El discurso que le pone precio a la libertad

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero – 23-11-2020

https://www.ambito.com/opiniones/fmi/el-discurso-que-le-pone-precio-la-libertad-n5150094

La culpa. Esa maldita palabra que mortifica a individuos y sociedades. Y que el Fondo Monetario Internacional (FMI), previo a otorgar la Facilidad de Financiamiento Extendida (EFF en sus siglas en inglés), lo resalta en la propia definición que le provee a sus futuros clientes: “es una modalidad que se ajusta a las necesidades técnicas de la economía. Se trata de una facilidad crediticia de asistencia prolongada para el problema estructural de balanza de pagos, que se evidencia en la caída permanente de las reservas internacionales sin posibilidad de recuperación en las circunstancias actuales de la economía; en el déficit de balanza comercial y de la balanza de capitales; en el arrastre de déficit fiscales crecientes y poco manejables que ha mostrado el sector fiscal en los últimos años”.

Junto a la culpa, por supuesto, conviven las amenazas; si no se cumplen las medidas, el impacto directo – e indirecto – sobre la economía nacional, podría generar un enorme daño al ya resentido escenario que conllevó al pedido de auxilio. Por ejemplo, si en vigencia de un acuerdo, el país signatario no cumple las condicionalidades comprometidas, aunque no utilice el préstamo, el Fondo podría suspender el acuerdo; ello no solo derivaría en la obstaculización – y los ‘potenciales’ beneficios del préstamo en sí -, sino que además provocaría el fin a la protección que tenían los capitales externos ingresados para aprovechar el diferencial de tasas de interés domésticas, o mismo el bajo riesgo devaluatorio que el conjunto de condicionalidades usualmente asegura.

Por supuesto, ello no es exclusivo de un Estado en particular. Justamente porque le ha pasado a muchos países alrededor del mundo en el último medio siglo, la dinámica de la homogenización generalista fue la clave maestra – y por ende errónea – para simplificar lo que per se, a nivel doméstico, es más que complejo. Parece obvio, salvo para muchos de los decisores del FMI, que los dilemas culturales, políticos, productivos, etc., que se enmascaran detrás de los serios desbarajustes macroeconómicos de quienes acuden al Fondo, son de lo más variopinto que uno puede analizar.

En este sentido, si situamos la mirada en Europa, nos encontramos que la relación Deuda/PBI de Georgia se incrementó a 58,5% en 2020 (39,8% en 2019). Bajo este escenario, y dada la recepción de un EFF en el año 2017 para poner sus ‘números en orden’, el gobierno georgiano le prometió al FMI reanudar la consolidación fiscal una vez finalizada la pandemia. ¿Su principal dilema? El alto porcentaje (77,7% en 2019) de deuda denominada en moneda extranjera, proveniente de la ‘lluvia de divisas occidentales’ que llegó al finalizar la guerra fría (mismo Ucrania recibió un EFF de 2.200 millones de dólares en 1998). Evidentemente, la ‘fiesta volátil’ de moneda extranjera dura, no fue acompañada de una ‘prudente’ utilización en términos de los objetivos monetarios y fiscales.

Tampoco el Tratado de Maastricht hizo mella en las políticas de todos los miembros de la Unión Europea. Virando el eje hacia el occidente, Grecia firmó varios acuerdos de EFF entre el año 2012 y 2016. La ‘estabilidad macroeconómica’ (léase el repago de las deudas a la banca europea que había financiado un modelo inviable en términos de productividad y gasto público), tuvo su – esperado – costado más  oscuro: solo para citar un ejemplo, la reforma laboral que eliminó los convenios colectivos de trabajo, junto con una ‘reestructuración’ sanitaria que generó un recorte del gasto en la salud pública, y una reforma previsional que elevó la edad de jubilación hasta los 65 años, implicó que en sólo 4 años se despidieran a 350.000 empleados estatales y la desocupación alcanzase el 25 %. En definitiva, una crisis social de dimensiones bélicas.

En África, la República de Etiopía alcanzó a fines de 2019 un acuerdo por tres años aprobado en el marco del EFF. A pesar que el país había crecido en torno al 9% en los dos años previos, la debilidad de las exportaciones provocó una escasez de divisas (historia Argentina dixit) que requirió la asistencia del Fondo. Al menos eso dijo el gobierno, el cual encontró en los halcones económicos de Washington la excusa perfecta para realizar las reformas estructurales que, por sobre todo, les permitieron hacer negocios no del todo claros. Otro ejemplo es el caso de Túnez, que en el año 2016 recibió un EFF de 2.900 millones de dólares. Para ello, el gobierno tunecino tuvo que hacer ciertos deberes ex ante: como pre-requisito, tuvieron que aprobar en el Parlamento un paquete de leyes que aseguraran la independencia bancaria; una especie de ‘inmunidad’ ante potenciales ‘políticas desacertadas’ por parte de cualquier gobierno de turno a futuro. Es que después de la primavera árabe, cualquier transición entre regímenes pareciera que pudiera socavar el statu-quo. Mejor una ‘condicionalidad’ de cambio, sobre todo para que nada cambie.

