Los servicios esenciales y el mundo de las comparaciones

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 14-09-2020

https://www.ambito.com/opiniones/servicios/los-esenciales-y-el-mundo-las-comparaciones-n5132624

Hace pocas semanas, el gobierno argentino ha declarado servicios esenciales a la TV, Internet y los teléfonos celulares. Las razones esgrimidas desde el ejecutivo son claras: “El derecho y el acceso a la conectividad abren puertas a otros derechos y a otros accesos, como son la educación, los consumos culturales, la capacitación, el trabajo y la producción”. Por ende, se ha decretado el congelamiento de tarifas hasta fin de año, una mayor regulación del Estado – sobre todo para poner límites a los incrementos de precios -, la obligación a las empresas a proveer una tarifa básica universal que sea accesible para todos los ciudadanos, y la promoción de la competencia en un mercado ‘altamente concentrado’.

Como no podía ser de otra manera bajo la lógica puja de intereses permanente, desde algunos sectores salieron inmediatamente a discutir la medida. Por ejemplo, la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI) sostuvo que una mayor intervención del Estado no solo no asegura el objetivo último que se declama, que es la universalidad de la conectividad a internet, sino que, como ha sucedido en otras oportunidades, probablemente genere un menor desarrollo y penetración de los servicios de banda ancha.

En sentido similar, GSMA América Latina – entidad que representa a operadores móviles y compañías relacionadas – expresó que medidas que modifican las estructuras de precios en mercados en competencia, con una proporción significativa de insumos dolarizados, resultan regresivas en materia de inversión en infraestructura digital y nuevas tecnologías. Como consecuencia, lejos de garantizar el acceso a todos los ciudadanos, las disposiciones ponen en riesgo la calidad de los servicios para el consumidor y la ampliación de la conectividad, pudiendo redundar en un aumento de la brecha digital.

Más allá de la discusión de la eficacia y el objetivo del DNU en sí, lo que volvió a generar resonancia pública en términos internacionales es la declaración del primer mandatario en una entrevista radial, en la cual sostuvo que “admira a Noruega y Finlandia, y en estos dos países son servicios públicos”. No es la primera vez que se compara nuestro país con otro: solo para citar un ejemplo reciente, el gobierno puso énfasis sobre los resultados positivos que, en términos relativos con Suecia, nuestro país estaba obteniendo en la pelea contra el COVID-19.

En esta ocasión, la Embajada de Finlandia en Argentina salió a responder. O como seguramente explicarán, solo buscaron ‘clarificar’ la expresión de nuestro presidente. En este aspecto, los finlandeses son muy puntillosos y precisos a la hora de llevar a cabo sus políticas de Estado. Siempre con mucho respeto y de manera diplomática: no por nada estuvieron décadas de guerra fría lidiando bajo el fino equilibrio de su modelo pro-occidental (sellado definitivamente con su ingreso en la Unión Europea en 1995 y el acercamiento a la seguridad que le brinda la OTAN a través del programa Asociación por la Paz), y la necesidad de ser cordiales con su vecino soviético, de quien se independizó en épocas de revolución bolchevique: ello a pesar de que la emancipación le costara la cesión de un 10% de su territorio a la Unión Soviética, pagos durante décadas de indemnizaciones de guerra, así como permitir que supervisara su política exterior. Sin embargo, siempre con el pragmatismo inteligente que los caracteriza, los finlandeses convirtieron el dolor en aprendizaje: como ellos mismos lo sostienen, el resarcimiento terminó siendo algo positivo para Finlandia, porque obligó a desarrollar y diversificar su industria, como así también creó la base para unas buenas relaciones comerciales con Moscú, las cuales se mantuvieron después de saldar esa deuda.

Para comenzar, cabe destacar que la divergencia no se encontraría en el espíritu del DNU. Más aún, el país nórdico sancionó en el año 2010 el derecho a una conexión a Internet de como mínimo 1 Mb/s (que fue ampliado hasta los 100 Mb/s en 2015), justificado por ser una ‘necesidad básica’ dado que, según palabras del propio gobierno finlandés en aquel momento, “sin esta tecnología, nuestra economía se estancaría”. Sin embargo, el comunicado oficial actual asegura que “el mercado finlandés en general se basa en la competencia abierta entre sus actores, donde se busca que se genere permanentemente nuevas oportunidades de negocios, se promuevan las exportaciones – dado que endógenamente es un mercado pequeño -, y se pueda aumentar la línea de servicios, lo que propicie un clima de mayor elección y precios competitivos para los consumidores”.  En este sentido, el salario promedio en Finlandia se encuentra en torno a los 4000 Euros mensuales. ¿Cuánto vale un servicio completo de Internet con Cable en Finlandia? Entre 35 y 50 Euros por mes. Así es, no se haga malasangre si hizo la relación salario promedio/costo del abono en nuestro país. Menos en términos de la calidad del servicio ofrecido.

Pero además, para que el modelo sea sustentable, ha sido crucial la inversión en Investigación y Desarrollo, que en Finlandia llega al 3% del PBI, la cual proviene un tercio del Estado y el resto lo aportan las empresas. Es un modelo público-privado de fomento a la innovación y a la exportación – que incluye de manera decisiva a las universidades – el cual promueve un desarrollo realizado de manera eficiente y eficaz. Como dicen los finlandeses: “Si vamos a ser capitalistas, vamos a hacerlo como mejor funciona”.

Es por ello que al mirar hacia afuera (tema tan debatido en nuestro país; el cómo  conseguir las tan preciadas y necesarias divisas), Finlandia además se especializa en la venta al mundo de tecnologías de la información y telecomunicaciones – incluyendo bienes electrónicos de primera línea -, coherente con sus políticas en general y medioambientales en particular. En este sentido, Sanna Marin, la primera ministra más joven del mundo, se ha empeñado en lograr la descarbonización de la economía finlandesa para el año 2035; para ello, ha propuesto que la generación de riqueza se desarrolle primordialmente a través de la creación, utilización y venta de servicios digitales (catalogado por muchos como el país del mundo con mayor innovación per cápita del planeta), la cual es mucho menos dañino que la producción de hidrocarburos.

Es importante recalcar que su racionalidad exportadora se encuentra enmarcada en un balance ‘anti-grieta’ donde todos los sectores aportan, desde su máxima eficiencia y con el mayor valor agregado posible, para con la generación de una balanza comercial superavitaria (las exportaciones representan más de un tercio del PBI de 234.000 millones de Euros). También aquí se puede observar que alejados se encuentran de nuestra eterna pelea entre el campo histórico proveedor de divisas; la industria políticamente protegida y carente de competitividad que sufre los vaivenes cíclicos de los costos, la inflación y las recesiones que afectan frecuentemente al mercado interno; y un sector de servicios con cierto valor agregado de tecnología que, con ganas de crecer, en una gran cantidad de ocasiones se encuentra con los retos de una macroeconomía siempre inestable, una todavía letárgica ayuda del Estado, y ciertos vicios propios de la dinámica a veces corrupta, ineficiente y monopólica.

Volviendo al comunicado, desde la Embajada indicaron que “el Estado garantiza la disponibilidad de los servicios básicos de comunicaciones para toda la población, donde si fuera necesario se movilizan fondos públicos. Y la buena calidad de los servicios básicos está estipulada por legislación: todos los consumidores y las empresas finlandesas tienen derecho a una suscripción telefónica asequible, así como a una suscripción de banda ancha de 2 Mbit/s en su lugar de residencia permanente o su ubicación comercial”. No es altruismo, sino lógica y racionalidad pura. El sector de los Servicios emplea a cerca de 3/4 de la población y representa más de 70% del PBI. En un mundo como el actual, es imposible producir y competir sin la tecnología adecuada.

Para ello, es indispensable contar con una de las principales claves del éxito finlandés: un sistema de educación universal, pública y gratuita, reconocido como uno de los más avanzados del mundo, que ofrece a todos los jóvenes las mismas oportunidades. Por supuesto, con docentes con sueldos superiores a la media del mercado. Pero además, sólo los mejores y más preparados estudiantes pueden convertirse en maestros y profesores: en el exigente sistema finlandés, sólo cerca del 10% de los candidatos suelen ser aprobados para cursar la maestría obligatoria en la universidad. Como se diría, la tan preciada y necesaria ‘meritocracia’.

Para los finlandeses, este es un tema que no se discute. Desde su gobierno indican que “Es una obligación moral, pues el bienestar y en última instancia la felicidad de un individuo depende del conocimiento, de las aptitudes y de las visiones del mundo que son proporcionadas por una educación de calidad. Pero también un imperativo económico, ya que la riqueza de las naciones depende cada vez más de las habilidades y el conocimiento”. O sea, no solo existe el servicio tecnológico esencial de telecomunicaciones de primera calidad, sino también están los usuarios que tienen la accesibilidad, los recursos, las herramientas pedagógicas, el capital humano y las capacidades para utilizarlos. Y no, no sería concebible para los finlandeses que existan niños que en plena pandemia tengan que trasladarse a la escuela más cercana para poder conseguir una computadora para estudiar; o mismo aquellos que se dirigen a espacios públicos para tratar de ‘enganchar’ alguna red con Wi-Fi y poder, de este modo, realizar la tarea escolar. Menos aún docentes con salarios por debajo de la línea de pobreza.

Por supuesto, hay luces y sombras, como en todas las latitudes. Por ejemplo, el país convive con un rápido envejecimiento de la población que erosiona la posibilidad de sostener el Estado de Bienestar; este objetivo además genera una deuda pública creciente que no se compatibiliza con la necesaria prudencia macroeconómica que requiere ser parte de la Unión Monetaria Europea (el cual muchos creen que fue un golpe de ‘Knock Out’ para la relevancia global que tenía hasta hace unos años la emblemática compañía de telefonía móvil Nokia). O bien la doble moral que nos retrotrae a nuestra conocida ‘Botnia’, con los impactos medioambientales que provocan sus plantas de celulosa en el vecino país oriental. En definitiva, como dice el refrán popular, solo dios es perfecto. Y los finlandeses son seres humanos. Como nosotros.

Sin embargo, hay cuestiones que para los finlandeses están claras y no se negocian. Es considerado en todos los rankings globales en el TOP 5 de los sistemas judiciales más independientes del planeta, las empresas más éticas, y donde los ciudadanos disfrutan de mayores niveles de libertad personal, elección y bienestar. Eija Rotinen, embajadora de Finlandia en Chile, lo grafica con claridad “La razón para la confianza que hay en la ciudadanía hacia el gobierno es la igualdad (el índice de GINI es de 0,257, lo que la hace una de las sociedades más equitativas del mundo). En todas las escuelas de Finlandia, ahí se puede ver al hijo de un empresario estudiando junto al hijo de un obrero. Ello genera empatía y estabilidad”.

Y allí es donde los finlandeses redoblan la apuesta. La educación pública de alta calidad no es el resultado de instrumentos pedagógicos por sí solos, sino también de políticas sociales.  Esta manera para alcanzar compromisos y abordar los desafíos de la ciudadanía a través de procesos democráticos, los finlandeses lo resumen muy bien con una palabra propia: “talkoo”. Ello significa “Trabajar juntos, de forma colectiva, en pro de un objetivo común específico; ya sea almacenando la cosecha, guardando la madera o recaudando dinero. El asunto es cooperar. Todos juntos, por igual”.

Por ende, por ahí sería positivo comparar menos y copiar más. Nadie dice desentenderse de las especificidades históricas, culturales, sociales; pero la realidad es que, solo para citar uno de los ejemplos descriptos, el tener docentes enormemente capacitados bajo una educación pública de excelencia, con sueldos más que dignos para que puedan focalizar su mente en lo único que debieran hacerlo – que es el enseñar para con el bienestar de la sociedad toda -, nos vendría bastante bien. Es más, tendría que proclamarse como un ‘deber ser’ para todo país que quiera progresar. Mientras tanto, si no se atacan fehacientemente los problemas estructurales de manera abarcativa, los cambios marginales – léase los parches de siempre – solo profundizaran el inerte intento de escapar del ‘fango’ en el que estamos inmersos desde hace décadas. Porque a decir verdad, y sin tratar de realizar una auto-reflexión superadora, al día de hoy solo nos queda el respirar hondo previo a un simplista suspiro que, indefectiblemente, derivará en un “Que lejos que estamos…”

La peor noticia

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero 31-08-2020

https://www.ambito.com/opiniones/ninos/pobreza-causa-consecuencias-y-el-impuesto-los-ricos-n5129031

El dólar. La inflación. La negociación de la deuda externa. La reforma judicial. La ley del aborto. La inseguridad. Todos temas de enorme relevancia y actual discusión en nuestro país. Pero hay uno que sobresale del resto, o por lo menos así debiera serlo. El más relevante, la raíz causal de mucho de lo mencionado previamente. El más doloroso, dado que conlleva las peores consecuencias para el futuro. Hace pocas semanas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indicó que, según sus últimas estimaciones (en base a datos del INDEC y pronósticos del FMI), entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 la cantidad niños pobres pasaría de 7 a 8,3 millones en Argentina (el 62,9% del total).

Por supuesto, el dilema no es exclusivo de nuestro país, sino que es sistémico y global. Según el mismo Organismo, se espera que para fin de año 672 millones de niños en todo el mundo vivan en hogares pobres. Desde la óptima más pesimista – diría la más realista – a estos números habría que agregarle aquellos millones de niños que sobreviven con un poco más de lo que denota el frio indicador de la línea de pobreza (con sus familias con ingresos de 3, 4 o 5 dólares diarios), en adición de quienes – para generar todavía un análisis con mayor precisión – pertenecen al núcleo de lo que se denomina la “pobreza multidimensional” (los niños que no poseen acceso a una salubridad apropiada, educación mínima, agua potable, infraestructura básica, etc.).

Más aún, la ONG trasnacional Save The Children, la cual trabaja codo a codo con UNICEF, agrega que ya antes de la pandemia dos terceras partes de los niños y las niñas del mundo carecían de acceso a cualquier forma de protección social, lo cual le impide a sus familias resistir las crisis financieras que perpetúan el ciclo vicioso de la pobreza intergeneracional. Por otro lado, en el informe titulado A Future for the World’s Children? realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la prestigiosa revista médica británica, The Lancet, se concluyó que la salud y el futuro de todos los niños y adolescentes del mundo – pero recalcan sobre todo de los más vulnerables – se encuentran bajo la amenaza inmediata de la degradación ecológica, el cambio climático y las prácticas de comercialización explotadoras que los empujan a consumir productos dañinos para su organismo. Por nuestros lares, Mónica Rubio, asesora en política social de UNICEF para América Latina y el Caribe indicó que “la mayoría de los niños de la región conviven en permanente riesgo de contraer enfermedades que se pueden hacer crónicas, suelen rezagar su educación – lo que los termina excluyendo del sistema -, y es tristemente común que padezcan períodos de hambre o malnutrición que, aunque sean cortos, pueden dejarles secuelas para toda la vida”.

Evidentemente, los niños que no poseen una calidad de vida digna en el mundo son – inmoralmente a esta altura del siglo XXI – demasiados. Porque un niño subalimentado es una tragedia. Miles de millones carentes es, directamente, un tácito genocidio intolerable.

