra en manos privadas (mejor dicho en las sedes de Google, Facebook, Twitter, Instagram y otros imperios digitales), y no en la calle, las Asambleas, o el mismísimo voto de una elección democrática. Pareciera que el bloqueo digital de Trump no sería otra cosa que la expansión de una especie de dictadura, en términos de lo que las elites tecnológicas creen políticamente correcto difundir a todos los ámbitos de la sociedad.

Sin embargo, como contraparte de la visión más pesimista, se encuentran aquellos que sostienen que, dado que el capitalismo liberal rige los destinos del mundo, cada uno es libre de buscar otra plataforma e informarse como desee. ¿Pero qué ocurre cuando las mismas son un cuasi monopolio? Pregunta compleja; evidentemente, el capitalismo competitivo solo queda en la pureza de la teoría de los libros clásicos. Sino pregúntenle a los cuatro millones de miembros activos de Parler, quienes observaron inertes como Amazon, Google y Apple eliminaron a la red social de sus plataformas de descargas. Cabe recordar que Parler, creada en Septiembre de 2018, disparó su popularidad en las últimas semanas gracias a sus medidas anti-censura, funcionando como un refugio para grupos conservadores de extrema derecha de los Estados Unidos.

Ahora bien, toda reacción pueden derivar en contextos aún más adversos de los que se quería evitar primariamente: uno de estos escenarios potenciales es que se termine empujando a figuras públicas a plataformas todavía más marginales, donde sus discursos circulen fluidamente entre fanáticos conllevando a una mayor radicalización. Por otro lado, también se podría generar un modelo de ‘ahogo o cuello de botella’, justamente porque se podrían perder a los usuarios moderados, aquellos que utilizan las redes de un modo más generalista e informal, y siguen al personaje político en cuestión solo por cuestiones, por ejemplo, de ‘consumo irónico’.

Por supuesto, todo lo expuesto no es excluyente de los Estados Unidos: la doble moral de lo que ocurre en la arena internacional se encuentra a la orden del día, más aún si se aprovecha lo que está ocurriendo en el país más importante de la tierra para afirmar cuestionamientos de política doméstica. Con mayor o menor veracidad.

En este sentido, el propio Gobierno de Rusia, paladín de la ‘no libertad’ de expresión de los disidentes – líder opositor preso mediante -, ha afirmado desde su Cancillería que la decisión puede ser comparada a una explosión nuclear en el ciberespacio. La destrucción no es tan terrible como las consecuencias”. Por supuesto, avizorando un ‘escenario espejo’, intentan evitar que ocurra algo similar con el presidente Vladimir Putin.

Pero además, para terminar de asestarle el golpe de gracia a sus históricos oponentes, han implementado el habitual ‘chicaneo vulgar’ de la diplomacia del siglo XXI: el contragolpear utilizando ‘su propia medicina’, como lo hace China cuando ataca el proteccionismo estadounidense, sosteniendo que es contrario al sistema internacional neoliberal que los mismos norteamericanos han creado décadas atrás. En este sentido, desde el otro lado de la otrora cortina de hierro, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, sentenció que con el bloqueo al presidente Trump “se ha dado un golpe a los valores democráticos declarados por los países occidentales”.

Justamente hablando de China, con Google censurado y Yahoo tan ralentizado que ‘extrañamente’ se cae permanentemente, el motor de búsqueda más usado en China es Baidu, el cual posee el 75% del mercado. Por supuesto, si uno escribe la palabra Tiananmen en el mismo, no espere encontrar la sobrecogedora imagen del hombre que corta el paso a una columna de tanques; simplemente debe relejarse y disfrutar fotos turísticas de la plaza y, sobre todo, de la entrada a la Ciudad Prohibida bajo el retrato de Mao que aún cuelga en una de sus puertas. Eso sí, ello no implica que ‘business are business’: con un valor de mercado superior a los 40.000 millones de dólares, Baidu fue en 2007 la primera firma tecnológica china que ingresó en el Nasdaq.

Cuando uno le pregunta al Gobierno chino el porqué de las medidas restrictivas, la respuesta es contundente: “La estabilidad social es la misión número uno. El gobierno debe garantizar un ciberespacio limpio, positivo, sano y ordenado”. Más aún, como un deja vú de la guerra fría del siglo pasado, desde la CAC, el Organismo Chino de Control de la Información, se pidió que “toda la sociedad participe en la limpieza y en el desarrollo ordenado de los medios; agradeciendo además a quienes colaboraron denunciando la información ilegal y dañina”.

En tanto en Francia, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, puso en tela de juicio que la suspensión de las cuentas no se haya realizado “bajo un marco legal de regulación”. Por lo menos extraño discursivamente, en un país que hace años tiene la intención de desmantelar el Estado de Bienestar, embebido en un claro proceso de desregulación que no es más salvaje debido la oposición de los sindicatos, cierto sector de los chalecos amarillos, grupos universitarios, etc. Igualmente, ello no sería lo más relevante: poco o nada dicen de crear regulaciones cuando se trata de proteger a los millones de usuarios de internet franceses del espionaje masivo del que son objeto en cada segundo de sus vidas. Evidentemente, la principal contradicción del capitalismo ‘democrático’ moderno es aquella que se da entre la posibilidad de producir socialmente bienes de información abundantes y gratuitos, y un sistema de monopolios que se esfuerzan por mantener el control, la ‘auto -propiedad intelectual’ de la información.

Quien quiere dar una especie de solución Estatal es la Unión Europea, la cual está trabajando sobre una nueva jurisprudencia – el Digital Services Act -. Es que como ocurre con el caso de las monedas digitales, donde ya se están creando las monedas digitales estatales para competir con el Bitcoin y otras que no tienen control ni ningún tipo de regulación gubernamental. En este sentido, los actores estatales del viejo continente sostienen que no se puede dejar esta temática en manos del mercado. Es que la estatalidad no es un tema menor; menos ahora que las compañías tecnológicas han perpetrado para muchos ‘el primer golpe de Estado exitoso realizado por los medios’. Sin embargo, entre los funcionarios hay bastante temor de la potencial respuesta ante el intento legislativo de romper el monopolio de la elite tecnológico. ¿A qué tipo de réplica le temen? Con la amenaza, sencilla, de exponer los secretos de las docenas de agencias gubernamentales – y sus funcionarios – que tienen sus datos almacenados en la nube.

Para concluir, Noam Chomsky decía que el objetivo de la educación era mostrarle a la gente como aprender por sí misma; lo demás es adoctrinar. ¿Será el principal inconveniente entonces que la ciudadanía no puede discernir entre el ‘bien y el mal’, por ello se justifica el bloqueo? ¿Vivimos en un contexto donde la mayoría de los seres humanos tiene que trabajar arduamente para sobrevivir, y no tiene ni tiempo ni herramientas para comprender lo que ocurre, por ello necesita un gran hermano que le diga que ‘realidad’ o ‘verdad’ puede o no ver? ¿No sería más lógico mejor mostrar a todos aquellos que se quieren expresar, que bloquear a quienes ellos creen que no representan los ‘intereses’ o el ‘bienestar’ del pueblo? ¿No se estaría de este modo silenciando indirectamente a los millones de representados que han elegido democráticamente un presidente, una forma de hacer política, unas ideas? ¿No están actuando infantilmente (como darle un caramelo a un niño para luego quitárselo), al permitirle a figuras políticas, como en este caso el ex presidente Trump – hablar directamente a través de sus plataformas con su público objetivo sin intermediación, para luego decir que los dichos presidenciales no están a la altura de las circunstancias para resolver institucionalmente los graves dilemas de los Estados? Muchas preguntas, complejas respuestas.

Es aquí interesante entonces destacar las palabras del ensayista británico, Paul Mason, quien sostiene que la tecnología de la información – el producto más fundamental del siglo XXI – está disolviendo al sistema capitalista en general porque corroe los mecanismos de mercado, socava los derechos de propiedad, destruye la tradicional relación entre salarios, trabajo y ganancia y, sobre todo, ataca las bases de la institucionalidad democrática; o sea, nos estaríamos dirigiendo hacia un modelo pos-capitalista. Sin embargo, un análisis profundo pareciera indicar que es difícil sostener un cambio de statu-quo, al menos en el corto y mediano plazo. Puede tener otro rostro, pero la lógica sistémica probablemente prevalezca. Lo que sí es potencialmente realista, tal como indica la economista especialista en temas de tecnología, Paula Bach, es que “los escenarios para la transformación de las nuevas tecnologías en fuerza material continúen dando lugar a convulsiones significativas – en el orden de la economía, la política, la geopolítica y la lucha de clases –, cuyos resultados finales están abiertos”. Y en este sentido, con la reciente adición al escenario de interdependencia compleja global de estos actores tecnológicos preeminentes, seguramente estamos ante un nuevo estilo de batalla que recién comienza.

 

La manipulación infundada

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 11 de Enero de 2020

https://www.ambito.com/opiniones/brexit/consecuencias-economicas-y-la-propagacion-del-miedo-n5161502

La propagación del miedo es un acto eminentemente político. La salida del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea es un caso más, un ejemplo burdo, carente de racionalidad y conocimientos técnicos. En este sentido, una gran parte de los medios de comunicación más importantes del mundo señalaron el Brexit como el ‘derrumbe británico’; una especie de apocalipsis símil a la destrucción causada por una bomba atómica. Muy alejado de lo que es en realidad: una decisión política con puntuales consecuencias más vinculadas a la prospectiva estratégica, que a una novedosa cosmovisión de la vida.

Es necesario entonces aclarar que cada vez que se realiza algún tipo de política intra-sistémica, siempre habrá quienes sacan provecho de la situación y quienes pueden reacomodarse (en mayor o menor medida), como así también se encuentran aquellos que, inevitablemente, se encontrarán perjudicados o directamente desaparecerán. Y  algunas cuestiones quedarán igual, con sectores y actores que solo vivenciarán cambios marginales. Por ende, es importante afirmar que el Brexit no ha sido para nada un acto revolucionario. No se terminan las clases sociales o la propiedad privada. No se juega el exterminio de una raza o una religión. No hay un cambio de paradigma tecnológico que modificará para siempre la forma de producción y consumo.

Para no hacer falsa futurología, y aunque es indebido metodológicamente tomar solo algunas variables de tinte económico, las mismas sirven para ilustrar una pequeña muestra de que, al menos en la transición hacia la reciente concreción de la salida de la UE, nada ha cambiado estructuralmente en el Reino Unido en los últimos años. Desde el año 2016 (cuando se decidió el Brexit) hasta el año 2019 – previo a la pandemia, ya que en el año 2020 la economía británica, como en la mayor parte del mundo, se vio fuertemente resentida -, la tasa de crecimiento promedio del PBI se mantuvo en torno al 1,5%, unas décimas menos que los años previos. La inflación promedio fue un poco mayor al 2%, mientras la desocupación se sostuvo en el 4%. Mismo la tasa de interés de referencia se incrementó solo algunas décimas – aunque siembre ubicada por debajo del 1% – con el objetivo de contener los incrementos de precios derivados de los estímulos monetarios y fiscales (en pos de contrabalancear el lógico resquemor de una parte del sector privado – tanto nacional como extranjero -, que ha retraído sus proyectos de inversión).

Siguiendo la misma línea y en pos de la estabilidad a futuro, el acuerdo implica que para los fabricantes británicos, a partir del reciente primero de Enero se mantenga el régimen libre de aranceles del mercado interior de la UE. Por supuesto, el gobierno británico tendrá que renegociar nuevos tratados bilaterales con gobiernos de todo el mundo, otrora incluidos en los acuerdos del bloque comunitario. No podemos negar que en mayor o menor medida, este halo de incertidumbre se traslade a la microeconomía. Es que más allá de la letra chica, las compañías evaluarán permanentemente la dinámica empírica de corto y mediano plazo: solo con el correr del tiempo podrán concluir si tendrán que hacer frente a escaladas tarifarias, si podrán acceder o conservar sus cuotas de mercado, o si podrán realizar operaciones transfronterizas bajo un sistema burocrático relativamente fluido.

En este aspecto y por las dudas, algunas compañías con fuerte presencia en Europa ya han comenzado a tomar medidas para protegerse. Un caso emblema es el de Coca-Cola European Partners, empresa que ha elegido a Países Bajos como sede administrativa tras el Brexit, con un discurso referido a la necesidad de mantener la Directiva sobre Transparencia dictaminada bajo la legislación de la UE. Otra empresa multinacional, Berkeley Energía, también ha comunicado que para la negociación de sus acciones dejará de instituirse en el Reino Unido para situar su sede central en España. Evidentemente, para muchas corporaciones, ante el nuevo reto a lo desconocido lo preferible es ‘cambiar, para que nada cambie’.

Por otro lado y tal como lo hemos mencionado, mientras existen los inciertos ‘grises’, también hay blancos y negros. Por ejemplo, la industria de pesca británica – con derechos de pesca que giran en torno a los 650 millones de euros al año -, ha sido claramente perjudicada en el acuerdo. En este aspecto, las flotas pesqueras de la UE tendrán un período de transición de cinco años y medio con acceso garantizado a las aguas del Reino Unido – solo se reducirán en una cuarta parte, mientras las cuotas británicas se incrementarán inversamente en la misma proporción -. A partir de 2026, el acceso dependerá de las negociaciones anuales entre las partes. Lo acordado lejos se encuentra del requerimiento de total preferencia que exigían las empresas británicas; pero claro, la pesca solo aporta el 0,04% del PBI británico.

Por el contrario, desde una prospectiva pro-positiva, el gobierno de Boris Johnson ha salido a jugar al mundo con sus mejores cartas. Es que para salir de la zona de confort, el paralizarse y quedarse en el ‘glorioso’ pasado no solo es inútil, sino más bien es claramente contraproducente. No por nada la diplomacia británica ya firmó varios acuerdos comerciales pos-brexit – con especial énfasis en la promoción de su sector de servicios (principalmente financieros, cuyas exportaciones contribuyen con el 30% del PBI) – con Japón, Canadá, Suiza, Singapur y varios países de América Latina, encabezados por México y Chile. Por otro lado, también se encuentra negociando TLCs con Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. Hay un dato no menor: los acuerdos en preparación o concluidos, incluido el cerrado con la UE, representarían el 80% del comercio exterior británico para 2022. Como sostuvo la Ministra de comercio internacional, Liz Truss, “Ahora que la Gran Bretaña global ha regresado, es hora de que los fabricantes, los hombres y mujeres de acción, y los innovadores, nos ayuden a escribir nuestro capítulo más emocionante hasta la fecha”.

