AFJP: Auge y decepción de un gran negocio (para pocos)

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero 02-08-2020

https://www.ambito.com/opiniones/afp/afjp-auge-y-decepcion-un-gran-negocio-para-pocos-n5121844

Se confirmó. El parlamento chileno aprobó la modificación constitucional que les permitirá a los ciudadanos trasandinos retirar hasta un 10% de sus ahorros previsionales de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Lejos de que se haya generado un debate político de niveles desproporcionados en la sociedad, la mayoría de los chilenos no solo no ve una amenaza en ello, sino que lo ha tomado con algarabía; simplemente porque ya saben que el sistema no funciona y las pensiones son miserables, incluso para una gran parte de quienes han aportado – con bajas e inestables contribuciones – toda su vida. Para graficarlo en pocas palabras, el año pasado 127.000 personas se jubilaron con apenas 49.000 pesos mensuales, lo que equivaldría a alrededor de 60 dólares estadounidenses. El promedio que paga el sistema es de 250 dólares al mes. ¿Cómo se llega a este número? Simplemente porque incluye el aporte del Estado denominado ‘pilar solidario’, lo que evita una presión social extra que implicaría que la mayoría de los jubilados caiga en la pobreza absoluta.

 

¿Cómo se llegó a esta situación? La historia indica que las AFP nacen en Chile en el año 1980, época donde gobernaba con mano de hierro el entonces presidente Augusto Pinochet. Con la discursiva que la capitalización individual era la mejor inversión para el usufructo de los últimos años de vida de los chilenos, el gobierno de facto sostenía que los sistemas estatales de jubilación eran ineficientes y un “lastre” para con las finanzas públicas. Como contraparte, los ‘novedosos’ fondos privados de pensiones eran un ‘mecanismo más transparente y eficaz’ para administrar los ahorros de los futuros jubilados. En pocas palabras: costo cero para el Estado, mejores jubilaciones para los chilenos. El mismo José Piñera, hermano del actual presidente y entonces Ministro del Trabajo, afirmaba que los chilenos se jubilarían con el 70% u 80% de lo que percibían durante sus años de actividad. En definitiva, una gran victoria de los nefastamente famosos “Chicago Boys”, quienes manejaron la economía chilena hasta el año 1990 cuando concluyó la dictadura pinochetista. Y posteriormente, también la Argentina.

 

Solo hubo un pequeño detalle, no menor. Del proyecto quedaron excluidos (no extrañamente) los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Habrá sabido el general y su círculo rojo que el sistema realmente no funcionaba tal cual había sido planteado? Probablemente, a sabiendas que la microeconomía de desvalidos trabajadores ya se vivenciaba bajo una macroeconomía menguante y profundamente inequitativa. Un sistema que solo descansa en el aporte del trabajador y, paradójicamente, financia a los grupos concentrados no solo para hacer sus negocios y fugar dinero, sino pero algo más perverso aún: la mayoría de las AFP son bancos (o socios de los mismos) que prestan dinero a los propios trabajadores a tasas exorbitantes, en un círculo vicioso donde el “win-win” es siempre para el mismo bando.

 

Pero además, lo más relevante era el negocio que abría para las AFP. El más importante para las concentradas elites chilenas en el último medio siglo. Porque en definitiva, no es (solo) un fondo de pensiones; más bien es un fondo de acumulación de capital y como tal ha sido enormemente eficiente, ya que ha permitido a la banca, el retail y empresas de distintos rubros (Cencosud, Endesa, Latam, Enersis, Falabella, Colbún, Copec, Soquimich, AES Gener, CMPC) crecer de una manera que habría sido imposible sin esa inyección de capital. Los números hablan por sí solos: de cada 100 pesos que reciben las AFP, 30 pesos los usan para pagar jubilaciones y con el resto (además de las ingentes  comisiones) se genera un fondo de acumulación – un agujero negro para la mayoría de los chilenos -, que tiene “vida y juego propio”, y que actualmente equivale al 80% del PBI de Chile.

 

Cuarenta años más tarde, y aunque lejos se encuentra de derribar el statu-quo del sistema previsional, es entonces una obviedad que el actual presidente Piñera se haya pronunciado en contra de la actual enmienda parlamentaria; las AFP han sido uno de sus pulmones – para no decir el vital corazón – que le ha permitido incrementar exponencialmente su riqueza y la de la elite que lo rodea política y financieramente. Sin embargo, no todo es adverso para su persona: su conformidad ante esta victoria popular es un respiro para su – para muchos, irremontable – imagen presidencial. Según los últimos sondeos de varias consultoras de distinta procedencia, la misma ronda entre el 75% y el 80% de negatividad.

 

Es que a decir verdad, no hay racionalidad para que las mayorías de los chilenos defiendan al sistema.  Por ejemplo, con las AFP una persona que tuvo un relativamente buen sueldo como empleado toda su vida percibe, en el mejor de los casos, un 35% de lo que ganaba en actividad. Pero si tenemos en cuenta que el promedio de ingresos del jubilado es del 20% del activo, se requiere además una subvención del Estado para alcanzar cierto nivel de dignidad.

