Teletrabajo: ¿Empleo del Futuro con legislación del pasado?

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 17-8-2020

https://www.ambito.com/opiniones/teletrabajo/empleo-del-futuro-legislacion-del-pasado-n5125428

La ley del teletrabajo ya es una realidad en nuestro país. Una modalidad laboral que tomó impulsó en la cuarentena, y pareciera que llegó para quedarse. Su onda expansiva dependerá, como siempre, de cómo los diversos actores acepten las reglas de juego y, por sobre todo, luego las cumplan. Difícil en nuestra ya compleja Argentina.

Más allá de que para algunas empresas el teletrabajo es el modus operandi per se, para la mayoría que ya aplicaban esta modalidad tenían como objetivo, con igual o mayor productividad y/o menores costos, poder conciliar la vida personal y laboral del empleado. Algunos estudios han probado además que el teletrabajo tiene ventajas como la reducción de absentismo del puesto de trabajo, el fomento de una mayor digitalización, el generar una mayor fidelización por parte de los empleados y, en términos de externalidades positivas colectivas, la reducción de la contaminación por un menor desplazamiento de los trabajadores.

Como contraparte, los problemas que el teletrabajo genera también son una realidad. Por un lado se encuentra la desconfianza entre la empresa y el empleado (central en nuestro país), pero también la pérdida de ámbitos relacionales con los compañeros de tareas: el ser humano es un ser social y la mayoría de nosotros necesita, al menos eventualmente, ese vínculo cara a cara que es irremplazable. Si a ello le adicionamos que en muchas ocasiones se pueden diluir los límites entre la vida familiar y el tiempo de trabajo, el balance para con la toma de una decisión se hace todavía más compleja. Tanto desde el lado del empleador, como del empleado.

Cabe destacar que la modalidad del teletrabajo no es novedosa a nivel internacional. Ya sea por nivel de desarrollo o por el tipo de economía que prevalece (principalmente de servicios), hay Estados que han avanzado a distintas velocidades en materia legislativa y operativa. Con sus pros y contras según, como siempre ocurre, la lógica con la cual se evalué la dinámica situacional.

En la mayor parte de Europa, donde se encuentran las garantías institucionales más avanzadas del mundo, la ejecución de las leyes depende del acuerdo particular en cada país. Por ejemplo, en Suiza las empresas pagan absolutamente todos los insumos que utiliza el trabajador en su hogar. Por otra parte, en la Francia donde todavía prevalece cierta fortaleza sindical, el teletrabajo es voluntario y la persona que lo ejerce tiene exactamente los mismos derechos – acceso al médico de empresa, coberturas sociales, vacaciones, formación, derechos sindicales, etc.- que el resto de trabajadores presenciales.

En Alemania, por su parte, no existe un derecho legal y explícito a trabajar desde el hogar. De concretarse, se debe a un acuerdo entre la compañía y el empleado en el marco del convenio colectivo o, en caso de que este no exista, fruto de un acuerdo individual entre el trabajador y la empresa. En la vecina Austria, el empleador no puede coercionar de manera unilateral a sus trabajadores a que realicen las tareas desde sus casas. Solo se lo puede obligar si así lo establece expresamente el contrato laboral o el convenio colectivo. En tanto Noruega, el pais nordico posee un sistema de horas flexible basado en una “Ley de ambiente laboral”, la cual boga por un acuerdo cooperativo entre el empleador y el empleado que facilite la actividad de la empresa.

Continuando hacia los países bajos, desde el año 2014 Bélgica ya obliga al empleador a compensar a los empleados que trabajaban a distancia con 20 euros mensuales por el uso de su propia computadora, en adicion a otros 20 euros por la utilización profesional de una conexión a internet personal. En la actualidad y derivado del contexto del COVID-19, el monto ha sido incrementando a casi 130 euros. En Holanda, la norma establece que los empleados que hayan prestado servicios por lo menos un año, en empresas de más de 10 trabajadores, tienen el derecho de pedir trabajar desde otro lugar que no sea la misma oficina.

Otras economías con un escenario político-tecnológico de relevancia global, son la India, China y los Estados Unidos. En cuanto a los primeros, cuna de cientos de miles de ingenieros de las castas superiores, es uno de los lugares en el mundo con mayor cantidad de teletrabajadores en las enormes corporaciones transnacionales, como Microsoft o Price WaterHouse Coopers (PWC). Sin embargo, existen dilemas no menores en el pais asiático, referidos principalmente a la infraestructura: por ejemplo, el suministro eléctrico, aunque sea en zonas residenciales, suele ser intermitente. Por otra parte, en China el gran problema es la falta de espacio – incluidos los espacios de “coworking” con la actual pandemia -, lo que se conjuga con un gran escenario emprendedor e incremento de precios de los alquileres: en este sentido, la opción teletrabajo se define también en el juego del fino equilibrio de generar rentabilidad. En tanto en los Estados Unidos, un empleador no paga los mismos impuestos (seguro social, Medicare o cargas por desempleo) para un empleado que trabaja a distancia, ya que es considerado como un contratista independiente.

En nuestra región Colombia es el país más avanzado, ya que en el año 2008 promulgó la Ley 1221 que estableció normas para promover y regular el Teletrabajo. Para ello, desarrolló un importante basamento institucional por medio de la “Red Nacional de Fomento al Teletrabajo”, especialmente dirigido a la población en situación de vulnerabilidad. Las estadísticas indican que el proyecto ha sido bien recibido por la comunidad: en el año 2012 se censaron 31.553 teletrabajadores en Colombia; mientras en 2018 ya había 122.278.

En Perú también existía una ley de teletrabajo antes del COVID-19, aunque la misma conllevaba sus propias rigideces: la norma nunca terminó de ser aplicada ampliamente porque implica una modificación del contrato de trabajo, que a su vez requiere un mutuo acuerdo debidamente suscripto y una capacitación previa respecto a los medios informáticos a utilizar por parte de los empleados. Hoy en día se está debatiendo una nueva modalidad en la cual es suficiente la comunicación del empleador hacia el empleado, donde no se requiera acuerdo, ni modificaciones contractuales ni capacitaciones. ¿Efecto COVID-19? Más bien modelo flexible y competitivo para con el mundo.

Bolivia, por su parte, no consideraba como empleados antes de la pandemia a “quienes presten servicios desde sus domicilios u oficinas, sin concurrir cotidianamente a las del patrono”. Vocabulario fuerte para el Siglo XXI, aunque no sorprenda, en tierras del dezplazado ex presidente ‘indigena’ Evo Morales. Por su parte, en el pasado mes de marzo el Gobierno Federal de Brasil habilitó a los empleadores a “cambiar el régimen presencial por el teletrabajo” como una forma de “hacer frente al estado de calamidad pública”. En el caso chileno, el congreso trasandino sancionó recientemente la Ley 21.220 para regular el teletrabajo; entre los puntos más salientes, la norma sostiene el derecho a una desconexión digital de los empleados de al menos 12 horas continuas, como así también la prohibición de que los trabajadores usen elementos de su propiedad.

En nuestro país, algunos observan la nueva legislación ‘muy apegada’ a los intereses de los asalariados: mismos derechos, obligaciones y remuneración no inferior a la que se percibe bajo modalidad presencial; jornada laboral de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes; empleador que proporcione la totalidad  del equipamiento, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas; y afiliación sin obstáculos al sindicato correspondiente a la actividad. Nada que no contemple la misma lógica que, por ejemplo, se promovió bajo el estatuto que protegió los derechos de los peones rurales de mediados de siglo pasado.

Cabe destacar que también hay otras que, con el mismo espíritu, se traducen en derechos adquiridos más vinculados al siglo XXI: ya sea el derecho a no estar conectado a los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación fuera de la jornada laboral y durante los períodos de licencias; o mismo aquellos empleados que acrediten tener a su cargo el cuidado de personas que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las mismas.

Como contraparte, los empresarios, dentro de la racionalidad que debe primar en una sociedad donde deben confluir los intereses, no debieran realizar mayores objeciones sobre lo expuesto. Sin embargo, también tienen sus lógicas razones para oponerse. Mientras el cambio de una posición de trabajo presencial a uno de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, deberá ser voluntario, por otro lado la ley estipula que el consentimiento del empleado será reversible en cualquier momento de la relación laboral. Con justa razón, un empresario que cambia su metodología de trabajo y diseña un proyecto empresarial de forma virtual, no puede quedar a merced de un empleado que, por cualquiera sea la razón, decide de un momento a otro volver a trabajar en modo presencial.

Tambien se señala la obligatoriedad de contratar mano de obra local. ¿Y si una persona de otra parte del territorio es la más idónea? ¿O un extranjero? Para hacer justicia a la verdad, ya son varias empresas y particulares argentinos que trabajan para afuera. Y perciben sus ingresos también en moneda extranjera en otras latitudes. ¿Si pagan impuestos por ello? Esa es otra historia.

El punto más álgido pareciera ser, por una obviedad pro-sistémica, la potencial merma en la acumulación de capital. El argumento es sólido desde ese punto de vista: estamos en el siglo XXI y la competencia global es, como mínimo, ‘salvaje’. Por ende, los servicios trasnacionales, que operan en los más diversos usos horarios, no pueden encasillarse en un momento y bajo una intensidad predeterminada. ¿Por qué no tomar empleados que trabajen en espejo y que ocupen otras franjas horarias? Simplemente porque es muy costoso y, por ende, poco competitivo. Por supuesto, los empresarios del sector deslindan responsabilidades en un sistema mundo que ellos no crearon: quien les puede negar que la exigencia proviene de la demanda del mercado.

Es por ello que desde varias cámaras empresarias argentinas, de todo tipo y color, sostienen que para empezar a pensar una aplicación de la ley con seriedad, primero hay que definir concretamente cuándo se considera que un empleado ‘teletrabaja’ – ya sea full time o parcialmente -. Es decir, centralmente buscarán por un lado que las jornadas sean flexibles y que, en todo caso, se establezca la cantidad de horas a trabajar, pero no un horario de corrido asimilable a uno de trabajo presencial. Por otro lado, plantearán que en la reglamentación de reversibilidad se establezca: a) con un preaviso de dos meses para que el empleado le comunique la decisión de volver al trabajo presencial, b) que ese plazo de ejercicio de la reversibilidad no sea mayor a los tres meses desde el momento en que se adopte la posición del teletrabajo y, c) que la reversibilidad no sea aplicable cuando el empleado físicamente se encuentra a más de 100 km del lugar donde se encuentran la actividad presencial. Clarificar la cancha acorde al mundo actual, se diría. Por supuesto, del otro lado del mostrador sostienen que lo único que quieren los empresarios es embarrarla para avasallar los derechos del trabajador, obtenidos décadas pasadas bajo un Estado de Bienestar que todavía no vislumbraba la actual globalización plena.

Para concluir, tenemos entonces demasiadas verdades para respuestas escuetas. Pero que requieren una enorme celeridad ante la dinámica global que estamos vivenciando. En este sentido, siempre lo mejor para el colectivo, es mirar el largo plazo. Porque el problema pareciera no ser el espíritu de la ley, sino la irracionalidad del análisis dogmático embebido en un positivista maquillaje cosmético, y el propio sistema económico argentino que es altamente poroso endógenamente. Por lo tanto, ¿Qué tipo de país queremos? ¿Es el que discute la incidencia creciente de los servicios de teletrabajo con su consecuente, y necesaria, legislación? ¿O es aquel que no castiga a aquellos gobiernos que no apoyan suficientemente la infraestructura tecnológica, vital para cualquier país que se digne ser un modelo económico de gran utilidad a nivel global? ¿Es el teletrabajo a destajo que nos permita ser competitivos a un precio vil a costa del trabajador, pero al mismo tiempo podríamos exportar software y generar las tan preciadas divisas? ¿O tendremos una legislación y una educación en tecnología de suficiencia y relevancia internacional, para que se paguen buenos salarios y generemos un servicio diferenciador que satisfaga la demanda desde cualquier rincón de la tierra?

Lamentablemente, como bien sabemos, esto es Argentina. Mientras de un lado de la grieta el ideario social sostenga que la legislación es solo para controlar un gran call center explotador de una multinacional y no una Pyme que quiere exportar software y necesita cierto margen para tener rentabilidad; y del otro se encuentre algún empresario trasnochado que piense que puede llamar a su empleado a la madrugada con la mera justificación que el sistema vive de la tercerización de procesos y la necesidad de ser productivos a toda hora para poder responder a las exigencias de la economía, será muy difícil encontrar el equilibrio racional que nos genere ese salto cualitativo: aquel que nos permita adentrarnos en el mundo de las ‘economías serias’, con mayor margen para la independencia, el desendeudamiento, y el desarrollo socio-económico de la mayor parte de nuestra vapuleada sociedad.

AFJP: Auge y decepción de un gran negocio (para pocos)

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero 02-08-2020

https://www.ambito.com/opiniones/afp/afjp-auge-y-decepcion-un-gran-negocio-para-pocos-n5121844

Se confirmó. El parlamento chileno aprobó la modificación constitucional que les permitirá a los ciudadanos trasandinos retirar hasta un 10% de sus ahorros previsionales de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Lejos de que se haya generado un debate político de niveles desproporcionados en la sociedad, la mayoría de los chilenos no solo no ve una amenaza en ello, sino que lo ha tomado con algarabía; simplemente porque ya saben que el sistema no funciona y las pensiones son miserables, incluso para una gran parte de quienes han aportado – con bajas e inestables contribuciones – toda su vida. Para graficarlo en pocas palabras, el año pasado 127.000 personas se jubilaron con apenas 49.000 pesos mensuales, lo que equivaldría a alrededor de 60 dólares estadounidenses. El promedio que paga el sistema es de 250 dólares al mes. ¿Cómo se llega a este número? Simplemente porque incluye el aporte del Estado denominado ‘pilar solidario’, lo que evita una presión social extra que implicaría que la mayoría de los jubilados caiga en la pobreza absoluta.

 

¿Cómo se llegó a esta situación? La historia indica que las AFP nacen en Chile en el año 1980, época donde gobernaba con mano de hierro el entonces presidente Augusto Pinochet. Con la discursiva que la capitalización individual era la mejor inversión para el usufructo de los últimos años de vida de los chilenos, el gobierno de facto sostenía que los sistemas estatales de jubilación eran ineficientes y un “lastre” para con las finanzas públicas. Como contraparte, los ‘novedosos’ fondos privados de pensiones eran un ‘mecanismo más transparente y eficaz’ para administrar los ahorros de los futuros jubilados. En pocas palabras: costo cero para el Estado, mejores jubilaciones para los chilenos. El mismo José Piñera, hermano del actual presidente y entonces Ministro del Trabajo, afirmaba que los chilenos se jubilarían con el 70% u 80% de lo que percibían durante sus años de actividad. En definitiva, una gran victoria de los nefastamente famosos “Chicago Boys”, quienes manejaron la economía chilena hasta el año 1990 cuando concluyó la dictadura pinochetista. Y posteriormente, también la Argentina.

 

Solo hubo un pequeño detalle, no menor. Del proyecto quedaron excluidos (no extrañamente) los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Habrá sabido el general y su círculo rojo que el sistema realmente no funcionaba tal cual había sido planteado? Probablemente, a sabiendas que la microeconomía de desvalidos trabajadores ya se vivenciaba bajo una macroeconomía menguante y profundamente inequitativa. Un sistema que solo descansa en el aporte del trabajador y, paradójicamente, financia a los grupos concentrados no solo para hacer sus negocios y fugar dinero, sino pero algo más perverso aún: la mayoría de las AFP son bancos (o socios de los mismos) que prestan dinero a los propios trabajadores a tasas exorbitantes, en un círculo vicioso donde el “win-win” es siempre para el mismo bando.