Además de ofrecer lo que saben y mejor tienen, su comprender de la dinámica del juego global implica que ya tienen una parte de la partida ganada. Y no es necesario ser thatcherista para darse cuenta que la globalización neoliberal sigue más viva que nunca, y los procesos de potenciación del capital y tercerización, entre otros ejes del proceso de acumulación, rigen los destinos de la competencia salvaje en cada rincón del planeta. No es extraño entonces el Reino Unido se convierta en una jurisdicción ‘preferencial’,  libre de impuestos y regulaciones para las multinacionales extranjeras. Es que el gobierno de Johnson está planificando “puertos libres” o zonas francas para fomentar la actividad económica: un “Singapur en el Támesis”, una especie de paraíso fiscal enmarcado bajo un sector financiero ultra desregulado, que pueda convertir al Reino Unido en un potente y eximio rival de la UE.

Por supuesto, se encuentran aquellos detractores que sostienen que ello solo aumentará las ganancias de las multinacionales, utilizando mano de obra barata y poco calificada. Un golpe más a la clase trabajadora británica, que con el Brexit consumado ya perdió  las más estrictas regulaciones laborales de la UE, las cuales incluían un máximo de 48 horas semanales de trabajo, beneficios de salud y seguridad, subsidios sociales, etc. Aunque en realidad no debería sorprendernos: sabemos que los trabajadores – en realidad el ser humano en general, sobre todo las mayorías golpeadas por décadas de estancamiento socio-económico  -, es lo que menos importa en toda esta ecuación.

Por ello el planteo sobre las contribuciones de los inmigrantes – ya sea por trabajo o estudio – quedo relegado a un impiadoso proceso altamente burocrático y restrictivo. Donde en las discusiones políticas se han borrado de cuajo los beneficios que generan – consumo, pago de contribuciones -, y solo se quedaron con los perjuicios – competencia con mano de obra, sobre utilización del sistema educativo/de salud -. O mejor dicho, con los prejuicios. Es que ‘darle de comer’ a la derecha conservadora, no es un tema menor en época de elecciones polarizadas hacia extremos que como vedettes, envuelven con discursivas atrayentes falsos nacionalismos centrados en la persona física y no la jurídica.

Es que la salida de la UE no va a implicar, al menos en el corto plazo y mediano plazo, un gran cambio cultural ni social; solo hay que contener las tensiones sociales derivadas de procesos económicos y sociales que han sido adversos y desgastantes a lo largo de los años. Para ello, nada mejor que haber alcanzado un ‘Brexit blando’, con fuerte impacto en el corazón de la ciudadanía británica. Y allí es donde el acuerdo por la frontera entre ambas Irlandas ha sido el corolario más álgido de la disputa puertas adentro del Reino, lo que demuestra donde se encuentra el verdadero foco económico y el control social: la no afectación del comercio y el evitar poner en riesgo los Acuerdos de Viernes Santo ha sido un activo de batalla en todo este proceso. En fin, todo tan lejano de aquel 1975, donde el 67% de los votantes británicos le dijo ‘sí’ a Europa.

Finalmente, es interesante destacar las palabras de Michel Barnier, responsable de las negociaciones con el Reino Unido por parte de la UE: “lo que cambia es que el país que nos deja estará solo, y nosotros seguiremos juntos”. La más relevante respuesta británica no ha sido económica, sino más bien geopolítica: el pasado mes de noviembre el ejecutivo garantizó una inversión adicional de dieciséis mil quinientos millones de Libras Esterlinas para las Fuerzas Armadas en los próximos cuatro años. El propio premier británico sostuvo que “el nuevo compromiso de gasto representa el mayor programa británico de inversión en defensa desde el final de la Guerra Fría”. Un número que incrementa en torno a 10% el presupuesto anual del Ministerio de Defensa y equivale al 2,2% del PBI (mayor al – pocas veces cumplido – 2% requerido por la OTAN para sus miembros), reafirmándose así como el país con mayor gasto militar de Europa, con un gasto en torno a los cincuenta mil millones de Euros.

Este fortalecimiento del gasto tecnológico-militar realza al Reino Unido en su deseo de aseverarse como una potencia estatal, el ‘volver a ser’ aquel imperio con glorioso pasado y mezquino presente. Más aún, el potenciar el desarrollo de las Fuerzas Armadas es un factor clave – ya que siempre lo ha sido a lo largo de su historia – no solo para con la cohesión del ser nacional, sino también para que a través de las inversiones público-privadas en el sector de la defensa (incluido el gasto gubernamental, el rol de financiamiento del sector privado, el aporte de las universidades) se genere un factor dinamizador del motor económico endógeno – atractivo para con la creación de empleo de calidad, sobre todo en zonas remotas donde suele escasear -, siendo ello tan necesario para ayudar a minimizar los costos microeconómicos de la salida de la UE. En definitiva, podríamos decir que la política exterior británica es una especie de ‘copia’ con matices similares al reposicionamiento global chino del último medio siglo, buscando también así recuperar la gloria perdida en algún momento de la historia.

Para concluir, podemos afirmar que detrás de la insistente ‘hecatombe del Reino Unido’, se encuentra entonces la manipulación mediática de los siempre activos intereses particulares de ciertas elites. Que en lugar de procesar el porqué y evaluar la forma de velar por el bienestar colectivo, enmascaran escenarios falsos en pos de sus egoístas objetivos de poder y riqueza. Es que podemos discutir ideológicamente su dudosa moralidad; lo que queda fuera de debate es que la sociedad como un todo sea engañada con información falsa y maliciosa. Por ello, más y mejor educación en ciencias sociales para todos, en conjunción con funcionarios que se encarguen de velar por el bien común – mera razón por la cual fueron elegidos -, debería ser el primer objetivo de un necesario cambio de paradigma social.

Y aquí también se debe hacer un llamado a aquellos políticos que se encuentren en la oposición, sea cual fuera la geografía o la razón en cuestión: deben trabajar honestamente por una sociedad más justa. Plantear rigurosos escenarios alternativos razonables o marcar errores u omisiones groseros, no significa utilizar al cuarto poder para generar alarma difundiendo mentiras, lo cual suele provocar asiduamente un enorme perjuicio en las anestesiadas mayorías. Porque aunque en épocas de ingente frugalidad ‘todo pasa’, en unos años la ‘no implosión’ del Reino Unido nos podrá sorprender; como así también nos terminará consternando, tardíamente pero con consecuencias más palpables, como llegamos a vivir en un mundo cada vez más violento e inequitativo.

El poder de la vacuna

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero 7-12-2020

https://www.ambito.com/opiniones/vacuna/el-poder-la-n5153480

AstraZeneca, Pfizer y BioNtech, y la firma Valneva. Moderna, Johnson & Johnson y Novavax. Nombres inexistentes para la mayoría de la población en cualquier rincón del planeta hasta hace menos de 1 año. Pero que hace décadas son parte del juego que dirime el poder global. En este sentido, la industria de la salud, se erige fundamental al no ser excluyente: tanto ricos y como pobres necesitan inexorablemente medicamentos para mejorar su calidad de vida. Un mercado cuasi infinito donde los gobiernos se encuentran en tiras y aflojes permanentes para con la negociación público-privada a favor de aquellos que, por diversos motivos – especialmente por los altos índices de pobreza de las diversas sociedades -, requieren de un subsidio que suelen tensionar los muchas veces magros presupuestos estatales.

Los números lo reflejan por si solo: las 10 más importantes farmacéuticas tuvieron ingresos en 2019 (o sea pre-pandemia) por 392 mil millones de dólares. No es necesario imaginar lo que ocurrió este año: solo en los Estados Unidos, meses antes del acto eleccionario Donald Trump inició la operación Ward Speed para financiar la investigación de la vacuna y pruebas diagnósticas del virus. ¿El presupuesto? Más de 10.000 millones de dólares en benefició de los grandes conglomerados farmacéuticos: Moderna se llevó 2.455 millones, seguida de GSK Sanofi con 2.100, BioNTech Pfizer con 1.950 millones, Novavax 1.600 millones, Johnson & Johnson 1.456 millones y AstraZeneca se quedó con 1.200 millones de dólares.

Bajo este contexto, no es extraño que hayan florecido los nacionalismos; algunos dirán de tinte preventivo, otros bajo la lógica realista. Nada que no se haya visto en la dinámica estatal de los últimos siglos. Es que aunque el capitalismo en su fase neoliberal que rige los destinos del mundo – con vaivenes cíclicos que muestran un lento languidecer, pero no mucho más – no atenta contra el estatus-quo de las elites políticas, el caso especifico intra-sistémico del COVID-19 conlleva ciertos riesgos: en la era donde prima lo visual y el cinismo (con doble moral incluida), la tolerancia hacia las muertes masivas (por negligencia, omisión, o lo que sea) no es apta para lideres que se quieren perpetuar en el poder. Menos aún para aquellos que tienen una prospectiva de propulsar un liderazgo global.

Es por ello que cada Estado opera la política económica internacional quirúrgicamente en tiempos de COVID-19; en un mundo donde no existe el 100% de autosuficiencia y las materias primas, lamentablemente para muchos miembros del mundo desarrollado, se encuentran en las más diversas latitudes, no es necesario desempolvar los libros de economía clásica de Adam Smith y David Ricardo para observar lo que está ocurriendo: la interdependencia productiva – incluida la eficiencia en las cadenas de valor -, es un valor fundamental para todos los gobiernos del mundo (si lo hemos sufrido en carne propia con el bloqueo a la compra de los aviones de caza FA-50 surcoreanos con componentes británicos).

Y aquí otra vez entra a jugar la geopolítica y la geoeconomía. Un ejemplo clarificador se observó durante la pandemia de gripe H1N1 en el año 2009, cuando se reunieron miembros del directorio de la farmacéutica francesa Sanofi con autoridades de la cancillería en París. ¿El objetivo? Elegir qué países deberían recibir los suministros de manera prioritaria. La lista incluía aquellos Estados que eran proveedores de los productos básicos de los que Francia dependía: gas, petróleo y uranio. En la pandemia actual, nada ha cambiado: mientras al principio algunos países retuvieron cargamentos con insumos médicos que tenían otros destinos (como fue el caso de Turquía), en el último mes un informe de OxFam confirmó que los más ricos y poderosos Estados – los cuales representan el 13% de la población mundial – se garantizaron con la firma de contratos el 51% de la entrega adelantada de las vacunas de los principales laboratorios. Bajo un mundo donde prima la privatización de la agenda de la salud pública – con la patrimonialización de la vacuna a escala mundial incluida – y su consecuente especulación financiera, ello no debería sorprendernos.

Bajo esta premisa de inequidades insalvables, una pregunta racional podría ser: ¿En un mundo globalizado, no es inútil generar una vacunación masiva en los países más desarrollados, mientras los otros esperan ansiosos que se alineen los planetas (llámese el tener los recursos económicos y las alianzas geopolíticas adecuadas para obtener las dosis necesarias para su población)? Porque si por ejemplo, la vacuna llega a una barriada de Kenia recién a finales de 2023, sería realmente una vergüenza con costos socio-económicos que deberían ser intolerables a esta altura del siglo XXI. Sin embargo, lamentablemente hay que ser realistas: incluso en el caso extremadamente improbable de que las cinco principales vacunas tengan éxito, el 61% de la población mundial no se la podrá aplicar hasta al menos hasta el año 2022.

Volviendo a la pregunta previa, la respuesta es ‘no necesariamente’. De barreras esta hecho el mundo, y prohibir la entrada de los visitantes extranjeros u evitar operar logísticamente con países empobrecidos que no pueden asegurar ‘vínculos sanos’, no sería un dilema moral para quienes detentan el ‘America First’, ‘Europe First’, o ‘Japan first’. Por supuesto ello genera roces, rispideces con impactos diplomáticos presentes y futuros para con la mancomunidad global. En este aspecto, ha sido muy claro el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, cuando la Unión Europea prohibió las exportaciones de equipos de protección y debió recurrir a China. Luego de besar la bandera del gigante asiático, sentenció: “La solidaridad europea no existe. Creo en mi hermano, mi amigo, Xi Jinping. El único país que puede ayudarnos ahora es China”.

Dado lo expuesto, el convertirse en el primer país en desarrollar y aplicar la vacuna tiene un fuerte componente simbólico en términos de poder político. En este sentido, con el debut en la vacuna de Pfizer en el Reino Unido, Boris Johnson desmitifica todo lo malicioso que es el Brexit; es que la realidad muestra que el escenario post salida de la Unión Europea conlleva sus luces y sombras, pero lejos se encontró de generar – como lo quisieron presentar algunos detractores – un escenario rupturista y destructivo para con las bases materiales británicas. También comenzarán los rusos con la aplicación de la vacuna ‘Sputnik V’, en alusión al primer satélite (el Sputnik 1) puesto en órbita construido por el ser humano, en octubre de 1957. ¿Podrán decir que no hay capacidades o un contralor institucional democrático probo bajo jurisdicción de Putin? Este último punto no ha sido menor en el debate global reciente: el papel de los medios de comunicación hegemónicos de Europa y Estados Unidos han tendido a reforzar esta idea centrando el debate no solo en las posibilidades positivas contra fácticas de vacunación de los fármacos occidentales; sino, y principalmente, poniendo en duda la fiabilidad científica de otras vacunas, el subsidio desproporcionado de gobiernos extranjeros a sus empresas estatales, o culpando a Rusia y otros países del robo de información/propiedad intelectual. 

La realidad es que todo ello poco importa: en un mundo donde reina el pragmatismo y la efectividad, los resultados finales coronarán a los ganadores y juzgarán a los perdedores. Por ello y en el mientras tanto, el fondo soberano Russian Direct Investment Fund (RDIF) se ha encargado de negociar con diferentes países acuerdos tanto de suministro, como de fabricación e investigación. A diferencia de la exponencial expansión geoeconómica china (con ruta de la seda mediante a la cabeza), los rusos apuntalan a un ‘revival’ de una guerra fría bajo un eje de reconquista socio-político de tinte fascista, donde ya ha comenzado a ‘abrazar’ a sus ex satélites de la era soviética, como así también ha profundizado su influencia en la Europa oriental. Por supuesto, el sueño de su líder es avanzar más allá de los límites que impone occidente. Inclusive para nuestra América Latina, donde Venezuela ya es el conejillo de indias con un claro foco en el desarrollo del eje petrolero/militar junto a su partenaire China.

