El fin de la era Uribe

Publicado en el diario BAE, 3 de Agosto de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

El final del segundo mandato del presidente Álvaro Uribe ha llegado. Han sido ocho años donde el poder ha estado concentrado en su persona y en el cual el mismo mandatario ha promovido todo tipo de reformas constitucionales para intentar debilitar y asfixiar a los contrapoderes que lo obstaculizaron. Esta situación no es extraña y tiene una razón de ser: la existencia de todo tipo de escándalos han salpicado a su gobierno durante ambos periodos presidenciales.

Entre los más resonantes, está la llamada parapolítica, con el que se denunció las relaciones de los políticos con narcotraficantes y paramilitares. En este sentido, altos mandos de la principal Agencia de Inteligencia (DAS), fueron acusados de infiltrar paramilitares para cometer asesinatos y realizar labores de inteligencia contra activistas de derechos humanos y sindicalistas. Según el estudio realizado por la Corporación Arco Iris, a diciembre de 2009 había 67 congresistas elegidos en 2006 que estaban vinculados a la parapolítica, ya sea en la fase de investigación previa, de instrucción, de juicio o ya condenados. Esto equivale al 25% del Congreso.

Por otro lado, la corrupción se potenció también a través del “Agro Ingreso Seguro”, donde se reveló que varios de los beneficiarios del programa eran reinas de belleza y políticos que habían apoyado la reelección. Además, no podemos dejar de mencionar los casos de los “falsos positivos”, donde quedaron al descubierto los crímenes de Estado realizados por las Fuerzas Armadas contra desempleados y jóvenes, cuyos cuerpos eran mostrados como de guerrilleros muertos en combate. Finalmente, también se señaló al Jefe de Estado como el gran promotor de operaciones de espionaje y persecución que padecieron miembros de la Corte Suprema, opositores políticos, abogados que en ejercicio de su profesión se enfrentaban al mandatario, y columnistas que aireaban los grandes escándalos del Gobierno.

Para contrarrestar esta situación y evitar que su imagen positiva se vea ostensiblemente dañada, el de Álvaro Uribe fue un gobierno en permanente campaña. El presidente realizó más de 320 consejos comunales en los que se convirtió en el representante de los ciudadanos frente a la incapacidad del Estado de resolver los problemas. Fue despótico con todo lo que le quitara protagonismo: con los partidos, con los gremios, con las instituciones. Articuló un discurso en el cual había un “enemigo de la patria” y él se erigió como el llamado a salvarla. Gracias a esta visión mesiánica del poder y a que les devolvió la confianza y la tranquilidad a los colombianos, se estableció una relación de dependencia casi paternal de la sociedad ante su líder.

Por otro lado, Álvaro Uribe hizo lo que ningún otro Presidente en la historia reciente de Colombia había hecho: decidió comunicarse de manera directa con el pueblo. Y para eso prácticamente se saltó -o instrumentalizó- a los dos más importantes mediadores entre él y el pueblo: el Congreso y los medios de comunicación. Para Uribe, los medios no eran para establecer un diálogo con los periodistas sobre los grandes temas del país, sino un instrumento para llegarle al pueblo con mensajes de alto contenido simbólico. En todo momento intentó convencer a la ciudadanía de que todas las denuncias contra su gobierno eran calumnias y montajes hechos en su contra por los enemigos de la “seguridad democrática”, que le hacían el juego terrorista a unas FARC que el mismo había arrinconado. Y que esta estabilidad institucional le había permitido crecer al país al 5% entre los años 2003-2007, con un pico de 7,25% en el momento más prospero de su gobierno.

¿Han sido suficientes estas razones para mantener un gobierno viciado de corrupción, omnipotencia e intolerancia? Evidentemente, Uribe supo entender las necesidades históricas derivadas de gobiernos débiles, ineficaces y carentes de un activismo político populista. Sin tocar los vicios históricos de las estructuras socio-económicas y políticas latinoamericanas, como por ejemplo las políticas concentradoras de riqueza o la falta de una verdadera libertad democrática, Uribe encontró una forma pragmática y totalizadora para llegarle a un pueblo que en el año 2002 se encontraba gravemente desesperanzado.