 

La no sustentabilidad moral de esta estructura tuvo sus discusiones en el pasado reciente. El gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet había propuesto – infructuosamente – el establecimiento de una AFP estatal que compitiese con las privadas, lo que presumiblemente redundaría en beneficio de los trabajadores por una mayor competencia con una aseguradora que generaría mayor rentabilidad. En Costa Rica, por ejemplo, una entidad estatal, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), coexiste con varias entidades privadas que recogen el ahorro de las llamadas pensiones complementarias de los ciudadanos. En Uruguay ocurre lo mismo: varios fondos privados compiten con uno de origen estatal para captar el ahorro jubilatorio de los ciudadanos.

 

¿Es posible copiar lo que ocurre en otras latitudes? Difícil, ya que está harto probado que el sistema de seguridad social se encuentra altamente correlacionado con el nivel de desarrollo de un país. En todo sentido: institucional, cultural, ético. En este sentido, en los países del mundo que mejores jubilaciones se pagan, como Dinamarca u Holanda (cerca del 80% de lo que percibía el trabajador como activo), el sistema privado no solo compite con el estatal, sino que también se complementa, en un equilibrio cuasi óptimo entre adecuación, suficiencia y sostenibilidad.

 

En el caso de Dinamarca, todos los residentes tienen derecho a recibir la pensión social publica (llamada “folkepension”) al llegar a la edad de jubilarse (67 años), la cual representa hasta un máximo del 17% del salario medio (con 40 años de aporte); pero además, el mismo es complementado con fondos privados, como el ATP para quienes se encuentran en relación de dependencia, de contribución obligatoria para quienes trabajen al menos de 9 horas semanales, y otros seguros privados de tinte voluntario. La gran diferencia de la contribución privada de los asalariados con el sistema chileno, es que el danés es financiado de forma conjunta, un tercio por parte de los trabajadores y el resto por parte de la empresa. En este aspecto, es imposible para muchos habitantes de la América Latina inestable socio-laboralmente, pensar en cuatro décadas de empleo consecutivo. Más difícil aún, hacer efectiva la contribución patronal sin vicios de evasión o reticencia política permanente. Sin embargo, la descripta es la “lógica normalidad” del país escandinavo, con una desocupación mínima, un PBI per cápita que lo sitúa entre el número 15 y 20 de mayor ingreso del mundo (con un monto que ronda los 52.000 dólares anuales), y con una sociedad que entiende que el Estado se encuentra para velar por el bien común y equiparar las desigualdades intrínsecas sistémicas.

 

Por otro lado, el sistema holandés es extraordinariamente flexible. Ofrece una red de seguridad pública a todos los trabajadores, y después son ellos los que deciden la cantidad que desean obtener al momento de su jubilación. Una parte del sistema incluye una pensión pública básica, con un valor igual al Salario Mínimo Interprofesional del país, alrededor de 1.400 euros mensuales. La otra parte del sistema es de carácter voluntario y privado. Las entidades financieras y aseguradoras de Holanda ofrecen una red con cerca de 5.000 planes de pensiones a los que las empresas y trabajadores pueden acogerse dependiendo de las características que ellos mismos quieran: en este sentido, el 92% de los trabajadores del país están cubiertos por uno de estos planes. Los más conservadores garantizan una renta fija al jubilarse; mientras los más agresivos consideran un aporte determinado de los trabajadores, que después se revaloriza dependiendo del acierto que haya tenido el fondo de pensiones en sus inversiones. Holanda, con similares índices económicos que Dinamarca, también descansa en un desarrollo socio-económico de primer nivel, en consonancia con un sistema superador que les brinda a los ciudadanos una cobertura económica digna, democrática y totalizadora, según sus deseos y trayectoria laboral.

 

Sin embargo, también existe una tercera opción, diferente al sistema de capitalización o al mixto. Es de aquellos que entienden a la exclusividad privada como la apropiación – lisa y llana – por parte de los intereses concentrados, por sobre quienes sufren las injusticias de una economía que los excluye y los condena a la pobreza y a la marginalidad. La Bolivia de Evo Morales fue un caso testigo: debido a la descapitalización de los fondos privados y sus múltiples atrasos en el pago de jubilaciones, desde el 10 de diciembre de 2010 se inició el retorno de la administración de la totalidad de los fondos de pensiones al Estado.

 

En nuestro país, ocurrió algo similar en el año 2008. El sistema de Aseguradoras de Fondos y Pensiones (AFJP), impulsada por el entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo en el año 1993, fue en un enorme negocio donde las aseguradoras se quedaron en sus 15 años de existencia con comisiones estimadas en 12.200 millones de dólares. Si a ello le adicionamos las utilidades engrosadas de las empresas beneficiadas con las rebajas de aportes patronales, se calcula que el perjuicio para las arcas del Estado Argentino superaron largamente los 75.000 millones de dólares.