Hablando del gigante asiático, este cumple un rol fundamental en la provisión y los resultados que se den a nivel internacional (además de haber propagado un discurso populista de que la ‘vacuna deberá ser puesta al servicio de la humanidad’). Más aún, prestará 1.000 millones de dólares a los países latinoamericanos que quieran adquirir algunas de sus vacunas. Por supuesto después habrá que devolverlo. Sin condicionamientos ni las ataduras del FMI. ¿Sera en especies (soja, petróleo) o en contratos de infraestructura? Ya lo veremos, pero que devolverla, habrá que devolverla.

¿Si se han sentido tocados por la discursiva culpógena del “virus chino”, como lo solía denominar el saliente presidente Trump? De ningún modo. Porque como lo mencionamos previamente, en este mundo de la información liquida y rebatible, todo cambia. Menos el poder y la riqueza. Por ende, la cúpula del Partido Comunista ha tratado de aprovechar la continuidad del proceso de abdicación estadounidense del liderazgo global, mostrándose una vez más como el adalid defensor del sistema de comercio mundial basado en normas y reglas. Sí señor, normas  y reglas del capitalismo neoliberal impuesto como dogma por el propio Estados Unidos en el siglo pasado.

En nuestra América latina, la problemática de la histórica inequidad se traslada proporcionalmente al escenario pandémico. La mayoría de los 630 millones de latinoamericanos viven en zonas de difícil acceso y limitada infraestructura, cálidas – lo que dificulta la conservación de las vacunas -, y en Estados cuyo desarrollo técnico y tecnológico es desigual e insuficiente. Y encima, en épocas de caos y desesperanza, a lo expuesto se le adiciona el eterno envalentonamiento de las disputas políticas domésticas. El más claro ejemplo ha sido el caso de Brasil, donde el gobierno federal ha firmado un contrato con AstraZeneca que le garantiza el acceso a 100 millones de dosis apenas se produzcan. Como contraparte, y sin ningún tipo de coordinación con Bolsonaro, el ensayo en Brasil de la vacuna china Sinovac está siendo financiado por el gobernador de San Pablo y rival del presidente, João Doria, quien tiene la mira puesta en el palacio presidencial.

Por supuesto, en una región donde lo que reina es la carencia para las mayorías, los manotazos de ahogado derivados de la crisis de la pandemia transforman en grises los ‘blancos y negros’ de las alianzas ideológicas. En el caso del ‘derechista’ Bolsonaro, la vacuna de AstraZeneca la producirán dos laboratorios públicos: la fundación Oswaldo Cruz y Bio-Manguinhos. Justo lo opuesto a lo que sucede en la producción para la provisión del resto de Latinoamérica, donde el acuerdo de AstraZeneca y Oxford se realizó con dos laboratorios privados: uno argentino, Abxience, y otro de la farmacéutica mexicana Liomont. Es decir, los gobiernos ‘más progresistas’ de Fernández y López Obrador ‘delegan’ (literalmente) la producción de entre 150 y 250 millones de dosis en el sector privado.

Para finalizar con nuestro país, no podemos negar que poseemos cierto conocimiento y capital acumulado durante años en nuestro sistema público y privado de ciencia y tecnología. Con sus luces y sombras; con gobiernos que han apoyado más, y otros que han denostado directamente el rol de un sector relevante y estratégico para el futuro de nuestro país. ¿Es suficiente? Para nada. Se requieren más inversiones (cuyo norte debiera ser infinito), mejores salarios para los investigadores, y un país pujante que genere y distribuya la riqueza – en todas las áreas – como corresponde. Porque sino, como sostiene el Lic. Alejandro Palombo, “el objetivo de salubridad en una crisis como la actual se termina supeditando desesperadamente a los compromisos financieros que implican necesariamente una economía abierta y en pleno funcionamiento que permita solucionar lo urgente: cerrar la brecha negativa en términos fiscales y de cuenta corriente”.

Para concluir, el Dr. Paulo Botta siempre sostiene que “Si un Estado no tiene poder duro (capacidad de obligar) y tampoco poder blando (capacidad de atraer), solo le queda la retórica (capacidad discursiva). Aunque ello no siempre significa capacidad de convencer”. Y en nuestro caso, mientras las dos primeras son prácticamente inexistentes, ya estamos acostumbrados a que las palabras de los gobernantes se las lleve el viento. Esperemos que cuando todo esto termine, aunque sea nos quede una enseñanza (de mínima): terminar con la lógica del parche y la coyuntura, apostando por un futuro virtuoso donde la educación de calidad, la ciencia y la tecnología, sean de una vez por todas políticas de Estado tangibles y fructíferas en el largo plazo.

Volver a la ‘normalidad’

Pablo Kornblum para Página 12 el 30-11-2020

https://www.pagina12.com.ar/308890-el-vinculo-con-estados-unidos-luego-de-trump

https://www.diario26.com/292409–volver-a-la-normalidad

Volver a la ‘normalidad’. Eso es lo que pretende lograr el gobierno que va a liderar próximamente Joe Biden. Bajo una discursiva cuidadosamente seleccionada, ya ha ilusionado a varios nostálgicos que sueñan con el regreso del orden neoliberal dirigido hegemónicamente desde Washington. Una ‘globalización armoniosa’, en la que sus otrora aliados y potenciales nuevos socios trabajarían para sostener un ‘win-win’ bajo el liderazgo estadounidense.

Para ello, la agenda de la política económica exterior estadounidense, complementando la ya compleja dinámica doméstica, se focalizará en algunas prioridades de corto plazo: desenhebrar las relaciones geoeconómicas con China, volver al multilateralismo amistoso con sus socios europeos, suavizar la presión financiera sobre el ‘eje del mal’ (Irán, Corea del Norte), y alcanzar algún delicado equilibrio para con el contexto socio-económico de los países centroamericanos proveedores de migrantes. ¿Lo relevante para quienes verdaderamente detentan el poder? Mientras Biden desempolvó en su primer discurso la vetusta y oxidada retórica del enfrentamiento entre el ‘legado democrático’ estadounidense versus los autoritarismos de China, Rusia o mismo Cuba – meramente para satisfacer a su mayoritario electorado que cree todavía en los Estados Unidos como ‘faro que guía al mundo libre’ -, el establishment del capital concentrado se regodea pensando en un regreso al liberalismo económico que lo habilite a potenciar sus negocios con aquellos Estados más autoritarios y/o paternalistas, donde – bajo cierta eficacia y suficiencia – la lógica la acumulación de capital ha sido claramente más acelerada.

En nuestra región, podemos afirmar que el escenario económico no variará en demasía en relación a lo que muestran los libros de historia. Los que sostengan con mayor cariño y empeño el Consenso de Washington con rostro sudamericano – principalmente los miembros de la Alianza del Pacífico -, continuarán con ciertos privilegios a la hora de pensar en la profundización de las relaciones bilaterales pro mercado (por supuesto con las carencias socio-productivas que ello conlleva). En contraposición, al mayor escepticismo con el más reacio Mercosur, se le adiciona un novedoso pragmatismo racional latinoamericanista (Argentina + México + Bolivia) que pretenderá un mayor diálogo de ‘igual a igual’, pero que lejos estará de generar cambios económicos estructurales. Eso sí, la mirada de los halcones de Washington se centrará en las dinámicas socio-económicas domésticas con derivaciones inusitadas; no sea que inoculen y/o incrementen, bajo un esquema de ‘nueva guerra fría’ a lo Venezuela, a actores estatales y no estatales indeseados para con los intereses estadounidenses.

Nada va a cambiar, al menos en términos sustanciales (léase nuestra Balanza de Cuenta Corriente históricamente negativa), para la Argentina. ¿Podemos achacarle a nuestro principal proveedor de Inversión Extranjera Directa y tercer socio comercial que son ‘Fans’ de la remisión de utilidades o los aranceles/subsidios? Puja de intereses interestatal capitalista, my friend, dirían desde el norte del Rio Bravo. ¿Nuestra usual respuesta? Algunos ciclos gubernamentales con mayor control de capitales, frecuentes devaluaciones derivadas de la estructuralmente deficitaria escasez de divisas, algo de ‘relaciones carnales’ de algún gobierno nostálgico de la Doctrina Monroe (aunque en la actualidad es imposible – y altamente contraproducente – ponerle un buffer de contención económico al gigante asiático). No sería de extrañar el vivenciar un popurrí ‘light’ de todo ello en el corto y mediano plazo. No mucho más.

Ahora bien, de la esperanza vive el hombre (sobre todo para esperar con ansias la ‘lluvia de dólares’). ¿Podría haber algún ‘coletazo’ positivo indirecto, como por ejemplo el pensar en la potencial suba de los precios de la soja y del etanol, consecuente con un presidente electo pro combustibles alternativos? Es plausible. ¿Es lo que más le importa a nuestro gobierno? Difícilmente. Ahora es el turno de que nuestra cintura política y la suerte, que siempre es necesaria y suele escasear en la arena internacional, logre que el accionista mayoritario del FMI le dé una palmada en la espalda a los técnicos del directorio para que tengamos la mayor flexibilidad posible – una patriada difícil bajo el Acuerdo de Facilidades Extendidas – a la hora de negociar los requerimientos de prudencia macroeconómica, ajuste fiscal, inflación controlada. ¿Otro pedido de auxilio financiero? Improbable en el corto plazo con el binomio Fernandez-Biden. Solo resta esperar que la keynesiana Janet Yellen, con la maquinita de imprimir en mano, incremente los estímulos monetarios y mantenga los tipos de interés bajos por un par de años para que podamos aprovechar el diferencial de tasas y un mundo más amigable para con el crecimiento económico y los intercambios.

Para concluir, el enorme dramaturgo y político francés Víctor Hugo, sostenía que “La utopía es el porvenir que se esfuerza en nacer. Mientras que la rutina es el pasado que se obstina en seguir viviendo”. Mientras esto último pareciera será el fiel reflejo de lo que ocurrirá a partir del próximo Enero en los Estados Unidos, desde el sur del continente esperemos que, de una vez por todas, el idealismo le gane la batalla a la historia rutinaria y doctrinaria de una relación bilateral que se perpetuó como un lastre para con el desarrollo socio-económico equitativo e inclusivo para nuestras empobrecidas mayorías.

El discurso que le pone precio a la libertad

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero – 23-11-2020

https://www.ambito.com/opiniones/fmi/el-discurso-que-le-pone-precio-la-libertad-n5150094

La culpa. Esa maldita palabra que mortifica a individuos y sociedades. Y que el Fondo Monetario Internacional (FMI), previo a otorgar la Facilidad de Financiamiento Extendida (EFF en sus siglas en inglés), lo resalta en la propia definición que le provee a sus futuros clientes: “es una modalidad que se ajusta a las necesidades técnicas de la economía. Se trata de una facilidad crediticia de asistencia prolongada para el problema estructural de balanza de pagos, que se evidencia en la caída permanente de las reservas internacionales sin posibilidad de recuperación en las circunstancias actuales de la economía; en el déficit de balanza comercial y de la balanza de capitales; en el arrastre de déficit fiscales crecientes y poco manejables que ha mostrado el sector fiscal en los últimos años”.

Junto a la culpa, por supuesto, conviven las amenazas; si no se cumplen las medidas, el impacto directo – e indirecto – sobre la economía nacional, podría generar un enorme daño al ya resentido escenario que conllevó al pedido de auxilio. Por ejemplo, si en vigencia de un acuerdo, el país signatario no cumple las condicionalidades comprometidas, aunque no utilice el préstamo, el Fondo podría suspender el acuerdo; ello no solo derivaría en la obstaculización – y los ‘potenciales’ beneficios del préstamo en sí -, sino que además provocaría el fin a la protección que tenían los capitales externos ingresados para aprovechar el diferencial de tasas de interés domésticas, o mismo el bajo riesgo devaluatorio que el conjunto de condicionalidades usualmente asegura.

Por supuesto, ello no es exclusivo de un Estado en particular. Justamente porque le ha pasado a muchos países alrededor del mundo en el último medio siglo, la dinámica de la homogenización generalista fue la clave maestra – y por ende errónea – para simplificar lo que per se, a nivel doméstico, es más que complejo. Parece obvio, salvo para muchos de los decisores del FMI, que los dilemas culturales, políticos, productivos, etc., que se enmascaran detrás de los serios desbarajustes macroeconómicos de quienes acuden al Fondo, son de lo más variopinto que uno puede analizar.

En este sentido, si situamos la mirada en Europa, nos encontramos que la relación Deuda/PBI de Georgia se incrementó a 58,5% en 2020 (39,8% en 2019). Bajo este escenario, y dada la recepción de un EFF en el año 2017 para poner sus ‘números en orden’, el gobierno georgiano le prometió al FMI reanudar la consolidación fiscal una vez finalizada la pandemia. ¿Su principal dilema? El alto porcentaje (77,7% en 2019) de deuda denominada en moneda extranjera, proveniente de la ‘lluvia de divisas occidentales’ que llegó al finalizar la guerra fría (mismo Ucrania recibió un EFF de 2.200 millones de dólares en 1998). Evidentemente, la ‘fiesta volátil’ de moneda extranjera dura, no fue acompañada de una ‘prudente’ utilización en términos de los objetivos monetarios y fiscales.

Tampoco el Tratado de Maastricht hizo mella en las políticas de todos los miembros de la Unión Europea. Virando el eje hacia el occidente, Grecia firmó varios acuerdos de EFF entre el año 2012 y 2016. La ‘estabilidad macroeconómica’ (léase el repago de las deudas a la banca europea que había financiado un modelo inviable en términos de productividad y gasto público), tuvo su – esperado – costado más  oscuro: solo para citar un ejemplo, la reforma laboral que eliminó los convenios colectivos de trabajo, junto con una ‘reestructuración’ sanitaria que generó un recorte del gasto en la salud pública, y una reforma previsional que elevó la edad de jubilación hasta los 65 años, implicó que en sólo 4 años se despidieran a 350.000 empleados estatales y la desocupación alcanzase el 25 %. En definitiva, una crisis social de dimensiones bélicas.

En África, la República de Etiopía alcanzó a fines de 2019 un acuerdo por tres años aprobado en el marco del EFF. A pesar que el país había crecido en torno al 9% en los dos años previos, la debilidad de las exportaciones provocó una escasez de divisas (historia Argentina dixit) que requirió la asistencia del Fondo. Al menos eso dijo el gobierno, el cual encontró en los halcones económicos de Washington la excusa perfecta para realizar las reformas estructurales que, por sobre todo, les permitieron hacer negocios no del todo claros. Otro ejemplo es el caso de Túnez, que en el año 2016 recibió un EFF de 2.900 millones de dólares. Para ello, el gobierno tunecino tuvo que hacer ciertos deberes ex ante: como pre-requisito, tuvieron que aprobar en el Parlamento un paquete de leyes que aseguraran la independencia bancaria; una especie de ‘inmunidad’ ante potenciales ‘políticas desacertadas’ por parte de cualquier gobierno de turno a futuro. Es que después de la primavera árabe, cualquier transición entre regímenes pareciera que pudiera socavar el statu-quo. Mejor una ‘condicionalidad’ de cambio, sobre todo para que nada cambie.

