La insoportable levedad del ser

Publicado en Ámbito Financiero el 27-11-2019

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La obra maestra de Milan Kundera podría reflejar, con matices propios de la época, el escenario latinoamericano de estos últimos meses. Ideología y pasión se han fusionado para discutir el per se de la lógica política, en modalidad siglo XXI: las grandes epopeyas de cambios sistémicos se tradujeron en deseos de mejoras coyunturales de temáticas especificas, a través de marchas masivas alejadas de la otrora violencia organizada estilo ‘guerrilla’. Más ‘light’, puede ser. Pero no menos efectivas para con el resquemor de muchos gobiernos temerosos de perder sus privilegios.

Colombia, con sus especificidades, posee los síntomas de la dinámica regional. Aquella que se basó históricamente en una estructura socio-productiva desequilibrada – acentuada con el modelo neoliberal promovido en las últimas décadas -, la aplicación de la teoría de la dependencia en detrimento de los productores de las abundantes materias primas, una doctrina Monroe con complicidad endógena, y un sometimiento socio-económico bajo un halo coercitivo sin fisuras.

Los recursos naturales estratégicos (carbón, minería, petróleo), los servicios de telecomunicaciones y finanzas – todos ellos con un efecto multiplicador menor sobre la generación de empleo -, y por supuesto el narcotráfico, son los sectores que han impulsado la economía del país desde finales del siglo pasado. Estos sectores concentrados con grandes beneficios y enorme rentabilidad, han sido enmarcados y balanceados bajo la lógica monetarista del control férreo de la inflación y el erario público, en complemento con diversificados Tratados de Libre Comercio (con su eje latinoamericano en una Alianza del Pacifico que mira con ansias el continente asiático).

Esta dinámica excluye a vastos sectores productivos compuestos por Pymes regionales incapaces de competir con los enormes monopolios de escala, relegando a un segundo plano el crecimiento de la producción y el desarrollo de un mercado interno sustentable. Un fiel reflejo de ello fue la “apertura hacia adentro” implementada a partir de la década de 1990’: con la reducción de aranceles y la eliminación cuasi total de las barreras arancelarias, desde entonces las importaciones casi que duplicaron su participación en el PBI (del 15% al 30%). Sin embargo, las exportaciones apenas se incrementaron marginalmente, generando una lógica de endeudamiento procíclico que limita la praxis de la política económica.

A todo ello se le adiciona la falta de un análisis detallado que requieren las medidas especificas coyunturales, las cuales han traído consecuencias negativas sobre escenarios estructurales de profunda discusión en la historia de Colombia: en este sentido, tenemos como ejemplo la dura crítica sobre lo que se considera un incumplimiento por parte del gobierno respecto al punto 4 del acuerdo con las FARC, donde se promueve la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito, por otras alternativas de subsistencia en beneficio de las comunidades más pobres. Lo que debería ser una prioridad si realmente no se desea volver al pasado, ha quedado relegado a un segundo plano. Será que los que reclaman por ello son primordialmente ‘ciudadanos de segunda’ que se encuentran alejados de los centros de poder real.

Como se ha descripto, el crecimiento económico de unos pocos actores privilegiados ha menguado cualquier atisbo de desarrollo social sustentable. Es inútil buscar en la escasa productividad total de los factores o el ‘tardío’ efecto derrame las causas centrales de las exigencias desatadas por las injusticas socio-económicas. Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, director del Secretariado Nacional de la Pastoral Social de Colombia, lo indicó tajantemente (sin la necesidad de tener que sopesar la teoría de Piketty por sobre Friedman): “se vive una inequidad muy grande donde el sector financiero está absolutamente enriquecido, la mayoría de los bienes de mayor valor se encuentran concentrados en unos pocos, y las empresas de recursos naturales estratégicos ganan mucho dinero y pagan muy pocos impuestos; todo ello mientras la mayoría de los colombianos sufre carencias básicas. Sobre todo en el campo y las personas menos educadas”.