 

Pero además, lo más relevante era el negocio que abría para las AFP. El más importante para las concentradas elites chilenas en el último medio siglo. Porque en definitiva, no es (solo) un fondo de pensiones; más bien es un fondo de acumulación de capital y como tal ha sido enormemente eficiente, ya que ha permitido a la banca, el retail y empresas de distintos rubros (Cencosud, Endesa, Latam, Enersis, Falabella, Colbún, Copec, Soquimich, AES Gener, CMPC) crecer de una manera que habría sido imposible sin esa inyección de capital. Los números hablan por sí solos: de cada 100 pesos que reciben las AFP, 30 pesos los usan para pagar jubilaciones y con el resto (además de las ingentes  comisiones) se genera un fondo de acumulación – un agujero negro para la mayoría de los chilenos -, que tiene “vida y juego propio”, y que actualmente equivale al 80% del PBI de Chile.

 

Cuarenta años más tarde, y aunque lejos se encuentra de derribar el statu-quo del sistema previsional, es entonces una obviedad que el actual presidente Piñera se haya pronunciado en contra de la actual enmienda parlamentaria; las AFP han sido uno de sus pulmones – para no decir el vital corazón – que le ha permitido incrementar exponencialmente su riqueza y la de la elite que lo rodea política y financieramente. Sin embargo, no todo es adverso para su persona: su conformidad ante esta victoria popular es un respiro para su – para muchos, irremontable – imagen presidencial. Según los últimos sondeos de varias consultoras de distinta procedencia, la misma ronda entre el 75% y el 80% de negatividad.

 

Es que a decir verdad, no hay racionalidad para que las mayorías de los chilenos defiendan al sistema.  Por ejemplo, con las AFP una persona que tuvo un relativamente buen sueldo como empleado toda su vida percibe, en el mejor de los casos, un 35% de lo que ganaba en actividad. Pero si tenemos en cuenta que el promedio de ingresos del jubilado es del 20% del activo, se requiere además una subvención del Estado para alcanzar cierto nivel de dignidad.

 

La no sustentabilidad moral de esta estructura tuvo sus discusiones en el pasado reciente. El gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet había propuesto – infructuosamente – el establecimiento de una AFP estatal que compitiese con las privadas, lo que presumiblemente redundaría en beneficio de los trabajadores por una mayor competencia con una aseguradora que generaría mayor rentabilidad. En Costa Rica, por ejemplo, una entidad estatal, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), coexiste con varias entidades privadas que recogen el ahorro de las llamadas pensiones complementarias de los ciudadanos. En Uruguay ocurre lo mismo: varios fondos privados compiten con uno de origen estatal para captar el ahorro jubilatorio de los ciudadanos.

 

¿Es posible copiar lo que ocurre en otras latitudes? Difícil, ya que está harto probado que el sistema de seguridad social se encuentra altamente correlacionado con el nivel de desarrollo de un país. En todo sentido: institucional, cultural, ético. En este sentido, en los países del mundo que mejores jubilaciones se pagan, como Dinamarca u Holanda (cerca del 80% de lo que percibía el trabajador como activo), el sistema privado no solo compite con el estatal, sino que también se complementa, en un equilibrio cuasi óptimo entre adecuación, suficiencia y sostenibilidad.

 

En el caso de Dinamarca, todos los residentes tienen derecho a recibir la pensión social publica (llamada “folkepension”) al llegar a la edad de jubilarse (67 años), la cual representa hasta un máximo del 17% del salario medio (con 40 años de aporte); pero además, el mismo es complementado con fondos privados, como el ATP para quienes se encuentran en relación de dependencia, de contribución obligatoria para quienes trabajen al menos de 9 horas semanales, y otros seguros privados de tinte voluntario. La gran diferencia de la contribución privada de los asalariados con el sistema chileno, es que el danés es financiado de forma conjunta, un tercio por parte de los trabajadores y el resto por parte de la empresa. En este aspecto, es imposible para muchos habitantes de la América Latina inestable socio-laboralmente, pensar en cuatro décadas de empleo consecutivo. Más difícil aún, hacer efectiva la contribución patronal sin vicios de evasión o reticencia política permanente. Sin embargo, la descripta es la “lógica normalidad” del país escandinavo, con una desocupación mínima, un PBI per cápita que lo sitúa entre el número 15 y 20 de mayor ingreso del mundo (con un monto que ronda los 52.000 dólares anuales), y con una sociedad que entiende que el Estado se encuentra para velar por el bien común y equiparar las desigualdades intrínsecas sistémicas.

 

Por otro lado, el sistema holandés es extraordinariamente flexible. Ofrece una red de seguridad pública a todos los trabajadores, y después son ellos los que deciden la cantidad que desean obtener al momento de su jubilación. Una parte del sistema incluye una pensión pública básica, con un valor igual al Salario Mínimo Interprofesional del país, alrededor de 1.400 euros mensuales. La otra parte del sistema es de carácter voluntario y privado. Las entidades financieras y aseguradoras de Holanda ofrecen una red con cerca de 5.000 planes de pensiones a los que las empresas y trabajadores pueden acogerse dependiendo de las características que ellos mismos quieran: en este sentido, el 92% de los trabajadores del país están cubiertos por uno de estos planes. Los más conservadores garantizan una renta fija al jubilarse; mientras los más agresivos consideran un aporte determinado de los trabajadores, que después se revaloriza dependiendo del acierto que haya tenido el fondo de pensiones en sus inversiones. Holanda, con similares índices económicos que Dinamarca, también descansa en un desarrollo socio-económico de primer nivel, en consonancia con un sistema superador que les brinda a los ciudadanos una cobertura económica digna, democrática y totalizadora, según sus deseos y trayectoria laboral.

 

Sin embargo, también existe una tercera opción, diferente al sistema de capitalización o al mixto. Es de aquellos que entienden a la exclusividad privada como la apropiación – lisa y llana – por parte de los intereses concentrados, por sobre quienes sufren las injusticias de una economía que los excluye y los condena a la pobreza y a la marginalidad. La Bolivia de Evo Morales fue un caso testigo: debido a la descapitalización de los fondos privados y sus múltiples atrasos en el pago de jubilaciones, desde el 10 de diciembre de 2010 se inició el retorno de la administración de la totalidad de los fondos de pensiones al Estado.

 

En nuestro país, ocurrió algo similar en el año 2008. El sistema de Aseguradoras de Fondos y Pensiones (AFJP), impulsada por el entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo en el año 1993, fue en un enorme negocio donde las aseguradoras se quedaron en sus 15 años de existencia con comisiones estimadas en 12.200 millones de dólares. Si a ello le adicionamos las utilidades engrosadas de las empresas beneficiadas con las rebajas de aportes patronales, se calcula que el perjuicio para las arcas del Estado Argentino superaron largamente los 75.000 millones de dólares.

 

Por supuesto, en el mundo de las pujas de intereses permanentes, las AFJP se han defendido con uñas y dientes. Que la culpa es de la inestabilidad del capitalismo financiero y sus consecuentes crisis en los mercados mundiales – como las regionales de finales de la década de 1990’ o la global de 2008 – (extrañamente, ya que el reclamo entonces sería contra su propio funcionamiento y objetivos per se), que el problema es la política por la mala praxis de la economía doméstica (ya sea por la pesificación de los ahorros en el año 2002, la dificultad para repatriar el capital invertido, las altas tasas de inflación, etc.), o que la demografía de la relación aportantes/pensionados se tornó inesperadamente adversa (como si no lo hubieran analizado con una simple línea histórica).

 

Todos entendemos que el sistema económico que resguarda los recursos de la vejez  funciona con un sinnúmero de sincronizadas variables a la vez (los activos donde se invierten los recursos, la macro, el nivel de los sueldos de una economía). ¿Pero acaso no es parte del riesgo que corren las mismas AFJP al entrar al negocio y, por ende, son corresponsables? ¿Tienen la mayoría de los trabajadores, con enorme esfuerzo y un menor margen de comprensión y opciones para cuidar sus ahorros para llegar con dignidad los últimos años de vida, lidiar con la mayor parte de la responsabilidad? ¿“La patria es el otro”? ¿O deberíamos aceptar la realidad y en su lugar acuñar la frase “la culpa es del otro”?

 

Por supuesto, están quienes dirán que la utilización de los recursos de los aportantes por parte de los sucesivos gobiernos hubiera sido más espuria que las realizadas por las mismas AFJP. Pero en el análisis de los hipotéticos escenarios contra fácticos, la respuesta de quienes defienden el sistema de reparto estatal es la misma: la decisión del dinero del pueblo debe quedar en manos de quienes el pueblo decide que lo gerencien para con el bien común futuro. Aquellos que no conllevan como leitmotiv el objetivo de la acumulación, que tan mal han manejado las inversiones para los aportantes, pero tan bien para sus propios bolsillos. Por supuesto, los detractores darán cuenta de una historia estatal que habla de corrupción, ineficiencia, transferencia de recursos hacia otros sectores (y actores), y una total falta de racionalidad distributiva a la hora de poner el foco en los distintos grupos socio-económicos de jubilados. Los números no mienten: en la actualidad hay un más que importante porcentaje de gasto previsional (alrededor del 10% del PBI), existe una inquietante informalidad laboral (en torno al 40% de la Población Económicamente Activa), menos de la mitad de la población alcanza a contribuir con los 30 años de aportes requeridos, y la tasa desocupación (actualmente cercana al 11%) hace décadas que lejos se encuentra de conllevar una tendencia de descenso estructural.

 

Bajo el escenario descripto, la frase del Senador chileno Jaime Quintana del PPD (Partido Por la Democracia, sobreviviente de la extinta “Concertación” que logró el fin de la Dictadura) en plena discusión por la modificación de la ley, fue esclarecedora: “Hoy estos dineros son más útiles en manos de las familias que en las bolsas de valores o en los bancos”. En definitiva, hay una grieta entre la mayor parte de los chilenos y sus elites. Simplemente porque en la inequidad reinante, las elites políticas nunca cuestionaron verdaderamente las injusticias del sistema que ellos mismos crearon. Y sus aliados pertenecientes a las elites económicas – a veces hasta ellos mismos, o a través de testaferros familiares o testimoniales -, son quienes en convivencia han usufructuado cifras de ganancias exorbitantes. Por ende, y con lógica razón, el pueblo difícilmente confíe en quienes detentan el poder. ¿Pueden las mayorías relegadas y empobrecidas autogestionar su futuro? Pregunta amplia, con retórica compleja. Lo que si realmente entristece es observar, con cierta congoja, como la democracia representativa no brinda respuestas. Y cuando ello se traduce en una decepción desesperanzadora, se transforma, como hemos visto en las revueltas del año pasado, en una bronca descontrolada con final incierto; y que, como mera reflexión para con la supervivencia sistémica del statu-quo, debería más que preocupar a quienes detentan los destinos de Chile hace casi medio siglo.

Pago de deuda: Entre la moral y las buenas costumbres

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 20-7-2020

https://www.ambito.com/opiniones/deuda/pago-la-moral-y-las-buenas-costumbres-n5118334

William Davies, autor del libro “Estados Nerviosos: como los sentimientos tomaron al mundo”, explica que vivimos en un tiempo de muchedumbres agrupadas alrededor de sentimientos en general negativos (odio, enojo, miedo), los cuales suelen fluir con facilidad y son pasibles de ser manipulables debido a una capacidad reducida para reflexionar desapasionadamente sobre determinados eventos producto de la inmediatez, la manipulación de imágenes, y una creciente descontextualización de hechos.

 

En este sentido, la idiosincrasia y las creencias de cada pueblo, reflejado en las más altas esferas de quienes los gobiernan, puede ser determinante a la hora del posicionamiento gubernamental para enfrentarse al mundo, sobre todo ante una crisis de enorme gravedad inter-estatal con efectos económicos devastadores. Una vez más, los gurúes de la homogeneidad que tuvieron sus tiempos de gloria durante el Consenso de Washington y la globalización neoliberal de finales del siglo pasado, siguen sin poder explicar cómo ante actores similares en términos de poder y objetivos – corporaciones, elites políticas, ciudadanos comunes – las definiciones en cada nación pueden tener la variabilidad de un arcoíris multicolor.

 

En Nueva Zelanda ha renunciado el Ministro de Salud por violar la cuarentena. Desde el propio gobierno aseveraron que es una pésima imagen, tanto para el propio pueblo como para con el mundo, a sabiendas que la pandemia global requiere esfuerzos superadores, sobre todo de quienes detentan las máximas responsabilidades ejecutivas. En sentido similar nos encontramos con el caso del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, quien está siendo investigado por confiar la gestión de un importante programa gubernamental a la organización caritativa trasnacional WE Charity, con la cual él y su familia mantienen “vínculos estratégicos” hace años. O sea, un conflicto de intereses aquí y en la China. La moraleja para quienes miran al mundo desde ambos gobiernos: quien no es confiable desde lo institucional, tampoco es confiable para hacer negocios.

 

Los cimientos de la ‘vergüenza anglosajona’ también ha sido expresada por los principales actores de la vida política estadounidense con el afamado escándalo del caso Mónica Lewinsky de finales del siglo pasado. Jurídicamente, la acusación contra el entonces presidente William ‘Bill’ Clinton era el falsear su declaración. Sin embargo, para millones de conservadores en los Estados Unidos, lo más grave había sido su comportamiento inmoral, el cual mellaba fuertemente el ideal de luminosidad altruista para con el mundo de los Padres Fundadores. No se pueden dictaminar los destinos económicos del mundo y alcanzar el sumun del ‘fin de la historia’, bajo un liderazgo ético digno de un país bananero tercermundista, sostuvieron en aquel momento quienes pedían infructuosamente su destitución.

 

Por supuesto, los valores de los adalides del imperio estadounidense son tan sustentables como una borra de café a la hora de promover leyes de protección de los trabajadores. La montaña rusa laboral causada por el COVID-19 generó millones de despidos; aunque, siendo justo con la causa, también se generaron otras tantas reincorporaciones – aunque en menor nivel – a los pocos meses. La cuasi total flexibilidad laboral es parte de una idiosincrasia que sería una herejía en comunidades latinas, donde la angustia de quedarse sin empleo es una de las variables fundamentales que cualquier político con pretensiones debe tener en cuenta. Lamentablemente, el equilibrio para el ser nacional latinoamericanista es más que complejo: en el contexto de la profundización de los intercambios comerciales internacionales, desde el sur estamos en una clara desventaja a la hora de comparar los costos y la seguridad jurídica del inversor en términos de la dinámica salarial.

 

Como contraparte a lo descripto, mientras los anglosajones quieren mostrarse pudorosos de sus miserias para con el afuera, no tienen problema alguno en inmiscuirse con la vara inquisidora bajo la racionalidad geoeconómica. Y no es necesario remontarse a las colonias africanas o las dedocracias creadas en el sudeste asiático en el siglo pasado; basta con abrir los diarios actuales y observar como Boris Johnson da vía libre a la determinación de un juez británico para entregarle más de 1.000 millones de dólares en oro al ‘presidente interino constitucional de Venezuela’, Juan Guaidó. Seguramente, en la actual lógica aperturista luego del Brexit – recordemos las controversiales “relaciones carnales” con nuestro gobierno anterior de similar tono ideológico neoliberal -, habrán medido con beneplácito diplomático el “pegarle” al vapuleado Maduro para con sus objetivos de conquistar nuevos mercados.

 

Por supuesto, también hay otra Europa. Tenemos a la Grecia desde donde hace algo más de una década se intentó, con la victoria de Syriza, generar un proceso ‘subversivo’ ante el statu-quo sistémico. No solo encontró la respuesta virulenta de quienes los acusaron de “vagos, ineficientes y corruptos”, como sus conciudadanos europeos alemanes, sino que además el pueblo griego vivenció enormes presiones y un contrataque fulminante de gran parte de la banca europea acreedora. Ya sabemos quién ganó la partida. Días atrás, la Policía griega del actual Gobierno Conservador reprimió una manifestación que reclamaba, justamente, contra una propuesta de ley que criminaliza la protesta social. Uno de los pilares de la reforma contempla poder prohibir las manifestaciones que puedan “obstruir el tráfico o limitar la actividad comercial de las ciudades”. Por supuesto, los inversores extranjeros con foco en la exportación y el turismo – quienes por años apoyaron los ajustes que castigaron al mercado interno de las mayorías empobrecidas -, ahora se encuentran felices de que se mantenga a rajatabla la seguridad jurídica-económica del país helénico.