Por su parte, Angola, antes de firmar el reciente EFF, utilizó el tipo de cambio como ancla nominal mientras experimentaba una expansión fiscal financiada por su banco central, lo que derivó en la necesidad de imponer restricciones cambiarias que llevaron la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo al 150%. Antes de otorgarle los 15.000 millones de dólares, el FMI le exigió liberalizar el régimen cambiario, como así también eliminar las ‘distorsiones’ del mercado y las restricciones para el retiro de divisas. En este sentido, el FMI propone que, con el dinero provisto, el ajuste hacia la ‘sustentabilidad macroeconómica’ sea de una manera gradual y no abrupta. Realizada por los mismos que, según los propios actores, los llevaron a este desastre. Suponiendo que el FMI tiene la verdad revelada: ¿aprenderán de este modo los causantes que sus políticas previas han sido erradas? Difícil… En él mientras tanto, el gobierno de Angola ya comenzó con la venta de activos del Estado, incluyendo la empresa estatal emblema, la ineficiente petrolera Sonangol – cuyas ventas de hidrocarburos representan el 65% de los ingresos fiscales totales -. Hablando mal y pronto, sería como ‘matar al perro para terminar con la rabia’.

Ya en nuestro continente, el nivel de deterioro de la economía ecuatoriana llevó a las autoridades a solicitar este año un EFF por 6.500 millones de dólares, con el objetivo de, según la discursiva gubernamental, “ayudar a restablecer la estabilidad macroeconómica, apoyar a los grupos más vulnerables, y promover la reforma estructural”. Por supuesto, no ‘queda bien’ afirmar que la finalidad per se es lo último sin, al menos, mencionar los dos primeros. La respuesta del FMI no se quedo atrás: en su informe sobre el préstamo en cuestión, sostiene que “la EFF incluye el ampliar los programas de asistencia social, garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, y sentar las bases para un crecimiento sólido que beneficie a todos los ecuatorianos”. Lo interesante aquí es también el orden en que se forma la oración. Como si el focalizarse en los ‘fundamentals macroeconómicos’ fuera lo último, el lastre, lo marginal; cuando sabemos que es todo lo contrario, para con una lógica ortodoxa que desprecia una nefasta realidad social-económica que, sistemáticamente, ha sido permanentemente minimizada y soslayada. Como sostiene el Dr. Andrés Malamud, “se pide que los ‘fundamentals’ deban ser sólidos; las pirámides de Egipto también, pero adentro están todos muertos”.

En este sentido, la historia también demuestra que el EFF que le otorgó el FMI a Colombia en el año 1999, fue inducido por el proceso de desregulación económica que se inició en la década de 1980’ y se consolidó con la Constitución de 1991. Este proceso ‘legalizó’ importantes postulados de la logia neoliberal y, al mismo tiempo, declaró la doctrina social-demócrata como objetivo del Estado. Es decir, que mientras el gobierno se comprometía con la reducción de la intervención del Estado en la regulación de las actividades económicas y la privatización de las empresas públicas, por otro lado incrementaba sus responsabilidades estatales en materia de seguridad social y los compromisos financieros con las regiones y departamentos en el marco de la descentralización. Ello sin mencionar que la desregulación expuso a los productores colombianos, sin un verdadero esfuerzo por cerrar la brecha estructural en materia tecnológica, educativa e infraestructural, en competencia injusta con grandes compañías y consorcios transnacionales. En definitiva, más allá del crecimiento económico que se ha observado a lo largo de este siglo, la continuidad de la lógica intelectual que apoya estas políticas ha obstaculizado todos los intentos de equidad y mejoras sustanciales en la calidad de vida de las mayorías colombianas.

En nuestro país, el proceso neoliberal globalizador, con un basamento previo pero llevado a cabo con toda su fuerza luego de la caída del muro de Berlín, tuvo matices similares. La deuda fraudulenta que había contraído la dictadura y crecido al calor de la nacionalización de deudas privadas, fue reciclada en un proceso de reestructuración que, entre otros, implicó una EFF en el año 1992: bajo la misma, se promovió la privatización del sistema previsional en favor de las AFJP, la eliminación del impuesto a las transacciones financieras, la supresión de las contribuciones patronales, como así también una reforma tributaria regresiva que instrumentó el incremento del IVA, que era del 13 %, primero al 18 % y, luego a la alícuota del 21 % todavía vigente.

En este sentido, y tal como indica la Dra. Noemí Brenta “entre 1982 y 2001, el país estuvo el 81% del tiempo bajo la tutela del FMI”. Para resultados socio-económicos, los números hablan por sí solos: mientras el desempleo pasó de 5,7 % en abril de 1982 al 22 % en abril de 2002, la pobreza, medida por ingresos, que en 1974 afectaba a mucho menos del 10 % de la población, trepó hasta alcanzar el 55% en 2002. Lo peor es que a pesar de ello, y ya entrando a números actuales, desde el último gobierno militar hasta el año 2019 se pagaron más de 600.000 millones de dólares y la deuda no paró de crecer: ascendió de 8.000 millones de dólares antes del golpe de Estado de 1976, a 324.000 millones de dólares en diciembre de 2019. Y pareciera que en el corto y mediano plazo, el esquema económico sometido al rigor del FMI continuará: con el actual EFF, el ajuste presupuestario se encontraría en torno al 10% para el año venidero; mientras que hacia 2025, nuestro país deberá a comenzar a pagar montos cercanos a los 10.000 millones de dólares anuales, a lo que hay que adicionar el pago de la deuda con los privados.

Como eje totalizador, uno podría analizar los causales de esta dinámica bilateral entre los Estados y el FMI; sobre todo para poder, de una vez por todas, atacar la problemática de raíz. En este sentido, en casi todos los documentos del FMI, en el EFF se exige el “fortalecimiento de la transparencia fiscal y de contratación pública, eliminar el ingente déficit fiscal primario, como así también la promoción de la gobernanza como elementos clave del programa de reforma que deben aplicar las  autoridades.” Uno entonces se pregunta: ¿Han colaborado alguna vez con ello? ¿No es su deber? Cambiemos la pregunta, con lógica de retorica: ¿Prestan solo porque es su per se, a sabiendas que nunca los gobiernos deudores han cumplido con sus promesas de pago en tiempo y forma? ¿O mejor dicho, aquellas promesas fallidas para con el beneficio de las mayorías, en realidad fueron aciertos de una lógica que beneficia principalmente – o solamente – a algunos grupos concentrados? ¿Por qué entonces quieren exclusivamente que haya recortes en el gasto? ¿Pidiendo incrementar la recaudación de un país que pide extasiado ayuda, seguramente viviendo una incertidumbre/inestabilidad embebida en un mercado interno recesivo? Muchas preguntas, pocas respuestas (y ambiguas).

Sin faltar a la verdad, aquí debe quedar algo en claro: es innegable la responsabilidad primaria de gobiernos corruptos e ineficaces para con los beneficios colectivos – y sobre todo de los que más lo necesitan -. El problema es que las deudas contraídas no suelen conllevar estos objetivos superadores, sino que su rol primordial es salvar justamente a aquellos políticos afines que viven fuertes tensiones socio-económicas domésticas (a sabiendas que la geopolítica conlleva un rol fundamental); que además suelen terminar, no en contadas ocasiones, generando puertas giratorias hacia los paraísos fiscales para sus amigos de las elites concentradas. Es evidente entonces que ello también implica la corresponsabilidad en quienes liberan los fondos; sino cómo es posible que el FMI acuerde el año pasado un EFF por 6.000 millones de dólares para Pakistán, su DECIMOTERCER programa de rescate desde finales de la década de 1980’. Y no me vengan con que no podían saber que el dinero prestado iba a servir intereses contrarios a las mayorías paquistaníes (O griegas, ecuatorianas, argentinas). Porque para ello, siempre están distraídos. Contrariamente a la rapidez que tienen para generar un discurso que le pone precio a la libertad.

Tal como lo esgrimió el escritor frances Guy Debord en su libro publicado en el año 1973, la Sociedad del Espectáculo, “la sociedad civil se encuentra saturada de limitaciones en cuanto a su capacidad de atención, como así también adolece de memoria para retener demasiadas imágenes o situaciones a traves del tiempo; por lo tanto, es muy voluble de hacerla feliz en el momento, en el aquí y ahora. Y mañana, que la suerte los ayude”. Que la suerte nos ayude entonces. Pero mientras tanto, cuando vayamos a las urnas, intentemos ser lo suficientemente lucidos para saber leer la historia, y entender cuales son los intereses de los complices domésticos. Porque los del Fondo, claramente ya los conocemos.

Todo cambia, para que nada cambie

Publicado en Ámbito Financiero el 09-11-2020

https://www.ambito.com/opiniones/estados-unidos/biden-presidente-que-puede-cambiar-argentina-n5146553

A pesar de las acusaciones, primará la racionalidad institucional: Joe Biden, un hombre del histórico ‘círculo rojo’ de la política estadounidense que cree en el multilateralismo y en el liberalismo económico, será erigido formalmente como el presidente número 46 de los Estados Unidos de Norteamérica. ‘Las instituciones no se manchan’, haciendo un paralelismo al parafrasear al mejor futbolista de la historia. Sería demasiado ordinario, grotesco, y terriblemente negativo para con las prospectivas de política exterior norteamericana como ‘faro democrático del mundo occidental’, continuar insistiendo con esta fantochada.

Para comenzar, debemos aclarar algo. Nada va a cambiar, al menos en términos sustanciales, para nuestro país. La agenda de la política exterior estadounidense, complementando la ya compleja dinámica doméstica, tiene otras prioridades coyunturales: las relaciones económicas – sobre todo comerciales – con China (principalmente para con su contención), Europa y otros actores de relevancia internacional; los dilemas geopolíticos/militares en Medio Oriente, Europa del Este (con Rusia a la cabeza) y el Asia Menor; y el complejo escenario migratorio con Centroamérica, entre otros.

Un poco más al sur, podemos afirmar que tampoco habrá presión ni exigencias para ponerle un coto a la Venezuela de Maduro. Derechos humanos si, hasta ahí. Avasallamiento agresivo a través del Grupo Lima – que puede quedar en semi Stand-by al no haber un claro soporte desde el norte -, no. Seguramente continuarán las relaciones cordiales con los aliados temporales de la era Trump (Brasil, Chile, Colombia), mirando de reojo la dinámica (y sobre todo las potenciales tensiones) de sus escenarios domésticos. Bajo este contexto Argentina podrá liderar, junto con México y ahora Bolivia, un posicionamiento de pragmatismo racional latinoamericanista que busque el dialogo permanentemente. Y no mucho más que ello.

A pesar del cierto distanciamiento expuesto, de ningún modo podemos denostar la relación bilateral existente, nos guste o no. Los Estados Unidos continúan siendo – al menos por ahora – el principal inversor externo en nuestro país, con el 22,7% del stock de Inversión Extranjera Directa; casi 17 mil millones de dólares según los últimos datos del BCRA. En este sentido, se calcula que hay más de 300 empresas estadounidenses-argentinas, la mayoría nucleada en la American Chamber, con inversiones de relevancia en la industria de petróleo no convencional (USD 450 millones para financiar a Vista Oil y Aleph Midstream en Vaca Muerta en los últimos años), en el suministro de energía (AES), en la industria manufacturera (GM, Ford – 700 millones de dólares en inversiones recientemente -, Goodyear, BASF, DuPont, Whirpool), en el sector de los seguros (Metlife, Prudential), los servicios financieros (American Express, Visa, JP Morgan),  los servicios profesionales (Accenture, Manpower Group), y los servicios de información y comunicaciones (IBM, Cisco Systems, Google).

Por otro lado, Estados Unidos es el tercer socio comercial de la Argentina, aun cuando supo ser el primero por un largo tiempo (solo para citar un ejemplo, las exportaciones argentinas a Estados Unidos representaron el 6% del total exportado en 2015, muy lejos del 11% que supieron alcanzar en 2005). Para el año pasado, el intercambio comercial superó los 10 mil millones de dólares (deficitaria para la Argentina en el decenio 2010-2019 en 49.445 millones de dólares; solo con una merma relativa en los últimos dos años – como siempre a lo largo de nuestra historia, por la disminución de las importaciones derivadas de la devaluación y la estructuralmente deficitaria escasez de divisas -). Llevando a la practica la contra fáctica frase ‘vamos ganando’, podemos afirmar que los argentinos, en este campo, ‘seguimos perdiendo’.

Al analizar la composición sectorial del comercio bilateral, se observa que las exportaciones argentinas a los Estados Unidos tienen una fuerte concentración en combustibles y minerales, seguida por los productos metalíferos, así como la industria alimenticia y los productos primarios en general. Del lado de las importaciones originarias en los Estados Unidos, las maquinarias son el principal rubro de importación; aunque los combustibles también tienen un fuerte peso, así como los productos químicos. Aquí tenemos que dejar algo en claro: Argentina y Estados Unidos no son mercados complementarios, lo que implica un vínculo no carente de conflictos o de asuntos pendientes. Llámese aranceles, subsidios, o barreras paraarancelarias de tinte fitosanitario. Y por supuesto, el poder de presión de sus lobbies. No nos olvidemos lo que ocurrió en los últimos años con la suba de aranceles al biodiesel argentino en el mercado estadounidense, o la eliminación de preferencias especiales en comercio exterior para países denominados “en desarrollo”, como la Argentina. Y si, qué difícil es argumentar contra la potencia imperial que nuestras industrias no se encuentran ‘subsidiadas deslealmente’, que no realizamos devaluaciones competitivas adrede, o que ingenuamente disminuimos los requerimientos medioambientales para con la producción. Este escenario, siendo sinceros, tampoco cambiará durante el próximo gobierno demócrata.