La principal razón por la que esto ocurre es, indudablemente, la inequitativa distribución de los recursos a nivel global. Porque la creación de riqueza y la acumulación de capital – real o ficticia/financiera -, ha sido tendencialmente creciente desde la aparición del sistema capitalista tal cual lo conocemos. Y continuará siéndolo. Un estudio de los académicos James Davies, Rodrigo Lluberas y Anthony Shorrocks para el Global Wealth Databook de 2019 es esclarecedor: a finales del año pasado, 47 millones de personas adultas en el mundo (el 0,9% del total de los mayores de edad) tienen activos por más de 1 millón de dólares, acumulando el 43,9% de la riqueza global. Del otro lado de la pirámide, 2.883 millones de personas adultas (56,6% del total) poseen bienes por hasta 10.000 dólares, lo que en su conjunto representa solamente el 1,8% del patrimonio global.

La disparidad descripta es abismal tanto a nivel inter como intra-estatal. Los niños de Corea del Sur, Noruega o Australia tienen la totalidad de necesidades básicas satisfechas, como así también las mejores posibilidades de supervivencia y bienestar; como contraparte, la mayoría de los niños en Chad, Bangladesh o Haití son sumamente pobres y su futuro se podría describir, como mínimo, de lúgubre a desesperanzador. Por otro lado, endógenamente los países también tienen diferencias – a veces increíblemente abismales – entre las diferentes regiones o los sectores socio-económicos. Por ejemplo, en la región de Kampala en Uganda, la pobreza no llega al 6% de la población; mientras que en Karamoja, dentro del mismo país, la pobreza afecta al 96,3% de sus habitantes. Y en la India, mientras los hijos de las castas superiores se reciben de ingenieros en las más prestigiosas universidades del mundo, cientos de millones de Sudras (la casta inferior) sobreviven con enormes carencias de todo tipo.

 

Podríamos repreguntarnos y discutir interminablemente cómo llegamos a esta situación en nuestro país y en el mundo. Pero no. El tiempo es valioso y estamos urgidos de dar respuestas rápidas, efectivas, contundentes. Lamentablemente, no es tan sencillo de alcanzarlas; hay un sector no menor de la sociedad global, que trasvasa las clases sociales, que ya se hartó de tanto espacio para los reclamos colectivos, de tanta atención del Estado a los desvalidos (“con mis impuestos NO”), de aquellos desahuciados extranjeros que atentan contra la economía y la inseguridad. Un odio, una bronca contenida que anima conductas microfascistas que han sido visualizadas inteligentemente hasta su seducción, por candidatos que ofrecen una agenda represiva y ultraconservadora sin importar los costos.

 

Un discurso como el de Bolsonaro, Trump, Alternativa para Alemania o VOX en España, es una dulce melodía para aquellos temerosos de un futuro peor – más aún que la ya desgraciada actualidad – que promueve el fervoroso anti estatismo, el libre mercado en pos del individualismo, el bajar impuestos a los ricos ‘para que inviertan’, y el avanzar raudamente hacia la flexibilización laboral. Por supuesto, ello no alcanza: ya probaron – fallidamente – con la tibieza de la discusión democrática y los marginales avances progresistas; ahora es el turno del conservadurismo autoritario. Un deja vú al Thatcherismo más rancio, donde el “No hay tal cosa como la sociedad: hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias” sostenido por la dama de hierro, convivía con la opresión – y cuando no la represión -; ello se puede observar claramente a través de una diversidad de películas de época (como la afamada Tocando el Viento, del guionista y escritor Mark Herman) las cuales muestran, a través del drama, la comedia o la tragedia, un proceso de desindustrialización y tercerizaciones – involuntario para millones de trabajadores británicos – que marcaba un camino para la posteriormente salvaje globalización neoliberal de la década de 1990’.

 

Como buffer moral, el modelo ideológico descripto no predica nunca el egoísmo: descansa simplemente en una pedagogía implícita de respeto al prójimo como condición para el orden social. “Tu libertad termina donde empieza la de los demás”, una auto-emancipación generada dentro de un círculo de autonomía que nos rodea y que nadie debe traspasar. “Invadir”, sería la palabra acorde a un mundo donde reina la escases y prevalece la agresividad y la competencia desmedida. La apuesta es que cada uno cuide y proteja lo mucho (o poco) que posee: ya sea bienes materiales, afectivos, de salubridad, o la misma supervivencia. Aquí estoy tranquilo. El afuera siempre es peor. Lo muestran los medios de comunicación más poderosos y trascendentes, porque no creerles.

 

Bajo esta lógica fóbica, individualista y pro dios mercado, poco importa el otro, aquel ajeno a mi circulo de interés y control que no es un potencial consumidor. A quienes el marketing no les hace mella; no porque no lo desean, sino porque directamente no pueden acceder a lo que se les ofrece. Del otro lado del mostrador, se encuentran muchas Organizaciones Sociales, las cuales suelen ser positivas y voluntaristas, pero nunca tienen el poder – y sobre todo el dinero – que posee la única institución que coercitivamente obliga a contribuir con la riqueza generada, inclusive de aquellos que persiguen denodadamente el orden liberal. ¿Quién entonces puede dar respuesta, sino es otro que el Estado?

 

Sin embargo, difícil es contraponerse a un orden agresivo desde lo discursivo y lo represivo, si cuando los políticos que llegan al poder  incumplen con las premisas de la eficiencia, la honradez, y la puesta en funciones de los hombres y mujeres más capacitados técnica y moralmente para poder generar el verdadero cambio que necesitan los millones de niños desahuciados. Porque la realidad indica que en el marco de lo visual, lo superfluo, lo inmediato – que prevalece en una sociedad inmaculada en el simplismo de la falta de comprensión y la mentira generada -, lo que se observa a primera vista es el fracaso: el incumplimiento de las promesas de los sucesivos gobiernos que han hecho de la cosa pública una gran “caja” de dinero; y no mucho más.

 

Como consecuencia, el escenario civilizatorio hoy se ha centrado, afianzado y solemne, en el totalitarismo del capital: la alianza de corporaciones, medios y políticos que ha decretado que no pueda existir ningún aspecto de la vida social fuera del mercado, que no subsista ningún lazo horizontal por fuera del imperio de su ley, que el individuo deba enriquecerse por sus propios medios sin mirar hacia el costado, el sufrimiento del otro. Donde el Estado, otrora centro de la vida de las sociedades, quedó relegado a una posición de debilidad secundaria, que solo refuerza su autoridad ante hechos catastróficos, como la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo. Por ende, de la discusión vital y superadora se pasa a un reduccionismo que deriva en una bipolaridad de centro, donde lo único que desea el ciudadano medio es evitar lo que nos disgusta, lo ‘menos malo’. Por supuesto, esta agenda negativista se aleja de pro-positivismo que requiere tomar el toro por las astas para terminar con la pobreza, sobre todo la que afecta a los más vulnerables, nuestros niños.

 

Quisiera concluir con las palabras del Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS: “con demasiada frecuencia, los responsables de la toma de decisiones en el mundo están fallando a los niños y jóvenes de hoy en día: fallando en la protección de su salud, de sus derechos y de su planeta”. Ya no hay tiempo de mirar para otro lado ni desentenderse. Porque en rigor de la verdad, no hay tal cosa como los descriptos ‘círculos de autonomía’, que pudieran coexistir felizmente sin tocarse ni invadirse. Empezando por la comprensión, el voto racional, la empatía conciente, el seguimiento y contralor de quienes tienen responsabilidades ejecutivas. Los millones de empobrecidos niños de nuestro país nos lo están pidiendo a gritos.

Monedas digitales Estatales. ¿La competencia sustentable de las criptomonedas?

Pablo Kornblum el 23-8-2020 para El Cronista Comercial

https://www.cronista.com/columnistas/Monedas-digitales-estatales-la-competencia-sustentable-de-las-criptomonedas-20200823-0004.html

Con la inestabilidad intrínseca que todavía acaece sobre el mundo de las criptomonedas, en adición a la vuelta al Estado-Centrismo que ha traído la actual pandemia, el rol de las monedas digitales estatales volvió a ponerse sobre el tapete en la agenda financiera de una gran parte de los bancos centrales del mundo. Mientras ya está claro que los costos marginales de la tecnología y su mantenimiento terminarían siendo más económicos que la producción y la logística del formato papel, el punto sobre el cual se debe trabajar más se centra en que la sociedad tenga los recursos económicos y la capacidad técnica para adaptarse al nuevo sistema. Se podría esperar que en el mediano/largo plazo, con nuevas generaciones de seres humanos más adaptados y con mayores posibilidades tecnológicas (al menos en términos de acceso a  dispositivos electrónicos, como son los teléfonos celulares  o las redes de Internet), el salto social para con la masividad se estaría saldando. Por supuesto, todavía está por verse.

Es por ello que hasta el día de la fecha, son pocos los países (como son los casos de Australia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Islas Bahamas, Francia, Japón, Suecia y Suiza) los que han formalizado la idea de avanzar decididamente hacia las monedas digitales. La característica de la mayoría de estos es que tienen altos estándares de infraestructura tecnológica (con un enorme y competente equipo de ciberseguridad dentro del Banco Central y para con las finanzas estatales en general), sumado a una importante estabilidad macroeconómica. Por ende, se podría decir que las inequidades sociales, los desequilibrios financieros y la falta de acceso a recursos se encuentran suavizados, lo que es un plus – por no decir una necesidad sine qua non -, para poder llevar adelante un proyecto de semejante envergadura.

Por otro lado, lo que si hay que destacar que el gran actor de esta película es China, el cual ya ha comenzado a realizar pruebas piloto. Su objetivo es geopolítico: quiere ser el primer país en mostrar las ventajas que ello conlleva, quitándole la primacía a los Estados Unidos. Es similar a la disputa por quien es el primero en producir la vacuna para con el COVID-19: tomar la delantera te permite ‘moldear la cancha’ a futuro. En definitiva, es un área más donde se disputa la supremacía global.

Como contraparte, la FED por ahora no tiene intención de emitir una MDBC, ya que no considera que exista problema alguno en el sistema de pagos minoristas de los Estados Unidos (y posiblemente porque también se encuentren satisfechos con el dólar todavía como moneda mayoritaria del señoreaje externo). Sin embargo y como lo describíamos en el caso de China, la geopolítica y la geoeconomía determinan y disponen; por ende, será un tema seguramente a tratar después de las elecciones del próximo mes de Noviembre.

También tenemos el caso de otros países, cada uno según su propia lógica, intereses y necesidades. A diferencia de lo expuesto previamente, el ‘PETRO’ en Venezuela es una moneda digital vinculada a las riquezas petroleras del país, cuyo objetivo es convertirse en un salvataje para la dañada economía caribeña. Sin embargo, los resultados han sido magros; simplemente por el hecho de que no se puede desligar el desempeño de su moneda digital a la crisis macroeconómica y la baja performance de la producción hidrocarburífera actual. Otro caso es el de Lituania, que al observar con temor los desarrollos ‘libertarios’ de criptomonedas como la “Libra” de Facebook, entienden que la soberanía de los gobiernos se encuentra desafiada; por ende, urge del establecimiento y la administración de una propia moneda digital Estatal.

Evidentemente, la puja de intereses (con sus perdedores y ganadores) dentro de la nueva dinámica tecnológica-financiera seguirá existiendo, tanto a nivel interestatal como entre diferentes actores no estatales y para con su relación con los gobiernos (léase los ‘perjudicados’ dueños de criptomonedas). Por supuesto, dentro de un ambiente de cooperación y estandarización de procesos interestatal podría ser positivo en términos de agilizar los intercambios a un menor costo; sin embargo, ello se dificulta al no diferir de lo que pudiera ocurrir en cualquier otro sector económico o área de disputa estratégica.

Por ello, y ya saliendo de la esfera de la estatalidad, la discusión se centra en los pros y contras que las monedas estatales digitales conllevan. En cuanto a las ventajas, se puede visualizar un escenario superador a tono con el Siglo XXI, como es el evitar la destrucción medioambiental para la confección de papel moneda (más ahora como foco de contagio de COVID-19). Por otro lado, en términos económicos se incrementaría la velocidad de los pagos interbancarios, se disminuiría los costos de las transacciones, y se podría incrementar y simplificar la recaudación impositiva – pari passu su utilización como vehículo que desenmascare actividades delictivas como el lavado de dinero -.

Sin embargo, la gran disyuntiva en la discusión técnica actual es su diferenciación de las otras criptomonedas. En este sentido, está posee la característica de ser segura y sustentable en el largo plazo, dado que es producto del respaldo de Instituciones no perecederas, como son los Bancos Centrales estatales y trasnacionales; siendo estos avalados, respaldados y regulados por y bajo las leyes de los Estados-Nación. En este sentido, vivimos en un mundo donde los Estados todavía detentan el rol central en la vida de las sociedades; ello se ha visto reflejado con fuerza en la actual pandemia del COVID-19, donde más allá de los roles variados de las corporaciones privadas, la ciudadanía ha buscado refugio y soluciones en sus propios gobiernos, aquellos que con el mandato popular se comprometen a actuar por el bien común. Por ende, sin el respaldo Estatal, será endeble cualquier tipo de moneda digital presente o futura que sea solo intercambiada en el mercado sin regulación. Y ello también es una idea que quieren propagar (o al menos dejar traslucir) muchos gobiernos: desestimar y deslegitimar permanentemente las diversas monedas digitales ‘privadas’ que existen, por el mero hecho que no detentan el control que quisieran sobre ellas.

En cuanto a los resquemores, también existen varios puntos a saldar. Por un lado, no está claro cuál es el rol que tomarían los Bancos Centrales en relación a su responsabilidad para con el público y con el resto de la banca comercial. Tampoco es evidente como se implementaría la tecnología financiera y la estandarización de las cuentas, tanto a nivel nacional como transfronterizo. En términos macroeconómicos, la duda surge principalmente en relación al señoreaje externo, donde la modalidad digital facilitaría su circulación; por ende, ante una crisis económica, la población del país más subdesarrollado podría huir más rápidamente hacia la ‘moneda fuerte’, generando una crisis cambiaria que profundizaría la debacle financiera doméstica. Por otra parte, el Estado estaría recibiendo una gran cantidad de datos sobre las finanzas de sus ciudadanos, lo que redundaría en un beneficio para con la lucha contra la economía informal. Sin embargo, aquí también surgen interrogantes: ¿estamos preparados para que la economía informal se regularice de un día para el otro? ¿O terminaremos generando un ‘parate’ productivo con una larga lista de población económicamente activa excluida del comercio y el consumo?

En este sentido, el contexto adverso se visualiza más allá del caso puntual de la moneda digital: la realidad es que muchos gobiernos suelen carecer de la credibilidad ciudadana. ¿Quién controlará el sistema de emisión? ¿Cómo sabrá el ciudadano medio que no se puede fraguar el sistema? Uno podría decir que también puede haber corrupción o algún ‘agujero negro’ en la casa de la moneda; pero la historia y el poder ‘palpar’ el billete físico, que además de tener una serie de resguardos, puede ser controlado por una variedad de actores una vez que entra en circulación. Sino pensemos que ha pasado con el ‘voto electrónico’; el mismo no solo ha sido harto discutido – donde en nuestro país terminó aprobándose con el requerimiento de una contraparte en papel -, sino que en muchos países del ‘primer mundo’ han vuelto al formato papel.