 

Por supuesto, en el mundo de las pujas de intereses permanentes, las AFJP se han defendido con uñas y dientes. Que la culpa es de la inestabilidad del capitalismo financiero y sus consecuentes crisis en los mercados mundiales – como las regionales de finales de la década de 1990’ o la global de 2008 – (extrañamente, ya que el reclamo entonces sería contra su propio funcionamiento y objetivos per se), que el problema es la política por la mala praxis de la economía doméstica (ya sea por la pesificación de los ahorros en el año 2002, la dificultad para repatriar el capital invertido, las altas tasas de inflación, etc.), o que la demografía de la relación aportantes/pensionados se tornó inesperadamente adversa (como si no lo hubieran analizado con una simple línea histórica).

 

Todos entendemos que el sistema económico que resguarda los recursos de la vejez  funciona con un sinnúmero de sincronizadas variables a la vez (los activos donde se invierten los recursos, la macro, el nivel de los sueldos de una economía). ¿Pero acaso no es parte del riesgo que corren las mismas AFJP al entrar al negocio y, por ende, son corresponsables? ¿Tienen la mayoría de los trabajadores, con enorme esfuerzo y un menor margen de comprensión y opciones para cuidar sus ahorros para llegar con dignidad los últimos años de vida, lidiar con la mayor parte de la responsabilidad? ¿“La patria es el otro”? ¿O deberíamos aceptar la realidad y en su lugar acuñar la frase “la culpa es del otro”?

 

Por supuesto, están quienes dirán que la utilización de los recursos de los aportantes por parte de los sucesivos gobiernos hubiera sido más espuria que las realizadas por las mismas AFJP. Pero en el análisis de los hipotéticos escenarios contra fácticos, la respuesta de quienes defienden el sistema de reparto estatal es la misma: la decisión del dinero del pueblo debe quedar en manos de quienes el pueblo decide que lo gerencien para con el bien común futuro. Aquellos que no conllevan como leitmotiv el objetivo de la acumulación, que tan mal han manejado las inversiones para los aportantes, pero tan bien para sus propios bolsillos. Por supuesto, los detractores darán cuenta de una historia estatal que habla de corrupción, ineficiencia, transferencia de recursos hacia otros sectores (y actores), y una total falta de racionalidad distributiva a la hora de poner el foco en los distintos grupos socio-económicos de jubilados. Los números no mienten: en la actualidad hay un más que importante porcentaje de gasto previsional (alrededor del 10% del PBI), existe una inquietante informalidad laboral (en torno al 40% de la Población Económicamente Activa), menos de la mitad de la población alcanza a contribuir con los 30 años de aportes requeridos, y la tasa desocupación (actualmente cercana al 11%) hace décadas que lejos se encuentra de conllevar una tendencia de descenso estructural.

 

Bajo el escenario descripto, la frase del Senador chileno Jaime Quintana del PPD (Partido Por la Democracia, sobreviviente de la extinta “Concertación” que logró el fin de la Dictadura) en plena discusión por la modificación de la ley, fue esclarecedora: “Hoy estos dineros son más útiles en manos de las familias que en las bolsas de valores o en los bancos”. En definitiva, hay una grieta entre la mayor parte de los chilenos y sus elites. Simplemente porque en la inequidad reinante, las elites políticas nunca cuestionaron verdaderamente las injusticias del sistema que ellos mismos crearon. Y sus aliados pertenecientes a las elites económicas – a veces hasta ellos mismos, o a través de testaferros familiares o testimoniales -, son quienes en convivencia han usufructuado cifras de ganancias exorbitantes. Por ende, y con lógica razón, el pueblo difícilmente confíe en quienes detentan el poder. ¿Pueden las mayorías relegadas y empobrecidas autogestionar su futuro? Pregunta amplia, con retórica compleja. Lo que si realmente entristece es observar, con cierta congoja, como la democracia representativa no brinda respuestas. Y cuando ello se traduce en una decepción desesperanzadora, se transforma, como hemos visto en las revueltas del año pasado, en una bronca descontrolada con final incierto; y que, como mera reflexión para con la supervivencia sistémica del statu-quo, debería más que preocupar a quienes detentan los destinos de Chile hace casi medio siglo.

Economía Marítima de Chile

Por Pablo Kornblum en la Revista Mundo Plural

https://www.yumpu.com/es/document/view/56089119/n-4-octubre-2016

Pesca y Acuicultura

La economía marítima de Chile puede desagregarse en una infinidad de ramas indirectas, pero con algunas industrias centrales, como la pesca y la acuicultura, que caracterizan a la actividad.

En el escenario internacional, se observa una tendencia al incremento del consumo de productos marinos per cápita, como una combinación del crecimiento demográfico, el aumento de los ingresos y urbanización, la expansión de la producción pesquera y de acuicultura, y una mayor eficacia de los canales de distribución. Esta tendencia se vincula, además, al aumento del consumo de productos saludables por parte de las poblaciones de países desarrollados. En países con elevada población, el aporte nutricional de productos derivados de la actividad pesquera y de acuicultura representa un aporte esencial.