Si seria dable esperar un gobierno más aperturista, más pro libre comercio; esa lógica podría ayudarnos, sobre todo pensando en los productos que le vendemos a los Estados Unidos, como el acero y aluminio. A la vez, Biden también es más pro combustibles alternativos; en ese marco, sería plausible la suba de los precios de la soja y del etanol. En tanto a la potencial devaluación del dólar a nivel global en el corto plazo, no es lo más trascendente para la Argentina en los próximos meses: lo que nos debe importar, lamentablemente bajo nuestra eterna fijación mental (derivado generalmente de políticas económicas inapropiadas a lo largo de la historia) es el valor que le den al billete verde nuestra elite empresarial en particular, y nuestra sociedad en general. Por supuesto, para alcanzar la ‘pax cambiaria’ el gobierno deberá contar con el suficiente ‘poder de fuego’ en términos de capacidades políticas y financieras, para apaciguar las demandas racionales y atacar con determinación las amenazas de los provocadores seriales de corridas bancarias.

Bajo el mismo paraguas, no podemos olvidarnos del financiamiento. En este sentido, el accionista mayoritario del FMI (17% de incidencia en los votos del directorio), con el cual el país debe renegociar un acuerdo histórico de 44.000 millones de dólares, dejará que los técnicos hagan su trabajo. Pedir prudencia macroeconómica, ajuste fiscal, inflación controlada, no es exclusivo de Demócratas ni de Republicanos. ¿Otro pedido de auxilio financiero? Improbable en el corto plazo con el binomio Fernandez-Biden. Ello a pesar de que las tasas de interés seguramente se mantendrán bajas por un par de años, al menos para asegurar la sustentabilidad del efecto rebote post-pandemia. Esperemos que cuando los fondos de inversión busquen denodadamente activos más riesgosos, ambos Estados, desde la necesidad y desde el otorgamiento, no permitan la injerencia salvaje que ponga en jaque una vez más al sistema financiero nacional; ya sabemos que la historia de endeudamiento de nuestro país, lejos se encuentra de la utilización ‘bien habida’ para con el crecimiento de la economía real y el desarrollo socio-económico de nuestro pueblo.

En tanto a una temática mayúscula, probablemente se termine la ‘guerra declarada’ de aranceles con China; pero no así la rigurosidad. De hecho, la disputa por ganar mercados se profundizará; la diferencia estará en los modales. Recientemente, Claver Carone, un halcón de Trump erigido flamante presidente del BID que continuará en su cargo después de Enero, ha hecho pública su intención de gestionar un aumento de capital de la institución para ampliar su capacidad de préstamos. Sin tapujos ni tabúes, explícitamente ha justificado que el propósito de tal acción sería ofrecer a los países una alternativa frente a China. Recuperar espacios perdidos por negligencia propia, se diría.

Desde la óptica argentina, China no solo es el principal comprador de los productos relevantes de nuestra oferta nacional (cereales y oleaginosas, carne vacuna), sino que además es muy tentador en términos de inversiones (granjas porcinas, recursos estratégicos), y hoy en día representa el ‘ancho de espadas financiero’ sin cuestionamientos (Swap). Difícil competir con eso. Más allá de todo, cabe aclararse, el ser competitivo – una variable escasa en la historia de nuestro país – tiene que ser una premisa, gobierne quien gobierne. Para negociar con Estados Unidos, China, o con cualquier país del mundo.

El punto más álgido aquí, o diría el más preocupante, es la disputa geopolítica entre ambos colosos, la cual claramente continuará bajo la presidencia de Biden. Generar un buffer de contención financiero y económico en detrimento del avance chino no es suficiente para los Estados Unidos. La lenta agonía de la primacía del dólar, el dejar de ser los adalides de nuestros productos importados – y nuestra balanza comercial deficitaria -, o lo que podríamos denominar el ‘loser takes nothing’ ante el avance de las inversiones en infraestructura (con el ejemplo reciente del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura financiando la ruta de la seda sudamericana), es solo un complemento de la más importante derrota que viene sufriendo ante el gigante asiático en nuestro país: la base satelital – con sus derivaciones militares -, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones con el 5G, y la biotecnología entremezclada con la industria farmacéutica bajo el manto de la conquista Antártica, pronostican un escenario ‘oscuro’ de disputa en el mediano y largo plazo. Con un adicional: podríamos esgrimir que los chinos no nos tratan como su ‘patio trasero’. Es que también, al menos por ahora y haciendo honor a la verdad, hemos aceptado, sin chistar, sus requerimientos. Una vez más, nuestra necesidad (de financiamiento) tiene cara de hereje.

Sin embargo, tarde o temprano, Argentina tendrá que hacer elecciones que disgustaran a la otra parte: el riesgoso equilibrio sobre una soga tensa en ambos extremos. Porque a ciencia cierta, a pesar de la ‘conquista china’, Estados Unidos no retrocederá: defender sus bases militares y los intereses de sus corporaciones, mientras intimida a los actores políticos y de la sociedad que desafíen los objetivos y principios primarios dictaminados por todo el establishment desde el establecimiento de la doctrina Monroe, continuará siendo la piedra basal de la política estadounidense hacia nuestras latitudes.

El gobierno argentino se encuentra entonces obligado a jugar. En este sentido, el presidente Fernández participó el mes pasado de un encuentro de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de América Latina y el Caribe, una entidad que nuclea a 24 cámaras de la región que colectivamente reúnen unas 20.000 empresas, en el que expuso sobre los beneficios que ofrece el país a la hora de invertir. Por supuesto prometió “reglas claras” (antes de que empiecen los históricos cuestionamientos sobre la necesidad de una flexibilización laboral, el terminar con los frecuentes cambios regulatorios – sobre todo en términos de precios -, o el ordenar ‘institucionalmente’ la macroeconomía, entre otros), esperando la tan ansiada lluvia de dólares. Solo les pidió que cumplan: que den empleo, que inviertan y que paguen sus impuestos. Que difícil todo. Sobre todo esto último.

Para concluir, quisiera tomar las palabras del jefe de Gabinete de la Cancillería Argentina, Guillermo Justo Chaves, quien declaró previo a las elecciones estadounidenses que para nuestro país “era absolutamente indiferente. Con los problemas que tenemos y con la política exterior que planteamos, que gane Trump o Biden no afectará las relaciones entre los países de forma determinante”. En definitiva, necesitamos y debemos hacer, de una vez por todas, las cosas bien. Recobrar la preeminencia regional en pos de los intereses económicos nacionales, y sobre todo de los que menos tienen, tiene que ser la prioridad. Aunque como sabemos, en un país que se encuentra arraigado bajo una asfixiante ‘dependencia estructural’ con las potencias (antes el Reino Unido, ahora Estados Unidos y China), ello es condición necesaria, pero no suficiente. Porque como decía Napoleón, “uno de los atributos que les exijo a mis generales, es que tuvieran suerte”. Apropiadas palabras para las vastas necesidades que representan el actual estadío de nuestro bendito país.

Justificar, la palabra que avala el negocio de la guerra

Pablo Kornblum para el Cronista Comercial, 01-11-2020

https://www.cronista.com/columnistas/Justificar-la-palabra-que-avala-el-negocio-de-la-guerra-20201101-0004.html

La economía de la guerra siempre ha sido enormemente fructífera. Ya sea en su rol como motor de la economía nacional y sus efectos multiplicadores pro-positivos – incluida la generación de miles de puestos de trabajo -; por el ingente aporte de tecnología de punta (drones, cyberdefensa, la carrera espacial); la investigación y el desarrollo realizado por el Capital Humano altamente calificado; o mismo el fortalecimiento de las cadenas de valor de pequeñas y medianas empresas. Un claro ejemplo han sido los Estados Unidos de Norteamérica: mientras la inmersión del keynesianismo en la política estadounidense fue la llave maestra para salir de la gran depresión de 1929, el salto cuali y cuantitativo para embestirse como el hegemón de occidente fue claramente su inmersión total en la Segunda Guerra Mundial.

Azerbaiyán (un Estado rico en hidrocarburos, de confesión musulmana y formado por una mayoría túrquica) lo sabe y ha llevado a cabo en los últimos años importantes acuerdos de producción con Israel, Sudáfrica y Turquía, en su intento de utilizar la tecnología extranjera para desarrollar una industria de armas autóctona y, de este modo, alcanzar una independencia estratégica en el mediano plazo. Para su consecuencia, además ha intentado diversificar sus proveedores, tomando como preeminencia aquellos que aplican políticas flexibles en detrimento de Estados que, por ejemplo, se adhieren a la política de embargos relacionados con conflictos bélicos. Más aún, los azeríes desean evitar al máximo posible la dinámica de la ‘dependencia rusa’; no solo porque la sujeción en sí es un lastre negativo para cualquier sector de la economía, sino que además Armenia, su contrincante en la guerra por Nagorno-Karabaj – una antigua provincia autónoma soviética dentro de Azerbaiyán, de mayoría étnica armenia y cristianos ortodoxos -, tiene una gama limitada de proveedores (Ucrania, Montenegro) y se encuentra supeditado a las ‘relaciones carnales’ con Moscú.

En este sentido, ambos países, en conflicto hace décadas, tienen gastos en defensa muy por encima de la mayoría de los países del mundo (inclusive del 2% del PBI requerido por la OTAN para sus socios): 3,79% del PBI para Azerbaiyán, y 4,79% del PBI en el caso de Armenia en el año 2019. Razones no le faltan: sin ir muy lejos en la historia, la sangrienta guerra de 1988-1994 dejó un balance de 30.000 muertos, 25.000 de los cuales fueron del lado azerí. En aquella oportunidad, la superioridad armenia era abrumadora gracias a su principal aliado, Rusia (desde los tiempos en que estaba gobernada por los zares, los armenios ya contaron con su protección con el argumento de que luchaban contra el Islam), lo que derivó en que Azerbaiyán perdiera control sobre Nagorno- Karabaj y se creará un cinturón alrededor de esta región que pasó a control militar armenio.

Hoy en día, el gobierno ruso es el principal vendedor de armas a Armenia y Azerbaiyán. ¿Su justificación? “De este modo, nos permite controlar las capacidades armamentísticas de nuestros dos vecinos”, indicó su Canciller, Sergei Lavrov. En otras palabras, se dicen los únicos que pueden asegurar la estabilidad en su histórico patio trasero. Sin embargo, ya no estamos en la era de dominio absoluto sobre los satélites soviéticos: pareciera que ni el erróneo final de la guerra desatada, puede justificar los medios. Poco importa, ‘todo pasa’, como diría el ya fallecido expresidente de la AFA. En él mientras tanto, la política de ventas de armamento rusa continúa inmutable: ‘créditos blandos’ para quien este interesado en su industria para la defensa, como los 100 millones de dólares que le otorgó recientemente a la propia Armenia para la adquisición de cuatro aviones de combate SU-30SM.

En el cercano Medio Oriente, la guerra parece vivirse como propia. Y no precisamente por el dilema religioso en sí, sino más bien por la dinámica comercial del componente bélico que se ha generado. Por ejemplo, el viceministro de Asuntos Exteriores azerí, Araz Azimov, declaró hace pocas semanas que Jordania les había vendido armamento. Desde Amán, formalmente nunca llegó la desmentida. Más allá del detalle diplomático, el vínculo descripto es marginal en comparación con lo que ocurre en la frontera oriental jordana. Mientras Armenia le pide a Israel que suspenda la venta de armas a Azerbaiyán (es el principal proveedor del ejercito de Bakú, con ventas por más de 825 millones de dólares en el periodo 2006-2019), el gobierno hebreo solo manifestó su “tristeza” por la violencia en Nagorno-Karabaj y, en un acto de falso altruismo, mostró su disposición a “brindar ayuda humanitaria”. Nada en referencia a la venta de armas. Pero no es extraño: los israelíes, como octavos exportadores de armas en el mundo, están acostumbrados a vivir de la tecnología para la guerra – utilizada contra propios y extraños -. Y como suele ocurrir, sin importar el cómo: el propio diario israelí Haaretz publicó informes bancarios que revelaron transferencias de dinero del gigante de la defensa israelí Israel Aerospace Industries, pocos meses después de que se firmara un acuerdo de armas entre ambos Estados, por un valor de 1.600 millones de dólares a dos empresas sospechosas de lavado de dinero para el Gobierno azerbaiyano.

Así es, comprendió bien: un país cristiano (Armenia) le pide a uno judío (Israel) – donde además ambos pueblos han tenido un pasado común de genocidios el siglo pasado -, que deje de vender armas a uno musulmán (Azerbaiyán). Queda claro entonces que la geoeconomía se transformó en un profeso ex ante que la cultura o la religión en la geopolítica del siglo XXI. O dicho de otro modo, en términos pragmáticos: la empatía es dejada a un costado cuando desde Azerbaiyán, Israel importa el 40% del petróleo que consume.

Si a lo expuesto le adicionamos los vínculos en materia de inteligencia, fundamentales para con la contención y prevención del eterno enemigo del Estado Hebreo, Irán, el negocio cierra por todos lados. Es que los persas históricamente han apoyado financiera y militarmente a Armenia, aunque sus declaraciones siempre conlleven un tinte de mesura: la realidad indica que posee una gran población azerí dentro de sus propias fronteras luego del Tratado de Gulistán firmado en el año 1813, que dividió al pueblo azerí en dos al concluir la primera guerra ruso-persa. Por supuesto, nada es porque sí. Y una mano lava la otra. No por nada pocos le creyeron en el año 2011 al entonces presidente de Armenia, Serzh Sargsyan, cuando afirmó que Ereván nunca vendió armamento a Teherán. Y los que dudaban, tenían sus razones: poco tiempo después, el mismo primer mandatorio confirmó que “varias lanzagranadas desechables de alguna forma llegaron a Irán desde Armenia”.

Complementando lo expuesto, podemos afirmar que Medio Oriente es más que un mero proveedor de armas. En este aspecto, no solo en el terreno se encuentran los actores estatales: bajo la nueva lógica de las “guerras hibridas”, junto con los azerbaiyanos combaten alrededor de 4.000 mercenarios enviados desde Siria a la zona de conflicto – a los cuales se les paga alrededor de 2.000 dólares mensuales a cada uno -. ‘Un ejército militar de reserva’, diría algún nostálgico marxista; es que si intercambiemos la palabra ‘industrial’ por ‘militar’, la resignificación teórica no estaría tan desacertada.