En este aspecto, los dos ejes centrales para con el despertar y el desarrollo sostenible, inclusivo y digno – esto es una educación de calidad sin excluidos que se complemente con un ingente financiamiento para los más postergados -, se encuentran en falta para la mayoría de los colombianos. El caso emblemático de Dylan Cruz, el joven asesinado por la policía, abarcaba ambas premisas: falleció protestando porque le habían negado un crédito – el cual a futuro seguramente le sería realmente difícil pagarlo, con un PBI per cápita promedio de US$6.500 al año -, para acceder a la universidad.

Ahora hay que lidiar con las muertes. Por ello, el presidente Duque, en un halo de desesperación que replica lo ocurrido con Moreno en Ecuador o Pi?era en Chile, quiere dialogar de lo que sea y con quien sea de cualquier tema de agenda que lo libere indemne de esta situación: eliminar las propuestas previas de flexibilización laboral y recorte a las pensiones, brindar mayores fondos para la educación pública, dar marcha atrás con la privatización de empresas estratégicas (como por ejemplo Ecopetrol), comprometerse radicalmente a terminar con los altos niveles de corrupción, dar cumplimiento integral del acuerdo de paz con las FARC, o proponer con firmeza el cese definitivo de los asesinatos de líderes sociales, indígenas y excombatientes. En definitiva, un completo menú a la carta bajo el agobiado marco de una ‘necesaria conversación nacional’. Eso sí, tarde, siempre tarde.

El vaciamiento institucional descripto que aplica a Latinoamérica toda, tuvo como consecuencia primaria convertirnos en la región más desigual del mundo. Y la inequidad es el principal factor disparador de las tensiones sociales. Cuando la pobreza es homogénea, y dada que la capacidad de análisis de los más humildes se vincula directamente con lo visual y la inmediatez, el no procesar escenarios adversos diluye la posibilidad de reacción. Por ello, la ignorancia y la mentira han sido el antídoto aplicado ante la menguante represión física. Simplemente porque esta ‘mal visto’, no porque los poderes de turno reflexionen sobre la falta de ética de lo cotidiano.

Sino pregúntenle al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, que lo primero que verbalizó ante los escenarios de reclamos fue su “preocupación por los incidentes de violencia y vandalismo en los países de la región”. Cuidado con hacer tambalear el statu-quo, pensarán en voz alta desde Washington y otras potencias con intereses en la región, a través de los legalistas y moralistas Organismos Internacionales. Mismo el Banco Mundial, que en un informe del 10 de Octubre pasado, focalizaba los problemas de Colombia en la recepción del flujo masivo y acelerado de migrantes venezolanos (casi 1.500.000 hasta Septiembre de 2018), mientras alababa el historial de ‘gestión macroeconómica y fiscal prudente’ de los sucesivos gobiernos colombianos. Los ‘mejores alumnos’, como lo solemos conocer por estos lares.

Sin embargo, y a pesar de que algunos prefieren mirar para otro lado y poner el foco en la estrategia de desprestigiar y deslegitimar la protesta social – argumentando que quienes reclaman no tienen razón en sus demandas y son parte de una conspiración castro-chavista internacional o miembros del subversivo Foro de Sao Paulo -, estas últimas semanas hemos observado esencialmente tres elementos disruptivos comunes en los países al sur del Rio Bravo.

Por un lado, la dinámica de una democratización de los medios de comunicación que permite aunar rápidamente objetivos, deseos, miserias compartidas. Por el otro, la inconsciencia que deriva en una falta de temor: la mayoría de los que reclaman son jóvenes que no han vivido la violencia estatal, paramilitar, guerrillera. Y finalmente, tenemos la explosión de aquellos grupos históricamente olvidados, ninguneados, y empobrecidos en sus respectivos países, que en algún momento de las últimas décadas han tenido conquistas socio-económicas tangibles (con gobiernos reivindicadores de un progresismo abarcativo en términos económicos, políticos y culturales), y no quieren de ningún modo volver al pasado.