Para el sector marítimo chileno, la Pesca y la Acuicultura cumplen un aporte fundamental, aunque su impacto en el PBI total es menor (0,6% del total).

En cuanto a la pesca extractiva, se destacan los recursos bentónicos y especies pelágicas, destacándose la sardina, la anchoveta y el jurel. En el caso de la actividad de acuicultura, se destaca el cultivo de salmones, aunque también en los últimos anos ha habido una importante producción de peces, moluscos y algas para los mercados internacionales.

En tanto a la producción acuícola en particular, se observa como pese a tener solo el 1,2% de la producción global, es el país más importante en términos cuantitativos de todo el continente americano.

Principales países productores acuícolas

Cabe destacar que Chile tiene una posición geográfica privilegiada, donde presenta un borde costero con una fisiografía compleja e irregular, cuyo perímetro alcanza los 83.850 km con dos ecosistemas de gran productividad (corriente de Humboldt y sistema de fiordos y canales sur australes).
Un aspecto relevante en los últimos cinco años y que ha modificado la estructura de la industria, han sido las fusiones y las operaciones conjuntas que han llevado a cabo diversas empresas. Estas estrategias, las cuales han perjudicado el crecimiento cualitativo y diversificado, han sido consecuencia de la necesidad de enfrentar la escasez de materia prima, los requerimientos de financiamiento y menores costos.

Por otro lado, la actividad pesquera (subsector pesca extractiva y subsector acuicultura) junto con las actividades de transformación, constituyen a nivel nacional el 2% de la fuerza laboral, con alrededor de 145 mil empleos de manera directa e indirecta.

Los recursos hidrobiológicos obtenidos de la actividad son destinados a 3 grupos de productos: líneas de reducción (harina y aceite), consumo humano e insumos para uso industrial y/o farmacéutico. Estos productos tienen como destino principal la exportación; sólo una pequeña proporción de la producción (alrededor del 8%) es destinada a consumo nacional, principalmente a consumo humano directo y es comercializada en ferias locales, mercados, supermercados y restaurantes.

Como contraparte, la apertura al mundo y el rápido aumento en el volumen del comercio exterior es el rasgo más relevante del crecimiento de la economía chilena en las últimas décadas. Con una mirada transnacional, Chile se encuentra en el sexto puesto de los principales países exportadores de pescados y sus productos derivados, en consideración a las divisas transadas. En este sentido, el principal océano en cuanto a extracción pesquera es el Pacífico, con más del 60% del total mundial. Es por ello que esta zona se convierte en una fuente de riqueza para los países que poseen soberanía sobre sus aguas – en este caso Chile – y aquellos que pescan en aguas internacionales.

En año 2014, las exportaciones alcanzaron un volumen de 1,3 millones de toneladas con un valor total de USD 6.164.871 FOB, un 18% superior al año 2013, alcanzando un 7% del total generado por las exportaciones a nivel nacional (16% sin considerar la minería; en este sentido, la merma relativa de los últimos años se encuentra más relacionada al incremento de las exportaciones mineras e industriales, que a la caída de la actividad pesquera).

La oferta de productos pesqueros, se destinó a 109 mercados; siendo Estados Unidos, Japón, China y Brasil, los destinos mayoritarios, que en conjunto sumaron el 63% del valor total de las exportaciones. En consideración al volumen exportado en el año 2014, se tiene que un 50,3% proviene de la actividad pesquera extractiva y un 49,7% proviene de la actividad de acuicultura.

A pesar de que el volumen exportado en toneladas se ha mantenido estable (con una contracción en la producción de productos para consumo animal), el valor en dólares se ha incrementado en la última década. Lo descripto se debe a un aumento generalizado de los precios y a un aumento de la importancia relativa de las exportaciones provenientes de la salmonicultura, que presentan un mayor valor unitario en sus exportaciones que las de origen pesquero. Cabe destacar que las exportaciones de salmones son el tercer producto más importante en la canasta exportadora nacional.

Para alcanzar los objetivos descriptos, la relevancia en el desarrollo de la industria ha tenido una serie de pilares institucionales claves. En este sentido, los lineamientos que orientan el quehacer de los actores del sector pesquera en la búsqueda del desarrollo económico sustentable de la actividad, están contenidos en la legislación Pesquera y de Acuicultura (Ley N°20.657) y las normativas y políticas asociadas.

Finalmente, el eje de análisis se complementa con los recursos dedicados a la investigación, el cual tiene por objetivo posibilitar el aprovechamiento sostenido de los recursos hidrobiológicos. Existen en Chile 67 centros de investigación que desarrollan líneas de trabajo en pesca o acuicultura, oceanografía, ecología y ciencias ambientales; todos ellos distribuidos en las diversas Regiones del país. Los centros de investigación y universidades dedicadas a la investigación pesquera y de acuicultura presentan amplias capacidades en cuanto a número de investigadores y áreas de especialización en que ellos trabajan. En este aspecto, la investigación científica en el sector pesquero también contribuye al PBI nacional.