Por otro lado, los más osados sostienen que sí se podría combatir los flagelos de la evasión (lo que implicaría por ejemplo un Gasto Social más eficiente y menores imposiciones), el narcotráfico y el empleo no registrado. Sin embargo, aquí surgen dos inconvenientes: por un lado, mientras continúe coexistiendo con el papel moneda, se podrá continuar infringiendo la ley por este medio; por el otro, siempre existirá la posibilidad de que el sistema sea ‘violado’ o ‘corrompido’ financiera o tecnológicamente, ya que el mismo es manejado, controlado y auditado por seres humanos. Porque estamos en Argentina. Y aunque siempre puedan generarse mayores obstáculos para infringir la ley, como por ejemplo la existencia de infraestructura y de un equipo especializado y multidisciplinario de combate al crimen ciber-financiero, sabemos que en nuestro país, ‘hecha la ley, hecha la trampa’. Por ende y en definitiva, se requeriría de un cambio cultural profundo de quienes manejan el sistema y detentan la ejecución de las políticas públicas que, claramente, va más allá de temática de las monedas digitales Estatales en cuestión.

Teletrabajo: ¿Empleo del Futuro con legislación del pasado?

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 17-8-2020

https://www.ambito.com/opiniones/teletrabajo/empleo-del-futuro-legislacion-del-pasado-n5125428

La ley del teletrabajo ya es una realidad en nuestro país. Una modalidad laboral que tomó impulsó en la cuarentena, y pareciera que llegó para quedarse. Su onda expansiva dependerá, como siempre, de cómo los diversos actores acepten las reglas de juego y, por sobre todo, luego las cumplan. Difícil en nuestra ya compleja Argentina.

Más allá de que para algunas empresas el teletrabajo es el modus operandi per se, para la mayoría que ya aplicaban esta modalidad tenían como objetivo, con igual o mayor productividad y/o menores costos, poder conciliar la vida personal y laboral del empleado. Algunos estudios han probado además que el teletrabajo tiene ventajas como la reducción de absentismo del puesto de trabajo, el fomento de una mayor digitalización, el generar una mayor fidelización por parte de los empleados y, en términos de externalidades positivas colectivas, la reducción de la contaminación por un menor desplazamiento de los trabajadores.

Como contraparte, los problemas que el teletrabajo genera también son una realidad. Por un lado se encuentra la desconfianza entre la empresa y el empleado (central en nuestro país), pero también la pérdida de ámbitos relacionales con los compañeros de tareas: el ser humano es un ser social y la mayoría de nosotros necesita, al menos eventualmente, ese vínculo cara a cara que es irremplazable. Si a ello le adicionamos que en muchas ocasiones se pueden diluir los límites entre la vida familiar y el tiempo de trabajo, el balance para con la toma de una decisión se hace todavía más compleja. Tanto desde el lado del empleador, como del empleado.

Cabe destacar que la modalidad del teletrabajo no es novedosa a nivel internacional. Ya sea por nivel de desarrollo o por el tipo de economía que prevalece (principalmente de servicios), hay Estados que han avanzado a distintas velocidades en materia legislativa y operativa. Con sus pros y contras según, como siempre ocurre, la lógica con la cual se evalué la dinámica situacional.

En la mayor parte de Europa, donde se encuentran las garantías institucionales más avanzadas del mundo, la ejecución de las leyes depende del acuerdo particular en cada país. Por ejemplo, en Suiza las empresas pagan absolutamente todos los insumos que utiliza el trabajador en su hogar. Por otra parte, en la Francia donde todavía prevalece cierta fortaleza sindical, el teletrabajo es voluntario y la persona que lo ejerce tiene exactamente los mismos derechos – acceso al médico de empresa, coberturas sociales, vacaciones, formación, derechos sindicales, etc.- que el resto de trabajadores presenciales.

En Alemania, por su parte, no existe un derecho legal y explícito a trabajar desde el hogar. De concretarse, se debe a un acuerdo entre la compañía y el empleado en el marco del convenio colectivo o, en caso de que este no exista, fruto de un acuerdo individual entre el trabajador y la empresa. En la vecina Austria, el empleador no puede coercionar de manera unilateral a sus trabajadores a que realicen las tareas desde sus casas. Solo se lo puede obligar si así lo establece expresamente el contrato laboral o el convenio colectivo. En tanto Noruega, el pais nordico posee un sistema de horas flexible basado en una “Ley de ambiente laboral”, la cual boga por un acuerdo cooperativo entre el empleador y el empleado que facilite la actividad de la empresa.

Continuando hacia los países bajos, desde el año 2014 Bélgica ya obliga al empleador a compensar a los empleados que trabajaban a distancia con 20 euros mensuales por el uso de su propia computadora, en adicion a otros 20 euros por la utilización profesional de una conexión a internet personal. En la actualidad y derivado del contexto del COVID-19, el monto ha sido incrementando a casi 130 euros. En Holanda, la norma establece que los empleados que hayan prestado servicios por lo menos un año, en empresas de más de 10 trabajadores, tienen el derecho de pedir trabajar desde otro lugar que no sea la misma oficina.

Otras economías con un escenario político-tecnológico de relevancia global, son la India, China y los Estados Unidos. En cuanto a los primeros, cuna de cientos de miles de ingenieros de las castas superiores, es uno de los lugares en el mundo con mayor cantidad de teletrabajadores en las enormes corporaciones transnacionales, como Microsoft o Price WaterHouse Coopers (PWC). Sin embargo, existen dilemas no menores en el pais asiático, referidos principalmente a la infraestructura: por ejemplo, el suministro eléctrico, aunque sea en zonas residenciales, suele ser intermitente. Por otra parte, en China el gran problema es la falta de espacio – incluidos los espacios de “coworking” con la actual pandemia -, lo que se conjuga con un gran escenario emprendedor e incremento de precios de los alquileres: en este sentido, la opción teletrabajo se define también en el juego del fino equilibrio de generar rentabilidad. En tanto en los Estados Unidos, un empleador no paga los mismos impuestos (seguro social, Medicare o cargas por desempleo) para un empleado que trabaja a distancia, ya que es considerado como un contratista independiente.

En nuestra región Colombia es el país más avanzado, ya que en el año 2008 promulgó la Ley 1221 que estableció normas para promover y regular el Teletrabajo. Para ello, desarrolló un importante basamento institucional por medio de la “Red Nacional de Fomento al Teletrabajo”, especialmente dirigido a la población en situación de vulnerabilidad. Las estadísticas indican que el proyecto ha sido bien recibido por la comunidad: en el año 2012 se censaron 31.553 teletrabajadores en Colombia; mientras en 2018 ya había 122.278.

En Perú también existía una ley de teletrabajo antes del COVID-19, aunque la misma conllevaba sus propias rigideces: la norma nunca terminó de ser aplicada ampliamente porque implica una modificación del contrato de trabajo, que a su vez requiere un mutuo acuerdo debidamente suscripto y una capacitación previa respecto a los medios informáticos a utilizar por parte de los empleados. Hoy en día se está debatiendo una nueva modalidad en la cual es suficiente la comunicación del empleador hacia el empleado, donde no se requiera acuerdo, ni modificaciones contractuales ni capacitaciones. ¿Efecto COVID-19? Más bien modelo flexible y competitivo para con el mundo.

Bolivia, por su parte, no consideraba como empleados antes de la pandemia a “quienes presten servicios desde sus domicilios u oficinas, sin concurrir cotidianamente a las del patrono”. Vocabulario fuerte para el Siglo XXI, aunque no sorprenda, en tierras del dezplazado ex presidente ‘indigena’ Evo Morales. Por su parte, en el pasado mes de marzo el Gobierno Federal de Brasil habilitó a los empleadores a “cambiar el régimen presencial por el teletrabajo” como una forma de “hacer frente al estado de calamidad pública”. En el caso chileno, el congreso trasandino sancionó recientemente la Ley 21.220 para regular el teletrabajo; entre los puntos más salientes, la norma sostiene el derecho a una desconexión digital de los empleados de al menos 12 horas continuas, como así también la prohibición de que los trabajadores usen elementos de su propiedad.

En nuestro país, algunos observan la nueva legislación ‘muy apegada’ a los intereses de los asalariados: mismos derechos, obligaciones y remuneración no inferior a la que se percibe bajo modalidad presencial; jornada laboral de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes; empleador que proporcione la totalidad  del equipamiento, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas; y afiliación sin obstáculos al sindicato correspondiente a la actividad. Nada que no contemple la misma lógica que, por ejemplo, se promovió bajo el estatuto que protegió los derechos de los peones rurales de mediados de siglo pasado.

Cabe destacar que también hay otras que, con el mismo espíritu, se traducen en derechos adquiridos más vinculados al siglo XXI: ya sea el derecho a no estar conectado a los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación fuera de la jornada laboral y durante los períodos de licencias; o mismo aquellos empleados que acrediten tener a su cargo el cuidado de personas que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las mismas.

Como contraparte, los empresarios, dentro de la racionalidad que debe primar en una sociedad donde deben confluir los intereses, no debieran realizar mayores objeciones sobre lo expuesto. Sin embargo, también tienen sus lógicas razones para oponerse. Mientras el cambio de una posición de trabajo presencial a uno de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, deberá ser voluntario, por otro lado la ley estipula que el consentimiento del empleado será reversible en cualquier momento de la relación laboral. Con justa razón, un empresario que cambia su metodología de trabajo y diseña un proyecto empresarial de forma virtual, no puede quedar a merced de un empleado que, por cualquiera sea la razón, decide de un momento a otro volver a trabajar en modo presencial.

Tambien se señala la obligatoriedad de contratar mano de obra local. ¿Y si una persona de otra parte del territorio es la más idónea? ¿O un extranjero? Para hacer justicia a la verdad, ya son varias empresas y particulares argentinos que trabajan para afuera. Y perciben sus ingresos también en moneda extranjera en otras latitudes. ¿Si pagan impuestos por ello? Esa es otra historia.

El punto más álgido pareciera ser, por una obviedad pro-sistémica, la potencial merma en la acumulación de capital. El argumento es sólido desde ese punto de vista: estamos en el siglo XXI y la competencia global es, como mínimo, ‘salvaje’. Por ende, los servicios trasnacionales, que operan en los más diversos usos horarios, no pueden encasillarse en un momento y bajo una intensidad predeterminada. ¿Por qué no tomar empleados que trabajen en espejo y que ocupen otras franjas horarias? Simplemente porque es muy costoso y, por ende, poco competitivo. Por supuesto, los empresarios del sector deslindan responsabilidades en un sistema mundo que ellos no crearon: quien les puede negar que la exigencia proviene de la demanda del mercado.

Es por ello que desde varias cámaras empresarias argentinas, de todo tipo y color, sostienen que para empezar a pensar una aplicación de la ley con seriedad, primero hay que definir concretamente cuándo se considera que un empleado ‘teletrabaja’ – ya sea full time o parcialmente -. Es decir, centralmente buscarán por un lado que las jornadas sean flexibles y que, en todo caso, se establezca la cantidad de horas a trabajar, pero no un horario de corrido asimilable a uno de trabajo presencial. Por otro lado, plantearán que en la reglamentación de reversibilidad se establezca: a) con un preaviso de dos meses para que el empleado le comunique la decisión de volver al trabajo presencial, b) que ese plazo de ejercicio de la reversibilidad no sea mayor a los tres meses desde el momento en que se adopte la posición del teletrabajo y, c) que la reversibilidad no sea aplicable cuando el empleado físicamente se encuentra a más de 100 km del lugar donde se encuentran la actividad presencial. Clarificar la cancha acorde al mundo actual, se diría. Por supuesto, del otro lado del mostrador sostienen que lo único que quieren los empresarios es embarrarla para avasallar los derechos del trabajador, obtenidos décadas pasadas bajo un Estado de Bienestar que todavía no vislumbraba la actual globalización plena.

Para concluir, tenemos entonces demasiadas verdades para respuestas escuetas. Pero que requieren una enorme celeridad ante la dinámica global que estamos vivenciando. En este sentido, siempre lo mejor para el colectivo, es mirar el largo plazo. Porque el problema pareciera no ser el espíritu de la ley, sino la irracionalidad del análisis dogmático embebido en un positivista maquillaje cosmético, y el propio sistema económico argentino que es altamente poroso endógenamente. Por lo tanto, ¿Qué tipo de país queremos? ¿Es el que discute la incidencia creciente de los servicios de teletrabajo con su consecuente, y necesaria, legislación? ¿O es aquel que no castiga a aquellos gobiernos que no apoyan suficientemente la infraestructura tecnológica, vital para cualquier país que se digne ser un modelo económico de gran utilidad a nivel global? ¿Es el teletrabajo a destajo que nos permita ser competitivos a un precio vil a costa del trabajador, pero al mismo tiempo podríamos exportar software y generar las tan preciadas divisas? ¿O tendremos una legislación y una educación en tecnología de suficiencia y relevancia internacional, para que se paguen buenos salarios y generemos un servicio diferenciador que satisfaga la demanda desde cualquier rincón de la tierra?

Lamentablemente, como bien sabemos, esto es Argentina. Mientras de un lado de la grieta el ideario social sostenga que la legislación es solo para controlar un gran call center explotador de una multinacional y no una Pyme que quiere exportar software y necesita cierto margen para tener rentabilidad; y del otro se encuentre algún empresario trasnochado que piense que puede llamar a su empleado a la madrugada con la mera justificación que el sistema vive de la tercerización de procesos y la necesidad de ser productivos a toda hora para poder responder a las exigencias de la economía, será muy difícil encontrar el equilibrio racional que nos genere ese salto cualitativo: aquel que nos permita adentrarnos en el mundo de las ‘economías serias’, con mayor margen para la independencia, el desendeudamiento, y el desarrollo socio-económico de la mayor parte de nuestra vapuleada sociedad.

AFJP: Auge y decepción de un gran negocio (para pocos)

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero 02-08-2020

https://www.ambito.com/opiniones/afp/afjp-auge-y-decepcion-un-gran-negocio-para-pocos-n5121844

Se confirmó. El parlamento chileno aprobó la modificación constitucional que les permitirá a los ciudadanos trasandinos retirar hasta un 10% de sus ahorros previsionales de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Lejos de que se haya generado un debate político de niveles desproporcionados en la sociedad, la mayoría de los chilenos no solo no ve una amenaza en ello, sino que lo ha tomado con algarabía; simplemente porque ya saben que el sistema no funciona y las pensiones son miserables, incluso para una gran parte de quienes han aportado – con bajas e inestables contribuciones – toda su vida. Para graficarlo en pocas palabras, el año pasado 127.000 personas se jubilaron con apenas 49.000 pesos mensuales, lo que equivaldría a alrededor de 60 dólares estadounidenses. El promedio que paga el sistema es de 250 dólares al mes. ¿Cómo se llega a este número? Simplemente porque incluye el aporte del Estado denominado ‘pilar solidario’, lo que evita una presión social extra que implicaría que la mayoría de los jubilados caiga en la pobreza absoluta.

 

¿Cómo se llegó a esta situación? La historia indica que las AFP nacen en Chile en el año 1980, época donde gobernaba con mano de hierro el entonces presidente Augusto Pinochet. Con la discursiva que la capitalización individual era la mejor inversión para el usufructo de los últimos años de vida de los chilenos, el gobierno de facto sostenía que los sistemas estatales de jubilación eran ineficientes y un “lastre” para con las finanzas públicas. Como contraparte, los ‘novedosos’ fondos privados de pensiones eran un ‘mecanismo más transparente y eficaz’ para administrar los ahorros de los futuros jubilados. En pocas palabras: costo cero para el Estado, mejores jubilaciones para los chilenos. El mismo José Piñera, hermano del actual presidente y entonces Ministro del Trabajo, afirmaba que los chilenos se jubilarían con el 70% u 80% de lo que percibían durante sus años de actividad. En definitiva, una gran victoria de los nefastamente famosos “Chicago Boys”, quienes manejaron la economía chilena hasta el año 1990 cuando concluyó la dictadura pinochetista. Y posteriormente, también la Argentina.