 

Por el contrario, los chinos y los rusos no solo tienen otra visión sobre cómo enfrentarse al complejo sistema económico global; sino que, por sobre todo, tienen mayores capacidades en términos económicos, políticos y militares – y de apoyo interno, por supuesto – para hacerlo. En cuanto a los primeros, poco les importó las palabras de Donald Trump diciendo que han presionado a la OMS para “engañar al mundo” sobre el COVID-19, con la consecuente pérdida del aporte de 400 millones de dólares por parte de los Estados Unidos (alrededor del 15% del presupuesto total). El gobierno comandando por Xi Jimping ni se inmuto ni perdió tiempo para responderle. A partir del año que viene seguramente lo reemplazará con su enorme billetera. Ya todos lo saben. Y no solo en relación a la OMS; sino que, probablemente, en poco tiempo tomarán la delantera  económica y financiera a nivel global.

 

El caso del eterno Vladimir Putin es similar. Días pasados se aprobó la reforma de la Constitución, la cual que le concede al presidente no solo la posibilidad de ser reelegido una vez más, sino que promueve la fusión de territorios para simplificar la dinámica gubernamental rusa. El objetivo explícito es reducir el número de unidades administrativas para facilitar su manejo directo desde Moscú. Implícitamente, para los extranjeros, mejor es negociar con el garante de la estabilidad que todo lo controla y decide – sobre todo en relación a los ingentes proyectos relacionados a los recursos naturales estratégicos y la tecnología militar de punta -, que tener que negociar con un sinfín de interlocutores. Y a decir verdad, poco les importa lo que achacan los escasos opositores domésticos del Presidente, quienes lo comparan con Luis XV por su frase de cabecera: “Después de mí, la nada”.

 

Por supuesto, también tenemos políticas económicas exteriores autóctonas en las usuales democracias populistas “de izquierda y de derecha” de nuestra maltrecha región. Por ejemplo, el eterno ‘Estado Fallido’ mexicano hace tres semanas – después de 6 largos años de lucha de los familiares – ha podido identificar a solo uno de los 64 estudiantes secuestrados y asesinados por grupos criminales (en convivencia con autoridades políticas y de seguridad) en la localidad de Ayotzinapa. Por supuesto, ello no impidió que días más tarde Andrés Manuel López Obrador se reúna con Trump para continuar hablando del apoyo del gobierno mexicano a los empresarios estadounidenses; los cuales, con ‘denodado esfuerzo’, siguen produciendo en las maquilas para con el ‘bienestar económico’ de ambos lados de la frontera. Es lógico, la problemática socio-económica, política y de derechos humanos es históricamente estructural; y aunque el gobierno estadounidense ‘observe con preocupación’ (supongamos) el dilema de la violencia, la droga y la inmigración en México, la prioridad coyuntural es reactivar la económica post COVID-19 lo antes posible.

 

Adentrándonos en el problema de la deuda en sí, también tenemos diversos matices a nivel regional. Por el lado del ‘ala dura’, podemos mencionar que en el año 1986 Cuba entró en default provocado por el recorte de ayuda de parte de la antigua Unión Soviética. Años más tarde, tras varias décadas de bloqueo, el entonces Presidente Obama sorprendió al mundo cuando anunció que se restablecerían las relaciones diplomáticas con La Habana y que ello implicaba levantar determinadas sanciones crónicas sobre el país,  incluyendo la deuda descripta. En este sentido, en el año 2015 la mayor parte de los miembros del Club de Paris condonaron 8.500 de un total de 11 mil millones de dólares de deuda interestatal. La moraleja: el margen para ‘aguantar’ que tuvo la dictadura de un proletariado adoctrinado, erguida en su posicionamiento tanto internacional como víctima del imperio, dio sus frutos. Solo había que tener fortaleza – con los costos socio-económicos que ello conlleva – para esperar el momento histórico adecuado.

 

Como contraparte, tenemos el ‘soft power’ ecuatoriano. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, explicó días atrás que mientras continúan las negociaciones con los acreedores privados, también se llevan en paralelo conversaciones con el FMI. El fin es asegurarle a los Fondos de Inversión la sostenibilidad de la deuda; por supuesto, con la consecuente continuidad del círculo vicioso de endeudamiento. Aunque cercano en el tiempo, parece una eternidad política el Gobierno del predecesor Rafael Correa, quien suspendió parte de los pagos de la deuda externa ya que la misma era “ilegitima”, bajo la argumentación de que el endeudamiento público era “una herramienta de saqueo de recursos y de sumisión a políticas impuestas por los organismos multilaterales”. Las cosas han cambiado y hoy Lenin Moreno vuelve a poner las cosas – léase el histórico statu-quo – en su lugar para con el financiamiento y el repago de deuda internacional. Ello, por supuesto, tuvo su recompensa: Ecuador pudo volver a los mercados internacionales, emitiendo recientemente 2.000 millones de dólares en bonos soberanos a un plazo de 10 años y con una rentabilidad del 7,95%.

 

Finalmente, llegamos a nuestro país. Guzmán dio por cerrada la oferta a acreedores: “Hicimos nuestro máximo esfuerzo”, dijo días atrás, mientras explicaba que no tenía más margen para la propuesta de reestructuración de deuda. Prácticamente sin quita de capital, y con un interés en dólares de más del 3% anual – que no paga ningún país ‘normal’ del mundo -, debería ser suficiente para convencer a los acreedores. Pero no. Aunque a algunos les parezca increíble, se requiere de una enorme fortaleza política para también tener que explicar que sin crecimiento económico, la sustentabilidad del pago será tan endeble como el historial de compromisos de nuestro país.

 

Quedó claro que el gobierno dejó la tibieza de una necesaria servidumbre – sin entrar en detalles de cómo se llegó a ello – para pasar a mostrar una fortaleza pragmática alejada de lo que algunos denominarían un vínculo de “dependencia tóxico”. Sin embargo, hay una reticencia, como hemos observado en diversas latitudes, de grupos de interés con objetivos de acumulación financiera exógeno, los cuales presionan a través de la colonización mental – léase los medios de comunicación que ellos mismos financian y controlan –, donde una gran parte de la población queda suficientemente anestesiada  para no poder visualizar la relevancia de las victorias estatales, con el efecto derrame en el resto de las mayorías necesitadas que ello conlleva. También tiene su lógica: la redistribución de los triunfos nacionales a lo largo de la historia no solo han sido mayoritariamente efímeros e insuficientes,  sino que además es más intangible que la fuerza que conlleva el discurso moral, religioso, o cultural que motiva y revitaliza al ser nacional.

 

¿Alcanza con transformar las victorias económicas de la política exterior en hechos patrióticos? ¿Podrá el incremento del conocimiento de la historia secular eliminar aquel miedo falaz que indica que los defaults determinados en algún momento de la historia implican el fin de las inversiones, cuando en realidad se ha demostrado que donde hay recursos estratégicos y mercados dinámicos el capital continúa viniendo? ¿Podremos comprender que cuando uno escarba en la arena económica internacional lo más difícil es discernir los engañosos intereses cruzados? Sino observemos el reciente beneplácito  de nuestro país de haber sido seleccionado para realizar las pruebas de la vacuna para COVID-19 desarrollada por Pfizer; laboratorio cuyo uno de sus principales accionistas es BlackRock, el fondo que más trabas le pone a la Argentina en la negociación de la deuda. Las malas lenguas sostienen que Pfizer buscó países cuyos gobiernos estuviesen dispuestos a permitir los testeos en sus habitantes. Por supuesto, la negociación por la deuda externa de nuestro país con el Holding va por otro carril.
Para concluir, quería recordar una frase del ex técnico de la selección argentina de fútbol, Marcelo Bielsa, quien una vez le respondió a un afamado periodista en una conferencia de prensa: “Usted es mi enemigo, y ello me enaltece. Cuanto más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy”. ¿Sabemos realmente quien es nuestro enemigo? El foráneo, seguro. Si lo reconocemos, ya hemos ganado una parte importante de la batalla. Lo más difícil, sin embargo, es dar cuenta del enemigo interior, el egoísta que busca solo el interés propio y actúa en complicidad con el de afuera. Porque como dice un viejo dicho popular: cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido solo.

Latam, solo un espejo más de la dinámica sistémica global

Publicado en Ámbito Financiero, 6-7-2020

https://www.ambito.com/opiniones/latam/solo-un-espejo-mas-la-dinamica-sistemica-global-n5115010

Competir a través de la reducción de costos es el eje principal del trabajo gerencial de las líneas aéreas en la actualidad. Capitalismo a secas. Donde la competencia es salvaje, pero también lo son las fusiones y los monopolios. Donde la política – y la geopolítica – juegan un rol trascendental. Donde las economías indirectas que la industria genera (como el turismo, el comercio con las mercaderías que se transportan, las miles de Pymes que actúan como sus proveedores, o la dinamización de la microeconomía que implica las reuniones laborales), representan sectores importantes en los PBIs de muchos países. Donde también se visualiza la “lucha de clases” modelo siglo XXI.

Todo comienza con la globalización neoliberal agresiva y la tan mentada ‘revolución de los aviones’ a través de las ahora tan conocidas por nosotros “Low Cost”: precios bajos, rutas fijas punto a punto con vuelos repletos llevados a cabo en el menor tiempo posible (desde Ryanair ya avisaron que no van a volar si los gobiernos imponen la obligatoriedad de dejar los asientos centrales vacíos a causa del COVID-19), aviones eficientes con bajo nivel de consumo de combustible – adquiridos además en grandes cantidades para abaratar costos -, tiempos mínimos de espera en los aeropuertos secundarios, mantenimiento estrictamente necesario para garantizar la seguridad, modelos únicos y estándar de aeronaves para reducir el costo de la formación de los pilotos y lograr una operatoria con el mínimo personal posible y, por supuesto, empleados con derechos laborales mínimos.

Aquí no hay efecto derrame que valga para con la competencia: estamos en una industria de juego de suma cero. Ejemplos sobran y los números hablan por sí solos. Ryainair dejó en tierra a 400.000 pasajeros en 2017. La infantil explicación oficial se basó en “errores en la planificación del calendario de vacaciones de sus pilotos”. La realidad indica que hubo una huida masiva de 150 de sus trabajadores a Norwegian Airlines. Por otro lado, de las 154 aerolíneas que se han creado entre los años 2000 y 2016, 107 ya han desaparecido. ¿Capitalismo Shumpetereano? Más bien diría capitalismo en su fase monopólica. En Europa, cinco grupos (Air France-KLM, IAG, Lufthansa, EasyJet y Ryanair) acaparan el 63% del mercado. Peor aún es en Estados Unidos, donde las cinco primeras líneas aéreas controlan el 86% del negocio.

Como contraparte, para quienes lo promovieron, las palabras mágicas que han sentenciado socialmente su triunfo son cuatro: “democratización del espacio aéreo”. ¿Quién puede dudar de los beneficios a un consumidor que obtiene tarifas económicas y asequibles para su malogrado bolsillo? Un nuevo modelo que se basa en brindarles a los clientes libertad de elección, sin forzar el pago de servicios que no van a utilizar. “Una propuesta justa y equitativa” gritan a los cuatro vientos. Cantos de sirenas para el liberalismo individualista.

Igualmente, queda claro que como siempre, lo importante es ganar dinero. Mucho dinero. Desde el punto de inflexión provocado por la crisis de los años 2008/2009, el sector ha vivido una década dorada, con crecimiento continuo de pasajeros y, sobre todo, ganancias. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), órgano madre de la aviación civil internacional, estima que la industria ha cerrado el ejercicio de 2019 con unos beneficios en torno a los 25.900 millones de dólares – lo que representa un incremento interanual del 3,1% -, con 4.500 millones de pasajeros transportados (el doble que diez años antes) conectados por 23.000 ciudades en todo el mundo – cuando en el año 1998 eran 10.250 -.

Pero esto es capitalismo y como en un videojuego de acción, el ataque de los ‘enemigos’ proviene de diversos y variados frentes. Los fluctuantes – y terriblemente peligrosos cuando se incrementan – precios del barrio de crudo, la competencia en espacios regionales con los menos contaminantes trenes de alta velocidad (la alcaldesa de Barcelona Ada Colau ya ha pedido eliminar el puente aéreo entre la capital catalana y Madrid con la excusa de que es suficiente con el AVE), alguna catástrofe que en la industria de la aviación suele dejar secuelas (como ha sido el caso de Spanair, la cual quebró en el año 2012 luego del accidente de Barajas en el año 2008), los desequilibrios macroeconómicos (la británica Monarch justificó su quiebra en base a la debilidad de la Libra Esterlina), los potenciales atentados terroristas (como el emblemático suceso de la aerolínea estadounidense Panam cuando sobrevolaba Escocia en el año 1987), los cambios tecnológicos que permiten realizar tareas y comunicaciones de manera virtual, el rechazo de los grupos ambientalistas (en Francia, el Partido Verde ha demostrado que cada francés emite 5 toneladas de CO2 al año en su rutina diaria – calefacción, transporte, alimentación -; la misma cantidad que si viaja dos veces desde París a Nueva York), o una pandemia como la actual, la cual dejará un tendal de quiebras en la industria.

Por supuesto, y para salir del paradigma argentino, no todas las problemáticas son exógenas. También hay erróneas definiciones en los modelos de negocio que no aciertan con su verdadero público objetivo o con los mercados donde debieran operar para ser rentables (como ha sido el caso de Alitalia, que se focalizó en las rutas de corto y medio alcance – sin poder competir de ningún modo con las Low Cost – en lugar de las internacionales). También se encuentran quienes pierden eficiencia por no contar con financiamiento para poder modernizar su flota. Y de más está decir que en las últimas décadas, la reducción de costos se vincula directamente a la eliminación de personal: “estructura sobredimensionada” son las palabras sutiles de los empresarios del sector. La respuesta del otro lado del mostrador, no se hace esperar. “Capitalistas en las ganancias y socialistas en las pérdidas, han repartido millones en utilidades en los últimos años de bonanza; sin embargo, no son pocas las líneas aéreas que cuando no le cierran los números sufren rápidamente el ‘síndrome del chivo expiatorio’, culpando a los sindicatos como los causantes principales de todos sus males” sostiene Luciana Flesler, dirigente sindical de la Asociación del Personal Aeronáutico de la República Argentina.

El otro punto de relevancia para las empresas privadas de aviación civil, es su relación con los gobiernos. Exceptuando las empresas 100% estatales (como sería el caso de Boliviana de Aviación, creada por Evo Morales), el vínculo público-privado suele ser ambivalente. Por un lado, las principales quejas se centran en los altos impuestos (como lo es por ejemplo la tasa a las emisiones de carbón en la Unión Europea), o las escasas facilidades que reciben en términos logísticos, burocráticos y de infraestructura por parte del Estado. Por supuesto, la situación se revierte 180° – sobre todo para las aerolíneas emblema de cada país – cuando la quiebra se encuentra a la vuelta de la esquina: como Cenicienta a la medianoche, los reclamos se transforman radicalmente en pedidos desesperados de un rescate financiero estatal imperiosamente necesario para su supervivencia.