Decir que es un secreto a voces, sería quedarnos con gusto a poco: todos saben que los mercenarios han sido pagados por los bolsillos de Ankara. Por supuesto, en un tono irónico digno de la diplomacia, su primer mandatario, Recep Erdogan, sentenció: “Algunos nos dicen ‘enviaron (combatientes) sirios a Nagorno-Karabaj’. No tenemos una agenda así (…) Ya tienen mucho por hacer en su país”. Aunque el apoyo implícito no sea un tema menor, la madre patria de los azeríes se ha comprometido a brindar el sostén diplomático, moral, militar y económico que sea necesario. Es que además, no es nuevo la animadversión total entre el pueblo armenio y el turco, potenciado exponencialmente luego de que los primeros sufrieran un genocidio por parte de los segundos, el cual terminó con la vida de más de un millón de personas entre 1915 y 1923. Sarven Kocak, un economista representante de la comunidad armenia en nuestro país, sostiene justamente que lo peor del genocidio es el no reconocimiento de Ankara, que continúa insistiendo en que aquellas muertes fueron dentro de la racionalidad de un conflicto armado típico de la época. Y las animosidades no solo no aminoran, sino que crecen al calor del nacionalismo turco, inclusive desde el factor económico: “desde hace 25 años, la República de Armenia ha sido sometida por los gobiernos turcos de Turquía y Azerbaiyán a un bloqueo salvaje, que se agrava porque nuestro país no tiene salida al mar”, sostiene con un dejo de bronca y tristeza.

Es que dentro de la permanente puja de intereses económicos que vivimos, tenemos en claro que – aunque lejos está de ser un juego de suma cero -, mientras algunos se perjudican, otros se benefician. Y sino pregúntenle al presidente serbio, Aleksandar Vucic, quien manifestó, sin ningún tipo de desparpajo, que las ventas de armas a Armenia tienen como objetivo central el salvar la industria militar del país: “Azerbaiyán y Armenia son nuestros amigos. Pero la industria militar serbia cuenta con 17.000 personas que necesitan proteger sus empleos. Y sabemos que a quien sea que le vendamos, la otra parte definitivamente estará insatisfecha”. Porque a decir verdad, y para lavar un poco las culpas con agua bendita, la moral puede ser dejada un poco de lado: mientras a algunos el armamento vendido los conduce a una muerte segura en combate, a otros los ayuda a dinamizar los muchas veces constreñidos mercados internos.

Moviéndonos hacia occidente, la Unión Europea ya mostró su interés ulterior durante el incremento de las tensiones en el año 2016: sentenció un enérgico rechazó a la anexión de Nagorno-Karabaj y al uso de la fuerza en la región por parte de Armenia. Es claro: para los países europeos, la tubería que atraviesa Bakú-Tiblisi-Ceyan suministra recursos cruciales para cubrir sus necesidades energéticas. Y no hay mucho más que ello. Porque dentro de Europa, poco importa el conflicto, salvo para quienes también tienen intereses económicos particulares en la industria armamentística. En este sentido, el más claro ejemplo es España, siendo el país ibérico uno de los mayores exportadores de armamento a Azerbaiyán el año pasado. Pero también bajo la lógica de la triangulación. Por ello, el Embajador de Armenia en España, Vladimir Karmirshalyan, realizó recientemente una declaración en tono de desesperación: “Yo no puedo pedir a España que hoy reconozca la independencia de Artsaj; pero sí quiero pedir encarecidamente al gobierno español que desde hoy no venda más armamento a Turquía”.

Ya adentrándonos en nuestro continente, el ministro de Exteriores canadiense, François-Philippe Champagne, informó recientemente que Canadá suspendía las exportaciones de armas a Turquía para “evaluar la situación más a fondo”, ante las afirmaciones de que se estaría utilizando tecnología canadiense en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Con una liviandad y una doble moral más propia del autoritarismo o nepotismo vinculados a los actores en disputa, el país norteamericano se refiere a la venta de armamento como si la misma tuviera el rol de paliar el hambre en el mundo o ayudar a encontrar la vacuna contra el HIV. Estados Unidos, por su parte, no se va a involucrar en el conflicto en medio de su contienda electoral presidencial. Porque a ciencia cierta, los estadounidenses son los paladines del mundo libre, hasta que les urgen las problemáticas domésticas. Que no son pocas en tiempos de crisis económicas, asesinatos de minorías, y un coronavirus fuera de control.

Dado lo expuesto y en cuanto a nuestra querida Argentina, solo nos queda observar y tomar nota de lo conveniente, principalmente para ponernos a trabajar ya sobre lo plausible. Por supuesto, con el desarrollo de una potente ‘economía de la guerra’ no alcanza para que el país salga adelante como un todo. Sin embargo, el potenciar una industria de la defensa como sector estratégico proveedor de divisas y generador de fuentes de trabajo en base a la innovación tecnológica, no es poco para nuestras siempre crecientes necesidades nacionales. Esperemos entonces que el FONDEF recientemente aprobado, financiado con un 0,8% del PBI desde el año 2023 con afectación exclusiva para la recuperación, modernización y/o incorporación de material para la defensa, sea el puntapié inicial para generar una industria competitiva y con capacidad de exportación.

Para concluir, casi no vale la pena aclarar que en todo este entramado geoeconómico, a nadie le importan los miles de muertos que ha habido en pocas semanas, ni los 150.000 habitantes de Artsaj que lo único que quieren es vivir en paz y bajo sus propias costumbres, cansados de reclamar que los dilemas económicos y políticos de los involucrados se dejen de tapar con tumbas. En él mientras tanto, y contrabalanceando impunemente el dolor de las víctimas, los negocios de algunos, los cuales no requieren un justificativo moral y se encuentran más allá del derrumbe de la ética en el fragor de la batalla, serán siempre negocios.

Dr. Jeckyll y Mr. Hyde

Publicado en Ámbito Financiero, el 26-10-2020 por Pablo Kornblum

https://www.ambito.com/opiniones/bolivia/dr-jeckyll-y-mr-hyde-n5142979

Hace ya unos cuantos años, luego de una discusión en una clase de maestría en la Universidad de Sydney, se me acerca un estudiante liberal australiano y me dice “yo se porqué ustedes tienen tanta izquierda en Latinoamérica; simplemente porque la derecha siempre hace mal las cosas”. En aquel momento le respondí que creía que era difícil resumir y simplificar tanto una realidad harto compleja. Hoy en día continúo sosteniendo lo mismo; aunque me atrevo a decir que algo de razón tenía.

 

El breve interregno neoliberal de Añez hizo lo que no debe permitir, prima facie,  ningún gobierno conservador (ni progresista); robar antes que hacer (siendo generosos y haciendo caso omiso a las violaciones a los derechos humanos). Y menos aún en medio de una crisis económica y sanitaria derivada de una pandemia que lejos se encuentra de concluir, donde cada paso en falso desnuda rápidamente las miserias políticas.

 

Más aún, los bolivianos también se encontraron con la misma conjugación de posturas arcaicas y regresivas pre-masistas: solo para citar un par de ejemplos, se propuso la flexibilización laboral a través de la eliminación de la Ley General del Trabajo, avalando el  reemplazo de las relaciones laborales por contratos civiles; o mismo el reglamentar el trabajo por horas – con el apoyo de Camacho -, “para que las mujeres puedan atender las tareas del hogar”. Nada nuevo bajo el sol y en menos de un año de gobierno.

 

En relación a este último, el autoproclamado único candidato de la ‘nueva política boliviana’, se mostró durante toda la campaña como el típico hombre de negocios que ingresa a la política por derecha, como el empresario y actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Lamentablemente, también parece que lo ha copiado en sus malas prácticas corporativas: tal como el primer mandatario estadounidense, las acusaciones de evasión impositiva lo acompañaron durante toda la campaña electoral; en este sentido, la fiscalía sobre delitos económicos lo inculpó de crear tres sociedades offshore con sede en Panamá para su propio beneficio y el de varios particulares y empresas bolivianas que, de este modo, pudieron disimular y blanquear su dinero y establecer planes de evasión fiscal.

 

Por supuesto, Camacho ha negado rotundamente los hechos y, siguiendo al pie de la letra el viejo dicho popular, llevó adelante su contraofensiva basada en ‘la mejor defensa, es el ataque’. En este sentido, su partido aceptó que el problema económico no radicaba en la tasas impositivas aplicadas durante el gobierno de Evo Morales – que en Bolivia nunca fueron elevadas para las corporaciones -, sino más bien por los controles gubernamentales, que se intensificaron desde que el MAS llegó al poder. Claro, los empresarios cruceños no estaban acostumbrados a pagar impuestos. Porque desde las épocas memoriales del general Banzer Suárez, se había instaurado en Bolivia una tradición de amnistía fiscal (o vulgarmente denominada ‘perdón tributario’): cuando un nuevo presidente era elegido, anulaba las deudas fiscales de las elites acumuladas en periodos previos.

 

Pero lo peor de todo, es que más allá de que se encontraban bajo una ‘nueva normalidad’ de tener que pagar impuestos como cualquier mortal en este mundo – ya sea persona física o jurídica -, a las elites de Santa Cruz tan mal no le fue con “el indio”, como Camacho mismo consideraba despectivamente a Morales: desde el año 2010, la tasa de crecimiento del PBI cruceña siempre ha sido superior a la de Bolivia en su conjunto. Solo para citar un año calendario, en 2018 su economía creció a una tasa del 5,8%, un 37,44% superior a la del país como un todo (4,22%).

 

Pero eso no es todo: también se mostraba como una copia fiel del otro ‘outsider regional’, el ex militar brasileño Jair Bolsonaro. No solo mimetizándose bajo su fascismo a través de la Unión Juvenil Cruceñista – creada a imagen y semejanza de las brigadas franquistas españolas -, sino que además genera invariablemente un paralelismo en su fervor religioso, con muchas biblias, ruegos a dios y la defensa irrestricta de la sociedad occidental y cristiana en una cruzada de la fe; legitimando, de este modo, su postura autoritaria con el discurso religioso.

 

Sin embargo, ello no sería el mayor desafío político, en un mundo que se expanden las extremas y languidecen los centros; su principal techo no fue solo geográfico, sino que además fue clasista y demográfico. Por un lado, el crecimiento económico que multiplicó la riqueza de las elites cruceñas, tuvo su consecuente efecto derrame hacia las clases medias y populares, lo que ha derivado a que una gran cantidad de estos últimos votantes hayan entendido que los beneficios recibidos durante tantos años también han sido parte de las políticas económicas del gobierno central. Y por otro lado, los indígenas, que su partido aborrece como pares y disfruta como siervos, son muchos. Demasiado para sus aspiraciones presidencialistas.

 

El otro candidato opositor con mayores posibilidades de llegar a una segunda vuelta, era el ex presidente Carlos Mesa. Enamorado de las políticas neoliberales de ajuste estructural y estabilización económica con alto costo social, como lo pregonaba ya desde su canal de televisión privado en la década de 1980’, debió renunciar a menos de dos años de haber asumido la primera magistratura debido a que a los históricos dilemas socio-económicos, se le adicionó el conflicto ideológico: la llamada ‘Guerra por el Gas’ (sumado a la ‘Guerra por el Agua’ de años previos), fue el disparador de fuertes expresiones de hartazgo de la sociedad hacia el modelo privatizador y de hambre instalado durante la globalización diseñada bajo los parámetros del Consenso de Washington desde principios de la década de  1990’, lo que le quitó cualquier tipo de margen de maniobra y lo obligó a dimitir previo a las elecciones que le dieron la victoria a Evo Morales.

 

Más aún, como la única verdad es la realidad y las comparaciones en política lejos de ser odiosas suelen ser determinantes a la hora de emitir el voto – sobre todo dada la memoria de corto plazo de las mayorías -, fueron muchos los bolivianos que no solo vivenciaron mejoras sustanciales en sus niveles de ingreso reales (mientras el salario mínimo se multiplicó por 5 durante el gobierno de Morales, la inflación de un dígito fue la norma y no la excepción en todo el período), la democratización del servicio de gas natural logró que se pase de un abastecimiento del 3% de la población en el año 2006, a un 50% de la población boliviana en 2019.

 

Con una lectura básica de lo expuesto, al MAS solo le quedaba transmitir lo que la mayoría de los bolivianos quería escuchar: continuar lo que se hizo bien y cambiar lo que hace falta. Además del ingente crecimiento económico (desocupación máxima del 6%, una deuda externa que descendió del 52% al 24%) y las fuertes políticas redistributivas (disminución de la pobreza un 27%, reducción de la desigualdad un 25%, creación del bono Juana Azurduy contra la mortalidad infantil y el bono Juancito Pinto para con la reducción de la tasa de deserción escolar), se volvió a explicar minuciosamente la relevancia de la nacionalización de los hidrocarburos, la estabilización del tipo de cambio que permitió el aumento de los depósitos en moneda nacional, el rol activo del Estado en la inversión pública con financiamiento de las reservas internacionales (construcción de infraestructura hospitalaria, escuelas), o la implementación de la ley de servicios financieros, donde los bancos debían destinar el 60% de sus carteras al crédito productivo y a las vivienda de interés social exclusivamente (con libre disponibilidad del otro 40%), entre otros. En definitiva, una quita marginal en la rentabilidad de las elites que no solo permite dinamizar el consumo interno, sino que además ayuda mantener la tan delicada y frágil paz social. O sea, con una lectura simplista podríamos afirmar que no le hace mal a nadie y ayuda a muchos; aunque para la posición conservadora, la pérdida de poder político real implique mucho más que ello.

 

En tanto la mirada a futuro, el propio Arce realizó una autocrítica y prometió la unidad nacional – como todos los políticos en las diversas variantes de centro, con el objetivo de tranquilizar a los sectores medios-altos urbanos, aquellas pymes y profesionales alejados de las luchas clasistas -, excediendo claramente la exclusividad que significaría representar un bloque étnico-social de matriz plebeya (el vicepresidente Choquehuanca será el vínculo con el movimiento campesino e indígena). Por otro lado, el presidente electo habló de la necesidad de dar paso a profesionales, jóvenes con ‘compromiso’ y sectores sociales que no fueron tomados en cuenta: no hay que olvidar que por la afiliación religiosa del binomio presidencial, siempre fueron propensos a una orientación más dialoguista con la oposición y con las clases dominantes; esto los convierte en figuras más digeribles para la derecha. Finalmente, en lo económico prometió continuar el proceso de industrialización por sustitución de importaciones con mayor tecnología y valor agregado – por ejemplo la producción de diésel orgánico sobre la base del reciclaje de aceite de cocina -; además de profundizar un neodesarrollismo que no perjudique – por no decir que aliente – los grandes negocios de los agroindustriales y la banca.