Para concluir, no se puede obviar el valor agregado complementario que aporta la Silvicultura, en tanto su rol en la protección de cuencas hidrográficas. En total el sector aporta alrededor del 0,8% del PBI total, pero este número también incluye la conservación forestal, el mantenimiento del pasto para ganado, etc.

Infraestructura y logística

En cuanto a la infraestructura marítima, Chile es altamente dependiente de la misma debido a su ubicación geográfica, a su geografía física y a su perfil exportador. Las exportaciones de Chile representan el 38% del PBI (el promedio de la OCDE es del 27%), y aproximadamente el 95% del volumen comercial exterior de Chile medido en toneladas se gestiona a través de sus puertos, lo que también contribuye a generar valor para la economía.

En este sentido, el transporte chileno distribuye unos 800 millones de toneladas de productos por año, lo que representa el 7% del PBI del país. De ese total, unas 100 millones de toneladas corresponden al transporte marítimo, lo que si lo correlacionamos, representaría en torno al 0,8% del total del PBI nacional.

El sector portuario y su logística experimentó un gran progreso entre los años 1998 y 2007. En primer lugar, fue determinante la política pública de modernización del sector portuario estatal que impulsó el modelo de concesión de terminales, permitiendo un importante ciclo de inversiones privadas en los mismos, como así también puertos privados de uso público (por ej. Mejillones, Coronel y Lirquén entre otros). Este desarrollo ha sido vital para que crezca la capacidad de carga a una tasa del 5% anual entre 1994-2014.

En segundo término, influyó la instalación de tres puertos y 27 terminales nuevas en el período, lo que apoyó el auge de la industria hortofrutícola, acuícola, de la madera y celulosa, y minera, así como de las importaciones de bienes e hidrocarburos. El esfuerzo alcanzó su punto máximo entre 1999 y 2005, cuando las inversiones en obras concesionadas superaron los US$ 12.000 millones. En este sentido el número de puertos prácticamente se ha duplicado en los últimos 20 años (mayoritariamente privados), pasando de 33 en 1994 a 63 en 2014.

En complementariedad a las exportaciones, la mayor parte de los bienes importados a Chile se gestionan a través de los dos principales puertos de contenedores de la zona central de Chile (Valparaíso y San Antonio) y posteriormente se trasladan por carretera a su destino final, que incluye tanto al norte como el sur del país. Por lo tanto, la logística terrestre derivada del comercio marítimo también forma parte de las economías indirectas generadas a través del mar.

En este sentido, también contribuyó a su expansión la política de concesiones en infraestructura viales complementarias, que promovió una ola de inversiones que superaron los US$ 9.000 millones de 1998 a 2007; y que junto con el aumento del stock de camiones, posibilitaron el incremento del transporte de carga. El incremento de la eficiencia portuaria y la expansión de la infraestructura vial permitieron aumentos importantes de la productividad. Así, desde 2007, Chile se ha situado como el país más eficiente de América Latina en materia logística y portuaria. Los tipos de carga transportada a través de los puertos de Chile son muy diversos, con una preponderancia de gráneles sólidos, principalmente de cobre y la madera.

En cuanto a las derivaciones económicas, 25 puertos se encuentran emplazados en municipios que tienen centros urbanos, en los que habitan 2,3 millones de personas. Las particulares características geográficas de estos lugares han permitido que la actividad portuaria se desarrolle en su entorno, lo cual también se ha extendido hacia otros sectores como el comercio, los servicios públicos, manufacturas, actividades náuticas y el turismo. En cuanto a este último punto, el transporte de pasajeros por mar, tanto civiles pero así también en términos militares, tiene su relevancia en relación a su importancia económica y geopolítica; sobre todo en las regiones del sur de Chile, ya que en algunos casos es el único medio por el cual se puede conectar la totalidad del país.

Estos efectos indirectos, compuesto por los encadenamientos hacia otras inversiones, impactan en el efecto multiplicador del gasto en consumo que se canaliza a través del gasto en la economía local. También son relevantes los impuestos que genera el sector, los cuales son útiles para financiar el gasto del gobierno en el territorio. Además, la actividad marítima y portuaria provoca la generación directa de puestos de trabajo y de la remuneración de los trabajadores, a lo que se agrega el pago a otros factores de producción y la compra de insumos, bienes y servicios en el mercado local.
Conclusiones:
Chile posee una población de 18 millones de habitantes, con una especificidad demográfica que se diferencia de un país como la Argentina, que cuenta con 44 millones de habitantes. Además, se debe tener en cuenta la diferencia cultural, el desarrollo económico doméstico, la visión y el posicionamiento ante el mundo. Este contexto genera importantes diferencias en términos del aparato productivo, la división del trabajo, y la explotación de los recursos naturales.

Chile es un país con 756.102 kilómetros cuadrados de superficie, incluida una línea de costa de 6.435 km (una ratio de 117 kilómetros terrestres por línea costera). La Argentina posee casi 4 veces más de superficie (más de 2.7 millones de kilómetros cuadrados), con una línea costera más reducida de 4725 kilómetros, lo que da una ratio de 571). En este sentido, aunque no es la única muestra de la importancia, es una variable representativa del porqué de la lógica marítima chilena.