Y aquí aparece en acción la Canciller Angela Merkel, con una inyección de 9.000 millones de euros adquiriendo el 20% del paquete accionario de la emblemática Lufthansa. Del otro lado del mostrador, para el gobierno germano lo más importante es su asiento en el directorio; aunque institucionalmente no debería intervenir en las decisiones de la aerolínea, se sabe que el objetivo es tomar el control estratégico para que no pierda su preponderancia en el mundo de la aviación civil como la aerolínea de bandera de la Unión Europea. Por supuesto, en el mundo de la geopolítica pura, los diferentes niveles de poder conllevan a que las capacidades – y las metas -, sean diferentes. Así lo entienden sus laderos austriacos: a pesar de haber avalado 300 millones de Euros de créditos de la banca privada para el rescate de Austrian Airlines, Viena no participará en el capital de su aerolínea, la cual seguirá perteneciendo 100% a Lufthansa. Todo queda en manos de las decisiones de su hermana mayor.

Sin embargo, no será nada sencillo para los germanos. Los intereses supranacionales se encuentran a la orden del día: la Comisión Europea le ha indicado a Lufthansa que, como toda compañía que obtiene más de 250 millones de euros en capital de rescate, debe aceptar las reglas de un “campo de juego nivelado”: esto es, ceder franjas horarias de despegue y aterrizaje (Slots), o que reduzca el número de aviones con base en sus aeropuertos principales de Frankfurt y Múnich.

Mientras que para Merkel ello representa un dolor de cabeza, para muchos italianos la aflicción es en el corazón. Aunque golpee el bolsillo de una ya insolvente economía, los 600 millones de euros destinados por el gobierno de Conte para la actual renacionalización y salvataje de Alitalia, son una caricia al alma para con la “italianidad”, como le gustaba decir a Silvio Berlusconi en sus discursos políticos.

Como contraparte, el idílico nacionalismo tiene su contracara cuando la corrupción y la ineficacia se apoderan de los poderes de turno. El tan mentado “capitalismo de amigos” se observó también con la aerolínea de bandera italiana, quien tuvo la participación en sus múltiples rescates de sujetos y empresas que poco o nada tenían que ver con la industria aeronáutica, como fue en su momento el caso de la empresa de autopistas – sí, leyó bien, autopistas – Atlantia, cuyo objetivo central – para no decir único – era obtener a cambio un trato favorable en futuras concesiones vinculadas a los negocios gubernamentales.

Con un halo de oscuridad similar, semanas antes de acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos para reestructurar su deuda (superior a los 7.000 millones de dólares), el principal accionista de la aerolínea Latam, la sociedad Costa Verde Aeronáutica de la familia Cueto, canceló anticipadamente un crédito de 34 millones de dólares otorgado por Inversiones Odisea, la firma que tiene a los cuatro hijos del presidente chileno Sebastián Piñera como principales socios. A diferencia del caso italiano, en esta ocasión ambas empresas conocen muy bien el paño. Los negocios aeronáuticos de estos apellidos ilustres datan de los años 1980’, cuando durante el final de la dictadura de Augusto Pinochet fueron parte de la adquisición de la entonces aerolínea estatal LAN. Por supuesto, a precio vil. Cualquier similitud con lo que vendría unos años más tarde en nuestro país, es (¿o no?) pura coincidencia.

Sin embargo, la inmoralidad del pago podría no ser lo más grave: ya en plena crisis del COVID-19, la compañía tuvo que ser suspendida en la Bolsa de Santiago cuando estaba sufriendo el mayor desplome de su historia y amenazaba con comprometer los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), otra de las grandes ganadoras históricas del modelo chileno. Las AFP llevan invertidos unos 442 millones de dólares en Latam – en otra polémica decisión que pone bajo sospecha los vínculos de Piñera con esas administradoras – y tienen el 15,3% de su paquete accionario, lo que las deja en una situación de gran vulnerabilidad en el escenario actual. Para ser realistas, la verdadera fragilidad la sufrirán los futuros jubilados de carne y hueso, que confiaron – obligados – sus ahorros en ellas y ahora su futuro socio-económico pende de un hilo.

Luego viene la historia ya más conocida, de este lado de la cordillera. Algunos hablan de corrupción, otros de mala praxis. Los más efusivos se aferran a las pujas y la presión por parte de los poderes políticos y sindicales de turno, junto con una traumática competencia desleal. Por supuesto, en el cliché de los teorías, la ideología, las disputas geopolíticas, las variables exógenas impredecibles, el obsceno ratio rentabilidad/masa salarial, y la reducción de costos a como sea, no pueden quedar afuera. Seguramente habrá un poco de todo ello. O de casi todo. Lo que si podemos afirmar es que el marco descripto se asemeja a cualquier película donde el actor principal, en este caso Latam, puede ser fácilmente intercambiado por otro de símil relevancia en alguna otra industria de vanguardia. Donde el título más adecuado del filme podría ser, simplemente, “capitalismo modelo 2020”.

Expropiar, la palabra que se debate entre el signo de exclamación y el de pregunta

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 23-6-2020

https://www.ambito.com/opiniones/expropiacion/expropiar-la-palabra-que-se-debate-el-signo-exclamacion-y-el-pregunta-n5111783

En palabras del reconocido filósofo y jurista alemán Carl Schmitt, la expropiación es parte esencial del ‘nomos de la tierra’; es decir, del arreglo territorial primordial que es consustancial a todo Estado. Así lo entendía el difunto Comandante y entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez, cuando gritaba a los cuatro vientos “¿De quién es ese edificio? ¡Pues exprópiese, exprópiese!” Propiedades, empresas petroleras (como el famoso caso de la estadounidense ExxonMobil, la cual pidió un pago “justo” de 10.000 y solo recibió 908 millones de dólares después de la expropiación de todos sus activos en el país), de telecomunicaciones – para evitar la propagación de la información enemiga -, tierras (que se aseguraba eran improductivas y debían destinarse a fomentar la “seguridad y soberanía alimentaria”, en un país que importa alrededor 70% de los alimentos que consume), y todo tipo de industrias de enorme envergadura y relevancia fueron expropiadas y nacionalizadas. Quienes llevan las cuentas desde “algún lugar del imperio”  dicen que las propiedades privadas expropiadas han sido 1.440 durante sus 13 años de gobierno.

Pero la historia de la expropiación es mucho más que el fresco recuerdo chavista. Ya sea en la teoría o la praxis. Desde de una visión jurídica, económica, o social. Pero sobre todo, en la conjunción de todos estos campos de análisis. Solo para citar un ejemplo, la Teoría de los Costos Sociales de Ronald Coase indicaba que bajo el supuesto que los costos de transacción sean muy elevados, la misión del derecho es simular la situación eficiente, aquella que habría surgido si los costos de transacción no fuesen significativos. Por ende, el derecho actúa simulando al mercado al asignar la titularidad a quien más la valore; ya que, en un contexto de altos costos de transacción, la asignación de los derechos de propiedad repercutiría en el bienestar social. Bajo este marco, la expropiación será socialmente eficiente si es que la ganancia social (suma de ganancias individuales) es mayor que la pérdida social (suma de pérdidas individuales). Y aquí entra en juego si quienes obtienen el bien lo valoran más que quien lo pierde.

Alejándonos tangencialmente de la visión neoclásica, los marxistas van más atrás en la historia y afirman que con el emerger del capitalismo en los albores del siglo XVIII, se generó una desintegración del proceso de “acumulación originaria”, sustentado en la expropiación de las condiciones de producción, el acceso a la tierra y la propiedad de los medios de producción; los saberes, acumulados por campesinos y artesanos durante generaciones; y los productos de trabajo, mediante formas de división, mecanización y automatización del trabajo. Una victoria del capital por sobre el trabajo.

Sin embargo, el comunismo se tomó revancha muchos años después. Al día de hoy, son 5.913 las empresas estadounidenses que todavía mantienen una demanda oficial contra las expropiaciones sin compensación de más de 7.000 millones de dólares realizadas por el gobierno cubano al mando del entonces presidente Fidel Castro. Los cubanos alegan que ya lo pagaron con creces. Fue precisamente la nacionalización sin compensación de bienes de empresas estadounidenses lo que detonó el embargo; un “bloqueo” que le costó a la isla 100.000 millones de dólares en las últimas seis décadas. Económicamente, los números no les han cerrado a los “barbudos revolucionarios”. Sin embargo, ciertas variables como la ideología y la patria suelen prevalecer en un régimen que ha sabido surfear las vicisitudes entremezclando un férreo control comunicacional y un incondicional apoyo internacional en ciertos valores del desarrollo socio-económico (como la salud y la educación, aunque discutidas en su calidad), inclaudicables para con el resto del progresismo en el mundo capitalista.

Estados Unidos había aprendido la lección; por ende, un par de décadas más tarde no corrió con la misma suerte el primer “comunista democrático” de Latinoamérica, el Dr. Salvador Allende. A 50 años de la promulgación de Ley de Reforma Agraria bajo su gobierno, el sentimiento de gratitud para con la expropiación y el control de los recursos naturales por parte de campesinos pobres y trabajadores industriales tuvo una respuesta letal por parte de la oligarquía que luego gobernó (y todavía gobierna, aunque matizada bajo el halo de la democracia y el discurso suavizado), el país trasandino. Augusto Pinochet fue solo el brazo ejecutor de una política donde la expropiación marxista no tenía lugar bajo la Doctrina Monroe del Imperio.

Es evidente que la interdependencia compleja – que entremezcla los intereses de los actores estatales y no estatales – juega un rol trascendental cuando hablamos de expropiaciones. En el año 2000, un tribunal arbitral internacional condenó a México a pagar una indemnización de casi 17 millones de dólares a Metalclad, una empresa norteamericana radicada al sur del Rio Bravo que se dedicaba al tratamiento de residuos peligrosos. El fallo indicaba que la compañía estadounidense había sido “víctima de una injusta expropiación”. Sin entrar en detalles del caso, se sabía que el abultado monto a pagar era una consecuencia inevitable de la reducción de la soberanía que devino del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá: en este aspecto, la única reforma importante de la ley de Expropiación que databa de la década de 1930’ tuvo lugar en el año 1993 durante el acuerdo del TLC, cuando se modificó el criterio para con el pago indemnizatorio de una expropiación, que pasaría a ser el valor comercial de lo expropiado y no más el valor de la tierra.

Pero como suele ocurrir en la arena internacional, una cosa es lo que se dice hacia afuera, y otra es lo que se hace puertas adentro. Sino pregúntenles a los 90 terratenientes texanos que viven en las adyacencias de la frontera mexicana, a los cuales el año pasado les llegó una notificación del Departamento de Justicia estadounidense sobre las intenciones del gobierno de Donald Trump de comprar o, en caso que se nieguen, expropiar sus terrenos. Extraño en un país que protege con celosía la propiedad privada como bien sacro. O no tanto.

En este sentido, cabe destacar que el régimen expropiatorio es un indicador importante de lo que ocurre a trasluz del poder gubernamental en general. En particular, si aceptamos la hipótesis de un debilitamiento del Estado-Nacional o, al menos, de una re–configuración de sus instituciones y sus capacidades en el contexto global. En las últimas décadas, en una gran cantidad de países en el mundo el declive en el margen de maniobra de políticos ha tenido su contrapunto con el fortalecimiento del poder judicial (en los casos que mantiene su independencia, por supuesto), a través del surgimiento de nuevas formas de protección de los derechos individuales y colectivos. La “logia” judicial sostiene que, aunque incapacitado de conseguir objetivos sociales específicos, lo mejor que se puede hacer es brindar un orden estable que permita a los individuos la libertad de luchar por alcanzar sus propios objetivos; lo que implica que las reglas a las que se debe sujetar la expropiación tienen como una de sus principales funciones construir un sistema que permita a los individuos predecir con cierta certeza el futuro de sus inversiones y de sus derechos de propiedad privada.

Por supuesto, no en todo el mundo ocurre lo mismo: existen gobiernos fuertes y paternalistas que conviven con un débil y cooptado estado de derecho (semi-dictatoriales, diría algún académico occidental). Tenemos como ejemplo el caso de China u otros países del Sudeste Asiático, donde se ha hecho un uso extensivo de la expropiación para dar paso a proyectos de infraestructura y de expansión urbana; avallando, sin ponerse colorados, cualquier tipo de oposición de particulares. Y lo peor para estos últimos, en muchas ocasiones se les han otorgado indemnizaciones ridículamente ínfimas.

Hablando de los perdedores sin tierra, no tenemos que irnos tan lejos viviendo en la región más inequitativa del planeta. Nuestro vecino Paraguay da cuenta de ello: el 2,6% de los propietarios son dueños del 84,8 % de las tierras explotadas. Como contraparte, en el país existen más de 300.000 familias campesinas sin tierras. Para las elites enquistadas en el poder hace más de un siglo, no pareciera que hay mucho por hacer. De racional sensibilidad social, bien gracias. Solamente, como suele ocurrir en una nación aguerrida y creyente, la historia demuestra que la solución para los más desahuciados se ha encontrado o bien ‘por las malas’, como ocurrió en el año 1995 cuando el Congreso expropió 7.137 hectáreas en el departamento de Amambay con el mero objetivo de devolver la paz social luego del asesinato de Pedro Cohene (un líder de la Organización Nacional Campesina, quien fuera ejecutado por sicarios contratados por terratenientes); o mismo con la ayuda la Diócesis de Concepción de la Iglesia Católica, la cual apoyó en el año 1997 la expropiación de las 267.836 hectáreas de la empresa CIPASA, ubicada en los departamentos de Concepción y Amambay.

Pero como la desigualdad socio-económica se incrementa día a día en todo el mundo y ya no es menester solo de los países subdesarrollados, no es de extrañar la reciente iniciativa ciudadana para expropiar a cualquier empresa inmobiliaria que posea más de 3.000 apartamentos en Berlín. Parafraseando a la emblemática señora de los almuerzos con el “Estas muy politizada, muy de izquierda”, los socialdemócratas gobernantes del SPD han rechazado la petición de resocialización. Como alternativa, han promovido alentar nuevas construcciones, comprar viviendas existentes para alojamiento asequible y limitar los precios del alquiler (que se incrementaron el 100% en la última década). Algo similar ocurre en Francia. El ministro de Vivienda, Julien Denormandie, ha afirmado que “es inaceptable tener tantas viviendas vacías. Me refiero en concreto a estos edificios de oficinas o apartamentos que están a menudo en manos de bancos y aseguradoras. Aunque, por supuesto, la expropiación es el último recurso.” Claro, no sea que suene demasiado a pretender llevar a cabo un cambio revolucionario. El único motivo para desestabilizar el statu-quo debería ser un hecho excepcional, sostienen los conservadores, como ha ocurrido con la actual pandemia del COVID-19. Es por ello que el ejecutivo español del PSOE, no ha tenido una oposición férrea para desempolvar la “Ley de Expropiación Forzosa” todavía vigente del año 1954: en este caso, para asegurarse las mascarillas y otros insumos de salud en caso de que sea necesario.

Como contraparte, los gobernantes comprenden que los puntos de inflexión que implican llevar a cabo procesos expropiatorios, suelen generan enormes costos políticos, con potenciales efectos derrames – en muchas ocasiones negativos – para el resto de la sociedad. Sino miremos a nuestro país, luego de que en el año 2012, el gobierno expropiará el 51% de las acciones de YPF de manos de la empresa española Repsol. La medida, que buscaba retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético del país, generó rápidamente la reacción de la comunidad internacional y de potenciales nuevos inversionistas ante el ‘carácter discriminatorio’ de una medida que “claramente obstaculizaba el buen clima para con los inversionistas”. Si a ello le adicionamos la falta de tecnologías propias para explotar Vaca Muerta, el gobierno argentino quedó entre la espada y la pared; la consecuencia, poco tiempo después se vio obligado a revertir los nuevos controles sobre la inversión extranjera, pagó compensaciones pendientes establecidas en laudos anteriores, acordó una indemnización con Repsol por fuera de su propia legislación, y ofreció generosas concesiones a la petrolera estadounidense Chevron para que esta invirtiera en los nuevos yacimientos.