Por su parte, Angola, antes de firmar el reciente EFF, utilizó el tipo de cambio como ancla nominal mientras experimentaba una expansión fiscal financiada por su banco central, lo que derivó en la necesidad de imponer restricciones cambiarias que llevaron la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo al 150%. Antes de otorgarle los 15.000 millones de dólares, el FMI le exigió liberalizar el régimen cambiario, como así también eliminar las ‘distorsiones’ del mercado y las restricciones para el retiro de divisas. En este sentido, el FMI propone que, con el dinero provisto, el ajuste hacia la ‘sustentabilidad macroeconómica’ sea de una manera gradual y no abrupta. Realizada por los mismos que, según los propios actores, los llevaron a este desastre. Suponiendo que el FMI tiene la verdad revelada: ¿aprenderán de este modo los causantes que sus políticas previas han sido erradas? Difícil… En él mientras tanto, el gobierno de Angola ya comenzó con la venta de activos del Estado, incluyendo la empresa estatal emblema, la ineficiente petrolera Sonangol – cuyas ventas de hidrocarburos representan el 65% de los ingresos fiscales totales -. Hablando mal y pronto, sería como ‘matar al perro para terminar con la rabia’.

Ya en nuestro continente, el nivel de deterioro de la economía ecuatoriana llevó a las autoridades a solicitar este año un EFF por 6.500 millones de dólares, con el objetivo de, según la discursiva gubernamental, “ayudar a restablecer la estabilidad macroeconómica, apoyar a los grupos más vulnerables, y promover la reforma estructural”. Por supuesto, no ‘queda bien’ afirmar que la finalidad per se es lo último sin, al menos, mencionar los dos primeros. La respuesta del FMI no se quedo atrás: en su informe sobre el préstamo en cuestión, sostiene que “la EFF incluye el ampliar los programas de asistencia social, garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, y sentar las bases para un crecimiento sólido que beneficie a todos los ecuatorianos”. Lo interesante aquí es también el orden en que se forma la oración. Como si el focalizarse en los ‘fundamentals macroeconómicos’ fuera lo último, el lastre, lo marginal; cuando sabemos que es todo lo contrario, para con una lógica ortodoxa que desprecia una nefasta realidad social-económica que, sistemáticamente, ha sido permanentemente minimizada y soslayada. Como sostiene el Dr. Andrés Malamud, “se pide que los ‘fundamentals’ deban ser sólidos; las pirámides de Egipto también, pero adentro están todos muertos”.

En este sentido, la historia también demuestra que el EFF que le otorgó el FMI a Colombia en el año 1999, fue inducido por el proceso de desregulación económica que se inició en la década de 1980’ y se consolidó con la Constitución de 1991. Este proceso ‘legalizó’ importantes postulados de la logia neoliberal y, al mismo tiempo, declaró la doctrina social-demócrata como objetivo del Estado. Es decir, que mientras el gobierno se comprometía con la reducción de la intervención del Estado en la regulación de las actividades económicas y la privatización de las empresas públicas, por otro lado incrementaba sus responsabilidades estatales en materia de seguridad social y los compromisos financieros con las regiones y departamentos en el marco de la descentralización. Ello sin mencionar que la desregulación expuso a los productores colombianos, sin un verdadero esfuerzo por cerrar la brecha estructural en materia tecnológica, educativa e infraestructural, en competencia injusta con grandes compañías y consorcios transnacionales. En definitiva, más allá del crecimiento económico que se ha observado a lo largo de este siglo, la continuidad de la lógica intelectual que apoya estas políticas ha obstaculizado todos los intentos de equidad y mejoras sustanciales en la calidad de vida de las mayorías colombianas.

En nuestro país, el proceso neoliberal globalizador, con un basamento previo pero llevado a cabo con toda su fuerza luego de la caída del muro de Berlín, tuvo matices similares. La deuda fraudulenta que había contraído la dictadura y crecido al calor de la nacionalización de deudas privadas, fue reciclada en un proceso de reestructuración que, entre otros, implicó una EFF en el año 1992: bajo la misma, se promovió la privatización del sistema previsional en favor de las AFJP, la eliminación del impuesto a las transacciones financieras, la supresión de las contribuciones patronales, como así también una reforma tributaria regresiva que instrumentó el incremento del IVA, que era del 13 %, primero al 18 % y, luego a la alícuota del 21 % todavía vigente.