Si a ello le adicionamos que el PBI chileno ronda los 270 mil millones de dólares, lo que representa alrededor de un 60% del PBI de la Argentina, la posición relativa del sector marítimo se hace inversamente más importante.
Sin embargo, el sector marítimo no es el más significativo del país. Lejos se encuentra del sector Servicios (26% del total), la Minería (14%) o el sector manufacturero. A la economía directa representada por la pesca y la acuicultura (0,6% del total), se le puede adicionar un número menor de la Silvicultura dedicada a los recursos hídricos (entre 0,2% y 0,3%), un 0,5% al Transporte marítimo, la investigación y la educación (entre 0,3% y 0,4%) y entre 1% y 2% a los sectores de la Construcción para la logística y la Infraestructura de Puertos.

En términos de economías indirectas, se torna difícil mesurar los efectos multiplicadores sobre el consumo, las economías locales, proveedores, etc. Si le adicionamos para lo expuesto 2% o 3% del PBI, estaríamos en un total del 5% o 6% del PBI, cuyo número no es determinante para la economía y mantiene una diferencia racional en los términos previamente descriptos con nuestro país.

Por el contrario, si es relativamente importante en términos de exportaciones (7% del total), donde la productividad de sus mares y el desarrollo de la industria para la exportación – derivado de un fuerte apoyo institucional, su abundante geografía acuática, y una visión liberal del comercio internacional -, generan un diferencial con la Argentina, que exporta recursos pesqueros por entre el 1,5% y 2% del total de sus ventas al mundo.

 

La educación en Chile: el modelo y sus prioridades

Publicado en Stratfor, el 20 de Septiembre de 2011.

Autor: Pablo Kornblum

http://www.stratfor.com/other_voices/20110920-education-chile-model-and-its-priorities

Las protestas que se vivencian en Chile no son una problemática de actualidad. El sistema educativo, heredado por la democracia de la dictadura de Augusto Pinochet, ha mantenido en las últimas décadas unas elevadas tasas de financiamiento que impiden que los estudiantes con menos recursos puedan acceder a una educación superior –cabe recordar que en Chile, con 17 millones de habitantes, existen un millón de alumnos en el ámbito universitario e institutos técnicos terciarios-. Si lo logran, deben luego soportar varios años de alto endeudamiento para poder pagar sus estudios, algo que repercute en su futuro y en el de sus propias familias.
En cuanto a la protesta en si, los estudiantes reclaman que el Estado se ocupe del sector (sin delegarlo en los municipios), y que la educación, una de las más caras del mundo según la OCDE, sea gratuita y accesible universalmente para todos los ciudadanos. Para ello, entre las medidas propuestas por los estudiantes se pide que se dupliquen las subvenciones educativas para el año 2018, se incrementen los sueldos de los profesores, y se reduzca la tasa de los créditos con aval Estatal a un 2%, entre otros.
Sin embargo, el punto más álgido de la discusión consiste en que mientras el gobierno propone becas para los alumnos del 40% de hogares de menores ingresos junto con más becas combinadas con créditos para el quintil siguiente (de 40% a 60%), los estudiantes plantean las becas para el 70% de los hogares de menores ingresos – en función de los altos niveles de desigualdad- y créditos solidarios para los alumnos del 30% restante. Es importante destacar que en la actualidad el Estado destina el 4,35% del PBI a la cartera Educativa; en tanto la reforma planteada por el estudiantado implicaría un incremento anual de entre 1,4% y 2,2% del PBI (entre 800 y 1000 millones de dólares anuales en términos actuales).
Al adentrarnos en la discusión, nos encontramos que los datos actuales son marginales para comprender el contexto de lo que representa un modelo de país no muy alejado de lo que han sido las históricas problemáticas latinoamericanas. En esta oportunidad, la bandera de lucha la toman estudiantes universitarios asfixiados por una coyuntura apremiante, que no les brinda otra alternativa que adentrarse en un endeudamiento excesivo para el cual ni siquiera pueden asegurarse un mínimo repago que les permitió alguna vez cumplir el merecido sueño de estudiar, capacitarse y desarrollarse profesional y personalmente. Este contexto deja en claro que no son los jóvenes marginados los que hoy protestan, aquellos que históricamente han tenido un horizonte de corto plazo; son las clases medias –o lo que queda de ellas-, que encuentran en el sistema educativo las barreras y el reflejo de un modelo de país socio-económicamente desigual e inequitativo.
Y aunque el gobierno se escude afirmando que cualquier política social que implica un incremento del gasto debe necesariamente tener asociado fuentes de financiamiento y fondos de estabilización, el hecho no deja de ser un fiel reflejo del conservadurismo que intenta mantener un status-quo regresivamente pragmático. En este sentido ‘libertario’, el presidente ha mencionado que “estatizar o monopolizar por parte del Estado la educación en nuestro país, es un atentado, no solamente a la calidad, sino a la libertad y a la equidad en la educación”. Lo que no menciona Piñera es que la simple razón de la existencia de un mercado de lucro dentro del sistema educativo, se relaciona directamente con un Estado que no ha dado las respuestas apropiadas propias de su responsabilidad. Por ello, es también de extrañar la declaración del primer mandatario sobre las obligaciones del Estado, quien según sus palabras, debería “velar por el financiamiento para que todos los niños y jóvenes de este país puedan acceder a la educación de acuerdo con su esfuerzo y su mérito”. Lo que no indica es que para ello es necesario que la equidad económica exista desde el momento del nacimiento del infante, y no dentro de un marco que incluye altos niveles de pobreza y exclusión social intergeneracionales.
En definitiva, la clave para avanzar sobre una solución sustentable parece centrarse en la priorización de las políticas de Estado. Por un lado, dependerá fundamentalmente si se desea realmente alcanzar un modelo verdaderamente inclusivo que pueda cumplir los sueños de los jóvenes, aquellos que son el futuro de la Nación. Aquellos que hoy en día no acceden a educarse; o aún cuando puedan recibirse, se encuentran con un mercado laboral deprimido y con salarios profesionales bastardeados. Aquellos sobre quienes pesa una deuda financiera enorme, prohibitiva y que genera un factor más en este círculo vicioso de desincentivación social. Por ello, con el análisis del presupuesto en sus manos, es la responsabilidad del gobierno el decidirse a cambiar las estructuras económicas arraigadas; o simplemente, profundizar un modelo que en las últimas décadas solo ha incrementado la brecha entre los que más y menos tienen.