Por ello y para concluir, creo que es importante recordar el momento en el que le preguntaron al propio Kundera como podía resumir su obra maestra: sin vacilar, sostuvo que “la lucha del ser humano contra el poder, es la lucha de la memoria contra el olvido”. En un país de una baja tasa de representatividad sindical (menor al 5% de los trabajadores), y donde el último gran paro nacional se produjo hace 42 años contra el gobierno del liberal Alfonso López Michelsen, lo ocurrido estos últimos días podría parecer extraño. Pero las elites, aquellas que desean que los focos de poder y riqueza se mantengan inalterados in eternum, deberían poder reflexionar e ir más allá: ojo con el despertar de un ‘monstruo dormido’. No sea que se transforme en una marea social con reflexión y comprensión histórica, deseosa de generar una conciencia irreversible para con la búsqueda permanente de un futuro sustancialmente mejor para la mayoría de los colombianos.

Las visitas de Duque y Bolsonaro. Entre el discurso y la realidad

Por Pablo Kornblum para Ámbito Financiero. 21-06-2019

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El presidente Mauricio Macri recibió este mes a dos mandatarios aliados: los recientemente electos presidentes de Colombia y Brasil, Iván Duque y Jair Bolsonaro. Con ambos comparte un background similar: son ‘Outsiders’ de la dinámica política enraizada en Sudamérica – Duque es un joven profesional con una carrera asociada al gerenciamiento técnico y al ámbito académico, mientras que Bolsonaro tiene un bagaje militar (con un pasado legislativo menor en términos de participación activa) y fuertes vínculos con las iglesias no tradicionales (sobre todo las evangélicas, que se calcula tienen alrededor de 70 millones de fieles en todo el país) -, y han contado desde sus comienzos con un enorme ‘marketing político’ para sustentar sus campañas y políticas públicas.

En el marco de los encuentros per se, el principal motivo de festejo para el oficialismo nacional fue el apoyo explícito a Macri ante las próximas elecciones en Argentina. El resto de las declamaciones han sido una conjunción de fuerte contenido de liberalismo económico (con pretensiones de avanzar con reformas estructurales en términos previsionales, laborales, y de comercio exterior), entremezclado con una fusión geopolítica anti-populista que busca desterrar a Maduro (y a los potenciales Maduros) de América Latina para siempre.

En tanto a lo dicho en términos de política económica exterior, podemos indicar que lo irreal del discurso se lleva puesto cualquier tipo de análisis racional. Hace más de veinte años se habla de un infructuoso Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Alguien cree que es posible, solo para citar un ejemplo, que el presidente de Francia Emmanuel Macron pueda ceder ante la lógica aperturista liberal de un potencial acuerdo que afecte a la agricultura francesa, en medio de una disputa que parece no tener fin con los chalecos amarillos? ¿Puede Europa pensar en una lógica cohesionada en medio del dilema del BREXIT, que claramente se contrapone con el avance a paso firme de Rusia y China en la disputa con Estados Unidos por el dominio del tablero geopolítico global? No parece muy factible.

Menos aún si posamos la mirada en nuestros lares. No solo a través del ninguneo brasileño (el propio Ministro de Hacienda, Paulo Guedes, sostuvo a las pocas semanas de asumir que “la Argentina y el Mercosur no son una prioridad”) a la par de la gran crisis económica Argentina actual, sino que además se ha dejado afuera de la discusión a las economías más pequeñas, Uruguay y Paraguay. Parece que el dialogo bilateral no tomó nota de las históricas y reiteradas quejas de estos dos socios primarios de que el tamaño de sus mercados no tiene que ser una excusa para excluirlos de las decisiones claves. Si a ello le adicionamos las trabas burocráticas y logísticas, el escenario es aún más complicado.