En definitiva, una expropiación que para algunos se llevó a cabo de manera ‘atolondrada’, sin un completo análisis de prospectiva, con indeseados y contraproducentes efectos económicos. Desde el otro lado del mostrador dirán que entienden que existe “cierta resistencia” en el mundo de las políticas sociales a reconocer problemas de eficiencia económica y jurisprudencia sobre la propiedad; pero dirán que más difícil aún es encontrar en los  organismos financieros internacionales y los capitales concentrados cualquier referencia a los derechos socio-económicos básicos de las mayorías empobrecidas. Aunque luego recibirán como respuesta que la expropiación es en realidad una consecuencia de la mala praxis de política macroeconómica previa, y no de los “consecuentes y lógicos” intereses del sector privado. Pero aquella “mala política” la realizó el gobierno previo de otro color político, volverán a retrucar. Y así sucesivamente. Evidentemente, encontrar el equilibrio no es para nada sencillo.

Para concluir, solo queda por afirmar que la expropiación nos debe llevar a un análisis complejo de “pesos y contrapesos” de carácter global, con actores profundamente diversos y con objetivos que en muchas ocasiones son diametralmente opuestos. Porque como dijo Pierre-Joseph Proudhon, filósofo, político y uno de los padres del movimiento anarquista, “La propiedad privada comenzó cuando alguien cercó la tierra, dijo esto es mío, y otro le creyó”. Y así seguimos, discutiendo que si la expropiar está bien o no. La respuesta, la misma de siempre. Depende de que intereses defendamos.

Entrevista en La Izquierda Diario Sobre la Situación Global

Por Pablo Kornblum en La Izquierda Diario

http://www.laizquierdadiario.com/Las-tensiones-entre-las-potencias-por-los-recursos-estrategicos-se-van-a-incrementar

¿Cómo ves la situación de la economía mundial tras los efectos de la pandemia?

Salta a relucir lo que se habla mucho, que son las desigualdades, este es el punto más importante. Vemos que a pesar que esto es homogéneo, en cuanto a lo que pasa en todo el mundo, los que son más pobres, los que tienen menos posibilidades de defenderse, los que no pueden quedarse en su casa trabajando desde una computadora y tienen que salir a la calle, son los más expuestos ante la pandemia. Entonces esa desigualdad que uno encuentra ahora a nivel internacional, pero a nivel local también, lo que se ve en Argentina, lo que sufren los jóvenes precarizado, por ejemplo, los que trabajan en los deliverys, etc. Es lo que se ve, ´quiénes están más expuestos, ellos o la gente que vive en las villas hacinadas´.

Una cuestión básica que se ve, sin ser economista, o sin entender mucho el tema, sabe que el virus se propaga más rápidamente en un área cerrada que donde convive mucha gente, era obvio que sin las medidas básicas de aislamiento iba a pasar. Bueno, pasa por eso hay tanta preocupación en África o en Asia, lo que pasa -como en todo el mundo- los medios de comunicación (algo que menciono el libro) lo tapan. Hay cosas que no se dicen porque lo manejan ciertas elites en conjunción con los dueños de los medios de comunicación y, otras personas más, lo cual no se ve pero evidentemente una vez más queda claro que ante estos shocks a nivel internacional los que más sufren son los que menos tienen.

Claro esto es una dinámica que como vos decís se está poniendo a relucir en forma muy aguda, y en el marco de esta película donde los que venían mal están peor, también hay otro elemento de la situación internacional en lo que respecta a mayores roces o tensiones entre los Estados, ¿cómo lo ves vos?

Hay dos cuestiones, sin entrar mucho en la historia, esto viene desde el fin de la unilateralidad o unipolaridad de Estados Unidos a fin de la década del noventa, que la globalización sabemos lo que trajo, ¿no? Digamos esta homogenización que no le sirvió a nadie, solo le sirvió a unos pocos, lo que hizo fue bajar los salarios a nivel internacional a un niveles que les sea rentable a nivel macro a estas elites económicas y financieras, ya sea para producir o jugar con el dinero. Lo que se vio a nivel general hay una baja del salario en los trabajadores; ahora a nivel interestatal hay un resurgimiento de lo que fue Rusia y China –sobre todo a partir de este siglo- que quieren tomar el poder porque se dan cuenta que la clave son los recursos estratégicos, la tecnología espacial, todo lo que tiene que ver con el aparato militar y, vuelvo a repetir, todo lo que tiene que ver con los recursos que son escasos. Lo que es el agua dulce, el litio, la Antártida, etc.

En ese marco de lucha por los recursos estos países con líderes, digamos que no les importa tanto la cuestión micro interna, como puede ser a Xi Jinping o a Putin, cuando su prioridad es conquistar varias partes del mundo por el tema de los recursos, la carrera espacial y militar, le están empezando a desafiar a Estados Unidos. En este marco de multipolaridad que vemos ahora, claro a ´río revuelto´, lo que se ve es que cada uno se va acomodando como puedo y lo que tenemos es eso, un nuevo reacomodamiento internacional donde Estados Unidos, a pesar de preservar el mayor poder militar no es la gran potencia a la cual todos siguen unísonamente y sin ningún tipo de discusión; sino cada uno se trata de acomodar con mucho problemas como en Europa con el tema del Brexit o Alemania que quiso moldear a Europa a su manera está con un montón de problemas que no se los esperaba como la inmigración y demás, … Bueno hay un marco internacional donde cada uno juega su juego y se van acomodando, el tema es dónde se acomoda cada uno a nivel interestatal y cómo hacen para que eso se derrame positivamente para los pueblos de cada uno; aunque lamentablemente como siempre los que menos tienen quedan relegados a lo último.

En relación al fin del mundo unipolar, ¿cómo ves a los Estados Unidos en su política exterior?

En su momento los Estados Unidos intentó de alguna manera manejarse con su esquema lógico que tuvo históricamente, ¿cuál es?, avanzar sobre los mercados. Ahora bien, se dio cuenta que en algún momento (creo que tardíamente) la pelea por los mercados la estaba perdiendo, por ejemplo con actores que sin tener las mismas capacidades estratégicas o de poder que tiene los Estados Unidos, iban acomodándose, le iban compiando el known how y el conocimiento y, de eso modo, le toman ciertos nichos que parecían intocables para los Estados Unidos, en el marco de este multilateralismo. Diciendo, ´Estados Unidos ya no me representa y puedo negociar con los chinos, con Rusia con India (y su tecnología) y demás´.

Se ha enfocado en mantener su nivel de agresividad económica, sin incrementarla, pero diciendo, ´este es el objetivo´, y retirándose de algunos sectores estratégicos a nivel geopolítico porque se concentró, por ejemplo, en Medio Oriente o en otros lados muy puntuales. En ese sentido, lo que se ve es que donde se retira Estados Unidos, donde no le pone el foco, América Latina o África, estos Estados que vuelvo a nombrar, China, Rusia y algunas otras potencias aprovechan y toman los lugares.

Si uno ve África lo que se ve es que hace 30 años las empresas norteamericanas o europeas estaban expoliando los recursos natural a viva voz, sin ningún resquemor; ahora vienen los chinos que les dicen, ´miren Sres. nosotros les proponemos que además de sacarles los recursos estratégicos, les implantamos población y le desarrollamos las actividades locales y la economía local. Entonces en ese sentido muchos gobernantes dijeron, ´nos conviene lo que nos están trayendo los chinos´, por su puesto detrás hay otros intereses porque los chinos, por ejemplo, te financian pero a su vez te piden que les compres su capital, que no negocies con otro, el famoso winner takes all, y te implantan población para que después a nivel sociológico (si se quiere) ya vayan avanzando y quedándose. No es como los norteamericanos que van te sacan el petróleo y se van. Ellos (los chinos) se van quedando, es otra dinámica. Pero te vuelvo a repetir, lo que se ve de Estados Unidos es que no creo lo hayan medido de la mejor manera, cuando se retiraron de algunos lugares o le quitaron un poco el ojo, ahí avanzaron estos Estados.

En cuanto a este avance de China sobre el conocimiento o la tecnología que históricamente controlo Estados Unidos, ¿Cómo ves esta puja que muchos la presentan como parte de la denominada guerra comercial?

Detrás de bambalinas lo que se sabe es que la guerra comercial existe, el déficit comercial de Estados Unidos con China es amplio y es histórico, hubo pelea no solo con Trump, con Obama también pidiéndole Presidente chino que revalúen la moneda porque no podían competir, eso existe. Ahora lo que uno ve detrás es lo que más le interesa es la tecnología sensible, la lucha por el poder, la carrera espacial, y es lo que no se ve que son las cláusulas secretas que se firman en todo tratado comercial que no son solo entre Estados Unidos y China, sino que son entre todo el mundo. Ahí me parece que está el quid de la cuestión. En cuanto a la lógica China lo que se ve es que, ´vamos a seguir avanzando económicamente hasta donde podamos y, mientras tanto, reforzamos nuestro aparato militar. Si los Estados Unidos nos quieren quitar comercio, como le puede pasar al Reino Unido que se fue de la Unión Europea y quieren negociar con nosotros (China)´.

Lo que está detrás de la disputa comercial es la disputa por el poder tecnológico, las tecnologías sensibles, la cuestión satelital, la cyberdefensa, digamos todo lo que tiene que ver con la tecnología de punta porque el comercio internacional lo que se ve es, con el ejemplo de Reino Unido, me sacan de la Unión Europea voy a negociar hasta con mi enemigo Argentina, y lo mismo pasa con China, ´Trump me pone trabas me voy a negociar con otro´, lo mismo pasa en Europa con la tecnología 5G, es la lógica de la guerra comercial permanente. Lo que es importante ver es que los países incrementan en general su gasto en defensa, su aparato militar, salvo contados casos, porque saben que en el futuro la lucha por los recursos estratégicos y la tecnología va a ser lo que va a definir los próximos cincuenta años. Para eso se están preparando los chinos, de eso ya mucho se habla y es el gran temor de los Estados que saben que en algún momento la tensión se va a incrementar. Ahora es una cuestión económica, en algún momento va a pasar a mayores y creo esto va a suceder en algunas décadas. Los chinos no se van a quedar atrás.

En tu libro explicas aspectos que consideras centrales sobre el funcionamiento del sistema capitalista global, entre ellos el creciente proceso de mercantilización, ¿cómo ves este proceso a la luz de la crisis sanitaria que puso en evidencia el Covid-19?

Algunos dicen que es el fin del capitalismo, pero yo no creo que sea así, lo que se están viendo son las miserias como dije al principio de la entrevista. Te doy un ejemplo concreto, en un momento los alemanes dijeron, ´si nosotros tenemos la pandemia y nosotros producimos los respiradores… de acá no sale nada, no se exportada nada´. El intercambio va a continuar, el capitalismo con todas sus miserias, en el sentido que no hay una reflexión como sostengo en el libro donde destaco que no hay una formación y educación a nivel institucional, sobre todo en la educación básica, en el nivel primario y secundario, para revitalizar el rol de las ciencias sociales y entendamos la problemática sistémica.

Me parece que el punto es, cuál es el verdadero problema, está el medio ambiente, están los virus, qué es lo que está ocurriendo acá, evidentemente está pasando algo dado el proceso de acumulación permanente e insaciable de la economía capitalista por parte de unas elites, lo que se ve es que el sistema en este modo lo que va a generar es un detrimento en la calidad de vida de los seres humanos y de los seres vivos en general en la tierra. Si no vamos a entender que esto es lo que ocurre, en algún momento esto va a terminar colapsando, ahora es un virus, después será la guerra por los recursos, etc.

Pero el problema que veo es que la gente no está lo suficientemente formada, educada…; por supuesto también hay cuestiones propias, y sobre todo los problemas de educación respecto a la bajada de línea de los medios de comunicación, el famoso ´cuarto poder´. Nos hacen pensar con la lógica de las elites porque trabajan juntos con ellos, cómo tenemos que analizar nosotros el mundo, cuál son los temas importantes…, y lo que nos termina pasando es que el dictamen que nos dejan es, ´fíjense u ocúpense de temas puntuales o marginales y no de problemas estructurales sistémicos´. Que quiero decir, ´ocupémonos solamente de la cuestión del aborto, por nombrar un tema en general, o el cuidado de los animales, o sea, cosas particulares donde grupos se preparan o les interesa cierta cuestión.

Desde mi punto de vista cuando vos te ocupas de los problemas marginales, cotidianos, puntuales y nos ves lo que pasa a nivel sistémico el sistema no cambia, el statu quo no cambia, entonces lo que vemos a lo largo de la historia, los últimos cien años a nivel internacional y, sobre todo en los últimos cincuenta es un aumento en las inequidades, en la pobreza a nivel internacional y en la destrucción del medio ambiente. Esto es lo que está pasando, es una realidad fáctica, si nos quedamos con lo que nos dicen los grandes medios, ´esto está más o menos mal, cambiemos esta cuestión puntual´, entonces no vamos a lograr el cambio sistémico para que toda la población mundial viva mejor.

Ahora bien Pablo, en el caso de la pelea por la legalización del aborto, hay millones de mujeres en todo el mundo movilizadas por este derecho que los Estados les niegan, si bien esta pelea no va a cambiar la estructura del sistema, creo que si no peleamos por aspectos parciales como parte de una estrategia global para cambiar el sistema hay un problema también, ¿Cómo lo ves?

Totalmente de acuerdo, a eso voy, lo que digo es lo siguiente… por fijarnos en la cabeza lo particular y por llevarnos rápidamente de un tema a otro, que es lo que hacen los grandes medios, para sacarnos de la cuestión estructural, lo que tenemos que hacer es pelear todas las batallas que haya que dar y, aclaro yo estoy de acuerdo con el derecho al aborto, pero lo que resalto es que ´el árbol no nos tape el bosque´, y la cuestión sistémica es lo que termina prevaleciendo, y frente a ellos lo que falta, es una formación institucional de base de ciencias sociales que nos quieren quitar. Nos quieren hacer creer que los que hacemos ciencias sociales nos somos productivos, que no servimos y valemos poco, lo que pasa es que los cientistas sociales son los que nos hacen pensar la sociedad y eso es lo que tenemos de bueno.

Por otro lado, en tu libro sostenes una crítica al capitalismo, cuando te referís a como en un proceso de reestructuración de negocios, los empresarios apelan a despidos y/o reducciones salariales, ¿algo de eso ya estamos viendo con las primeras respuestas de grandes grupos económicos ante la crisis?

Mira los otros días escribí en un artículo sobre las maquilas en México, allí empresarios norteamericanos con empresas del otro lado de la frontera con México, no les importa que todos los miles de empleados se contagien con tal de continuar produciendo para el sistema. Prefieren perder plata y que los multen, a que sus empleados mueran. Eso habla de todo porque no puede parar la rueda. Si no entendemos que el límite de la acumulación está en la salud humana, no se puede entender cuáles son las prioridades, en realidad, entendemos así, cuales son las prioridades que tienen algunos pro sistema, y las de otros que entendemos que la vida esta antes que todo. Bueno, el gran dilema es la lucha desigual, los más pobres son los que más sufren, ahora son visibilizados de algún modo porque salta con esta cuestión (coronavirus). Uds. que trabajan siempre, están en el terreno saben lo que es, vuelvo a repetir se necesita una comprensión sobre el problema estructural para que esto se plasme en la urnas, porque definitivamente se necesita tener poder para modificar las cosas.

A modo de cierre de la entrevista, ¿cómo ves la economía mundial de acá a los próximos años?

El crecimiento es muy frugal, todos están dependiendo de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, me parece que lo que se va a ver en términos generales es un aumento del sistema en términos de acumulación, los países desarrollados van a ir hacia las tecnologías y los servicios, eso es lo que se ve a nivel internacional, te doy el ejemplo de Australia, hace tres años que este país cerró su fábrica de automóviles porque dijo que es un país que no se va a dedicar más a la producción industrial, eso lo va a dejar a otros países como los del sudeste asiático; entonces esa es una gran diferenciación, quiénes van hacia los servicios y la tecnología y de ese modo si se quiere dar una mejor calidad de vida a los asalariados en el marco de una diferenciación porque del otro lado tenemos a los asalariados del sector industrial a quienes les vienen bajando los salarios a nivel internacional con los famosos procesos de tercerización. Eso es lo que se va a seguir viendo, si tienen que ir a producir a África para pagar dos dólares menos por mes, lo van a seguir haciendo.