 

Por supuesto, la historia nos ha enseñado de cíclicas pujas de intereses entre grupos humanos que contraponen diferencias raciales, religiosas, económicas. Por ello, el gobierno de facto saliente, antes de entregar el gobierno, se ha encargado de comprar armas por varios millones de dólares para ponerlas al servicio de la Policía y las FF.AA. Esta decisión no tiene un ápice de ingenuidad: siempre hay que tener a las fuerzas de coerción en el ‘bando propio’. No solo para agradecer por los ‘servicios prestados’ durante todo este año; sino, y principalmente, porque nunca sabe cuando se las pueda volver a necesitar. Ya sea para proteger sus intereses, o para obtener su respaldo para reconquistar el poder; porque en definitiva, deben pensar, siempre se debe sostener la condición de clase que se representa, por la que se sienten legitimados a estar siempre a cargo del gobierno, muy cerca de él, o al menos condicionándolo.

 

En este sentido, ni la propia Añez se cree el primer Tweeter que escribió luego de la victoria de Arce: “Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia”, fueron sus palabras. Una democracia que menos de un año atrás, ella misma y todo el golpismo opositor vilipendio. Pero como en el extraño caso del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde, el discurso enmascara una doble personalidad edulcorada en nombre de la ‘libertad’, junto con una retórica de tinte ultra conservador rociada con agua bendita. Pero que por otro lado, y a los hechos me remito, muestra en su lado más oscuro un desprecio por lo nacional-popular y un racismo asentado en una antinomia decimonónica: “ciudadanos” (ellos) versus “salvajes” (los “otros”, campesino/as indígenas). Si señores. Esa es la visión de ‘modernidad’ de las élites políticas y económicas que retornaron a los meandros del poder en noviembre de 2019.  Intenciones que chocaron contra la realidad sociológica de un país al que quieren gobernar pero, en el fondo, lo desprecian.

 

En él mientras tanto, y tal como diría el filosofo y sociólogo francés, Raymond Aron, “…todos los sistemas sociales son imperfectos, y la política no consiste en la lucha entre el bien y el mal, sino en la elección entre lo preferible y lo detestable”. A pocos días de trascurridas las elecciones, podemos afirmar que aquellos bolivianos que estaban indecisos, dieron finalmente su veredicto. El ‘voto útil’ del mundo rural y urbano popular periférico (incluido el magro 1,55% de Chi Hyun Chung, que había obtenido el tercer lugar en los comicios de 2019 con un 8% en la votación nacional, pero con cifras mayores al 15% en La Paz y Oruro, tradicionales bastiones del MAS), se encontró lejos de aquella visión del mundo de la élite neoliberal, la cual creyó que el MAS terminaría representando un movimiento político circunscripto en una raza guiada obtusamente por la voluntad de su ‘caudillo’. De aquí en más, dependerá de Arce y su gobierno, terminar de ratificar con hechos la confianza que le otorgaron el 55% de los electores bolivianos.

El tren ya paso; ahora solo queda correrlo desde atrás.

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 13-10-2020

https://www.ambito.com/opiniones/argentina/el-tren-ya-paso-ahora-solo-queda-correrlo-atras-n5139767

Algunos hasta se atrevieron a pensar en una “tercera vía” hacia un socialismo post-pandemia. Sin embargo, ya vimos – y debemos entender – que al capitalismo de la competencia salvaje, la acumulación desmedida y el individualismo narcisista, no lo mata ni un virus, ni una guerra, ni nada. Las revueltas presentes para con la mejora de la calidad de vida de las mayorías son siempre marginales; de los cambios revolucionarios, aquellos tan temidos o esperanzadores tal cual los conocimos en el Siglo XX, se pasó a un sistema de grietas que se limitan a quitar y poner marionetas manejadas por las elites globales, las cuales se encuentran a la cabeza de una lógica sistémica que no detiene su marcha.

 

Hemos aprendido que vivimos en el mejor mundo posible. La palabra libertad, entremezclada con confusa suficiencia cuando se la asocia a la economía o los derechos humanos (salvo cuando aparece el COVID-19 y se necesita con urgencia de la asistencia del Estado), se conjuga con el miedo a volver a la fallida utopía socialista. Solo persiste una idea que, lejos de servir para avanzar hacia un sistema superador, proviene de la mano de un miedo centrípeto, circunscripto por la conectividad virtual que nos permite observar el planeta en la soledad de nuestro dispositivo móvil, con el mero objetivo de buscar socios que avalen las ideas y los deseos propios. Lejos, cada vez más lejos, de generar un cambio sistémico. Ni siquiera estructural.

 

Bajo la dinámica descripta, a nuestra Argentina como un todo solo le quedaría alinearse, tanto en términos económicos como políticos. Cierta autonomía ideológica y financiera para con el mundo es ahora inviable; hubiera requerido décadas de solidez institucional, crecimiento económico, transparencia jurídica. Bajos niveles de corrupción y alta eficacia que generen respeto, ya sea en términos endógenos como para con el mundo. Porque mientras el resto del mundo avanza, nosotros continuamos luchando contra nuestros propios demonios.

 

Comencemos observando al viejo continente. Aunque las economías de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) se contrajeron un 15% promedio durante el segundo trimestre de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019, la proyección de decrecimiento para este año se modera hasta el -8%, con expectativas de crecimiento del +5% en 2021 y del +3,2% en 2022. Para generar este proceso de recuperación, el Banco Central Europeo decidió dejar inalteradas las tasas de interés en el mínimo histórico del 0%, como así también ha mantenido los estímulos monetarios comprando bonos de la deuda pública y ayudando a la generación de un Fondo Comunitario Europeo de 750.000 millones euros para sacar adelante a cada uno de los países miembros. Por supuesto, a diferencia de lo que vemos en nuestras latitudes, tienen un plan para con el repago de los préstamos: nuevos tributos comunitarios, impuestos a los productos plásticos tóxicos y a las emisiones de carbono, o mismo  gravámenes a los oligopolios digitales. Un esquema totalmente intra sistémico. Un keynesianismo de manual que no cambia ninguna lógica preexistente.

 

Tampoco la pandemia disminuyó el alto nivel de competitividad que se requiere en la arena internacional. La UE le pidió recientemente a China un vínculo económico “más equilibrada, con mayor igualdad de oportunidades”, tanto en términos comerciales como en relación a las inversiones. Pueden sentarse tranquilos a esperar la respuesta: China no solo se siente cómoda con su programática política económica global detallada con firmeza en cada uno de sus planes quinquenales presentados en las últimas décadas; sino que, sin necesidad de limpiar las culpas morales racionales de cualquier democracia occidental por la expansión del virus, ha reactivado su “socialismo de mercado” a una velocidad a la que solo ellos lo pueden hacer. Los números hablan por sí solos: solo para citar dos variables de relevancia, el mes de agosto pasado las ventas minoristas y la producción industrial crecieron 0,5% y 5,6% interanual respectivamente, previendo una aceleración del PBI para el último trimestre del año.

 

En el otro polo de la gran disputa capitalista por el poder global, los Estados Unidos de Norteamérica se encuentra hoy en medio de una elección que se dirime entre dos candidatos del, cuando no, establishment de Washington y sus satélites de lobistas corporativos. Con un Donald Trump que comenzó su mandato jugando a la política de la seducción y terminó en la arena de la confrontación, pero que en ningún momento desestimó al dios mercado como el hacedor del sueño americano. Su rival, Joe Biden, es un candidato más que moderado; como diría el colega internacionalista Patricio Talavera, el erigido por los demócratas ha sido seleccionado “con los mismos criterios que se aprueba a un yerno”. Igualmente, sea cual fuera el resultado de la contienda electoral, la recuperación económica que se ha estado vislumbrado en el último trimestre se potenciará con un shock de expectativas positivas que posibilitará alcanzar, al menos en el corto plazo, una nueva normalidad económica. Que aunque podría ser distinta en términos productivos, comerciales y financieros a las condiciones pre-pandémicas, lejos estará de ser revolucionaria.

 

Siendo los actores estatales descriptos nuestros principales socios comerciales y financieros – excluyendo Brasil -, la relación con ellos se torna vital. Por un lado, el acuerdo entre el Mercosur y la UE languidece por, teóricamente, las críticas recibidas en nuestro continente por ser responsables de causar un peligroso daño medio ambiental: ello incluye específicamente la afectación de la biodiversidad y el cambio climático,  derivado especialmente de la desforestación y los incendios del amazonas, la explotación minera y energética, la contaminación acuífera, como así también el uso de sustancias químicas indebidas para con la producción agrícola.

 

Aunque los socialdemócratas, verdes y afines en el viejo continente hayan calificado el Stand-By en las negociaciones como “un gran triunfo para los consumidores, el medioambiente, la protección de los animales y los derechos humanos”, la realidad es que vastos sectores económicos europeos ligados a la agroindustria quedarían sepultados con el acuerdo. Y una gran parte de ellos no solo garantizan el pacto social de gobernanza en cada una de las naciones; sino que además son parte del entramado económico y productivo enraizado en las diversas culturas nacionales de la unión. Olvidémonos entonces de la ejecución de un tratado probablemente muy beneficioso para el sector primario de nuestras latitudes: las mastodónticas subvenciones que reciben los productores en el marco de la Política Agrícola Común de la Unión Europea, continuaran in eternum.

 

Por su parte, los Estados Unidos no solo subvencionan su producción agrícola en contra de nuestros intereses; ello no sería nada si no fuera que en el último medio siglo nos han considerado siempre su ‘patio trasero’, hacedores de dictaduras – por supuesto, siempre con complicidad endógena – en pos de que los podamos abastecer y endeudar bajo el rol que ellos mismos nos digitaron dentro de ‘su’ sistema económico y financiero global. Sin entrar en detalles históricos – donde hemos tenido épocas con mayor o menor margen de maniobra, por desavenencias externas o autoprovocadas -, los u$s44.867 millones que recibió la Argentina desde el año 2018 por parte de los Estados Unidos para impedir el asentamiento del comunismo lula-madurista (léase vía FMI con indicación explícita de Trump), solo sirvieron para dolarizar las ganancias de los mismos de siempre, con su respectiva fuga por las puertas giratorias del sistema financiero sin control (o mejor dicho descontrolado) de nuestro bendito país. Cuidado, a pesar de ello, nunca es tarde para aleccionar bajo el manto de la confusión permanente de las masas abstraídas por series sobre mundos místicos o competencias culinarias: los representantes del FMI se encuentran en este momento en nuestro país para “respaldar ajustes estructurales ante una nueva normalidad, lo que incluye que los empleados comiencen y abandonen sus empleos con mayor facilidad”. Traducido: Reforma laboral sin miramientos con los costos socio-económicos que ello acarrea, con tal de que podamos repagar nuestras deudas colectivas para mantener la rueda del sistema funcionando.

 

Lo que no pueden proveer, y es un gran problema para ellos, es una compuerta propia, ni tampoco un acuerdo efectivo con algún actor regional de relevancia que trabaje como pívot estabilizador y buffer contra su enemigo y nuestro aliado (¿circunstancial?), China. Porque, a ciencia cierta, nuestra relación bilateral con la potencia asiática de coyuntural tiene poco y nada: hace años nos hemos rendido a sus pies. Y que quede claro, no por sus cantos de sirena, sino por su enorme ‘billetera de payaso’. Con mayor o menor conveniencia. Porque nos compran todo lo que nuestro campo pueda ofrecer. Como contraparte, adquirimos sus bienes de capital (telecomunicaciones, agroindustria), absorbemos sus inversiones (nucleares, de infraestructura), y tomamos sus préstamos a la tasa de interés ofrecida sin chistar. Pero además, nos permiten realizar acciones de compra/venta en ambas monedas nacionales, generar contratos a futuro en yuanes, como así también avanzar intempestivamente hacia la construcción de la nueva Ruta de la Seda Sudamericana con ‘mirada argentina’: una Asociación Estratégica Integral que se espera permita concretar proyectos de agua y saneamiento, vivienda, conectividad, energía renovable e infraestructura de transporte en nuestro país.

 

Todo bajo el lema “Winner takes all” (o sea, donde todo el proceso de desarrollo quedará en manos chinas). Pero la voracidad del único ganador con todas las letras no termina aquí. En la reciente conversación que mantuvieron Xi Jinping y nuestro primer mandatario, Alberto Fernández, el presidente chino le pidió la colaboración del país para fortalecer la relación de China con América Latina, el Caribe y el Mercosur; sobre todo para poder tener una participación más activa en la Comunidad de Estados Latinos y Caribeños (Celac). Y si, la geopolítica es fundamental. Y aquí ya entramos en un tema aun más ‘espinoso’; el statu-quo del sistema económico es inamovible, pero la distribución de poder entre las principales potencias es flácida, cambiante, tensa.

 

Por ello la estación especial de Neuquén, cuyo manejo es la conjunción de intereses del Partido Comunista Chino a través del Ejército Popular como órgano ejecutor, complementa todo aquello y más: le adiciona el componente geopolítico en plena disputa por los recursos naturales estratégicos (ya sea geológicos o marítimos), la proyección Antártica, la guerra electrónica y satelital. Para citar un ejemplo, el eventual uso dual (militar y civil) implicaría la eventual intercepción de satélites de Estados Unidos o la UE. ¿Quién lo puede afirmar? Bajo el hermetismo reinante, seguramente no nuestro país. Igualmente, a sazón de la verdad, durante el gobierno de Cambiemos se agregó un anexo para especificar que la estación sea para uso pacífico y no belicista. En fin, lo que sea “pour la galerie”.

 

En realidad, para nuestro país, mejor dicho para nuestros políticos, lo más relevante es que los chinos, a diferencia de los creadores de la ‘Doctrina Monroe’, no se inmiscuyen en los asuntos de política doméstica. Ideal: un país que nos financia el déficit y no pregunta por qué lo generamos. Y que se encuentra siempre listo para activar parte o la totalidad de los 18.500 millones de dólares del Swap en caso de que lleguemos a una crisis de aún mayor complejidad que la actual. Por ello, los acuerdos bilaterales nunca se han truncado desde el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio en el año 2001. Ni con el actual gobierno argentino, ni con el anterior, ni con el anterior del anterior.