Sin embargo, las guerras tienen términos, el crecimiento económico no es igual al desarrollo si las bases no son sustentables, y la cohesión social se desintegra cuando la corrupción enraizada se perpetúa a la vista de todos. Esperemos entonces que el pueblo colombiano haya aprendido y madurado. La educación, el entendimiento y la ética racional serán los otros componentes que permitirán dar el salto cualitativo necesario para lograr una Colombia verdaderamente democrática y equitativa.  

La seguridad volvió a primar en las elecciones Colombianas

Autor: Pablo Kornblum

La previa de las elecciones colombianas del domingo pasado ya reflejaba las ambiguas y confusas declaraciones sobre la seguridad nacional, tema central sobre el que se adhieren y ramifican todo el resto de las problemáticas que ha tenido Colombia a lo largo de las últimas décadas.

Juan Manuel Santos, candidato oficialista y continuista de las políticas del actual presidente Álvaro Uribe, señaló la semana pasada que “va a acabar con las FARC con el apoyo de todos los colombianos, con el ejercicio legítimo de la fuerza y con la Constitución en la mano”. Habría que preguntarse si la mayoría de los integrantes de las FARC no son colombianos, o si el uso de la fuerza puede considerarse legitimo en cualquiera de sus formas.

Por otro lado, el principal opositor, profesor universitario y dos veces alcalde de la capital, Antanas Mockus, se había referido a su deseo de relacionarse con las FARC desde una visión filosófica-romántica: “donde hay confianza hay comunicación, donde hay comunicación hay transparencia, donde hay transparencia hay solidaridad, y entonces la violencia se hace obsoleta”. Pero tampoco brindó una respuesta concisa sobre la forma y los términos en los que se iba a efectivizar este dialogo con la guerrilla más antigua y poderosa de la región.

Finalmente, las elecciones mostraron una aplastante victoria de Santos (alrededor de los 25 puntos de ventaja) con más de 6,6 millones de votos contra un poco más de 3 millones de Mockus, aunque no haya alcanzado para el 50% que le hubiera dado la victoria en primera vuelta.

Podemos afirmar entonces que la política de seguridad democrática ha triunfado desde la visión más reaccionaria de una sociedad derechizada. En este sentido, poco sirvió la transparencia idealizada en el uso de los recursos públicos, la lucha contra el desempleo y la pobreza (el desempleo llegó al 12% y la economía, según se prevé, crecerá sólo un 2% este año), o la eficiencia administrativa demostrada por Mockus en su gestión gubernamental. Tampoco un contexto regional ideológicamente opuesto al gobierno oficialista (donde gobiernos de Centro-Izquierda han mostrado interesantes mejoras en el campo social a través de un desarrollo endógeno), o la relación bilateral con su vecino y uno de los principales socios comerciales, Venezuela, donde su presidente Hugo Chávez declaró que podría haber una guerra con Colombia si Santos ganaba las elecciones. 

Esta situación nos lleva a pensar que la violencia histórica divisionista pareciera encontrarse por encima de las problemáticas socio-económicas estructurales colombianas. Es preferible entonces alejarse de Chávez por su afinidad con las FARC antes que reestablecer las relaciones comerciales a través de un dialogo fraterno con Venezuela para generar divisas. Como así también es mejor la mano dura de un caudillo a una verdadera democracia inclusiva que permita entender las raíces de las necesidades de los diversos grupos sociales. 

La problemática de seguridad y la situación socio-económica son situaciones interdependientes, pero a su vez deben tratarse como pares y atacarse de manera simultánea, y no como condiciones derivadas la una de la otra de manera inconexa con fines electoralistas. Para ello se deben entender las bases de los problemas y definir soluciones complementarias que la sociedad toda entienda como racionales y pragmáticas. Aunque Santos aclame por la ayuda divina – ya que declaró en el momento de emitir su voto que solo quiere “Que se cumpla la voluntad de Dios y la voluntad del pueblo” -, los colombianos requieren de respuestas concretas para combatir un miedo estructural que ha mellado en las mentes de toda la ciudadanía y que no permiten mirar hacia delante para lograr un futuro con crecimiento y desarrollo sustentable.

Por lo pronto, Santos concurrirá al ballottage del 20 de junio casi sin la necesidad de armar alianzas. El efecto aluvional del 46,5% de los votos que obtuvo lo deja en una posición inmejorable para obtener los 3,5 puntos que le restan para consagrarse presidente: Sólo con parte del 10,1% de Germán Vargas Lleras, al fin y al cabo un uribista, podrá alcanzar la presidencia. Lo que sí podemos afirmar es que en definitiva, los únicos que salieron satisfechos y tranquilos con los resultados del domingo han sido los grandes inversionistas: Santos es un amigo del libre mercado y de las políticas pro-empresariales. Ya no deberán lidiar con el fantasma de Mockus, que en su último discurso antes de la contienda, abogó por aumentar los impuestos para contener el alto déficit fiscal que tiene el país.