Ni que hablar de la propuesta de la moneda única común entre Brasil y Argentina (cabe recordar que todavía no tenemos ni un swap con nuestro principal socio comercial), desmentida a una velocidad inusitada por el propio Banco Central de Brasil. ¿Es posible pensar en una moneda común cuando desde la época de Alfonsín-Sarney se hablaba, solo para mencionar una temática, de una complementación económica que nunca se dio? Basta recordar cuando las empresas argentinas ‘volaban’ a Brasil al ritmo de la convertibilidad y el ‘deme dos’ en los 1990’. Menos aún el pensar que un ciudadano brasileño medio, que ni siquiera suele atesorar sus activos en dólares, pueda considerar al Peso Argentino como reserva de valor, aunque sea a través de una mixtura con el Real. Difícil ya es poner en análisis que Brasilia aceptara ‘compartir’ un Banco Central.

En este sentido, deberíamos aprender de la historia, que siempre es aleccionadora. Si la Unión Europea no pudo hacer cumplir el Tratado de Maastricht, porque no previeron que la productividad, el Gasto público, o la Tasa de Ahorro privado no es similar para un país latino, un anglicano, o un cristiano ortodoxo (solo para conjugar la variable económica con la religiosa), ¿porque entonces deberíamos pensar que no ocurrirá lo mismo en Sudamérica, donde existen también amplias diferencias culturales, institucionales o de consumo?

El otro punto a tener en cuenta es la geopolítica. Los tres gobiernos han aclarado que van a “hacer todo lo posible para que se restablezca la democracia en Venezuela; pero más importante que eso es el tema ideológico: el populismo no puede volver nunca más a América Latina”. No solo lo piensan sino que también se lo exige su principal aliado, Donald Trump, quien contribuyó (y contribuye) en gran medida, a la sustentabilidad de sus mandatos: lo sacó de la carrera presidencial a Lula para que triunfe Bolsonaro, le habilitó el préstamo más importante de la historia del FMI a la Argentina para evitar una mayor fuga de divisas, y le dio el visto bueno al delfín de Uribe, un partidario de la no reconciliación con las FARC y muy ligado a los círculos más libertarios americanos.

Lamentablemente, la cosmovisión de la macropolítica y la geoeconomía global elucubrada en cómodos sillones, debe necesariamente complementarse con la lógica – incluida la electoral – doméstica. Aunque está claro que nadie en Argentina va a cambiar su voto por el locuaz apoyo de Duque y Bolsonaro: el ciudadano vota, principalmente, abriendo su heladera y observando si se encuentra más llena que vacía (o viceversa).

En este aspecto, ninguno de los tres mandatarios pueda mostrar signos de suficiencia económica nacional. Tenemos un escenario adverso para la economía de Brasil – con una gran crisis derivada de una reforma al sistema previsional inconclusa, bloqueada por las centrales sindicales, y que a su vez tiene como contraparte un gran enojo por parte del empresariado por la falta de fortaleza del ejecutivo para darle impulso legislativo -; Argentina, con una probable prevalencia a la estanflación por lo menos hasta el año que viene que se clarifique el escenario electoral y la capacidad de refinanciación de la deuda externa; y una Colombia que, a pesar de contar con una macroeconomía con un crecimiento estable (incremento del PBI previsto en torno al 3,5% para este año, aumento de la IED (68,4%) y la producción de petróleo (5,3%) en el primer trimestre recién concluido, déficit fiscal esperado para fin del corriente 2019 en torno al 2,4%, y una deuda externa del sector público que representa solamente el 22,8 % del PBI), la misma OCDE en un reciente estudio sostiene que la desigualdad y la formalidad continúan siendo muy altas en el país, a tono con el resto de la región.

En definitiva, la dialéctica diplomática o la discursiva en redes sociales, son solo herramientas que trazan imaginarios que, difícilmente se suelen ver plasmados en beneficios concretos para las mayorías. Encontrar la manera de balancear la relación con Estados Unidos y China, el cómo potenciar la relación entre el Mercosur y otros bloques comerciales (ya sea con la Unión Europea o bien podría ser el caso de la Alianza del Pacifico), o el modo de generar un desarrollo socio-económico y productivo sustentable que termine definitivamente con la pobreza en la región, requieren decisiones complejas que afectan fuertemente intereses poderosos, concentrados, y muchas veces contrapuestos.