 

Solo hubo un pequeño detalle, no menor. Del proyecto quedaron excluidos (no extrañamente) los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Habrá sabido el general y su círculo rojo que el sistema realmente no funcionaba tal cual había sido planteado? Probablemente, a sabiendas que la microeconomía de desvalidos trabajadores ya se vivenciaba bajo una macroeconomía menguante y profundamente inequitativa. Un sistema que solo descansa en el aporte del trabajador y, paradójicamente, financia a los grupos concentrados no solo para hacer sus negocios y fugar dinero, sino pero algo más perverso aún: la mayoría de las AFP son bancos (o socios de los mismos) que prestan dinero a los propios trabajadores a tasas exorbitantes, en un círculo vicioso donde el “win-win” es siempre para el mismo bando.

 

Pero además, lo más relevante era el negocio que abría para las AFP. El más importante para las concentradas elites chilenas en el último medio siglo. Porque en definitiva, no es (solo) un fondo de pensiones; más bien es un fondo de acumulación de capital y como tal ha sido enormemente eficiente, ya que ha permitido a la banca, el retail y empresas de distintos rubros (Cencosud, Endesa, Latam, Enersis, Falabella, Colbún, Copec, Soquimich, AES Gener, CMPC) crecer de una manera que habría sido imposible sin esa inyección de capital. Los números hablan por sí solos: de cada 100 pesos que reciben las AFP, 30 pesos los usan para pagar jubilaciones y con el resto (además de las ingentes  comisiones) se genera un fondo de acumulación – un agujero negro para la mayoría de los chilenos -, que tiene “vida y juego propio”, y que actualmente equivale al 80% del PBI de Chile.

 

Cuarenta años más tarde, y aunque lejos se encuentra de derribar el statu-quo del sistema previsional, es entonces una obviedad que el actual presidente Piñera se haya pronunciado en contra de la actual enmienda parlamentaria; las AFP han sido uno de sus pulmones – para no decir el vital corazón – que le ha permitido incrementar exponencialmente su riqueza y la de la elite que lo rodea política y financieramente. Sin embargo, no todo es adverso para su persona: su conformidad ante esta victoria popular es un respiro para su – para muchos, irremontable – imagen presidencial. Según los últimos sondeos de varias consultoras de distinta procedencia, la misma ronda entre el 75% y el 80% de negatividad.

 

Es que a decir verdad, no hay racionalidad para que las mayorías de los chilenos defiendan al sistema.  Por ejemplo, con las AFP una persona que tuvo un relativamente buen sueldo como empleado toda su vida percibe, en el mejor de los casos, un 35% de lo que ganaba en actividad. Pero si tenemos en cuenta que el promedio de ingresos del jubilado es del 20% del activo, se requiere además una subvención del Estado para alcanzar cierto nivel de dignidad.

 

La no sustentabilidad moral de esta estructura tuvo sus discusiones en el pasado reciente. El gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet había propuesto – infructuosamente – el establecimiento de una AFP estatal que compitiese con las privadas, lo que presumiblemente redundaría en beneficio de los trabajadores por una mayor competencia con una aseguradora que generaría mayor rentabilidad. En Costa Rica, por ejemplo, una entidad estatal, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), coexiste con varias entidades privadas que recogen el ahorro de las llamadas pensiones complementarias de los ciudadanos. En Uruguay ocurre lo mismo: varios fondos privados compiten con uno de origen estatal para captar el ahorro jubilatorio de los ciudadanos.

 

¿Es posible copiar lo que ocurre en otras latitudes? Difícil, ya que está harto probado que el sistema de seguridad social se encuentra altamente correlacionado con el nivel de desarrollo de un país. En todo sentido: institucional, cultural, ético. En este sentido, en los países del mundo que mejores jubilaciones se pagan, como Dinamarca u Holanda (cerca del 80% de lo que percibía el trabajador como activo), el sistema privado no solo compite con el estatal, sino que también se complementa, en un equilibrio cuasi óptimo entre adecuación, suficiencia y sostenibilidad.

 

En el caso de Dinamarca, todos los residentes tienen derecho a recibir la pensión social publica (llamada “folkepension”) al llegar a la edad de jubilarse (67 años), la cual representa hasta un máximo del 17% del salario medio (con 40 años de aporte); pero además, el mismo es complementado con fondos privados, como el ATP para quienes se encuentran en relación de dependencia, de contribución obligatoria para quienes trabajen al menos de 9 horas semanales, y otros seguros privados de tinte voluntario. La gran diferencia de la contribución privada de los asalariados con el sistema chileno, es que el danés es financiado de forma conjunta, un tercio por parte de los trabajadores y el resto por parte de la empresa. En este aspecto, es imposible para muchos habitantes de la América Latina inestable socio-laboralmente, pensar en cuatro décadas de empleo consecutivo. Más difícil aún, hacer efectiva la contribución patronal sin vicios de evasión o reticencia política permanente. Sin embargo, la descripta es la “lógica normalidad” del país escandinavo, con una desocupación mínima, un PBI per cápita que lo sitúa entre el número 15 y 20 de mayor ingreso del mundo (con un monto que ronda los 52.000 dólares anuales), y con una sociedad que entiende que el Estado se encuentra para velar por el bien común y equiparar las desigualdades intrínsecas sistémicas.

 

Por otro lado, el sistema holandés es extraordinariamente flexible. Ofrece una red de seguridad pública a todos los trabajadores, y después son ellos los que deciden la cantidad que desean obtener al momento de su jubilación. Una parte del sistema incluye una pensión pública básica, con un valor igual al Salario Mínimo Interprofesional del país, alrededor de 1.400 euros mensuales. La otra parte del sistema es de carácter voluntario y privado. Las entidades financieras y aseguradoras de Holanda ofrecen una red con cerca de 5.000 planes de pensiones a los que las empresas y trabajadores pueden acogerse dependiendo de las características que ellos mismos quieran: en este sentido, el 92% de los trabajadores del país están cubiertos por uno de estos planes. Los más conservadores garantizan una renta fija al jubilarse; mientras los más agresivos consideran un aporte determinado de los trabajadores, que después se revaloriza dependiendo del acierto que haya tenido el fondo de pensiones en sus inversiones. Holanda, con similares índices económicos que Dinamarca, también descansa en un desarrollo socio-económico de primer nivel, en consonancia con un sistema superador que les brinda a los ciudadanos una cobertura económica digna, democrática y totalizadora, según sus deseos y trayectoria laboral.

 

Sin embargo, también existe una tercera opción, diferente al sistema de capitalización o al mixto. Es de aquellos que entienden a la exclusividad privada como la apropiación – lisa y llana – por parte de los intereses concentrados, por sobre quienes sufren las injusticias de una economía que los excluye y los condena a la pobreza y a la marginalidad. La Bolivia de Evo Morales fue un caso testigo: debido a la descapitalización de los fondos privados y sus múltiples atrasos en el pago de jubilaciones, desde el 10 de diciembre de 2010 se inició el retorno de la administración de la totalidad de los fondos de pensiones al Estado.

 

En nuestro país, ocurrió algo similar en el año 2008. El sistema de Aseguradoras de Fondos y Pensiones (AFJP), impulsada por el entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo en el año 1993, fue en un enorme negocio donde las aseguradoras se quedaron en sus 15 años de existencia con comisiones estimadas en 12.200 millones de dólares. Si a ello le adicionamos las utilidades engrosadas de las empresas beneficiadas con las rebajas de aportes patronales, se calcula que el perjuicio para las arcas del Estado Argentino superaron largamente los 75.000 millones de dólares.

 

Por supuesto, en el mundo de las pujas de intereses permanentes, las AFJP se han defendido con uñas y dientes. Que la culpa es de la inestabilidad del capitalismo financiero y sus consecuentes crisis en los mercados mundiales – como las regionales de finales de la década de 1990’ o la global de 2008 – (extrañamente, ya que el reclamo entonces sería contra su propio funcionamiento y objetivos per se), que el problema es la política por la mala praxis de la economía doméstica (ya sea por la pesificación de los ahorros en el año 2002, la dificultad para repatriar el capital invertido, las altas tasas de inflación, etc.), o que la demografía de la relación aportantes/pensionados se tornó inesperadamente adversa (como si no lo hubieran analizado con una simple línea histórica).

 

Todos entendemos que el sistema económico que resguarda los recursos de la vejez  funciona con un sinnúmero de sincronizadas variables a la vez (los activos donde se invierten los recursos, la macro, el nivel de los sueldos de una economía). ¿Pero acaso no es parte del riesgo que corren las mismas AFJP al entrar al negocio y, por ende, son corresponsables? ¿Tienen la mayoría de los trabajadores, con enorme esfuerzo y un menor margen de comprensión y opciones para cuidar sus ahorros para llegar con dignidad los últimos años de vida, lidiar con la mayor parte de la responsabilidad? ¿“La patria es el otro”? ¿O deberíamos aceptar la realidad y en su lugar acuñar la frase “la culpa es del otro”?

 

Por supuesto, están quienes dirán que la utilización de los recursos de los aportantes por parte de los sucesivos gobiernos hubiera sido más espuria que las realizadas por las mismas AFJP. Pero en el análisis de los hipotéticos escenarios contra fácticos, la respuesta de quienes defienden el sistema de reparto estatal es la misma: la decisión del dinero del pueblo debe quedar en manos de quienes el pueblo decide que lo gerencien para con el bien común futuro. Aquellos que no conllevan como leitmotiv el objetivo de la acumulación, que tan mal han manejado las inversiones para los aportantes, pero tan bien para sus propios bolsillos. Por supuesto, los detractores darán cuenta de una historia estatal que habla de corrupción, ineficiencia, transferencia de recursos hacia otros sectores (y actores), y una total falta de racionalidad distributiva a la hora de poner el foco en los distintos grupos socio-económicos de jubilados. Los números no mienten: en la actualidad hay un más que importante porcentaje de gasto previsional (alrededor del 10% del PBI), existe una inquietante informalidad laboral (en torno al 40% de la Población Económicamente Activa), menos de la mitad de la población alcanza a contribuir con los 30 años de aportes requeridos, y la tasa desocupación (actualmente cercana al 11%) hace décadas que lejos se encuentra de conllevar una tendencia de descenso estructural.

 

Bajo el escenario descripto, la frase del Senador chileno Jaime Quintana del PPD (Partido Por la Democracia, sobreviviente de la extinta “Concertación” que logró el fin de la Dictadura) en plena discusión por la modificación de la ley, fue esclarecedora: “Hoy estos dineros son más útiles en manos de las familias que en las bolsas de valores o en los bancos”. En definitiva, hay una grieta entre la mayor parte de los chilenos y sus elites. Simplemente porque en la inequidad reinante, las elites políticas nunca cuestionaron verdaderamente las injusticias del sistema que ellos mismos crearon. Y sus aliados pertenecientes a las elites económicas – a veces hasta ellos mismos, o a través de testaferros familiares o testimoniales -, son quienes en convivencia han usufructuado cifras de ganancias exorbitantes. Por ende, y con lógica razón, el pueblo difícilmente confíe en quienes detentan el poder. ¿Pueden las mayorías relegadas y empobrecidas autogestionar su futuro? Pregunta amplia, con retórica compleja. Lo que si realmente entristece es observar, con cierta congoja, como la democracia representativa no brinda respuestas. Y cuando ello se traduce en una decepción desesperanzadora, se transforma, como hemos visto en las revueltas del año pasado, en una bronca descontrolada con final incierto; y que, como mera reflexión para con la supervivencia sistémica del statu-quo, debería más que preocupar a quienes detentan los destinos de Chile hace casi medio siglo.

Pago de deuda: Entre la moral y las buenas costumbres

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 20-7-2020

https://www.ambito.com/opiniones/deuda/pago-la-moral-y-las-buenas-costumbres-n5118334

William Davies, autor del libro “Estados Nerviosos: como los sentimientos tomaron al mundo”, explica que vivimos en un tiempo de muchedumbres agrupadas alrededor de sentimientos en general negativos (odio, enojo, miedo), los cuales suelen fluir con facilidad y son pasibles de ser manipulables debido a una capacidad reducida para reflexionar desapasionadamente sobre determinados eventos producto de la inmediatez, la manipulación de imágenes, y una creciente descontextualización de hechos.

 

En este sentido, la idiosincrasia y las creencias de cada pueblo, reflejado en las más altas esferas de quienes los gobiernan, puede ser determinante a la hora del posicionamiento gubernamental para enfrentarse al mundo, sobre todo ante una crisis de enorme gravedad inter-estatal con efectos económicos devastadores. Una vez más, los gurúes de la homogeneidad que tuvieron sus tiempos de gloria durante el Consenso de Washington y la globalización neoliberal de finales del siglo pasado, siguen sin poder explicar cómo ante actores similares en términos de poder y objetivos – corporaciones, elites políticas, ciudadanos comunes – las definiciones en cada nación pueden tener la variabilidad de un arcoíris multicolor.

 

En Nueva Zelanda ha renunciado el Ministro de Salud por violar la cuarentena. Desde el propio gobierno aseveraron que es una pésima imagen, tanto para el propio pueblo como para con el mundo, a sabiendas que la pandemia global requiere esfuerzos superadores, sobre todo de quienes detentan las máximas responsabilidades ejecutivas. En sentido similar nos encontramos con el caso del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, quien está siendo investigado por confiar la gestión de un importante programa gubernamental a la organización caritativa trasnacional WE Charity, con la cual él y su familia mantienen “vínculos estratégicos” hace años. O sea, un conflicto de intereses aquí y en la China. La moraleja para quienes miran al mundo desde ambos gobiernos: quien no es confiable desde lo institucional, tampoco es confiable para hacer negocios.

 

Los cimientos de la ‘vergüenza anglosajona’ también ha sido expresada por los principales actores de la vida política estadounidense con el afamado escándalo del caso Mónica Lewinsky de finales del siglo pasado. Jurídicamente, la acusación contra el entonces presidente William ‘Bill’ Clinton era el falsear su declaración. Sin embargo, para millones de conservadores en los Estados Unidos, lo más grave había sido su comportamiento inmoral, el cual mellaba fuertemente el ideal de luminosidad altruista para con el mundo de los Padres Fundadores. No se pueden dictaminar los destinos económicos del mundo y alcanzar el sumun del ‘fin de la historia’, bajo un liderazgo ético digno de un país bananero tercermundista, sostuvieron en aquel momento quienes pedían infructuosamente su destitución.

 

Por supuesto, los valores de los adalides del imperio estadounidense son tan sustentables como una borra de café a la hora de promover leyes de protección de los trabajadores. La montaña rusa laboral causada por el COVID-19 generó millones de despidos; aunque, siendo justo con la causa, también se generaron otras tantas reincorporaciones – aunque en menor nivel – a los pocos meses. La cuasi total flexibilidad laboral es parte de una idiosincrasia que sería una herejía en comunidades latinas, donde la angustia de quedarse sin empleo es una de las variables fundamentales que cualquier político con pretensiones debe tener en cuenta. Lamentablemente, el equilibrio para el ser nacional latinoamericanista es más que complejo: en el contexto de la profundización de los intercambios comerciales internacionales, desde el sur estamos en una clara desventaja a la hora de comparar los costos y la seguridad jurídica del inversor en términos de la dinámica salarial.