 

Igual, seamos sinceros, ¿para qué nos van a cuestionar? Argentina tiene un déficit comercial crónico con China (-2.000 millones de dólares en 2019) que se remonta a finales de la década pasada. Salida de divisas que ellos mismos nos financian: negocio redondo para el gigante asiático. Y para unos pocos de los nuestros: los sojeros y la industria cárnica siguen de parabienes. Pero también para algunas de nuestras castigadas economías regionales. Sino observemos la ansiedad manifiesta de varios gobernadores esperando obtener alguna tajada de los 4.000 millones de dólares de inversiones para la concreción de las 12.000 granjas que se instalaran en nuestro país – con su respectivo efecto derrame socio-productivo -, para abastecer con 900.000 toneladas anuales de carne de cerdo a China. Si, ya sabemos que ciertos actores políticos y organizaciones sociales y medioambientales ya han puesto el grito en el cielo por el alto nivel de contaminación que repercutirá en nuestras aguas y suelos, o mismo con las emisiones diarias de gases letales como el dióxido de carbono y el metano. Pero ni a los chinos, ni a las elites políticas de nuestro país – debe ser uno de los pocos temas que ha saltado la grieta entre el oficialismo y el principal partido de oposición -, ni al sistema económico de acumulación global les importa. Es más, a algunos políticos y empresarios les quedaron revoloteando las últimas palabras de Xi hacia Fernández: “Queremos que más productos y con más valor agregado ingresen a China”. ¿Podremos generarlos? ¿Podremos competir? Difícil, para no decir muy poco probable, al menos en el corto plazo. Pero bueno, suena bien. Y el show debe continuar.

 

Vivimos en la Argentina del los proteccionismos agresivos, de las liberalizaciones salvajes. De la destrucción de las instituciones y sus bases filosóficas. De los mercados eternamente monopólicos que presionan a gobiernos débiles, inertes, o cómplices para que apliquen las medidas que ellos demandan. De la corrupción enraizada, entremezclada con una conjunción explicita de ineficiencia e ineficacia. De las crisis económicas permanentes que, como indica el Dr. Julián Zicari, son, por sobre todas las cosas, grandes mecanismos de transferencias regresivas de ingresos. De la pobreza invariablemente creciente (del 6% en la década de 1970’ al 40% actual), la cual conlleva a un capital humano cada vez más obsoleto para los requerimientos productivos del mundo actual. De la asfixia y la falta de incentivos para muchas Pymes que quieren producir verdaderamente para abastecer a la economía real. Todo ello, en su conjunto, ha provocado nuestro retraso letárgico, opuesto 180 grados a los requerimientos que implica la lógica sistémica trasnacional actual. Evidentemente, estamos muy lejos de los que soñamos un país de vanguardia, de relevancia.

 

Para concluir, nos encontramos en un mundo embebido en una dinámica económica donde los Estados y sus elites corporativas avanzan como un tren a toda velocidad. Y ello no va a cambiar. O el sistema lo cambiamos nosotros, los argentinos, para generar una nueva racionalidad superadora – lo que es altamente improbable -, o la Argentina se adapta, definitivamente y de una vez por todas, de la mejor forma posible a un sistema exigente que no permite falencias ni fisuras, y donde las fracturas domésticas y para con terceros se pagan caro. Lamentablemente, sea cual fuera el caso, ahora estamos corriendo al tren muy lejos desde atrás.

El FONDEF y la trascendencia como prioridad

Publicado en Ámbito Financiero el 28-09-2020

https://www.ambito.com/opiniones/fuerzas-armadas/el-fondef-y-la-trascendencia-como-prioridad-n5136059

El dólar, la inseguridad, la inflación; la corrupción y la pobreza. Tenemos todo y, en muchos casos, al por mayor. Que trasvasan la visión panóptica de cada individualidad – y hasta diría de cada posición moral -; pero tienen una característica común: se centran en la coyuntura, en la problemática de la inmediatez, de lo que debemos solucionar ahora mismo. Que son fundamentales y, dada su continuidad temporal (y la incapacidad de eliminarlos de quienes detentan las máximas responsabilidades), terminan siendo de trascendental relevancia para el devenir de nuestro país. Porque la referencia para con el trascender no es menor: allí es donde se encuentra la base para, definitivamente, construir una sociedad mejor. No para nosotros, los argentinos del hoy; sino y principalmente, para las futuras generaciones.
La Ley que ha creado el Fondo Nacional de Defensa (FONDEF) para con el reequipamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas, pareciera poseer este espíritu superador: el mismo será afectado para la recuperación, modernización y/o incorporación de material para la defensa; el favorecer la sustitución de importaciones a través del desarrollo de proveedores, como así también la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa; el promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable por medio de un mayor escalonamiento tecnológico; y el incrementar las acciones de investigación y desarrollo, tanto en el sector público como en el privado, mejorando las condiciones de creación, difusión y asimilación de novedosos bienes y servicios por parte de la estructura productiva nacional. Como primer eje de trabajo, se buscará revitalizar las grandes fábricas como Astilleros Río Santiago, Tandanor, y la Fabrica Argentina de Aviones (FAdeA); como así también Institutos de innovación e investigación, como el INVAP, el cual aportará su reconocido desempeño internacional. Se estima – y se espera – generar aproximadamente 14 mil puestos de trabajo de manera directa.Es probo a lo largo de la historia mundial: generar una Industria de la Defensa Nacional de vanguardia es fundamental y estratégico, ya sea en su rol como motor de la economía nacional y sus efectos multiplicadores pro-positivos – incluida la generación de miles de puestos de trabajo -; por el ingente aporte de tecnología de punta (drones, cyberdefensa, la carrera espacial); la investigación y el desarrollo realizado por el Capital Humano altamente calificado; o mismo el fortalecimiento de las cadenas de valor de pequeñas y medianas empresas. En definitiva, vital para lo que representa una Argentina donde la oferta de producción nacional languidece cíclicamente, la escases de divisas es una habitualidad, y las frecuentes recesiones se encuentran siempre a la vuelta de la esquina.

Al día de hoy, el presupuesto militar de Argentina representa el 0,7% del PBI – uno de los más bajos inclusive en la región -; el cual tiene como destino principal los gastos corrientes, dejando muy poco margen para la inversión en capital, el entrenamiento, los ejercicios y despliegues. Y aquí reside una necesidad clave, un deber ser con el cual nos tenemos que reencontrar luego de décadas de desidia: se invierte en defensa no solo con el concepto final de estar preparados para la guerra, sino para ser soberanos en el manejo de la tecnología y evitar la dependencia externa. En un mundo donde la interdependencia compleja es una realidad, los medios de guerra suelen tener piezas y armados que involucran el desarrollo, la producción, el financiamiento y la logística de diversas empresas y países.

Es por ello que el FONDEF cumple un rol complementario que oxigena con una clara finalidad: no puede ser asignado para incrementar el personal ni para fortalecimiento de las instituciones, sino exclusivamente para equipar a las Fuerzas Armadas. Por ende, es un aporte independiente de los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el presupuesto nacional. En cifras concretas, el Fondo estará integrado con el 0,35% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual el año 2020, el 0,5% para el año 2021, el 0,65% para el año 2022 y el 0,8% para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios.

Por supuesto, los fondos especiales y las partidas específicas no son un tema exclusivo de nuestro país, sino de todo aquel Estado que defiende los intereses geoeconómicos y geopolíticos de su población como un todo – luego dependerá de la política redistributiva para afianzar el bienestar micro -. Porque las potencias con visión estratégica de largo plazo lo tienen bien en claro: aunque la ideología se torna una variable de relevancia a la hora de tomar la decisión de apoyar a tal o cual Estado u grupo en conflicto (ya sea diplomáticamente o a través de la venta de armamento), en la arena internacional son todos potenciales enemigos, mientras que los beneficios que se pudieran obtener de las ganancias geoeconómicas y geopolíticas, redundarán en ganancias domésticas que, como mínimo, podrán ayudar a aliviar las tensiones sociales.

En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, del propio presidente Donald Trump llevó al Congreso una propuesta para crear una Fuerza Espacial que costará 13.000 millones de dólares en los próximos cinco años. Sus responsabilidades incluyen el “desarrollar profesionales y adquirir sistemas militares del espacio, junto con el madurar la doctrina militar para la potencia espacial”. Lo más interesante es que el presupuesto destinado al cosmos es adicional a los ya inmensos 740.000 millones de dólares correspondientes para la cartera el corriente año, superando los niveles máximos alcanzados durante las guerras de Corea y Vietnam. Evidentemente, la histeria anti-China, que ha emergido como la ‘amenaza central’, requiere recursos infinitos.

Su partenaire chino, cuenta con un gasto militar anual, ‘declarado oficialmente’, de 178.000 millones de dólares. Sin embargo, su presupuesto crecerá este año un 7,5%, por encima del incremento del PBI previsto previo a la pandemia del COVID-19 (entre el 6% y el 6,5% del producto). En este sentido, Xi Jimping quiere completar la modernización del Ejército Popular de Liberación para 2035, cuyo objetivo final es conseguir unas fuerzas armadas de primera clase capaces de imponerse en cualquier tipo de guerra para el año 2050. Para ello, está desarrollando o ha adquirido, algunos de los sistemas de armamento más modernos del mundo, desde sistemas de misiles hipersónicos a novedosos submarinos nucleares.

Cabe destacar que las esquirlas de la disputa por la supremacía global no son menores en esta ‘nueva guerra fría’. Y la tecnología para la defensa juega un rol central. El Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, anunció hace pocas semanas que en la próxima década se destinarán 575.000 millones de dólares para las Fuerzas Armadas australianas, incluyendo una ampliación de 270.000 millones de dólares para la adquisición de armamento militar (la mayor parte destinado a compras a los Estados Unidos). “Las relaciones entre China y los Estados Unidos son muy difíciles, ya que compiten por la supremacía política, económica y tecnológica; tenemos que estar a la altura de las circunstancias”, enfatizó en una entrevista reciente, mientras se jactaba de haber excedido la promesa previa de su propio gobierno de incrementar el gasto militar anual al 2% del PBI; todo ello, mientras el país sufre la primera recesión en casi 30 años y la desocupación tocó un techo record de 9,4% por el COVID-19.

En el caso del viejo mundo, hace pocos meses el Parlamento Europeo adoptó el primer programa comunitario – denominado Fondo Europea de Defensa – para financiar el desarrollo de nuevos productos y tecnologías en el ámbito militar, incrementar la eficiencia en el gasto del sector, e impulsar la innovación en defensa. Ello implicará la cooperación entre los Estados miembros en la producción de tecnología y equipos de defensa avanzados e interoperables, como así también alentará la participación de las pequeñas y medianas empresas en proyectos colaborativos. ¿Los números? Nada despreciables 13.000 millones de euros para el periodo 2021-2027.

Uno de sus objetivos es continuar endureciendo su posición ante Rusia, derivado de un desgaste permanente en la relación desde la crisis de Crimea en 2014. Para los rusos, esta dinámica es parte del TEG global: el éxito obtenido en Siria está permitiendo que, consolidada ya su posición de actor imprescindible en Medio Oriente y ampliando su ambición al Mediterráneo Oriental, África e Iberoamérica, continúe con su política de potenciar la tecnología militar para viabilizar más rápidamente su proyección a nivel global. En el mientras tanto, pandemia de por medio, el Ministerio de Defensa ruso ha utilizado su industria para con la construcción de 16 centros médicos multifuncionales en 15 regiones de los distritos militares occidental, meridional, central y oriental del país; todo a cargo de la principal contratista del ejército, la Compañía de Construcción Militar (VSK, en sus siglas en ruso), con un presupuesto de aproximadamente 120 millones de dólares.

Más cercano a nuestro país, tenemos el caso emblemático de Chile. La ley Nº 13.196 indica que la empresa estatal de cobre Codelco debe destinar el 10% de sus ventas al exterior a las Fuerzas Armadas, donde el monto tiene un piso mínimo establecido de 180 millones de dólares. En sentido similar al FONDEF argentino, todos los recursos derivados de la Ley del Cobre deben ser destinados a la compra de armamento. Sin embargo, y aunque los montos no han sido significativos, en algunos años se han utilizado parte de estos recursos para financiar el costo civil y militar de desastres naturales (2010, 2011, 2015 y 2016). Otro punto a resaltar es que como las grandes inversiones muchas veces implican compromisos de alto costo y largo plazo, los recursos devengados pueden ser menores a los montos efectivamente autorizados. Finalmente, como los recursos aportados por Codelco suelen ser mayores que los gastos efectivos en la compra de armamento, a lo largo del tiempo se han ido acumulando excedentes en el Banco Central de Chile; ello ha conllevado a un álgido debate político sobre el destino final de los mismos, sobre todo ante una sociedad tan desigual y altamente privatizada en servicios esenciales, como lo son la salud y la educación.

En definitiva, la dinámica nacional e internacional muestran que la modernización y la tecnologización de los medios y las herramientas de las Fuerzas Armadas, se encuentra, como mínimo, en la ‘picota’ de las discusiones políticas claves para con el devenir económico, político y social de cada uno de los Estados-Nación. Por ende, nosotros como argentinos tampoco debemos olvidar un fin esencial y estructural que debemos perseguir: el garantizar la soberanía de los espacios aéreos, terrestres y marítimos; como así también el coadyuvar a repensar, porqué no, los desafíos del futuro que ya se disputan hoy en día las grandes potencias y que nos impactan directamente; la proyección antártica, la disputa espacial, la guerra cibernética. Es por ello que debemos proteger nuestros recursos estratégicos (el agua dulce, el capital ictícola, la agricultura sustentable), mostrarnos cohesionados y fuertes ante los desafíos cibernéticos y satelitales, y sobre todo generar escenarios de empatía para con la protección denodada de nuestras fronteras (especialmente poniendo el eje para con los esfuerzos en nuestro mapa bicontinental).

Porque de no ser así, continuaremos llegando siempre tarde, siempre lentos. Un pequeño ejemplo paradójico es que en la misma sesión que se aprobó el FONDEF, unos minutos antes la Cámara había aprobado un incremento en las multas sobre la pesca ilegal en aguas argentinas. ¿Qué hubiese sucedido en los últimos años si las embarcaciones de la Armada hubieran tenido la tecnología de última generación y las capacidades de disuasión apropiadas durante el patrullaje en su zona de control? Usted ya tiene la respuesta.

Realmente no vale la pena mirar para atrás exclusivamente para llorar por la riqueza perdida. Solo esperemos esta vez estar a la altura de las circunstancias y, de una vez por todas, sepamos aprovechar la oportunidad que tenemos por delante. Para ello debemos ser eficientes y eficaces; sobre todo cuando se requiere ser quirúrgico a la hora de realizar el gasto técnico y la inversión tecnológica para alcanzar objetivos que deben ser evaluados con suma inteligencia. Pero además y muy especialmente, evitando las filtraciones financieras espurias que, lamentablemente y en muchas ocasiones con razón, puedan generar cuestionamientos de las diferentes vertientes políticas. Porque el FONDEF debe ser una política de Estado, que debe perdurar. Por el bien de nuestros hijos y nietos, es hora de que hagamos bien las cosas.