En este sentido, y tal como indica la Dra. Noemí Brenta “entre 1982 y 2001, el país estuvo el 81% del tiempo bajo la tutela del FMI”. Para resultados socio-económicos, los números hablan por sí solos: mientras el desempleo pasó de 5,7 % en abril de 1982 al 22 % en abril de 2002, la pobreza, medida por ingresos, que en 1974 afectaba a mucho menos del 10 % de la población, trepó hasta alcanzar el 55% en 2002. Lo peor es que a pesar de ello, y ya entrando a números actuales, desde el último gobierno militar hasta el año 2019 se pagaron más de 600.000 millones de dólares y la deuda no paró de crecer: ascendió de 8.000 millones de dólares antes del golpe de Estado de 1976, a 324.000 millones de dólares en diciembre de 2019. Y pareciera que en el corto y mediano plazo, el esquema económico sometido al rigor del FMI continuará: con el actual EFF, el ajuste presupuestario se encontraría en torno al 10% para el año venidero; mientras que hacia 2025, nuestro país deberá a comenzar a pagar montos cercanos a los 10.000 millones de dólares anuales, a lo que hay que adicionar el pago de la deuda con los privados.

Como eje totalizador, uno podría analizar los causales de esta dinámica bilateral entre los Estados y el FMI; sobre todo para poder, de una vez por todas, atacar la problemática de raíz. En este sentido, en casi todos los documentos del FMI, en el EFF se exige el “fortalecimiento de la transparencia fiscal y de contratación pública, eliminar el ingente déficit fiscal primario, como así también la promoción de la gobernanza como elementos clave del programa de reforma que deben aplicar las  autoridades.” Uno entonces se pregunta: ¿Han colaborado alguna vez con ello? ¿No es su deber? Cambiemos la pregunta, con lógica de retorica: ¿Prestan solo porque es su per se, a sabiendas que nunca los gobiernos deudores han cumplido con sus promesas de pago en tiempo y forma? ¿O mejor dicho, aquellas promesas fallidas para con el beneficio de las mayorías, en realidad fueron aciertos de una lógica que beneficia principalmente – o solamente – a algunos grupos concentrados? ¿Por qué entonces quieren exclusivamente que haya recortes en el gasto? ¿Pidiendo incrementar la recaudación de un país que pide extasiado ayuda, seguramente viviendo una incertidumbre/inestabilidad embebida en un mercado interno recesivo? Muchas preguntas, pocas respuestas (y ambiguas).

Sin faltar a la verdad, aquí debe quedar algo en claro: es innegable la responsabilidad primaria de gobiernos corruptos e ineficaces para con los beneficios colectivos – y sobre todo de los que más lo necesitan -. El problema es que las deudas contraídas no suelen conllevar estos objetivos superadores, sino que su rol primordial es salvar justamente a aquellos políticos afines que viven fuertes tensiones socio-económicas domésticas (a sabiendas que la geopolítica conlleva un rol fundamental); que además suelen terminar, no en contadas ocasiones, generando puertas giratorias hacia los paraísos fiscales para sus amigos de las elites concentradas. Es evidente entonces que ello también implica la corresponsabilidad en quienes liberan los fondos; sino cómo es posible que el FMI acuerde el año pasado un EFF por 6.000 millones de dólares para Pakistán, su DECIMOTERCER programa de rescate desde finales de la década de 1980’. Y no me vengan con que no podían saber que el dinero prestado iba a servir intereses contrarios a las mayorías paquistaníes (O griegas, ecuatorianas, argentinas). Porque para ello, siempre están distraídos. Contrariamente a la rapidez que tienen para generar un discurso que le pone precio a la libertad.

Tal como lo esgrimió el escritor frances Guy Debord en su libro publicado en el año 1973, la Sociedad del Espectáculo, “la sociedad civil se encuentra saturada de limitaciones en cuanto a su capacidad de atención, como así también adolece de memoria para retener demasiadas imágenes o situaciones a traves del tiempo; por lo tanto, es muy voluble de hacerla feliz en el momento, en el aquí y ahora. Y mañana, que la suerte los ayude”. Que la suerte nos ayude entonces. Pero mientras tanto, cuando vayamos a las urnas, intentemos ser lo suficientemente lucidos para saber leer la historia, y entender cuales son los intereses de los complices domésticos. Porque los del Fondo, claramente ya los conocemos.

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