 

Como contraparte a lo descripto, mientras los anglosajones quieren mostrarse pudorosos de sus miserias para con el afuera, no tienen problema alguno en inmiscuirse con la vara inquisidora bajo la racionalidad geoeconómica. Y no es necesario remontarse a las colonias africanas o las dedocracias creadas en el sudeste asiático en el siglo pasado; basta con abrir los diarios actuales y observar como Boris Johnson da vía libre a la determinación de un juez británico para entregarle más de 1.000 millones de dólares en oro al ‘presidente interino constitucional de Venezuela’, Juan Guaidó. Seguramente, en la actual lógica aperturista luego del Brexit – recordemos las controversiales “relaciones carnales” con nuestro gobierno anterior de similar tono ideológico neoliberal -, habrán medido con beneplácito diplomático el “pegarle” al vapuleado Maduro para con sus objetivos de conquistar nuevos mercados.

 

Por supuesto, también hay otra Europa. Tenemos a la Grecia desde donde hace algo más de una década se intentó, con la victoria de Syriza, generar un proceso ‘subversivo’ ante el statu-quo sistémico. No solo encontró la respuesta virulenta de quienes los acusaron de “vagos, ineficientes y corruptos”, como sus conciudadanos europeos alemanes, sino que además el pueblo griego vivenció enormes presiones y un contrataque fulminante de gran parte de la banca europea acreedora. Ya sabemos quién ganó la partida. Días atrás, la Policía griega del actual Gobierno Conservador reprimió una manifestación que reclamaba, justamente, contra una propuesta de ley que criminaliza la protesta social. Uno de los pilares de la reforma contempla poder prohibir las manifestaciones que puedan “obstruir el tráfico o limitar la actividad comercial de las ciudades”. Por supuesto, los inversores extranjeros con foco en la exportación y el turismo – quienes por años apoyaron los ajustes que castigaron al mercado interno de las mayorías empobrecidas -, ahora se encuentran felices de que se mantenga a rajatabla la seguridad jurídica-económica del país helénico.

 

Por el contrario, los chinos y los rusos no solo tienen otra visión sobre cómo enfrentarse al complejo sistema económico global; sino que, por sobre todo, tienen mayores capacidades en términos económicos, políticos y militares – y de apoyo interno, por supuesto – para hacerlo. En cuanto a los primeros, poco les importó las palabras de Donald Trump diciendo que han presionado a la OMS para “engañar al mundo” sobre el COVID-19, con la consecuente pérdida del aporte de 400 millones de dólares por parte de los Estados Unidos (alrededor del 15% del presupuesto total). El gobierno comandando por Xi Jimping ni se inmuto ni perdió tiempo para responderle. A partir del año que viene seguramente lo reemplazará con su enorme billetera. Ya todos lo saben. Y no solo en relación a la OMS; sino que, probablemente, en poco tiempo tomarán la delantera  económica y financiera a nivel global.

 

El caso del eterno Vladimir Putin es similar. Días pasados se aprobó la reforma de la Constitución, la cual que le concede al presidente no solo la posibilidad de ser reelegido una vez más, sino que promueve la fusión de territorios para simplificar la dinámica gubernamental rusa. El objetivo explícito es reducir el número de unidades administrativas para facilitar su manejo directo desde Moscú. Implícitamente, para los extranjeros, mejor es negociar con el garante de la estabilidad que todo lo controla y decide – sobre todo en relación a los ingentes proyectos relacionados a los recursos naturales estratégicos y la tecnología militar de punta -, que tener que negociar con un sinfín de interlocutores. Y a decir verdad, poco les importa lo que achacan los escasos opositores domésticos del Presidente, quienes lo comparan con Luis XV por su frase de cabecera: “Después de mí, la nada”.

 

Por supuesto, también tenemos políticas económicas exteriores autóctonas en las usuales democracias populistas “de izquierda y de derecha” de nuestra maltrecha región. Por ejemplo, el eterno ‘Estado Fallido’ mexicano hace tres semanas – después de 6 largos años de lucha de los familiares – ha podido identificar a solo uno de los 64 estudiantes secuestrados y asesinados por grupos criminales (en convivencia con autoridades políticas y de seguridad) en la localidad de Ayotzinapa. Por supuesto, ello no impidió que días más tarde Andrés Manuel López Obrador se reúna con Trump para continuar hablando del apoyo del gobierno mexicano a los empresarios estadounidenses; los cuales, con ‘denodado esfuerzo’, siguen produciendo en las maquilas para con el ‘bienestar económico’ de ambos lados de la frontera. Es lógico, la problemática socio-económica, política y de derechos humanos es históricamente estructural; y aunque el gobierno estadounidense ‘observe con preocupación’ (supongamos) el dilema de la violencia, la droga y la inmigración en México, la prioridad coyuntural es reactivar la económica post COVID-19 lo antes posible.

 

Adentrándonos en el problema de la deuda en sí, también tenemos diversos matices a nivel regional. Por el lado del ‘ala dura’, podemos mencionar que en el año 1986 Cuba entró en default provocado por el recorte de ayuda de parte de la antigua Unión Soviética. Años más tarde, tras varias décadas de bloqueo, el entonces Presidente Obama sorprendió al mundo cuando anunció que se restablecerían las relaciones diplomáticas con La Habana y que ello implicaba levantar determinadas sanciones crónicas sobre el país,  incluyendo la deuda descripta. En este sentido, en el año 2015 la mayor parte de los miembros del Club de Paris condonaron 8.500 de un total de 11 mil millones de dólares de deuda interestatal. La moraleja: el margen para ‘aguantar’ que tuvo la dictadura de un proletariado adoctrinado, erguida en su posicionamiento tanto internacional como víctima del imperio, dio sus frutos. Solo había que tener fortaleza – con los costos socio-económicos que ello conlleva – para esperar el momento histórico adecuado.

 

Como contraparte, tenemos el ‘soft power’ ecuatoriano. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, explicó días atrás que mientras continúan las negociaciones con los acreedores privados, también se llevan en paralelo conversaciones con el FMI. El fin es asegurarle a los Fondos de Inversión la sostenibilidad de la deuda; por supuesto, con la consecuente continuidad del círculo vicioso de endeudamiento. Aunque cercano en el tiempo, parece una eternidad política el Gobierno del predecesor Rafael Correa, quien suspendió parte de los pagos de la deuda externa ya que la misma era “ilegitima”, bajo la argumentación de que el endeudamiento público era “una herramienta de saqueo de recursos y de sumisión a políticas impuestas por los organismos multilaterales”. Las cosas han cambiado y hoy Lenin Moreno vuelve a poner las cosas – léase el histórico statu-quo – en su lugar para con el financiamiento y el repago de deuda internacional. Ello, por supuesto, tuvo su recompensa: Ecuador pudo volver a los mercados internacionales, emitiendo recientemente 2.000 millones de dólares en bonos soberanos a un plazo de 10 años y con una rentabilidad del 7,95%.

 

Finalmente, llegamos a nuestro país. Guzmán dio por cerrada la oferta a acreedores: “Hicimos nuestro máximo esfuerzo”, dijo días atrás, mientras explicaba que no tenía más margen para la propuesta de reestructuración de deuda. Prácticamente sin quita de capital, y con un interés en dólares de más del 3% anual – que no paga ningún país ‘normal’ del mundo -, debería ser suficiente para convencer a los acreedores. Pero no. Aunque a algunos les parezca increíble, se requiere de una enorme fortaleza política para también tener que explicar que sin crecimiento económico, la sustentabilidad del pago será tan endeble como el historial de compromisos de nuestro país.

 

Quedó claro que el gobierno dejó la tibieza de una necesaria servidumbre – sin entrar en detalles de cómo se llegó a ello – para pasar a mostrar una fortaleza pragmática alejada de lo que algunos denominarían un vínculo de “dependencia tóxico”. Sin embargo, hay una reticencia, como hemos observado en diversas latitudes, de grupos de interés con objetivos de acumulación financiera exógeno, los cuales presionan a través de la colonización mental – léase los medios de comunicación que ellos mismos financian y controlan –, donde una gran parte de la población queda suficientemente anestesiada  para no poder visualizar la relevancia de las victorias estatales, con el efecto derrame en el resto de las mayorías necesitadas que ello conlleva. También tiene su lógica: la redistribución de los triunfos nacionales a lo largo de la historia no solo han sido mayoritariamente efímeros e insuficientes,  sino que además es más intangible que la fuerza que conlleva el discurso moral, religioso, o cultural que motiva y revitaliza al ser nacional.

 

¿Alcanza con transformar las victorias económicas de la política exterior en hechos patrióticos? ¿Podrá el incremento del conocimiento de la historia secular eliminar aquel miedo falaz que indica que los defaults determinados en algún momento de la historia implican el fin de las inversiones, cuando en realidad se ha demostrado que donde hay recursos estratégicos y mercados dinámicos el capital continúa viniendo? ¿Podremos comprender que cuando uno escarba en la arena económica internacional lo más difícil es discernir los engañosos intereses cruzados? Sino observemos el reciente beneplácito  de nuestro país de haber sido seleccionado para realizar las pruebas de la vacuna para COVID-19 desarrollada por Pfizer; laboratorio cuyo uno de sus principales accionistas es BlackRock, el fondo que más trabas le pone a la Argentina en la negociación de la deuda. Las malas lenguas sostienen que Pfizer buscó países cuyos gobiernos estuviesen dispuestos a permitir los testeos en sus habitantes. Por supuesto, la negociación por la deuda externa de nuestro país con el Holding va por otro carril.
Para concluir, quería recordar una frase del ex técnico de la selección argentina de fútbol, Marcelo Bielsa, quien una vez le respondió a un afamado periodista en una conferencia de prensa: “Usted es mi enemigo, y ello me enaltece. Cuanto más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy”. ¿Sabemos realmente quien es nuestro enemigo? El foráneo, seguro. Si lo reconocemos, ya hemos ganado una parte importante de la batalla. Lo más difícil, sin embargo, es dar cuenta del enemigo interior, el egoísta que busca solo el interés propio y actúa en complicidad con el de afuera. Porque como dice un viejo dicho popular: cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido solo.

Latam, solo un espejo más de la dinámica sistémica global

Publicado en Ámbito Financiero, 6-7-2020

https://www.ambito.com/opiniones/latam/solo-un-espejo-mas-la-dinamica-sistemica-global-n5115010

Competir a través de la reducción de costos es el eje principal del trabajo gerencial de las líneas aéreas en la actualidad. Capitalismo a secas. Donde la competencia es salvaje, pero también lo son las fusiones y los monopolios. Donde la política – y la geopolítica – juegan un rol trascendental. Donde las economías indirectas que la industria genera (como el turismo, el comercio con las mercaderías que se transportan, las miles de Pymes que actúan como sus proveedores, o la dinamización de la microeconomía que implica las reuniones laborales), representan sectores importantes en los PBIs de muchos países. Donde también se visualiza la “lucha de clases” modelo siglo XXI.

Todo comienza con la globalización neoliberal agresiva y la tan mentada ‘revolución de los aviones’ a través de las ahora tan conocidas por nosotros “Low Cost”: precios bajos, rutas fijas punto a punto con vuelos repletos llevados a cabo en el menor tiempo posible (desde Ryanair ya avisaron que no van a volar si los gobiernos imponen la obligatoriedad de dejar los asientos centrales vacíos a causa del COVID-19), aviones eficientes con bajo nivel de consumo de combustible – adquiridos además en grandes cantidades para abaratar costos -, tiempos mínimos de espera en los aeropuertos secundarios, mantenimiento estrictamente necesario para garantizar la seguridad, modelos únicos y estándar de aeronaves para reducir el costo de la formación de los pilotos y lograr una operatoria con el mínimo personal posible y, por supuesto, empleados con derechos laborales mínimos.

Aquí no hay efecto derrame que valga para con la competencia: estamos en una industria de juego de suma cero. Ejemplos sobran y los números hablan por sí solos. Ryainair dejó en tierra a 400.000 pasajeros en 2017. La infantil explicación oficial se basó en “errores en la planificación del calendario de vacaciones de sus pilotos”. La realidad indica que hubo una huida masiva de 150 de sus trabajadores a Norwegian Airlines. Por otro lado, de las 154 aerolíneas que se han creado entre los años 2000 y 2016, 107 ya han desaparecido. ¿Capitalismo Shumpetereano? Más bien diría capitalismo en su fase monopólica. En Europa, cinco grupos (Air France-KLM, IAG, Lufthansa, EasyJet y Ryanair) acaparan el 63% del mercado. Peor aún es en Estados Unidos, donde las cinco primeras líneas aéreas controlan el 86% del negocio.

Como contraparte, para quienes lo promovieron, las palabras mágicas que han sentenciado socialmente su triunfo son cuatro: “democratización del espacio aéreo”. ¿Quién puede dudar de los beneficios a un consumidor que obtiene tarifas económicas y asequibles para su malogrado bolsillo? Un nuevo modelo que se basa en brindarles a los clientes libertad de elección, sin forzar el pago de servicios que no van a utilizar. “Una propuesta justa y equitativa” gritan a los cuatro vientos. Cantos de sirenas para el liberalismo individualista.

Igualmente, queda claro que como siempre, lo importante es ganar dinero. Mucho dinero. Desde el punto de inflexión provocado por la crisis de los años 2008/2009, el sector ha vivido una década dorada, con crecimiento continuo de pasajeros y, sobre todo, ganancias. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), órgano madre de la aviación civil internacional, estima que la industria ha cerrado el ejercicio de 2019 con unos beneficios en torno a los 25.900 millones de dólares – lo que representa un incremento interanual del 3,1% -, con 4.500 millones de pasajeros transportados (el doble que diez años antes) conectados por 23.000 ciudades en todo el mundo – cuando en el año 1998 eran 10.250 -.

Pero esto es capitalismo y como en un videojuego de acción, el ataque de los ‘enemigos’ proviene de diversos y variados frentes. Los fluctuantes – y terriblemente peligrosos cuando se incrementan – precios del barrio de crudo, la competencia en espacios regionales con los menos contaminantes trenes de alta velocidad (la alcaldesa de Barcelona Ada Colau ya ha pedido eliminar el puente aéreo entre la capital catalana y Madrid con la excusa de que es suficiente con el AVE), alguna catástrofe que en la industria de la aviación suele dejar secuelas (como ha sido el caso de Spanair, la cual quebró en el año 2012 luego del accidente de Barajas en el año 2008), los desequilibrios macroeconómicos (la británica Monarch justificó su quiebra en base a la debilidad de la Libra Esterlina), los potenciales atentados terroristas (como el emblemático suceso de la aerolínea estadounidense Panam cuando sobrevolaba Escocia en el año 1987), los cambios tecnológicos que permiten realizar tareas y comunicaciones de manera virtual, el rechazo de los grupos ambientalistas (en Francia, el Partido Verde ha demostrado que cada francés emite 5 toneladas de CO2 al año en su rutina diaria – calefacción, transporte, alimentación -; la misma cantidad que si viaja dos veces desde París a Nueva York), o una pandemia como la actual, la cual dejará un tendal de quiebras en la industria.