Por ende, se requiere capacidad, coherencia y ética para gobernar. Es por ello que cuando Bolsonaro apoyó explícitamente a Macri en su visita al país pidiendo que los argentinos voten con “la razón y no con la emoción”, uno podría pensar que debería haber sido más prudente con sus palabras. Ya que cumpliendo su propia premisa, podría, si es que alguien realmente lo escuchó de este lado de la frontera, haberle sido contraproducente haciéndole perder parte del caudal electoral al propio oficialismo que había querido beneficiar.

El fin de la era Uribe

Publicado en el diario BAE, 3 de Agosto de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

El final del segundo mandato del presidente Álvaro Uribe ha llegado. Han sido ocho años donde el poder ha estado concentrado en su persona y en el cual el mismo mandatario ha promovido todo tipo de reformas constitucionales para intentar debilitar y asfixiar a los contrapoderes que lo obstaculizaron. Esta situación no es extraña y tiene una razón de ser: la existencia de todo tipo de escándalos han salpicado a su gobierno durante ambos periodos presidenciales.

Entre los más resonantes, está la llamada parapolítica, con el que se denunció las relaciones de los políticos con narcotraficantes y paramilitares. En este sentido, altos mandos de la principal Agencia de Inteligencia (DAS), fueron acusados de infiltrar paramilitares para cometer asesinatos y realizar labores de inteligencia contra activistas de derechos humanos y sindicalistas. Según el estudio realizado por la Corporación Arco Iris, a diciembre de 2009 había 67 congresistas elegidos en 2006 que estaban vinculados a la parapolítica, ya sea en la fase de investigación previa, de instrucción, de juicio o ya condenados. Esto equivale al 25% del Congreso.

Por otro lado, la corrupción se potenció también a través del “Agro Ingreso Seguro”, donde se reveló que varios de los beneficiarios del programa eran reinas de belleza y políticos que habían apoyado la reelección. Además, no podemos dejar de mencionar los casos de los “falsos positivos”, donde quedaron al descubierto los crímenes de Estado realizados por las Fuerzas Armadas contra desempleados y jóvenes, cuyos cuerpos eran mostrados como de guerrilleros muertos en combate. Finalmente, también se señaló al Jefe de Estado como el gran promotor de operaciones de espionaje y persecución que padecieron miembros de la Corte Suprema, opositores políticos, abogados que en ejercicio de su profesión se enfrentaban al mandatario, y columnistas que aireaban los grandes escándalos del Gobierno.

Para contrarrestar esta situación y evitar que su imagen positiva se vea ostensiblemente dañada, el de Álvaro Uribe fue un gobierno en permanente campaña. El presidente realizó más de 320 consejos comunales en los que se convirtió en el representante de los ciudadanos frente a la incapacidad del Estado de resolver los problemas. Fue despótico con todo lo que le quitara protagonismo: con los partidos, con los gremios, con las instituciones. Articuló un discurso en el cual había un “enemigo de la patria” y él se erigió como el llamado a salvarla. Gracias a esta visión mesiánica del poder y a que les devolvió la confianza y la tranquilidad a los colombianos, se estableció una relación de dependencia casi paternal de la sociedad ante su líder.

Por otro lado, Álvaro Uribe hizo lo que ningún otro Presidente en la historia reciente de Colombia había hecho: decidió comunicarse de manera directa con el pueblo. Y para eso prácticamente se saltó -o instrumentalizó- a los dos más importantes mediadores entre él y el pueblo: el Congreso y los medios de comunicación. Para Uribe, los medios no eran para establecer un diálogo con los periodistas sobre los grandes temas del país, sino un instrumento para llegarle al pueblo con mensajes de alto contenido simbólico. En todo momento intentó convencer a la ciudadanía de que todas las denuncias contra su gobierno eran calumnias y montajes hechos en su contra por los enemigos de la “seguridad democrática”, que le hacían el juego terrorista a unas FARC que el mismo había arrinconado. Y que esta estabilidad institucional le había permitido crecer al país al 5% entre los años 2003-2007, con un pico de 7,25% en el momento más prospero de su gobierno.