Un cambio que le quita previsibilidad al futuro de los chilenos

Publicado en el diario BAE, 19 de Enero de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

Unos días antes de las elecciones del último domingo en Chile, ambos candidatos, el oficialista Eduardo Frei y el derechista Sebastián Piñera, peleaban por ese definitorio 7% de indecisos que le otorgaría la victoria definitiva en un final tan cerrado como atrapante.

Piñera se mostraba sensible a cuestiones sociales y respetuoso de los derechos humanos. Sin embargo, parecía ser un desafío difícil convencer a los votantes de Marco Enríquez Ominami de su apego a políticas que, aunque deberían ser básicas y comunes a todo partido político que desee el bienestar general, se transgiversaban y desdibujaban provocando confusión en un electorado que reconocía que el Partido de Renovación Nacional de Piñera es apegado a resaltar las bondades del mercado, el individualismo como promotor del efecto derrame, y al mantenimiento de los vínculos con la derecha conservadora de la UDI y su pasado Pinochetista.

Por otro lado, Eduardo Frei siguió la lógica de los que ya no pueden resaltar las virtudes propias y buscó desesperadamente la descalificación del rival. Tampoco parecía ser suficiente para los aun indecisos que deseaban una cultura política diferente, con un aparato social que beneficie a la juventud y favorezca un Estado dinámico e inclusivo. El ex presidente tenía bien claro que la elección del “menos malo” por parte de los votantes tradicionales de la izquierda no eran votos seguros, ya que podrían tomar decisiones y realizar cambios de último momento cuando se encontrarían frente a las urnas.

En las últimas horas antes de la veda, la impaciencia y desesperación conllevaron a las siempre indeseadas bajezas políticas, donde los ataques personales se multiplicaron de manera constante en todos los medios de comunicación. La riqueza, las capacidades técnicas, y los valores éticos y morales de ambos candidatos fueron puestos a prueba, demostrando la incapacidad de sacar a relucir otros efectos positivos ante la ausencia de un análisis profundo de dos plataformas políticas que ya no provocaban efectos diferenciadores en el electorado.   

Llegó el Domingo y luego de que las elecciones trascurrieran con total normalidad, la derecha volvió a La Moneda a través de los votos luego de 52 años. El 51,61% de los votantes creyó en la apuesta por el cambio. El derrotado Eduardo Frei, mientras tanto, conseguía el 48,38% de los votos y sentenciaba el fin de un ciclo que gobernó Chile desde el retorno de la democracia y que cayó víctima del desgaste del poder y las inevitables luchas internas.

Luego del triunfo, Piñera sacó a relucir el clásico discurso de derecha y hablo de cambio, unidad y crecimiento. También prometió combatir al narcotráfico y la delincuencia, como así el “restaurar la cultura de hacer las cosas bien”, en referencia a su pensamiento de que la discusión por si debe haber más o menos Estado es obsoleta, ya que para el futuro presidente debe existir un Estado eficiente que se ocupe de todos. Por supuesto, finalizó afirmando que será un presidente de unidad nacional para todos los chilenos, pero con un compromiso y un cariño muy especial para los más pobres y la clase media. Aquellos que seguramente tienen temor de ser los menos favorecidos por su victoria.