Ese es el marco general que tenemos, entonces digo, ante esta situación y bajo la lógica de la geopolítica internacional, lo que podemos ver es quienes detenten los recursos estratégicos, que los que tengan el agua, los alimentos, y puedan producir esa tecnología de punta que les permita hacer la diferencia, no solo en la industria farmacéutica, sino también en la industria militar que es la más dinámica en la economía y es la que va a determinar en las peleas del futuro quién va a estar del lado de los ganadores y del lado de los perdedores, en ese marco el capitalismo se va a ir moviendo cíclicamente, con bajo crecimiento del PBI, y un incremento de las desigualdades, y por esto último, es ante lo que tenemos que pelear los que pensamos que las cosas así no van a funcionar.

Lo que se ve es una mayor desigualdad, mucha gente en los últimos cuarenta o treinta años entró al mercado laboral pero en qué condiciones, como los mileuristas en Europa, como los que trabajan en las maquilas en México, como los que trabajan en los mercados informales en Asia, entrar al mercado y no ser parte del planeta miseria no quiere decir vivir bien, esa es una crítica que muchos le hacen en Brasil a Lula, donde mucha gente salió de la pobreza, uno lo entiende, se pone contento, lo enaltece, ahora tener un TV y una heladera pero seguir viviendo en un morro no es calidad de vida tampoco, y por eso digo que hay pelear por salir de los cambios marginales e ir a los estructurales.

Un mundo a dos velocidades

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero 08-06-2020

https://www.ambito.com/opiniones/racismo/un-mundo-dos-velocidades-n5108153

La creciente entropía, definida por Randall Schweller como el lento pero constante reemplazo del orden por un incremental estado de desorden, marca la dinámica del mundo de hoy: el caos o lo diferente acecha; por ende, los miedos nos hacen buscar cobijo de quien hemos aprendido como nuestro cercano protector. Aquella institución madre, el Estado-Nación, que desde hace siglos rige la insignia de la política doméstica e internacional, y con la bandera, la moneda, o el poder militar, nos hace sentir unidos bajo una misma cultura e idiosincrasia.

Con el paso del tiempo, el ideal descripto se observa falaz, imaginario, para una porción creciente de la población. Ello ocurre porque quienes detentan el poder económico y político, les cuesta aceptar la cada vez más amplia agenda de una sociedad civil multivariada e interesada en nichos específicos. Pareciera ser que les duele, les molesta. Desean que la democracia sea meramente un voto. No pueden apreciar, ni siquiera, que las mayorías no les otorguen el beneficio de la ‘no discusión’ de cambios profundos en el statu-quo. Menos aún, no disfrutan siquiera el “no cuestionamiento” de sus grandilocuentes privilegios. Para su beneficio, el foco de las problemáticas socio-económicas del mundo se han desviado a una lógica individualista, aquella que el filósofo surcoreano Byung-Chul Han sostiene como el concepto “simultaneidad amo-esclavo, donde hasta incluso la lucha de clases se ha transformado en una disputa hacia el interior de uno mismo”.

Sin embargo, algunos teóricos ya lo han refutado y buscan darle otro sentido a aquel cuestionamiento para con el propio ser: lo que un ser social debería preguntarse es cuál es el involucramiento de uno mismo con lo ocurre en la sociedad. Donde la política está más presente que nunca. Porqué las decisiones acerca de la solidaridad son eminentemente políticas. Ello está ocurriendo hoy en día en los Estados Unidos. El “no puedo respirar” no es de ahora, es histórico. Y no está empeorando, solo es que en la actualidad se graba.

Minneapolis, la ciudad más poblada de Minnesota y donde ocurrió el asesinato de Floyd, es una de las caras más visibles de ello. De mayoría de población de ascendencia escandinava, en la década de 1970 se aprobaron las políticas de crecimiento equitativo, semejantes a las de los Estados de Bienestar que se dieron en los países nórdicos hasta finales del siglo pasado. En aquel momento, cuando el área de Minneapolis era 94% blanca y solo 2% afrodescendiente, era más fácil aplicar y alentar políticas de redes de seguridad social, ya que la mayoría de los residentes sentían a las personas beneficiarias de estos programas como semejantes o pares de ellos.

Al día de hoy, aunque la cantidad de blancos caucásicos ha descendido a menos del 80% de la población total, los indicadores socio-económicos siguen siendo de excelencia para ellos. Incluso en comparación con otras grandes metrópolis de Estados Unidos: el desempleo se encontraba en torno al 4% antes del COVID-19; los estudiantes blancos obtienen las mejores clasificaciones nacionales en lectura, matemáticas y exámenes de ingreso a la universidad; y el acceso a la vivienda es más que asequible con un abanico de flexibles créditos blandos.

Lamentablemente, para el más de 15% de población afrodescendiente, la situación es totalmente inversa. Al 10% de desocupación previo al COVID–19, se le adiciona que un afroestadounidense gana en promedio anual 32.000 dólares (32% se encuentra bajo la línea de la pobreza), mientras que para los blancos caucásicos sus ingresos son en promedio 72.000 dólares anuales (solo el 6,5% son pobres). Más aún, alrededor del 62% de los estudiantes afroestadounidense asisten a las escuelas públicas con los mayores problemas de infraestructura y formación, en comparación con el 10% de los estudiantes blancos. A ello se le debe adicionar que la tasa de encarcelamiento para los residentes afroestadounidenses es once veces mayor que la de los blancos.

Como se ha observado, el análisis situacional nos ha llevado a una necesaria conjunción entre racismo y pobreza. Y ambas variables se encuentran enraizadas en la sociedad estadounidense. El más claro ejemplo se da en términos del hogar propio. En los Estados Unidos, como en una gran cantidad de lugares alrededor del mundo, ser propietario de la tierra es lo que da a las personas estabilidad en sus vidas, construir comunidad, y a partir de allí crear y acumular riqueza. Sin embargo, solo un 24% de los residentes afroestadounidense son dueños de su casa, en comparación con el 76% de los blancos caucásicos (de los cuales muchos son descendientes de veteranos que regresaron de la Segunda Guerra Mundial, consiguieron trabajo, y pudieron comprar sus casas con ayuda gubernamental). Esta es la tercera brecha más grande de accesibilidad de todo Estados Unidos.

Ello tiene correlación con un estudio realizado sobre prácticas crediticias en los bancos más importantes de la ciudad de Minneapolis: los afrodescendientes tienen una probabilidad desproporcionadamente mayor de que se rechacen sus solicitudes de préstamos. Y la realidad demuestra que la brecha en las tasas de denegación de préstamos, no se genera únicamente debido a las características socioeconómicas de los solicitantes, como podría ser el riesgo de crédito o sus ingresos. Hay enormes disparidades y estas ventajas se han institucionalizado. En instituciones que son controladas por los blancos.

Para el presidente Donald Trump, la forma más rápida para tratar de salir de este asesinato que se le ha transformado en un callejón sin salida, fue, en primer término, tratar de “matar al mensajero”. Para ello, ha acusado a los medios de comunicación de ser “los enemigos del pueblo”, firmando además una orden ejecutiva disciplinadora donde autoriza a regular y evaluar si las redes deberían ser legalmente responsables de lo que publican los usuarios. Siempre y cuando no hablen a favor de él, por supuesto: sino vale la pena recordar que hasta no hace mucho tiempo, utilizaba con suma frecuencia la red del pajarito para ningunear a sus opositores demócratas; inclusive con burlas a sus características físicas o personales. Típico de cualquier dictador bananero tercermundista, de una bajeza que se debería encontrar en las antípodas de un estadista. Aunque ello no le importe a sus seguidores. Y eso Trump lo sabe, por ello mantiene grandes esperanzas de ser reelegido: entiende que, por un lado, una gran parte de la sociedad vota al oponente de lo que está seguro que no quiere y, por otra parte, que primordialmente el ciudadano medio estadounidense elige a su presidente defendiendo alguna necesidad puntual propia.

Por ello luego se encargó de designar a ANTIFA como organización terrorista. Otra discursiva que le encanta a su electorado. En este sentido, el Fiscal General de la Nación, Bill Barr, sentenció que “las voces de la protesta pacífica están siendo secuestradas por elementos radicales que desean llevar a cabo su propio programa de violencia organizada. Son grupos anárquicos y extremistas de extrema izquierda que utilizan tácticas de los antifascistas”. En ese sentido, hay que decirlo, no mienten. En general, los miembros de ANTIFA apoyan a las poblaciones oprimidas y protestan por la acumulación de riqueza por parte de las corporaciones y las élites.

Sin embargo, para el presidente de los Estados Unidos, la conjunción de la miseria y el racismo son parte de las nimiedades que no le hacen sombra a sus objetivos macro-elocuentes de triunfalismo geoestratégico. Que es donde se siente más a gusto. Desviando la atención hacia el “siempre redituable” enemigo externo de la política exterior – en este caso disputándole a los rusos la exclusividad de los vuelos tripulados -, y de la mano de sus venerados aliados, las elites económicas (de la que él forma parte) que comandan el mercado. Por ello se lo vio exultante detrás del primer lanzamiento espacial público-privado llevado a cabo por la NASA junto con la empresa SpaceX, del multimillonario Elon Musk. El objetivo, el de siempre: política y negocios de números exorbitantes para unos pocos, pero que son fundamentales para arengar a la mayoría de sus mesiánicos seguidores.

Está claro que para una gran mayoría de la población mundial, que desea la paz, los grandes dilemas de los grupos que viven algún tipo de opresión, cualquiera que sea, deben ser modificados a través del dialogo y la racionalidad. Pero cuando pasan más de dos siglos y las mejoras han sido tibias y marginales, como es el caso del racismo y la miseria que ello conlleva, el hartazgo toma la delantera. Y ello no es solo exclusivo de los Estados Unidos. Podemos trasladarlo a la guerra eterna entre Israel y Palestina, o a la propia disputa por la tierra de nuestros pueblos aborígenes. La variable disparadora (sea la raza, la religión, o la cultura ancestral), que se entremezcla y se potencia con la pobreza y la miseria, solo deriva en un incremento exponencial de las tensiones sociales, la bronca y la angustia contenida.

En definitiva, nos encontramos en un mundo a dos velocidades: mientras algunos persiguen denodadamente la carrera espacial del siglo XXII, otros todavía se encuentran embebidos en una “Cabaña del Tío Tom moderna”, peleando por su mero derecho a la vida. Como ocurrió en el Siglo XIX, cuando los abolicionistas estadunidenses deseaban terminar con la legislación que decía que “un negro, libre o esclavo, debe equivaler a las tres quintas partes de un hombre (blanco)”.

En este aspecto, la velocidad para con la propagación de la acumulación de capital, ha sido mucho más veloz y de manera más desenfrenada, que la de los derechos civiles, raciales o religiosos, los cuales tuvieron (y todavía tienen), sus avances y retrocesos. Será que aquí, a diferencia de la indiscutida lógica sistémica de ingente enriquecimiento sistemático de las elites gubernamentales y corporativas transnacionales – con algún escaso efecto derrame solamente beneficioso para algunos sectores económicos y grupos de ciudadanos puntuales de la sociedad global -, todavía hay fuertes discusiones políticas y puntos contrapuestos.

¿Sería lógico que sea a la inversa? Porqué los derechos de cualquier ser humano no deberían ser discutidos a esta altura del Siglo XXI, a diferencia de la forma en que creamos y distribuimos la riqueza en un mundo cada día más desigual. Por ahora, solo se sigue llorando la muerte de Floyd. Y lo único que es seguro es que si el día de hoy se levantará de su tumba el enorme cantante afroestadounidense Louis Armstrong, tendría un enorme resquemor para cantar “What a wonderful world”.

¿Cómo se hará viable la economía global post-pandemia?

Por Pablo Kornblum para El Cronista Comercial – 7-6-2020

https://www.cronista.com/columnistas/Como-se-hara-viable-la-economia-global-post-pandemia-20200607-0006.html

La pregunta revolotea no en pocas cabezas alrededor del mundo. Un mayor cuidado de la salud, sostenido científicamente por los epidemiólogos e infectólogos de todas las latitudes, llegó para quedarse. Una ‘nueva normalidad’, la cual implica un mayor distanciamiento social, permanente utilización de alcohol en gel y el lavado de manos, barbijos; en definitiva, medidas sanitarias mucho más estrictas. Lo cierto es que más allá de los beneficios que deberíamos observar para con la salubridad en general – los cuales  seguramente buscan exceder la durabilidad de esta pandemia -, también se han generado una serie de interrogantes de extrema importancia para con la continuidad del statu-quo del sistema económico global.

Como punto más importante a resaltar, tenemos el incremento – para muchos rubros de forma exponencial – de los costos que las nuevas medidas generan. Por supuesto, y como consecuencia, la otra gran pregunta es el modo en que se distribuirán los mismos. Solo pensemos, para citar un ejemplo, en un restaurante que, dado su espacio, debe trabajar solo con un tercio de las mesas que lo hacía habitualmente. O mismo un avión de cualquier aerolínea, el cual tendría que reducir la cantidad de pasajeros para cumplir con el distanciamiento social adecuado. También podríamos analizar la nueva situación de una fábrica de alimentos, a la cual se le exigirá la incorporación de un sistema de lavandería exclusiva y elementos de higiene personal permanentes para poder funcionar.

Improbable – para no decir imposible – que sean rentables. Y no estamos hablando de una o dos industrias. Sino de cientos, muchas de ellas de las más importantes de la economía real. ¿Podrán cambiar sus estructuras? ¿Y de ser así, a costa de quién? ¿O con la ayuda de quién? Porqué la realidad es que los costos fijos y variables se tendrán que reducir ostensiblemente. Y entre ellos se encuentra el más ‘flexible’ de todos, el salario. ¿Disminuirán más de los que ya se han recortado en el último medio siglo? Es el deseo de cierta corriente neoliberal de la economía, quienes encuentran en esta pandemia una nueva oportunidad para llevar a cabo sus ideas. La historia – y el coeficiente de Gini – hablan por sí solos: se evidencia claramente que la pérdida de la masa salarial ha ido acompañada por una creciente desigualdad socio-económica a nivel global.

También se ha propuesto, como lo ha expresado más de un empedernido comunista, la disminución de ingresos de los empresarios. ¿Darán su brazo a torcer? Difícil. Además,  claramente dista de ser una situación homogénea. Muchas de las Pymes que dependen de la ya dura ‘libre competencia’ del mercado, han sido heridas de muerte con esta pandemia, y realmente no tienen mucho margen para ceder rentabilidad. Sin la espalda – ni el financiamiento – de las grandes corporaciones, en muchas industrias (por no decir áreas enteras de la economía) deberán hacer malabares para subsistir. Ya sea a través de la innovación o la reconversión, o mismo equilibrando sus finanzas, tratando de buscar acuerdos sustentables con empleados, proveedores, dueños de las propiedades en donde operan, etc.

Por supuesto, la excepción se encuentra en aquellas empresas (la mayoría de ellas poderosas corporaciones) vinculadas a los negocios – no, no dije negociados – con quienes detentan las ‘lapiceras mágicas’ del gobierno. Es aquella fusión simbiótica de elites políticas y económicas – por no decir también mediáticas, sindicales y judiciales -, muy difícil de visualizar por el ciudadano medio, pero que genera ingentes ganancias y desarrolla sobradas capacidades de enquistada rosca para, como mínimo ante la actual pandemia, no perder de manera significativa en épocas de recesión global.