Por supuesto, y para salir del paradigma argentino, no todas las problemáticas son exógenas. También hay erróneas definiciones en los modelos de negocio que no aciertan con su verdadero público objetivo o con los mercados donde debieran operar para ser rentables (como ha sido el caso de Alitalia, que se focalizó en las rutas de corto y medio alcance – sin poder competir de ningún modo con las Low Cost – en lugar de las internacionales). También se encuentran quienes pierden eficiencia por no contar con financiamiento para poder modernizar su flota. Y de más está decir que en las últimas décadas, la reducción de costos se vincula directamente a la eliminación de personal: “estructura sobredimensionada” son las palabras sutiles de los empresarios del sector. La respuesta del otro lado del mostrador, no se hace esperar. “Capitalistas en las ganancias y socialistas en las pérdidas, han repartido millones en utilidades en los últimos años de bonanza; sin embargo, no son pocas las líneas aéreas que cuando no le cierran los números sufren rápidamente el ‘síndrome del chivo expiatorio’, culpando a los sindicatos como los causantes principales de todos sus males” sostiene Luciana Flesler, dirigente sindical de la Asociación del Personal Aeronáutico de la República Argentina.

El otro punto de relevancia para las empresas privadas de aviación civil, es su relación con los gobiernos. Exceptuando las empresas 100% estatales (como sería el caso de Boliviana de Aviación, creada por Evo Morales), el vínculo público-privado suele ser ambivalente. Por un lado, las principales quejas se centran en los altos impuestos (como lo es por ejemplo la tasa a las emisiones de carbón en la Unión Europea), o las escasas facilidades que reciben en términos logísticos, burocráticos y de infraestructura por parte del Estado. Por supuesto, la situación se revierte 180° – sobre todo para las aerolíneas emblema de cada país – cuando la quiebra se encuentra a la vuelta de la esquina: como Cenicienta a la medianoche, los reclamos se transforman radicalmente en pedidos desesperados de un rescate financiero estatal imperiosamente necesario para su supervivencia.

Y aquí aparece en acción la Canciller Angela Merkel, con una inyección de 9.000 millones de euros adquiriendo el 20% del paquete accionario de la emblemática Lufthansa. Del otro lado del mostrador, para el gobierno germano lo más importante es su asiento en el directorio; aunque institucionalmente no debería intervenir en las decisiones de la aerolínea, se sabe que el objetivo es tomar el control estratégico para que no pierda su preponderancia en el mundo de la aviación civil como la aerolínea de bandera de la Unión Europea. Por supuesto, en el mundo de la geopolítica pura, los diferentes niveles de poder conllevan a que las capacidades – y las metas -, sean diferentes. Así lo entienden sus laderos austriacos: a pesar de haber avalado 300 millones de Euros de créditos de la banca privada para el rescate de Austrian Airlines, Viena no participará en el capital de su aerolínea, la cual seguirá perteneciendo 100% a Lufthansa. Todo queda en manos de las decisiones de su hermana mayor.

Sin embargo, no será nada sencillo para los germanos. Los intereses supranacionales se encuentran a la orden del día: la Comisión Europea le ha indicado a Lufthansa que, como toda compañía que obtiene más de 250 millones de euros en capital de rescate, debe aceptar las reglas de un “campo de juego nivelado”: esto es, ceder franjas horarias de despegue y aterrizaje (Slots), o que reduzca el número de aviones con base en sus aeropuertos principales de Frankfurt y Múnich.

Mientras que para Merkel ello representa un dolor de cabeza, para muchos italianos la aflicción es en el corazón. Aunque golpee el bolsillo de una ya insolvente economía, los 600 millones de euros destinados por el gobierno de Conte para la actual renacionalización y salvataje de Alitalia, son una caricia al alma para con la “italianidad”, como le gustaba decir a Silvio Berlusconi en sus discursos políticos.

Como contraparte, el idílico nacionalismo tiene su contracara cuando la corrupción y la ineficacia se apoderan de los poderes de turno. El tan mentado “capitalismo de amigos” se observó también con la aerolínea de bandera italiana, quien tuvo la participación en sus múltiples rescates de sujetos y empresas que poco o nada tenían que ver con la industria aeronáutica, como fue en su momento el caso de la empresa de autopistas – sí, leyó bien, autopistas – Atlantia, cuyo objetivo central – para no decir único – era obtener a cambio un trato favorable en futuras concesiones vinculadas a los negocios gubernamentales.

Con un halo de oscuridad similar, semanas antes de acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos para reestructurar su deuda (superior a los 7.000 millones de dólares), el principal accionista de la aerolínea Latam, la sociedad Costa Verde Aeronáutica de la familia Cueto, canceló anticipadamente un crédito de 34 millones de dólares otorgado por Inversiones Odisea, la firma que tiene a los cuatro hijos del presidente chileno Sebastián Piñera como principales socios. A diferencia del caso italiano, en esta ocasión ambas empresas conocen muy bien el paño. Los negocios aeronáuticos de estos apellidos ilustres datan de los años 1980’, cuando durante el final de la dictadura de Augusto Pinochet fueron parte de la adquisición de la entonces aerolínea estatal LAN. Por supuesto, a precio vil. Cualquier similitud con lo que vendría unos años más tarde en nuestro país, es (¿o no?) pura coincidencia.

Sin embargo, la inmoralidad del pago podría no ser lo más grave: ya en plena crisis del COVID-19, la compañía tuvo que ser suspendida en la Bolsa de Santiago cuando estaba sufriendo el mayor desplome de su historia y amenazaba con comprometer los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), otra de las grandes ganadoras históricas del modelo chileno. Las AFP llevan invertidos unos 442 millones de dólares en Latam – en otra polémica decisión que pone bajo sospecha los vínculos de Piñera con esas administradoras – y tienen el 15,3% de su paquete accionario, lo que las deja en una situación de gran vulnerabilidad en el escenario actual. Para ser realistas, la verdadera fragilidad la sufrirán los futuros jubilados de carne y hueso, que confiaron – obligados – sus ahorros en ellas y ahora su futuro socio-económico pende de un hilo.

Luego viene la historia ya más conocida, de este lado de la cordillera. Algunos hablan de corrupción, otros de mala praxis. Los más efusivos se aferran a las pujas y la presión por parte de los poderes políticos y sindicales de turno, junto con una traumática competencia desleal. Por supuesto, en el cliché de los teorías, la ideología, las disputas geopolíticas, las variables exógenas impredecibles, el obsceno ratio rentabilidad/masa salarial, y la reducción de costos a como sea, no pueden quedar afuera. Seguramente habrá un poco de todo ello. O de casi todo. Lo que si podemos afirmar es que el marco descripto se asemeja a cualquier película donde el actor principal, en este caso Latam, puede ser fácilmente intercambiado por otro de símil relevancia en alguna otra industria de vanguardia. Donde el título más adecuado del filme podría ser, simplemente, “capitalismo modelo 2020”.

Expropiar, la palabra que se debate entre el signo de exclamación y el de pregunta

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 23-6-2020

https://www.ambito.com/opiniones/expropiacion/expropiar-la-palabra-que-se-debate-el-signo-exclamacion-y-el-pregunta-n5111783

En palabras del reconocido filósofo y jurista alemán Carl Schmitt, la expropiación es parte esencial del ‘nomos de la tierra’; es decir, del arreglo territorial primordial que es consustancial a todo Estado. Así lo entendía el difunto Comandante y entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez, cuando gritaba a los cuatro vientos “¿De quién es ese edificio? ¡Pues exprópiese, exprópiese!” Propiedades, empresas petroleras (como el famoso caso de la estadounidense ExxonMobil, la cual pidió un pago “justo” de 10.000 y solo recibió 908 millones de dólares después de la expropiación de todos sus activos en el país), de telecomunicaciones – para evitar la propagación de la información enemiga -, tierras (que se aseguraba eran improductivas y debían destinarse a fomentar la “seguridad y soberanía alimentaria”, en un país que importa alrededor 70% de los alimentos que consume), y todo tipo de industrias de enorme envergadura y relevancia fueron expropiadas y nacionalizadas. Quienes llevan las cuentas desde “algún lugar del imperio”  dicen que las propiedades privadas expropiadas han sido 1.440 durante sus 13 años de gobierno.

Pero la historia de la expropiación es mucho más que el fresco recuerdo chavista. Ya sea en la teoría o la praxis. Desde de una visión jurídica, económica, o social. Pero sobre todo, en la conjunción de todos estos campos de análisis. Solo para citar un ejemplo, la Teoría de los Costos Sociales de Ronald Coase indicaba que bajo el supuesto que los costos de transacción sean muy elevados, la misión del derecho es simular la situación eficiente, aquella que habría surgido si los costos de transacción no fuesen significativos. Por ende, el derecho actúa simulando al mercado al asignar la titularidad a quien más la valore; ya que, en un contexto de altos costos de transacción, la asignación de los derechos de propiedad repercutiría en el bienestar social. Bajo este marco, la expropiación será socialmente eficiente si es que la ganancia social (suma de ganancias individuales) es mayor que la pérdida social (suma de pérdidas individuales). Y aquí entra en juego si quienes obtienen el bien lo valoran más que quien lo pierde.

Alejándonos tangencialmente de la visión neoclásica, los marxistas van más atrás en la historia y afirman que con el emerger del capitalismo en los albores del siglo XVIII, se generó una desintegración del proceso de “acumulación originaria”, sustentado en la expropiación de las condiciones de producción, el acceso a la tierra y la propiedad de los medios de producción; los saberes, acumulados por campesinos y artesanos durante generaciones; y los productos de trabajo, mediante formas de división, mecanización y automatización del trabajo. Una victoria del capital por sobre el trabajo.

Sin embargo, el comunismo se tomó revancha muchos años después. Al día de hoy, son 5.913 las empresas estadounidenses que todavía mantienen una demanda oficial contra las expropiaciones sin compensación de más de 7.000 millones de dólares realizadas por el gobierno cubano al mando del entonces presidente Fidel Castro. Los cubanos alegan que ya lo pagaron con creces. Fue precisamente la nacionalización sin compensación de bienes de empresas estadounidenses lo que detonó el embargo; un “bloqueo” que le costó a la isla 100.000 millones de dólares en las últimas seis décadas. Económicamente, los números no les han cerrado a los “barbudos revolucionarios”. Sin embargo, ciertas variables como la ideología y la patria suelen prevalecer en un régimen que ha sabido surfear las vicisitudes entremezclando un férreo control comunicacional y un incondicional apoyo internacional en ciertos valores del desarrollo socio-económico (como la salud y la educación, aunque discutidas en su calidad), inclaudicables para con el resto del progresismo en el mundo capitalista.

Estados Unidos había aprendido la lección; por ende, un par de décadas más tarde no corrió con la misma suerte el primer “comunista democrático” de Latinoamérica, el Dr. Salvador Allende. A 50 años de la promulgación de Ley de Reforma Agraria bajo su gobierno, el sentimiento de gratitud para con la expropiación y el control de los recursos naturales por parte de campesinos pobres y trabajadores industriales tuvo una respuesta letal por parte de la oligarquía que luego gobernó (y todavía gobierna, aunque matizada bajo el halo de la democracia y el discurso suavizado), el país trasandino. Augusto Pinochet fue solo el brazo ejecutor de una política donde la expropiación marxista no tenía lugar bajo la Doctrina Monroe del Imperio.

Es evidente que la interdependencia compleja – que entremezcla los intereses de los actores estatales y no estatales – juega un rol trascendental cuando hablamos de expropiaciones. En el año 2000, un tribunal arbitral internacional condenó a México a pagar una indemnización de casi 17 millones de dólares a Metalclad, una empresa norteamericana radicada al sur del Rio Bravo que se dedicaba al tratamiento de residuos peligrosos. El fallo indicaba que la compañía estadounidense había sido “víctima de una injusta expropiación”. Sin entrar en detalles del caso, se sabía que el abultado monto a pagar era una consecuencia inevitable de la reducción de la soberanía que devino del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá: en este aspecto, la única reforma importante de la ley de Expropiación que databa de la década de 1930’ tuvo lugar en el año 1993 durante el acuerdo del TLC, cuando se modificó el criterio para con el pago indemnizatorio de una expropiación, que pasaría a ser el valor comercial de lo expropiado y no más el valor de la tierra.

Pero como suele ocurrir en la arena internacional, una cosa es lo que se dice hacia afuera, y otra es lo que se hace puertas adentro. Sino pregúntenles a los 90 terratenientes texanos que viven en las adyacencias de la frontera mexicana, a los cuales el año pasado les llegó una notificación del Departamento de Justicia estadounidense sobre las intenciones del gobierno de Donald Trump de comprar o, en caso que se nieguen, expropiar sus terrenos. Extraño en un país que protege con celosía la propiedad privada como bien sacro. O no tanto.

En este sentido, cabe destacar que el régimen expropiatorio es un indicador importante de lo que ocurre a trasluz del poder gubernamental en general. En particular, si aceptamos la hipótesis de un debilitamiento del Estado-Nacional o, al menos, de una re–configuración de sus instituciones y sus capacidades en el contexto global. En las últimas décadas, en una gran cantidad de países en el mundo el declive en el margen de maniobra de políticos ha tenido su contrapunto con el fortalecimiento del poder judicial (en los casos que mantiene su independencia, por supuesto), a través del surgimiento de nuevas formas de protección de los derechos individuales y colectivos. La “logia” judicial sostiene que, aunque incapacitado de conseguir objetivos sociales específicos, lo mejor que se puede hacer es brindar un orden estable que permita a los individuos la libertad de luchar por alcanzar sus propios objetivos; lo que implica que las reglas a las que se debe sujetar la expropiación tienen como una de sus principales funciones construir un sistema que permita a los individuos predecir con cierta certeza el futuro de sus inversiones y de sus derechos de propiedad privada.

Por supuesto, no en todo el mundo ocurre lo mismo: existen gobiernos fuertes y paternalistas que conviven con un débil y cooptado estado de derecho (semi-dictatoriales, diría algún académico occidental). Tenemos como ejemplo el caso de China u otros países del Sudeste Asiático, donde se ha hecho un uso extensivo de la expropiación para dar paso a proyectos de infraestructura y de expansión urbana; avallando, sin ponerse colorados, cualquier tipo de oposición de particulares. Y lo peor para estos últimos, en muchas ocasiones se les han otorgado indemnizaciones ridículamente ínfimas.

Hablando de los perdedores sin tierra, no tenemos que irnos tan lejos viviendo en la región más inequitativa del planeta. Nuestro vecino Paraguay da cuenta de ello: el 2,6% de los propietarios son dueños del 84,8 % de las tierras explotadas. Como contraparte, en el país existen más de 300.000 familias campesinas sin tierras. Para las elites enquistadas en el poder hace más de un siglo, no pareciera que hay mucho por hacer. De racional sensibilidad social, bien gracias. Solamente, como suele ocurrir en una nación aguerrida y creyente, la historia demuestra que la solución para los más desahuciados se ha encontrado o bien ‘por las malas’, como ocurrió en el año 1995 cuando el Congreso expropió 7.137 hectáreas en el departamento de Amambay con el mero objetivo de devolver la paz social luego del asesinato de Pedro Cohene (un líder de la Organización Nacional Campesina, quien fuera ejecutado por sicarios contratados por terratenientes); o mismo con la ayuda la Diócesis de Concepción de la Iglesia Católica, la cual apoyó en el año 1997 la expropiación de las 267.836 hectáreas de la empresa CIPASA, ubicada en los departamentos de Concepción y Amambay.