El desafío para Piñera no es menor. En veinte años Chile creció y grandes mayorías alcanzaron niveles de vida con los que nunca habían soñado. El líder de la derecha deberá demostrar que puede ratificar lo que ha prometido y consolidar los logros, importantes pero insuficientes, de la Concertación: lograr para el 2014 un Chile desarrollado y sin pobreza. 

Sin embargo, deberá tener cuidado con la sombra de un pasado que lo perseguirá durante todo su mandato. Cualquier tipo de exceso de violencia o desmantelamiento del aparato social, sacará a la luz los fantasmas Pinochetistas que aun hoy revolotean con fuerza en la sociedad chilena. La oportunidad histórica la tiene: demostrar que realmente puede lograr el bien común, reducir las desigualdades y convertir a Chile en un país del primer mundo.

Mientras tanto, el resto de las izquierdas, desde las pragmáticas hasta las más revolucionarias, esperaran atentas y agazapadas. Saben que el margen de error de Piñera es mínimo. Y que su cálido discurso progresista difícilmente pueda ser llevado a cabo por sus políticas de derecha.

Una elección diferente para Chile

Publicado en el diario BAE, 28 de Julio de 2009.

Autor: Pablo Kornblum

El 13 de Diciembre se celebrarán las elecciones presidenciales en Chile. El oficialismo, la Concertación que gobierna hace casi dos décadas, puede perder por primera vez desde el retorno de la democracia. El que aventaja en las últimas encuestas es Sebastian Piñera, candidato respaldado por la Alianza por Chile, integrada por el partido RN (Renovación Nacional) de centroderecha; y el partido ultraderechista UDI (Unión Demócrata Independiente). Ambos partidos apoyaron la dictadura del general Pinochet que duró 17 años en el poder.

Por el lado de la Concertación, el gran atributo del candidato Frei es la certeza de “no hacer mas daño”. Frente a un escenario de crisis económica, opciones conservadoras, o que no agraven los problemas, tienen adhesión. También ayuda que sea un presidente comprobado. Aunque de cara a las elecciones, la previsibilidad y la experiencia parecieran no ser suficientes para dar vuelta la historia y lograr una victoria ante el candidato de derecha.
 
El tercero en discordia es el joven de 36 años Marco Enríquez-Ominami, quien acapara la mayoría de los votos de la izquierda extraparlamentaria y representa el espíritu joven e inquieto de cualquier fuerza de izquierda. Ominami representa el “cambio-progresista-riesgoso”, a diferencia de Piñera que es observado por gran parte de la sociedad como el  “cambio-conservador” o “la restauración”.

La reaparición con fuerza del conservadurismo ha sido sorpresiva para algunos analistas y miembros de la sociedad chilena, pero no así para ciertos estratos económicos e ideológicos que han hecho de la moderación social un refugio para sus pensamientos. Para evitar cualquier castigo, la derecha política decidió separarse de la sangrienta dictadura Pinochetista: encontró su refugio en la riqueza concentrada y los férreos valores morales, mientras esperaban agazapados el momento oportuno para dar el gran golpe cuando la Concertación se encontrara desgastada. Y ese momento parece haber llegado dos décadas más tarde.

Durante estos últimos 20 años, el neoliberalismo económico junto con la globalización se instalaron firmemente en la arena internacional, determinando un sistema mundial dominante del que Chile nunca dejó de ser parte. La Concertación supo aprovechar los bemoles de la misma con políticas comerciales y financieras inteligentes, sumando además una estabilidad institucional que reflejaba seriedad ante los ojos del mundo. Pero el próspero desarrollo social fue de a poco sufriendo los coletazos de las crisis internacionales y los efectos sistémicos que conllevaron a mayores inequidades y a la incapacidad de los gobiernos para satisfacer las demandas sociales.  

Esta situación se tornó intolerable para el sector más izquierdista, lo que derivó en la fractura de la coalición gobernante de cara a las próximas elecciones. La derecha no tardó en reaccionar y ya se encuentra preparada para llegar al poder. La coyuntura no puede ser más favorable: Un progresismo de centro-izquierda que aceptó las reglas de juego del sistema pero que no desarrolló las bases de apoyo político de los movimientos sociales, la actual crisis mundial que no distingue países ni reconoce colores políticos, y nuevas generaciones que se acercan al pragmatismo y se alejan cada día más a los ideales de otras épocas.

El mes de enero Chile tendrá un nuevo presidente. Cualquiera sea el resultado final, la sociedad chilena deberá enfrentar un futuro complejo. El gasto público creciente, la necesidad de poder combinar tasas de crecimiento sustentables con desarrollo socio-económico, y una diplomacia enraizada dentro de una región con ambigüedades políticas e ideológicas, son realidades fácticas con las que se encontrará cualquiera sea el partido vencedor.

En un país donde la historia reciente ha marcado diferencias sociales que parecen irreconciliables, la cohesión de los chilenos para enfrentar los dilemas del siglo XXI será un factor fundamental para la nación en su conjunto. Mientras tanto, la ciudadanía observa como el pasado y el presente se confunden en la carrera electoral más apasionante desde el regreso de la democracia.