A los desocupados y excluidos, ni vale la pena mencionarlos. Siguen a la buena de dios. O de la – lamentablemente muchas veces escasa – voluntad de los gobernantes donde viven. Aquellos que deben utilizar todas sus capacidades para maximizar la eficiencia y eficacia para con las políticas públicas. Que no es más, ni menos, su obligación como representantes del pueblo para con quienes los ha votado (aunque a veces nos olvidemos de ello). Porqué aquellos Estados que han demostrado tener a lo largo de la historia una macroeconomía sólida y estable, con variables ‘benignas’ en términos de inflación, tasas de interés o equilibrio fiscal, sumado a bajos niveles de corrupción y a una razonable distribución de la riqueza, seguramente se encontrarán mejor preparadas para enfrentar el futuro. O sabrán cómo hacerlo mejor. Incluyendo a los que menos tienen.

Sin embargo, aquí tenemos dos puntos no menores. Por un lado, aunque la generalización descripta afecta a una parte importante de las empresas de la economía real, el impacto negativo se reduce ostensiblemente cuando hablamos de las ganancias que genera el mercado financiero. En este sentido, el mismo se encuentra más vinculado al crecimiento – o al decrecimiento – del PBI; siendo ajeno, salvo empresas financieras determinadas en algún momento excepcional de la historia (como durante la crisis de 2008-2009), a resquebrajarse como un todo en términos sistémicos. La respuesta: ayuda estatal para con las entidades financieras – recordemos el salvataje de la Banco Central Europeo al gobierno griego en los primeros años de la década de 2010’, con el mero objetivo que puedan repagar sus deudas principalmente con la banca alemana -, tasas de interés para endeudamiento e instrumentos financieros exorbitantes desasociados totalmente a la economía real – nuestra historia habla por sí sola -, o la multiplicación de paraísos fiscales para los grandes negociados ilegales. En este aspecto, ha sido empíricamente evidente que desde el fin de la segunda guerra mundial, la economía financiera ha crecido prácticamente de manera ininterrumpida, y a tasas mucho más elevadas, que la economía dedicada a la producción de bienes y servicios.

Por otro lado, la pandemia ha acelerado el proceso de robotización y tecnologización, en detrimento a vastas áreas de la economía mundial más atrasadas, asociadas generalmente a procesos de mano de obra intensiva menos calificada. O sea, mayor innovación, en donde el capital físico, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones y los sistemas de computación reemplacen más rápidamente a los trabajadores. Que, indefectiblemente, tendrán que buscar otra forma para ganarse la vida; ya sea generando sus propios emprendimientos, o en relación de dependencia. En cuanto a  los primeros, requerirán de buenas ideas y un financiamiento acorde. Para los segundos, sino quieren caer en el mundo de los ‘pobres con trabajo’ (desde los trabajadores en las maquilas mexicanas, los vendedores ambulantes en el sudeste asiático, o los mileuristas del viejo continente), deberán apuntar a capacitarse en aquellos oficios o profesiones que posean cierto nivel de complejidad técnica y/o tecnológica (como puede ser el caso de los servicios de enfermería, los diseñadores de microprocesadores, o los ingenieros en energías alternativas). Por supuesto, para los cientistas sociales que no producen ningún bien palpable, ‘útil’, bien gracias. En un mercado global cada vez más competitivo y con capacidades de consumo restringidas, el diferenciarse es una necesidad.

Los más humildes – y hoy en día no tanto – necesitarán de un Estado que los asista. No queda otra alternativa: sin educación ni financiamiento, el tendal de excluidos sistémicos que dejará la pandemia (sumados al arrastre de quienes vienen padeciendo carencias hace varias generaciones) se multiplicará por millones. Y en este dilema contracíclico en el que se encuentran la mayoría de los gobiernos del mundo, no hay mucho margen de maniobra. Más cuidados en la salud y más demandas de una ciudadanía empobrecida, se contraponen con un modelo de acumulación privada que podría languidecer en términos colaborativos para la mayoría de la otrora ‘piedra basal’, pero actualmente perimida, “clase media” – ya sea a través de menguantes inversiones o por una disminuida capacidad de contribución impositiva -.

Para el descripto escenario futuro, más que complejo, se requerirá una precisión quirúrgica en las políticas de Estado, sobre todo en tanto a la generación y distribución de la riqueza. Un Estado que articule los intereses públicos y privados – fuertemente contrapuestos – en pos de que la mayoría de la ciudadanía pueda desarrollarse y obtener una digna calidad de vida. Porqué el mundo post-coronavirus también será mucho más difícil para quienes detenten el quehacer de la política económica. Seguramente diferente a lo hasta ahora conocido. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. Algo que hasta el día de hoy, en los diferentes puntos de inflexión sistémico que hemos vivido a lo largo de la historia, no ha sucedido.

La ¿falsa? dicotomía entre nacionalismo económico y deuda externa

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 25-5-2020

https://www.ambito.com/opiniones/deuda/la-falsa-dicotomia-nacionalismo-economico-y-externa-n5104822

En el siglo XIX, algunos de los países que serían posteriormente potencias mundiales, como Estados Unidos o Alemania, intentaban imitar – y sobrepasar – el desarrollo industrial del Reino Unido. Estancarse en economías basadas en la producción agrícola no era la forma que habían visualizado para construir poder; por el contrario, el desarrollar una producción industrial propia serviría no solo para producir innovadores bienes de consumo que penetrarían en los distintos mercados del mundo y de este modo ayudarían al crecimiento económico nacional, sino también la posibilidad de generar una industria bélica que permitiría mantener territorios propios y avanzar sobre ajenos. Sin depender de terceros actores estatales.

Con matices propios del siglo XXI, la lógica no se ha modificado sustancialmente y ciertas políticas sustentadas en el nacionalismo económico no solo son un arma de aquellos Estados de peso en la arena internacional, sino que son parte de las principales cartas de política económica que tienen un sinfín de gobiernos alrededor del mundo. Con un discurso que defiende a las empresas locales y rechaza a los bienes importados. Pero también a los inmigrantes. Un ejemplo reciente es el caso de Bosnia-Herzegovina, quien en épocas de pandemia ha realizado un listado de 10.000 migrantes ilegales para su inmediata deportación. La situación económica es más que compleja para el país balcánico y al gobierno no le ha temblado el pulso: se exigirá a sus países de origen (son en su mayoría pakistaníes, afganos, marroquíes y argelinos) que paguen por el viaje de sus ciudadanos al destino final, la Unión Europea.

Por otro lado, en estos días pareciera que la mayoría de los países se han dado cuenta de  posición de dependencia para con las cadenas de producción global, las cuales provienen principalmente desde China y otros países de Asia y Europa. ¿Quién produce los respiradores? ¿Desde dónde provienen los commodities para su producción? Preguntas que hasta hace unos meses no existían en el vocabulario de la ciudadanía, pero tampoco de muchos gobernantes alrededor del mundo. Pero la situación ha cambiado, y los políticos nacionalistas de países de relevancia ya elevaron la voz: sin tapujos sostienen que, mínimamente, en algunas áreas específicas como la industria farmacéutica, las comunicaciones, el equipamiento militar y otras áreas sensibles, la dependencia con el extranjero debería ser mínima o nula.

Por su parte, en los Estados Unidos, la extrema derecha sostiene que las severas restricciones para ejercer actividades económicas están perjudicando a los ciudadanos. Reflejadas como multitudes – maximizadas por los medios de comunicación que deben vender “sus productos”, más aún en época de escases de publicidad -, pero que en realidad suelen representar una proporción minoritaria de la población, nos han dejado algunas frases para el asombro: gritos a trabajadores de la salud, tales como “comunistas, váyanse a China”; hombres con gigantescas armas semiautomáticas marchando para “proteger su derecho a la libertad y a la protesta”, o enfáticos pedidos para despedir a los “mentirosos” expertos en epidemiologia que atentan contra la economía.

Pero ello no solo ocurre en Norteamérica. En Europa, grupos extremistas vinculan el coronavirus con la tecnología inalámbrica 5G, lo que ha provocado ataques incendiarios contra mástiles de telecomunicaciones en el Reino Unido. Mientras que en el acomodado barrio Salamanca de Madrid, algunos cientos de huelguistas le recriminaban con palos de golf (si, leyó bien, palos de golf) el fin de la cuarentena a Pedro Sánchez para vislumbrar, una vez por todas, el ‘renacer económico’. En Francia, Le Pen y sus seguidores no solo pidieron el envío de poblaciones no blancas de regreso a sus países de origen, sino que fueron aún más allá: sostienen que las mezquitas habían “aprovechado las órdenes de confinamiento” para expandir su credo a través de la oración islámica.

Tampoco tenemos que ir tan lejos. La recientemente electa vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, sostuvo que “Lacalle Pou nunca tomaría una medida contra el coronavirus que no tuviera en cuenta la libertad del individuo”. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asoció las restricciones a comercios y actividades adoptadas en los estados a una presunta motivación política para “quebrar la economía” y dañar su gobierno. “Es una guerra”, sigue sosteniendo. El discurso beligerante es lógico para quien, acorralado por la desastrosa praxis política, se ha refugiado en su círculo rojo casi exclusivamente compuesto por el ala militar.

Más allá de alguna bravuconada de tinte racista o anti-científico, la palabra “libertad” revolotea en en todas las latitudes. La pregunta que de ello deriva es: ¿libertad para qué? La respuesta es simple, para que la rueda siga funcionando, la economía no se detenga y el mercado vuelva a su habitual performance. Y la discursiva no se dirige precisamente hacia las Pymes, los profesionales o aquellos que viven en la informalidad; quienes tratan, dentro de sus capacidades, racionalizar un equilibrio entre su dañada economía y el cuidado de su salubridad. Son aquellas elites económicas que disfrazan, como “expresión de libertad”, su marcado egoísmo. No hablan de libertad, que implica el cuidado y el respeto por el prójimo, sino de libertinaje, que tal como lo indica el diccionario se refiere a “conducta desenfrenada asociada a los placeres y los caprichos”. No marchan por la reactivación de la economía para el país y el bienestar colectivo, sino por sus propios intereses. Simplemente porque no quieren perder dinero. Como si el resto de la población no tuviera también temor de no poder recuperarse nunca de este párate económico.

Uno de los ejemplos más claros es el caso de las maquilas mexicanas. Las alrededor de 6.000 fábricas que emplean a más de 1,3 millones de personas, operan en la frontera que limita con los Estados Unidos de Norteamérica sin pagar impuestos. Sin embargo, aunque la mayoría de lo que se produce allí no es material esencial (aunque algunas, como es el caso de Collins Aerospace que fabrica entre otras cosas GPS para aviones militares, lograron que la Secretaría de Comercio Estadounidense les extendiera un certificado de excepción porque algunos de esos equipos son utilizados en aviones sanitarios), su cierre implica un duro golpe para una buena parte de la industria en ambos lados de la frontera.

Por lo tanto, los operarios son permanentemente presionados para que sigan trabajando, a pesar del peligro de contagio del Coronavirus. El detalle interesante es que las maquiladoras se encuentran en territorio mexicano; por lo tanto, la decisión no la puede tomar unilateralmente el presidente pro-economía Donald Trump. Pero puede hacer lo mismo que sus industriales hacen con él: presionar. En este sentido, el embajador estadounidense en el Distrito Federal de México, Christopher Landau, sostuvo la semana pasada que era “posible y esencial” mantener la cadena de suministros y el flujo económico. Por supuesto, “así como cuidar la salud de los trabajadores”. Sin embargo, y mientras las maquiladoras intentan acomodar su infraestructura a la ‘nueva normalidad’, los accionistas dicen por lo bajo que es más barato pagar una multa por incumplimiento que perder contratos de millones de dólares.

Podríamos continuar con otros ejemplos de nacionalismo económico; pero ya reflexionando sobre nuestro país, debemos indefectiblemente posicionarnos en uno que sobresale del resto: cuando la dinámica aperturista del comercio y las finanzas globales tiene aristas de discusión teórica exógena a las políticas coyunturales argentinas, la discusión se acota en el pago (o no) de la deuda externa. En este sentido, nuestra historia nos indica que la lógica centro-periferia, con claros beneficios para la oligarquía agroexportadora (más algún efecto derrame para el resto de la sociedad), conllevó a un proceso de ingente endeudamiento. Debíamos financiar la compra de locomotoras, la infraestructura, el capital humano. Con intereses, a pagarle a quienes les exportábamos y se beneficiaban claramente con el intercambio de materias primas por sus productos industriales. Y más tarde para comprar insumos. O bienes de capital que no producíamos y eran necesarios para nuestro embrionario proceso de industrialización. Para luego devenir en su matiz financiero, el cual nos ha perseguido en el último medio siglo. En definitiva, un proceso de endeudamiento que, salvó en algunos contados períodos, no se detendría a lo largo de nuestra historia. Evidentemente, el vivir bajo un modelo de deuda permanente no sustentable no nos benefició. O en realidad, como siempre, benefició a unos pocos.

Sin embargo, al público en general se lo ‘vende’ como un tema relevante; pero no siempre con connotaciones negativas. Así está instalado en los medios de comunicación, muchos de ellos cómplices de las elites económicas (léase acreedores, el mundo de las finanzas en general, o empresarios que requieren de una estabilización macroeconómica para producir y encontrarse con un dinámico mercado de consumo), que citan a renombrados hombres de la ciencia economía y política para sustentar la importancia mayúscula de estar en ‘equilibrio externo’ y ‘honrar los compromisos asumidos’. No hay que dar muchas más explicaciones de un tema extremadamente complejo para las mayorías.

Tampoco se han expresado con la misma vehemencia que lo hicieron cuando se tomaron las deudas: desde omitir o escatimar información, hasta promover la necesidad del ‘mal necesario’ que implica el volver a un ‘inexorable’ proceso de endeudamiento derivado de  la ‘estructural’ mala praxis de la política macroeconómica. Aunque ello se diluya en confusas explicaciones históricas, donde todos los que tuvieron responsabilidades tienen un doctorado en desarrollar culpabilidades cruzadas. Por supuesto, imposible de dilucidar para el ciudadano medio. Que además lo encuentra como algo alejado, con difusos vínculos con lo cotidiano. No como es, por ejemplo, el caso del inmigrante que ‘quita’ un empleo por rebajarse a trabajar por la mitad de un salario mínimo en el supermercado del barrio.

Ni siquiera sus nombres anglosajones, como BlackRock, Templeton o Fidelity,  representa en las mentes de la mayoría de la población a ‘enemigos’ que solo vienen a hacer negocios y generar beneficios realmente extraordinarios – lógicamente, para ello fueron creados -, a costa del sacrificio de la nación en su conjunto. Pero ello no extraña cuando un importante periodista del portal de noticias más visitado del país indica que “los acreedores privados apuestan a un acuerdo, y se comprometieron con Guzmán a que no harán nada -por ahora- para que el default lastime las arcas del Tesoro Nacional”. Buena gente, como se diría, parecieran ser los bonistas. Hasta uno podría pensar que obran pensando en las necesidades de los más humildes.

A pesar de que fue tapa en algunos medios, tampoco hacen mella en la mayor parte de la sociedad los números altisonantes que representan los 86 mil millones de dólares fugados durante el último gobierno. Y lo más grave aún que, como una brisa de verano, se deja pasar por alto que de ese total apenas el 1% adquirió en forma neta 41.124 millones de dólares. Eso sin tener en cuenta el endeudamiento previo, que comenzó con fuerza en el proceso de estatización de la deuda en dólares del sector privado  de 1981, pasando por el Plan Brady, la fuga de los 30.000 millones de dólares del año 2001, o la remisión de utilidades del excedente logrado durante el boom de los precios de la soja y otras materias primas de la primera década del corriente siglo. Por ello, más que nunca nos podríamos remitir la famosa frase de Don Julio Grondona, “todo pasa”. Una vez más, números exorbitantes y alejados de la cotidianidad de la gente.