Pero como la desigualdad socio-económica se incrementa día a día en todo el mundo y ya no es menester solo de los países subdesarrollados, no es de extrañar la reciente iniciativa ciudadana para expropiar a cualquier empresa inmobiliaria que posea más de 3.000 apartamentos en Berlín. Parafraseando a la emblemática señora de los almuerzos con el “Estas muy politizada, muy de izquierda”, los socialdemócratas gobernantes del SPD han rechazado la petición de resocialización. Como alternativa, han promovido alentar nuevas construcciones, comprar viviendas existentes para alojamiento asequible y limitar los precios del alquiler (que se incrementaron el 100% en la última década). Algo similar ocurre en Francia. El ministro de Vivienda, Julien Denormandie, ha afirmado que “es inaceptable tener tantas viviendas vacías. Me refiero en concreto a estos edificios de oficinas o apartamentos que están a menudo en manos de bancos y aseguradoras. Aunque, por supuesto, la expropiación es el último recurso.” Claro, no sea que suene demasiado a pretender llevar a cabo un cambio revolucionario. El único motivo para desestabilizar el statu-quo debería ser un hecho excepcional, sostienen los conservadores, como ha ocurrido con la actual pandemia del COVID-19. Es por ello que el ejecutivo español del PSOE, no ha tenido una oposición férrea para desempolvar la “Ley de Expropiación Forzosa” todavía vigente del año 1954: en este caso, para asegurarse las mascarillas y otros insumos de salud en caso de que sea necesario.

Como contraparte, los gobernantes comprenden que los puntos de inflexión que implican llevar a cabo procesos expropiatorios, suelen generan enormes costos políticos, con potenciales efectos derrames – en muchas ocasiones negativos – para el resto de la sociedad. Sino miremos a nuestro país, luego de que en el año 2012, el gobierno expropiará el 51% de las acciones de YPF de manos de la empresa española Repsol. La medida, que buscaba retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético del país, generó rápidamente la reacción de la comunidad internacional y de potenciales nuevos inversionistas ante el ‘carácter discriminatorio’ de una medida que “claramente obstaculizaba el buen clima para con los inversionistas”. Si a ello le adicionamos la falta de tecnologías propias para explotar Vaca Muerta, el gobierno argentino quedó entre la espada y la pared; la consecuencia, poco tiempo después se vio obligado a revertir los nuevos controles sobre la inversión extranjera, pagó compensaciones pendientes establecidas en laudos anteriores, acordó una indemnización con Repsol por fuera de su propia legislación, y ofreció generosas concesiones a la petrolera estadounidense Chevron para que esta invirtiera en los nuevos yacimientos.

En definitiva, una expropiación que para algunos se llevó a cabo de manera ‘atolondrada’, sin un completo análisis de prospectiva, con indeseados y contraproducentes efectos económicos. Desde el otro lado del mostrador dirán que entienden que existe “cierta resistencia” en el mundo de las políticas sociales a reconocer problemas de eficiencia económica y jurisprudencia sobre la propiedad; pero dirán que más difícil aún es encontrar en los  organismos financieros internacionales y los capitales concentrados cualquier referencia a los derechos socio-económicos básicos de las mayorías empobrecidas. Aunque luego recibirán como respuesta que la expropiación es en realidad una consecuencia de la mala praxis de política macroeconómica previa, y no de los “consecuentes y lógicos” intereses del sector privado. Pero aquella “mala política” la realizó el gobierno previo de otro color político, volverán a retrucar. Y así sucesivamente. Evidentemente, encontrar el equilibrio no es para nada sencillo.

Para concluir, solo queda por afirmar que la expropiación nos debe llevar a un análisis complejo de “pesos y contrapesos” de carácter global, con actores profundamente diversos y con objetivos que en muchas ocasiones son diametralmente opuestos. Porque como dijo Pierre-Joseph Proudhon, filósofo, político y uno de los padres del movimiento anarquista, “La propiedad privada comenzó cuando alguien cercó la tierra, dijo esto es mío, y otro le creyó”. Y así seguimos, discutiendo que si la expropiar está bien o no. La respuesta, la misma de siempre. Depende de que intereses defendamos.

Entrevista en La Izquierda Diario Sobre la Situación Global

Por Pablo Kornblum en La Izquierda Diario

http://www.laizquierdadiario.com/Las-tensiones-entre-las-potencias-por-los-recursos-estrategicos-se-van-a-incrementar

¿Cómo ves la situación de la economía mundial tras los efectos de la pandemia?

Salta a relucir lo que se habla mucho, que son las desigualdades, este es el punto más importante. Vemos que a pesar que esto es homogéneo, en cuanto a lo que pasa en todo el mundo, los que son más pobres, los que tienen menos posibilidades de defenderse, los que no pueden quedarse en su casa trabajando desde una computadora y tienen que salir a la calle, son los más expuestos ante la pandemia. Entonces esa desigualdad que uno encuentra ahora a nivel internacional, pero a nivel local también, lo que se ve en Argentina, lo que sufren los jóvenes precarizado, por ejemplo, los que trabajan en los deliverys, etc. Es lo que se ve, ´quiénes están más expuestos, ellos o la gente que vive en las villas hacinadas´.

Una cuestión básica que se ve, sin ser economista, o sin entender mucho el tema, sabe que el virus se propaga más rápidamente en un área cerrada que donde convive mucha gente, era obvio que sin las medidas básicas de aislamiento iba a pasar. Bueno, pasa por eso hay tanta preocupación en África o en Asia, lo que pasa -como en todo el mundo- los medios de comunicación (algo que menciono el libro) lo tapan. Hay cosas que no se dicen porque lo manejan ciertas elites en conjunción con los dueños de los medios de comunicación y, otras personas más, lo cual no se ve pero evidentemente una vez más queda claro que ante estos shocks a nivel internacional los que más sufren son los que menos tienen.

Claro esto es una dinámica que como vos decís se está poniendo a relucir en forma muy aguda, y en el marco de esta película donde los que venían mal están peor, también hay otro elemento de la situación internacional en lo que respecta a mayores roces o tensiones entre los Estados, ¿cómo lo ves vos?

Hay dos cuestiones, sin entrar mucho en la historia, esto viene desde el fin de la unilateralidad o unipolaridad de Estados Unidos a fin de la década del noventa, que la globalización sabemos lo que trajo, ¿no? Digamos esta homogenización que no le sirvió a nadie, solo le sirvió a unos pocos, lo que hizo fue bajar los salarios a nivel internacional a un niveles que les sea rentable a nivel macro a estas elites económicas y financieras, ya sea para producir o jugar con el dinero. Lo que se vio a nivel general hay una baja del salario en los trabajadores; ahora a nivel interestatal hay un resurgimiento de lo que fue Rusia y China –sobre todo a partir de este siglo- que quieren tomar el poder porque se dan cuenta que la clave son los recursos estratégicos, la tecnología espacial, todo lo que tiene que ver con el aparato militar y, vuelvo a repetir, todo lo que tiene que ver con los recursos que son escasos. Lo que es el agua dulce, el litio, la Antártida, etc.

En ese marco de lucha por los recursos estos países con líderes, digamos que no les importa tanto la cuestión micro interna, como puede ser a Xi Jinping o a Putin, cuando su prioridad es conquistar varias partes del mundo por el tema de los recursos, la carrera espacial y militar, le están empezando a desafiar a Estados Unidos. En este marco de multipolaridad que vemos ahora, claro a ´río revuelto´, lo que se ve es que cada uno se va acomodando como puedo y lo que tenemos es eso, un nuevo reacomodamiento internacional donde Estados Unidos, a pesar de preservar el mayor poder militar no es la gran potencia a la cual todos siguen unísonamente y sin ningún tipo de discusión; sino cada uno se trata de acomodar con mucho problemas como en Europa con el tema del Brexit o Alemania que quiso moldear a Europa a su manera está con un montón de problemas que no se los esperaba como la inmigración y demás, … Bueno hay un marco internacional donde cada uno juega su juego y se van acomodando, el tema es dónde se acomoda cada uno a nivel interestatal y cómo hacen para que eso se derrame positivamente para los pueblos de cada uno; aunque lamentablemente como siempre los que menos tienen quedan relegados a lo último.

En relación al fin del mundo unipolar, ¿cómo ves a los Estados Unidos en su política exterior?

En su momento los Estados Unidos intentó de alguna manera manejarse con su esquema lógico que tuvo históricamente, ¿cuál es?, avanzar sobre los mercados. Ahora bien, se dio cuenta que en algún momento (creo que tardíamente) la pelea por los mercados la estaba perdiendo, por ejemplo con actores que sin tener las mismas capacidades estratégicas o de poder que tiene los Estados Unidos, iban acomodándose, le iban compiando el known how y el conocimiento y, de eso modo, le toman ciertos nichos que parecían intocables para los Estados Unidos, en el marco de este multilateralismo. Diciendo, ´Estados Unidos ya no me representa y puedo negociar con los chinos, con Rusia con India (y su tecnología) y demás´.

Se ha enfocado en mantener su nivel de agresividad económica, sin incrementarla, pero diciendo, ´este es el objetivo´, y retirándose de algunos sectores estratégicos a nivel geopolítico porque se concentró, por ejemplo, en Medio Oriente o en otros lados muy puntuales. En ese sentido, lo que se ve es que donde se retira Estados Unidos, donde no le pone el foco, América Latina o África, estos Estados que vuelvo a nombrar, China, Rusia y algunas otras potencias aprovechan y toman los lugares.

Si uno ve África lo que se ve es que hace 30 años las empresas norteamericanas o europeas estaban expoliando los recursos natural a viva voz, sin ningún resquemor; ahora vienen los chinos que les dicen, ´miren Sres. nosotros les proponemos que además de sacarles los recursos estratégicos, les implantamos población y le desarrollamos las actividades locales y la economía local. Entonces en ese sentido muchos gobernantes dijeron, ´nos conviene lo que nos están trayendo los chinos´, por su puesto detrás hay otros intereses porque los chinos, por ejemplo, te financian pero a su vez te piden que les compres su capital, que no negocies con otro, el famoso winner takes all, y te implantan población para que después a nivel sociológico (si se quiere) ya vayan avanzando y quedándose. No es como los norteamericanos que van te sacan el petróleo y se van. Ellos (los chinos) se van quedando, es otra dinámica. Pero te vuelvo a repetir, lo que se ve de Estados Unidos es que no creo lo hayan medido de la mejor manera, cuando se retiraron de algunos lugares o le quitaron un poco el ojo, ahí avanzaron estos Estados.

En cuanto a este avance de China sobre el conocimiento o la tecnología que históricamente controlo Estados Unidos, ¿Cómo ves esta puja que muchos la presentan como parte de la denominada guerra comercial?

Detrás de bambalinas lo que se sabe es que la guerra comercial existe, el déficit comercial de Estados Unidos con China es amplio y es histórico, hubo pelea no solo con Trump, con Obama también pidiéndole Presidente chino que revalúen la moneda porque no podían competir, eso existe. Ahora lo que uno ve detrás es lo que más le interesa es la tecnología sensible, la lucha por el poder, la carrera espacial, y es lo que no se ve que son las cláusulas secretas que se firman en todo tratado comercial que no son solo entre Estados Unidos y China, sino que son entre todo el mundo. Ahí me parece que está el quid de la cuestión. En cuanto a la lógica China lo que se ve es que, ´vamos a seguir avanzando económicamente hasta donde podamos y, mientras tanto, reforzamos nuestro aparato militar. Si los Estados Unidos nos quieren quitar comercio, como le puede pasar al Reino Unido que se fue de la Unión Europea y quieren negociar con nosotros (China)´.

Lo que está detrás de la disputa comercial es la disputa por el poder tecnológico, las tecnologías sensibles, la cuestión satelital, la cyberdefensa, digamos todo lo que tiene que ver con la tecnología de punta porque el comercio internacional lo que se ve es, con el ejemplo de Reino Unido, me sacan de la Unión Europea voy a negociar hasta con mi enemigo Argentina, y lo mismo pasa con China, ´Trump me pone trabas me voy a negociar con otro´, lo mismo pasa en Europa con la tecnología 5G, es la lógica de la guerra comercial permanente. Lo que es importante ver es que los países incrementan en general su gasto en defensa, su aparato militar, salvo contados casos, porque saben que en el futuro la lucha por los recursos estratégicos y la tecnología va a ser lo que va a definir los próximos cincuenta años. Para eso se están preparando los chinos, de eso ya mucho se habla y es el gran temor de los Estados que saben que en algún momento la tensión se va a incrementar. Ahora es una cuestión económica, en algún momento va a pasar a mayores y creo esto va a suceder en algunas décadas. Los chinos no se van a quedar atrás.

En tu libro explicas aspectos que consideras centrales sobre el funcionamiento del sistema capitalista global, entre ellos el creciente proceso de mercantilización, ¿cómo ves este proceso a la luz de la crisis sanitaria que puso en evidencia el Covid-19?

Algunos dicen que es el fin del capitalismo, pero yo no creo que sea así, lo que se están viendo son las miserias como dije al principio de la entrevista. Te doy un ejemplo concreto, en un momento los alemanes dijeron, ´si nosotros tenemos la pandemia y nosotros producimos los respiradores… de acá no sale nada, no se exportada nada´. El intercambio va a continuar, el capitalismo con todas sus miserias, en el sentido que no hay una reflexión como sostengo en el libro donde destaco que no hay una formación y educación a nivel institucional, sobre todo en la educación básica, en el nivel primario y secundario, para revitalizar el rol de las ciencias sociales y entendamos la problemática sistémica.

Me parece que el punto es, cuál es el verdadero problema, está el medio ambiente, están los virus, qué es lo que está ocurriendo acá, evidentemente está pasando algo dado el proceso de acumulación permanente e insaciable de la economía capitalista por parte de unas elites, lo que se ve es que el sistema en este modo lo que va a generar es un detrimento en la calidad de vida de los seres humanos y de los seres vivos en general en la tierra. Si no vamos a entender que esto es lo que ocurre, en algún momento esto va a terminar colapsando, ahora es un virus, después será la guerra por los recursos, etc.

Pero el problema que veo es que la gente no está lo suficientemente formada, educada…; por supuesto también hay cuestiones propias, y sobre todo los problemas de educación respecto a la bajada de línea de los medios de comunicación, el famoso ´cuarto poder´. Nos hacen pensar con la lógica de las elites porque trabajan juntos con ellos, cómo tenemos que analizar nosotros el mundo, cuál son los temas importantes…, y lo que nos termina pasando es que el dictamen que nos dejan es, ´fíjense u ocúpense de temas puntuales o marginales y no de problemas estructurales sistémicos´. Que quiero decir, ´ocupémonos solamente de la cuestión del aborto, por nombrar un tema en general, o el cuidado de los animales, o sea, cosas particulares donde grupos se preparan o les interesa cierta cuestión.

Desde mi punto de vista cuando vos te ocupas de los problemas marginales, cotidianos, puntuales y nos ves lo que pasa a nivel sistémico el sistema no cambia, el statu quo no cambia, entonces lo que vemos a lo largo de la historia, los últimos cien años a nivel internacional y, sobre todo en los últimos cincuenta es un aumento en las inequidades, en la pobreza a nivel internacional y en la destrucción del medio ambiente. Esto es lo que está pasando, es una realidad fáctica, si nos quedamos con lo que nos dicen los grandes medios, ´esto está más o menos mal, cambiemos esta cuestión puntual´, entonces no vamos a lograr el cambio sistémico para que toda la población mundial viva mejor.