Los desplazados de la guerra en Colombia

Publicado en el diario BAE, 10 de Febrero de 2009.

Autor: Pablo Kornblum

Los datos asombran, más aún cuando no nos estamos refiriendo a los confines del África o del Sudeste Asiático, sino a nuestro cercano vecino latinoamericano Colombia: Según la ONG Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, Codhes, 270.000 colombianos tuvieron que desplazarse en el primer semestre de 2008, lo cual implicó un aumento del 41% frente al mismo período de 2007. Y aunque la agencia presidencial Acción Social reporta que tiene inscriptas a 2,6 millones de personas como desplazados, Codhes estima que en total hay más de 4 millones en todo el territorio colombiano.
¿Qué significado ser un desplazado en Colombia? El tener que huir de un lugar a otro tiene muchas, o mejor dicho demasiadas, connotaciones negativas. Su nivel de gravedad dependerá de quien lo evalúe: desde el desarraigo, pasando por el dolor moral, hasta la vejación que implica la expropiación.

Las explicaciones sociológicas o antropológicas seguramente dejarán consecuencias más ricas (y más dolorosas) para el análisis. Pero es imprescindible entender las variables económicas que se ven afectadas y que potencian las anteriores a medida que el número de desplazados aumenta.

Cuando cientos de miles de familias pierden sus tierras, no solo pierden la capacidad de auto conseguir su sustento diario, sino que automáticamente también cambian su condición de clase: de dueños de la tierra y el capital con la que la trabajan, pasan a ser, en el mejor de los casos, asalariados dentro de un sistema imperfecto. La gran mayoría, sin embargo, solo fortalecen un vínculo de dependencia a través de la ayuda estatal para obtener una fuente de ingreso que les permita evitar el círculo vicioso de la pobreza.

Otro punto importante es que en la América Latina del subdesarrollo, los altos niveles de desocupación y la histórica estructura de explotación de los asalariados conllevan a que el gran número de desplazados solo potencien aún más la devaluación salarial.
Para los que no consigan empleo, la situación es todavía menos alentadora. La escasa institucionalidad y una burocracia inactiva e ineficiente, solo brindan, a cuentagotas, los mínimos medios económicos de subsistencia.

Ahora bien, a los daños individuales o familiares le debemos sumar las consecuencias sobre la macroeconomía estatal. Si al aumento del gasto público que implica la manutención de los desplazados, le agregamos la pérdida de tierras cultivables para la producción y exportación agrícola (con su consecuente escasez y aumento de precios en el mercado interno y las implicancias macroeconómicas derivadas la pérdida de generación de divisas), y que además una gran cantidad de agricultores desplazados poseían capacidad de consumo y de adquisición de insumos y bienes de capital que motorizaban la economía, las perdidas para el producto nacional son significativas.

En definitiva, se puede observar que la debacle económica que se produce es la base que potencia el ya pronunciado derrumbe social provocado por el desplazamiento. Pero como en todos los ámbitos de la vida (y especialmente en la economía y la política), no debemos olvidar que en esta conjunción de hechos que se entremezclan dentro del espiral negativo de la pobreza, siempre existen quienes se aprovechan de la situación. En este sentido, nos encontramos con políticos inescrupulosos (que abundan en nuestra región) que realimentan los lazos de dependencia y poder a través del asistencialismo y el manejo a discreción de partidas presupuestarias que exclusivamente se deberían de destinar a recomponer el debilitado tejido social.

Para concluir, podemos afirmar que torcer este destino parece difícil, pero no es imposible. Si los desplazados logran recuperar sus tierras y los actores políticos pueden lograr una paz duradera que permita visualizar un horizonte estable y sostenible en el tiempo, se podrían sentar las bases para empezar a solucionar el problema. En una segunda etapa, las políticas sociales y productivas para el desarrollo sustentable, comunes a cualquier país, terminarían de allanar el camino. Mientras tanto, millones de Colombianos intentan mantener su moral en alto, sin perder las esperanzas y bogando por un futuro mejor para ellos y sus familias.