Por el contrario, pareciera que es más sencillo ver un ‘atropello a las verdaderas libertades’. El control, la prohibición, la intervención. Aquellas políticas económicas que restringen las libertades a los Fondos Comunes de Inversión, quienes ahora deben disminuir la tenencia de activos en dólares. O a las Empresas o particulares que acceden a dólares en el mercado de cambio oficial, los cuales ya no podrán hacerlo en el CCL y MEP. Pero también los bancos y agentes de bolsa la obligación de informar las operaciones de gran volumen con el exterior, lo que incluye el control y fiscalización sobre los precios de transferencias intra-firmas de las corporaciones trasnacionales. Así es, no son las libertades de los más humildes las que se vieron vilipendiadas. Pero ello ya no importa si impacta en el imaginario social.

Para concluir, no debemos olvidar que la deuda externa se conjuga con la ‘deuda interna’. Aquella que, como evoca la película con el mismo nombre donde un maestro rural le explica a un niño pobre del altiplano jujeño como es un mundo que él desconoce y le es adverso – y que no llega a vislumbrar cuando años más tarde termina pereciendo en la guerra de Malvinas -, evade y obstaculiza las miserias de los invisivilizados. Es la mayor parte de la población Argentina, quien lamentablemente son, en carne y hueso, quienes representan los índices de la pobreza mutidimensional. Donde las políticas redistributivas, cualesquiera que sean y como se llevan a cabo, fallan. Y como mencione previamente, tiene en parte que ver con la deuda externa. Pero no todo. Hay un mecanismo interno que fracasa enormemente: el de desconcentrar la riqueza. Con mayor o menor crecimiento económico, como sucede en estas épocas de pandemia. Donde las diferencias socio-económicas se reflejan más que nunca.

Porque la riqueza no solo es acumular capital. También se vivencia en la capacidad que se tiene para el cuidado y la protección de su salud. Aquellos que pueden trabajar desde el confort de sus hogares con una computadora, se encuentran claramente más y mejor posicionados para minimizar su exposición de quienes que deben ganar su sustento diario ‘en la calle’, como puede ser el trabajo de los repartidores de productos. O mismo quienes poseen vehículos particulares, y no tienen la necesidad de movilizarse en transporte público, como la mayoría de los trabajadores. O quienes no tienen ahorros, y deben salir a realizar ‘changas’ para pagar el alquiler.

¿Aquí si hay libertad? ¿O es la esclavitud de la pobreza para aquellas personas que deben salir, si o si, a buscar un ingreso? ¿O será, como dicen algunos empresarios cercanos a Bolsonaro, que la ciudadanía debe volver a su trabajo por ‘patriotismo’? Porque en realidad, el patriotismo y el nacionalismo contempla sacrificar los deseos individuales por la solidaridad y el bien del país. Pero ello no significa el tener que ceder mantener unas mínimas condiciones de calidad de vida digna, en total salubridad. Que debiera ser tan o más importante que la libertad de las elites económicas para hacer negocios. Pero además,  es hasta un tema racional: ¿O los industriales paulistas no saben que los más de 20.000 brasileños muertos por el Coronavirus, ya no podrán trabajar? ¿O el gobierno brasileño piensa que los muertos pagarán los impuestos para contribuir para el pago de su deuda externa? Que confuso es todo. O mejor dicho, como confunden para legitimar prioridades espurias e inmorales.

 

Mercosur: Ayer, hoy y ¿Siempre?

Pablo Kornblum para Ámbito Financiero, 11-05-2020

https://www.ambito.com/opiniones/mercosur/ayer-hoy-y-siempre-n5101567

Cuando se puso en marcha el Mercosur tres décadas atrás, los ejes del documento embrionario que le daría vida representaban bastante más que una Unión Aduanera: se acordaba la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países; el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial conjunta con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados; junto con la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes.

Sin embargo, y ya entrando en la tercera década del Siglo XXI, podemos decir que existen varias razones para afirmar que el Mercosur nunca ha funcionado plenamente con toda su potencialidad. A pesar de que cumplió su rol – en muchas ocasiones con un alto grado de ineficiencia – como una Unión Aduanera Comercial que ha incrementado el comercio intra-regional y para con el mundo, el mismo ha estado más cercano a la proporcionalidad de un inestable crecimiento económico, que a los números que se esperarían si hubiera funcionado eficazmente bajo el lema y la lógica de sus padres fundadores. Como ocurre siempre, por acción u omisión de quienes detentan la más alta responsabilidad política y económica.

Primero vinieron las quejas de los hermanos menores. Con toda la razón, Paraguay y Uruguay se cansaron de que no se los tome en cuenta en las decisiones más relevantes del bloque. Luego Brasil se aprovechó de la convertibilidad de un súper-valuado Peso argentino, quedándose no solo con nuestros turistas, sino también con varias de nuestras empresas emblemáticas para producir y poder competir desde Brasil. También Uruguay sacó ventaja de la desgracia ajena, como cuando ‘tomaron por asalto’ los mercados que nosotros perdimos por la aftosa. Evidentemente, de fraternidad, bien gracias. Y de política económica y comercial común, menos aún.

Ya entrados en la primera década de este siglo, todos los socios aprovecharon el viento de cola que trajeron los altos precios de las materias primas. Pero una vez más lo encararon de forma individual, sin pensar en tratados colectivos con la mayoría de las regiones del planeta en donde, maximizando nuestra eficiencia y capacidades, podríamos haber generado un mucho más beneficioso win-win intra-regional.

Algunos le han echado la culpa, con relativa razón, a la política. No la política de Estado de largo plazo, sino más bien a la ‘chicana ideológica’. Donde ingresan y salen como puertas giratorias la Venezuela del fallecido Chávez o el Paraguay del destituido Lugo. Según como corra el viento. Lejos de los tecnicismos requeridos en un mundo que premia el capitalismo competitivo voraz en la producción de bienes y servicios con alto nivel de demanda.

Sino miremos a la Alianza del Pacifico. En menos de una década, el acuerdo conformado por Chile, Colombia, México y Perú ha potenciado significativamente su relación intra-comercial y para con el mundo asiático. Algunos podrán decir que tienen la bendición geográfica de mirar hacia el Pacifico, con China y sus vecinos como las vedettes económicas del siglo XXI. Para poner excusas, somos mandados a hacer. Como si el mundo atlántico no haya ofrecido oportunidades en el último medio siglo.

Lo que ocurre es que negociar no es fácil. Lo que seguramente nos diferencia de los que se encuentran del otro lado de la mesa es su pragmatismo y capacidad de intentar siempre balancear racionalmente la diversidad de intereses para evitar discrepancias que agiten a los extremos políticos y sociales. No en vano, solo para citar un par de ejemplos de nuestro potencial tratado con la Unión Europea – cabe destacar que todavía quedan las ratificaciones de los distintos parlamentos para que sea ejecutado -, desde el viejo continente le adicionaron al acuerdo una cláusula según la cual “los estándares de seguridad alimentaria europeos quedarán protegidos en el acuerdo, sin cambios, y todas las importaciones tendrán que cumplir con ellos”; es decir, normas sanitarias y fitosanitarias que continuarán funcionando como una traba extra-arancelaria a las importaciones. Ello en complemento con un mecanismo de salvaguarda bilateral que permitirá “imponer medidas temporales en el caso de que se produzcan aumentos inesperados y significativos de las importaciones que provoquen, o puedan provocar, serios daños a sus industrias domésticas”. Y así podríamos seguir.

Otro de los puntos centrales es que tampoco se ha generado una discusión colectiva seria de cómo producir para enfrentar al mundo. Ya entendimos que fuimos bendecidos con recursos naturales, que es lo que podemos exportar con relativa facilidad. Sin embargo, los mandatarios del Mercosur nunca se han sentado alrededor de la mesa para realmente definir si ello es lo mejor para el futuro de la región. Lo que si sabemos, porque así lo ha demostrado la realidad, es que los concatenamientos productivos de alto valor agregado – donde se puede trabajar en ‘equipo’ de manera intra-regional – como ocurre en Asia -, suele darse con mayor facilidad en las industrias de alta tecnología, con fronteras lábiles en términos de coordinación, segmentación productiva y cooperación a la hora de poner a disposición la mano de obra. O sea, lo que con seguridad carecemos si queremos realizar en algún tipo de cambio conjunto para repensar nuestro posicionamiento estratégico para con el mirar hacia al mundo.

Ahora nos encontramos con una nueva negociación de un Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, un puntapié para continuar buscando socios comerciales por otros lares. Como marco general, el superciclo de las materias primas, que terminó abruptamente en 2014 derivado principalmente de una baja demanda agregada externa, ha hecho mella en una Latinoamérica (cabe destacar que período 2014-2020 cerrará con el crecimiento más bajo en la región en las cuatro últimas décadas) que no quiere descompasar su ciclo del de los productos básicos. Evidentemente, la mayoría de los países del Mercosur no escarmienta en su dependencia e insiste con un avance impiadoso, como toro que persigue furioso la manta roja, hacia un TLC ‘a como sea’.

Será que cuando el efecto derrame de las materias primas deja de funcionar, habría que buscar otros mecanismos que a las elites concentradoras de la región le desagradan bastante, como por ejemplo la ejecución de estímulos fiscales significativos con mayor progresividad fiscal. Por ello insisten: hay que volver a las fuentes. Y que los costos de las pérdidas en la política económica exterior, los absorba la sociedad toda. Ganancias exorbitantes para unos pocos en épocas de bonanza, socialización de los esfuerzos ‘en las malas’, se podría decir.

Sino vayamos a los hechos. Por el lado de Uruguay, el país oriental espera poder mejorar sus ventas de carne y leche, sin tener demasiado para perder en términos industriales. Lo mismo ocurre con el Paraguay sojero y agrícola. Entre sus dos presidentes liberales que difícilmente desean cambiar su matriz exportadora/importadora (en acuerdo con las elites económicas que los sustentan), se encuentra el más complejo caso brasileño; de hecho, buena parte de sus poderosos industriales no están de acuerdo con el ritmo de apertura que tiene el gobierno de Jair Bolsonaro, ya que sostienen que generará un fuerte impacto negativo directo en el sector de los electrodomésticos, la electrónica y en todo el bloque automotriz.

De la vereda de enfrente se encuentra Corea del Sur. Un país que representa la 5º mayor economía exportadora en el mundo, con ventas que el año pasado superaron los 600.000 millones de dólares (más que todo nuestro PBI), con un superávit comercial de más de 120.000 millones de dólares. Pero ello no es lo más importante; lo que tendríamos que tomar nota es que ha sido el 6to país en términos de exportación de valor agregado y tecnología, de acuerdo con el Índice de Complejidad Económica (ECI). Un monstruo que le vende al mundo Circuitos electrónicos integrados, Automóviles y Camionetas para turismo y competición, y Transatlánticos tipo cruceros o buques cargueros, entre otros. Y que además te agregan en el paquete el kown how con toda la rama de servicios que se nos pueda ocurrir: sistemas y telecomunicaciones, la enseñanza en la operatividad en la construcción y la ingeniería civil, o los servicios financieros. Por la nada despreciable cifra de 90.000 millones de dólares anuales.

Con Asia (China a la cabeza), Estados Unidos y Europa como principales socios comerciales, parece claro que no buscan en el potencial TLC con el Mercosur nuestra industria de ¿alta? tecnología con valor agregado. No hay que ser un genio para entender que quieren reproducir el escenario ‘centro-periferia’, tal cual lo intenta hacer la Unión Europea y la mayoría de quienes observan a nuestra región, sin necesitar una gran lupa, como un proveedor inigualable de materias primas de largo plazo. Y punto. La pregunta que surge una vez más es. ¿Es esto lo que queremos? Y de ser así, ¿trabajaremos unidos con nuestros socios para potenciar nuestros intercambios? Hasta el día de hoy, la historia ha demostrado que las respuestas a ambas preguntas conllevan un tinte con tonos que van del gris al negro. Para no decir al negro oscuro.

Como último punto, no quería dejar de recalcar que el sector externo es una parte importante de la economía, pero no lo es todo. Sobre todo, y para no ahondar en detalles, si el crecimiento económico que el mismo conlleva no redunda en una sustentable redistribución de la riqueza. Porque todos los países del Mercosur han crecido en los últimos 30 años, en mayor o menor medida. Pero la desigualdad y la pobreza, con sus consecuencias sociales, continúan allí, a la orden del día.

Sino reflexionemos sobre las palabras del todavía Ministro de Economía de Brasil, el neoliberal Paulo Guedes, quien dijo recientemente que Brasil “no quiere convertirse en una Argentina, y por eso seguirá por el camino de la prosperidad, abriendo su economía en un marco de estabilidad fiscal”. Con este vocabulario poco diplomático no solo aleja la posibilidad de trabajar para con un Mercosur cohesionado, sino que además nos deja en el tintero la pregunta sobre qué se entiende realmente por prosperidad. Porqué si se refiere a eliminar verdaderamente la pobreza, hace tiempo que Brasil perdió el camino. Con un Coeficiente de Gini por encima del 0,5 que lo hace uno de los países más desiguales del mundo, ni las mejoras marginales (muy marketineadas como el desarrollo de una ‘nueva clase media’ brasileña) generadas por el PT, pudieron eliminar la pobreza estructural y las problemáticas socio-económicas de la mayoría de los brasileños.

Tampoco se reflejan en la reciente manifestación del Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Antonio Palacios, que en el marco de la Presidencia Pro Témpore Paraguaya, indicó que “el foco del Mercosur era lograr resultados concretos y tangibles en áreas que tengan una incidencia directa en el día a día de la gente, para mejorar sus condiciones de vida y ofrecerles oportunidades reales; en definitiva, un bloque de integración entre países hermanos que buscan la prosperidad de sus pueblos”. Menos mal. Después de más de un siglo de miserias para las mayorías guaraníes, ya era hora. Aunque conociendo la historia y el presente del Partido Colorado y su casta política, difícilmente reine la igualdad y el progreso colectivo; un país que oficialmente sostiene la existencia de un 23,5% de pobreza, pero que todos los indicadores de pobreza multidimensional medidos por consultoras con cierta independencia explicitan que por lo menos es el doble de esa cifra.

Ni que hablar de Uruguay, donde a pesar de 15 años de gobierno progresista del Frente Amplio, uno de cada cinco niños nacen hoy en la pobreza. Además, las tasas de dislexia, obesidad y déficit de hierro se comparan a las de países tres veces más pobres, según datos del propio Ministerio de Salud Uruguayo. A ello hay que agregarle que solo el 40% de los estudiantes concluyen la educación secundaria, que la tasa de desempleo ronda el 10%, y los homicidios y los robos violentos se incrementaron un 53% en 2019 en relación al año anterior, según datos del propio Ministerio del Interior. Números dantescos para un país que solía ser catalogado de alta paz social e institucionalidad. Pero que por lo bajo, ni los crecientes ingresos de la agro-exportación, ni una macroeconomía relativamente estabilizada, pueden ocultar.

Para concluir, quería tomar el análisis del filósofo francés Alain Badiou, que explicita la expansión de un mundo con permanentes procesos de fragmentación en identidades cerradas, lo cual lleva a planteos tales como “que sólo un homosexual puede entender lo que es ser homosexual, un árabe lo que es un árabe, etc.”. Aquí podríamos realizar un paralelismo contrafáctico de la macropolítica y pensar si, algún día, un presidente de un país del Mercosur comprenderá cabalmente al propio Mercosur, con sus necesidades, objetivos, potencialidades e intereses. Donde además la política económica exterior se conjugue con diversas variables y sectores del entramado económico, social y productivo doméstico. De no ser así, continuaremos como hasta el día de hoy, ‘boyando’ en los simplismos de variables macroeconómicas seleccionadas que lejos están de cumplir los deseos de los padres fundadores y, por sobre todo, de las verdaderas necesidades de sus respectivas sociedades.