Ahora bien Pablo, en el caso de la pelea por la legalización del aborto, hay millones de mujeres en todo el mundo movilizadas por este derecho que los Estados les niegan, si bien esta pelea no va a cambiar la estructura del sistema, creo que si no peleamos por aspectos parciales como parte de una estrategia global para cambiar el sistema hay un problema también, ¿Cómo lo ves?

Totalmente de acuerdo, a eso voy, lo que digo es lo siguiente… por fijarnos en la cabeza lo particular y por llevarnos rápidamente de un tema a otro, que es lo que hacen los grandes medios, para sacarnos de la cuestión estructural, lo que tenemos que hacer es pelear todas las batallas que haya que dar y, aclaro yo estoy de acuerdo con el derecho al aborto, pero lo que resalto es que ´el árbol no nos tape el bosque´, y la cuestión sistémica es lo que termina prevaleciendo, y frente a ellos lo que falta, es una formación institucional de base de ciencias sociales que nos quieren quitar. Nos quieren hacer creer que los que hacemos ciencias sociales nos somos productivos, que no servimos y valemos poco, lo que pasa es que los cientistas sociales son los que nos hacen pensar la sociedad y eso es lo que tenemos de bueno.

Por otro lado, en tu libro sostenes una crítica al capitalismo, cuando te referís a como en un proceso de reestructuración de negocios, los empresarios apelan a despidos y/o reducciones salariales, ¿algo de eso ya estamos viendo con las primeras respuestas de grandes grupos económicos ante la crisis?

Mira los otros días escribí en un artículo sobre las maquilas en México, allí empresarios norteamericanos con empresas del otro lado de la frontera con México, no les importa que todos los miles de empleados se contagien con tal de continuar produciendo para el sistema. Prefieren perder plata y que los multen, a que sus empleados mueran. Eso habla de todo porque no puede parar la rueda. Si no entendemos que el límite de la acumulación está en la salud humana, no se puede entender cuáles son las prioridades, en realidad, entendemos así, cuales son las prioridades que tienen algunos pro sistema, y las de otros que entendemos que la vida esta antes que todo. Bueno, el gran dilema es la lucha desigual, los más pobres son los que más sufren, ahora son visibilizados de algún modo porque salta con esta cuestión (coronavirus). Uds. que trabajan siempre, están en el terreno saben lo que es, vuelvo a repetir se necesita una comprensión sobre el problema estructural para que esto se plasme en la urnas, porque definitivamente se necesita tener poder para modificar las cosas.

A modo de cierre de la entrevista, ¿cómo ves la economía mundial de acá a los próximos años?

El crecimiento es muy frugal, todos están dependiendo de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, me parece que lo que se va a ver en términos generales es un aumento del sistema en términos de acumulación, los países desarrollados van a ir hacia las tecnologías y los servicios, eso es lo que se ve a nivel internacional, te doy el ejemplo de Australia, hace tres años que este país cerró su fábrica de automóviles porque dijo que es un país que no se va a dedicar más a la producción industrial, eso lo va a dejar a otros países como los del sudeste asiático; entonces esa es una gran diferenciación, quiénes van hacia los servicios y la tecnología y de ese modo si se quiere dar una mejor calidad de vida a los asalariados en el marco de una diferenciación porque del otro lado tenemos a los asalariados del sector industrial a quienes les vienen bajando los salarios a nivel internacional con los famosos procesos de tercerización. Eso es lo que se va a seguir viendo, si tienen que ir a producir a África para pagar dos dólares menos por mes, lo van a seguir haciendo.

Ese es el marco general que tenemos, entonces digo, ante esta situación y bajo la lógica de la geopolítica internacional, lo que podemos ver es quienes detenten los recursos estratégicos, que los que tengan el agua, los alimentos, y puedan producir esa tecnología de punta que les permita hacer la diferencia, no solo en la industria farmacéutica, sino también en la industria militar que es la más dinámica en la economía y es la que va a determinar en las peleas del futuro quién va a estar del lado de los ganadores y del lado de los perdedores, en ese marco el capitalismo se va a ir moviendo cíclicamente, con bajo crecimiento del PBI, y un incremento de las desigualdades, y por esto último, es ante lo que tenemos que pelear los que pensamos que las cosas así no van a funcionar.

Lo que se ve es una mayor desigualdad, mucha gente en los últimos cuarenta o treinta años entró al mercado laboral pero en qué condiciones, como los mileuristas en Europa, como los que trabajan en las maquilas en México, como los que trabajan en los mercados informales en Asia, entrar al mercado y no ser parte del planeta miseria no quiere decir vivir bien, esa es una crítica que muchos le hacen en Brasil a Lula, donde mucha gente salió de la pobreza, uno lo entiende, se pone contento, lo enaltece, ahora tener un TV y una heladera pero seguir viviendo en un morro no es calidad de vida tampoco, y por eso digo que hay pelear por salir de los cambios marginales e ir a los estructurales.

Un mundo a dos velocidades

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero 08-06-2020

https://www.ambito.com/opiniones/racismo/un-mundo-dos-velocidades-n5108153

La creciente entropía, definida por Randall Schweller como el lento pero constante reemplazo del orden por un incremental estado de desorden, marca la dinámica del mundo de hoy: el caos o lo diferente acecha; por ende, los miedos nos hacen buscar cobijo de quien hemos aprendido como nuestro cercano protector. Aquella institución madre, el Estado-Nación, que desde hace siglos rige la insignia de la política doméstica e internacional, y con la bandera, la moneda, o el poder militar, nos hace sentir unidos bajo una misma cultura e idiosincrasia.

Con el paso del tiempo, el ideal descripto se observa falaz, imaginario, para una porción creciente de la población. Ello ocurre porque quienes detentan el poder económico y político, les cuesta aceptar la cada vez más amplia agenda de una sociedad civil multivariada e interesada en nichos específicos. Pareciera ser que les duele, les molesta. Desean que la democracia sea meramente un voto. No pueden apreciar, ni siquiera, que las mayorías no les otorguen el beneficio de la ‘no discusión’ de cambios profundos en el statu-quo. Menos aún, no disfrutan siquiera el “no cuestionamiento” de sus grandilocuentes privilegios. Para su beneficio, el foco de las problemáticas socio-económicas del mundo se han desviado a una lógica individualista, aquella que el filósofo surcoreano Byung-Chul Han sostiene como el concepto “simultaneidad amo-esclavo, donde hasta incluso la lucha de clases se ha transformado en una disputa hacia el interior de uno mismo”.

Sin embargo, algunos teóricos ya lo han refutado y buscan darle otro sentido a aquel cuestionamiento para con el propio ser: lo que un ser social debería preguntarse es cuál es el involucramiento de uno mismo con lo ocurre en la sociedad. Donde la política está más presente que nunca. Porqué las decisiones acerca de la solidaridad son eminentemente políticas. Ello está ocurriendo hoy en día en los Estados Unidos. El “no puedo respirar” no es de ahora, es histórico. Y no está empeorando, solo es que en la actualidad se graba.

Minneapolis, la ciudad más poblada de Minnesota y donde ocurrió el asesinato de Floyd, es una de las caras más visibles de ello. De mayoría de población de ascendencia escandinava, en la década de 1970 se aprobaron las políticas de crecimiento equitativo, semejantes a las de los Estados de Bienestar que se dieron en los países nórdicos hasta finales del siglo pasado. En aquel momento, cuando el área de Minneapolis era 94% blanca y solo 2% afrodescendiente, era más fácil aplicar y alentar políticas de redes de seguridad social, ya que la mayoría de los residentes sentían a las personas beneficiarias de estos programas como semejantes o pares de ellos.

Al día de hoy, aunque la cantidad de blancos caucásicos ha descendido a menos del 80% de la población total, los indicadores socio-económicos siguen siendo de excelencia para ellos. Incluso en comparación con otras grandes metrópolis de Estados Unidos: el desempleo se encontraba en torno al 4% antes del COVID-19; los estudiantes blancos obtienen las mejores clasificaciones nacionales en lectura, matemáticas y exámenes de ingreso a la universidad; y el acceso a la vivienda es más que asequible con un abanico de flexibles créditos blandos.

Lamentablemente, para el más de 15% de población afrodescendiente, la situación es totalmente inversa. Al 10% de desocupación previo al COVID–19, se le adiciona que un afroestadounidense gana en promedio anual 32.000 dólares (32% se encuentra bajo la línea de la pobreza), mientras que para los blancos caucásicos sus ingresos son en promedio 72.000 dólares anuales (solo el 6,5% son pobres). Más aún, alrededor del 62% de los estudiantes afroestadounidense asisten a las escuelas públicas con los mayores problemas de infraestructura y formación, en comparación con el 10% de los estudiantes blancos. A ello se le debe adicionar que la tasa de encarcelamiento para los residentes afroestadounidenses es once veces mayor que la de los blancos.

Como se ha observado, el análisis situacional nos ha llevado a una necesaria conjunción entre racismo y pobreza. Y ambas variables se encuentran enraizadas en la sociedad estadounidense. El más claro ejemplo se da en términos del hogar propio. En los Estados Unidos, como en una gran cantidad de lugares alrededor del mundo, ser propietario de la tierra es lo que da a las personas estabilidad en sus vidas, construir comunidad, y a partir de allí crear y acumular riqueza. Sin embargo, solo un 24% de los residentes afroestadounidense son dueños de su casa, en comparación con el 76% de los blancos caucásicos (de los cuales muchos son descendientes de veteranos que regresaron de la Segunda Guerra Mundial, consiguieron trabajo, y pudieron comprar sus casas con ayuda gubernamental). Esta es la tercera brecha más grande de accesibilidad de todo Estados Unidos.

Ello tiene correlación con un estudio realizado sobre prácticas crediticias en los bancos más importantes de la ciudad de Minneapolis: los afrodescendientes tienen una probabilidad desproporcionadamente mayor de que se rechacen sus solicitudes de préstamos. Y la realidad demuestra que la brecha en las tasas de denegación de préstamos, no se genera únicamente debido a las características socioeconómicas de los solicitantes, como podría ser el riesgo de crédito o sus ingresos. Hay enormes disparidades y estas ventajas se han institucionalizado. En instituciones que son controladas por los blancos.

Para el presidente Donald Trump, la forma más rápida para tratar de salir de este asesinato que se le ha transformado en un callejón sin salida, fue, en primer término, tratar de “matar al mensajero”. Para ello, ha acusado a los medios de comunicación de ser “los enemigos del pueblo”, firmando además una orden ejecutiva disciplinadora donde autoriza a regular y evaluar si las redes deberían ser legalmente responsables de lo que publican los usuarios. Siempre y cuando no hablen a favor de él, por supuesto: sino vale la pena recordar que hasta no hace mucho tiempo, utilizaba con suma frecuencia la red del pajarito para ningunear a sus opositores demócratas; inclusive con burlas a sus características físicas o personales. Típico de cualquier dictador bananero tercermundista, de una bajeza que se debería encontrar en las antípodas de un estadista. Aunque ello no le importe a sus seguidores. Y eso Trump lo sabe, por ello mantiene grandes esperanzas de ser reelegido: entiende que, por un lado, una gran parte de la sociedad vota al oponente de lo que está seguro que no quiere y, por otra parte, que primordialmente el ciudadano medio estadounidense elige a su presidente defendiendo alguna necesidad puntual propia.

Por ello luego se encargó de designar a ANTIFA como organización terrorista. Otra discursiva que le encanta a su electorado. En este sentido, el Fiscal General de la Nación, Bill Barr, sentenció que “las voces de la protesta pacífica están siendo secuestradas por elementos radicales que desean llevar a cabo su propio programa de violencia organizada. Son grupos anárquicos y extremistas de extrema izquierda que utilizan tácticas de los antifascistas”. En ese sentido, hay que decirlo, no mienten. En general, los miembros de ANTIFA apoyan a las poblaciones oprimidas y protestan por la acumulación de riqueza por parte de las corporaciones y las élites.

Sin embargo, para el presidente de los Estados Unidos, la conjunción de la miseria y el racismo son parte de las nimiedades que no le hacen sombra a sus objetivos macro-elocuentes de triunfalismo geoestratégico. Que es donde se siente más a gusto. Desviando la atención hacia el “siempre redituable” enemigo externo de la política exterior – en este caso disputándole a los rusos la exclusividad de los vuelos tripulados -, y de la mano de sus venerados aliados, las elites económicas (de la que él forma parte) que comandan el mercado. Por ello se lo vio exultante detrás del primer lanzamiento espacial público-privado llevado a cabo por la NASA junto con la empresa SpaceX, del multimillonario Elon Musk. El objetivo, el de siempre: política y negocios de números exorbitantes para unos pocos, pero que son fundamentales para arengar a la mayoría de sus mesiánicos seguidores.

Está claro que para una gran mayoría de la población mundial, que desea la paz, los grandes dilemas de los grupos que viven algún tipo de opresión, cualquiera que sea, deben ser modificados a través del dialogo y la racionalidad. Pero cuando pasan más de dos siglos y las mejoras han sido tibias y marginales, como es el caso del racismo y la miseria que ello conlleva, el hartazgo toma la delantera. Y ello no es solo exclusivo de los Estados Unidos. Podemos trasladarlo a la guerra eterna entre Israel y Palestina, o a la propia disputa por la tierra de nuestros pueblos aborígenes. La variable disparadora (sea la raza, la religión, o la cultura ancestral), que se entremezcla y se potencia con la pobreza y la miseria, solo deriva en un incremento exponencial de las tensiones sociales, la bronca y la angustia contenida.

En definitiva, nos encontramos en un mundo a dos velocidades: mientras algunos persiguen denodadamente la carrera espacial del siglo XXII, otros todavía se encuentran embebidos en una “Cabaña del Tío Tom moderna”, peleando por su mero derecho a la vida. Como ocurrió en el Siglo XIX, cuando los abolicionistas estadunidenses deseaban terminar con la legislación que decía que “un negro, libre o esclavo, debe equivaler a las tres quintas partes de un hombre (blanco)”.

En este aspecto, la velocidad para con la propagación de la acumulación de capital, ha sido mucho más veloz y de manera más desenfrenada, que la de los derechos civiles, raciales o religiosos, los cuales tuvieron (y todavía tienen), sus avances y retrocesos. Será que aquí, a diferencia de la indiscutida lógica sistémica de ingente enriquecimiento sistemático de las elites gubernamentales y corporativas transnacionales – con algún escaso efecto derrame solamente beneficioso para algunos sectores económicos y grupos de ciudadanos puntuales de la sociedad global -, todavía hay fuertes discusiones políticas y puntos contrapuestos.

¿Sería lógico que sea a la inversa? Porqué los derechos de cualquier ser humano no deberían ser discutidos a esta altura del Siglo XXI, a diferencia de la forma en que creamos y distribuimos la riqueza en un mundo cada día más desigual. Por ahora, solo se sigue llorando la muerte de Floyd. Y lo único que es seguro es que si el día de hoy se levantará de su tumba el enorme cantante afroestadounidense Louis Armstrong, tendría un enorme resquemor para cantar “What a wonderful world”.