¿Han sido suficientes estas razones para mantener un gobierno viciado de corrupción, omnipotencia e intolerancia? Evidentemente, Uribe supo entender las necesidades históricas derivadas de gobiernos débiles, ineficaces y carentes de un activismo político populista. Sin tocar los vicios históricos de las estructuras socio-económicas y políticas latinoamericanas, como por ejemplo las políticas concentradoras de riqueza o la falta de una verdadera libertad democrática, Uribe encontró una forma pragmática y totalizadora para llegarle a un pueblo que en el año 2002 se encontraba gravemente desesperanzado.

Sin embargo, las guerras tienen términos, el crecimiento económico no es igual al desarrollo si las bases no son sustentables, y la cohesión social se desintegra cuando la corrupción enraizada se perpetúa a la vista de todos. Esperemos entonces que el pueblo colombiano haya aprendido y madurado. La educación, el entendimiento y la ética racional serán los otros componentes que permitirán dar el salto cualitativo necesario para lograr una Colombia verdaderamente democrática y equitativa.  

La seguridad volvió a primar en las elecciones Colombianas

Autor: Pablo Kornblum

La previa de las elecciones colombianas del domingo pasado ya reflejaba las ambiguas y confusas declaraciones sobre la seguridad nacional, tema central sobre el que se adhieren y ramifican todo el resto de las problemáticas que ha tenido Colombia a lo largo de las últimas décadas.

Juan Manuel Santos, candidato oficialista y continuista de las políticas del actual presidente Álvaro Uribe, señaló la semana pasada que “va a acabar con las FARC con el apoyo de todos los colombianos, con el ejercicio legítimo de la fuerza y con la Constitución en la mano”. Habría que preguntarse si la mayoría de los integrantes de las FARC no son colombianos, o si el uso de la fuerza puede considerarse legitimo en cualquiera de sus formas.

Por otro lado, el principal opositor, profesor universitario y dos veces alcalde de la capital, Antanas Mockus, se había referido a su deseo de relacionarse con las FARC desde una visión filosófica-romántica: “donde hay confianza hay comunicación, donde hay comunicación hay transparencia, donde hay transparencia hay solidaridad, y entonces la violencia se hace obsoleta”. Pero tampoco brindó una respuesta concisa sobre la forma y los términos en los que se iba a efectivizar este dialogo con la guerrilla más antigua y poderosa de la región.

Finalmente, las elecciones mostraron una aplastante victoria de Santos (alrededor de los 25 puntos de ventaja) con más de 6,6 millones de votos contra un poco más de 3 millones de Mockus, aunque no haya alcanzado para el 50% que le hubiera dado la victoria en primera vuelta.

Podemos afirmar entonces que la política de seguridad democrática ha triunfado desde la visión más reaccionaria de una sociedad derechizada. En este sentido, poco sirvió la transparencia idealizada en el uso de los recursos públicos, la lucha contra el desempleo y la pobreza (el desempleo llegó al 12% y la economía, según se prevé, crecerá sólo un 2% este año), o la eficiencia administrativa demostrada por Mockus en su gestión gubernamental. Tampoco un contexto regional ideológicamente opuesto al gobierno oficialista (donde gobiernos de Centro-Izquierda han mostrado interesantes mejoras en el campo social a través de un desarrollo endógeno), o la relación bilateral con su vecino y uno de los principales socios comerciales, Venezuela, donde su presidente Hugo Chávez declaró que podría haber una guerra con Colombia si Santos ganaba las elecciones. 

Esta situación nos lleva a pensar que la violencia histórica divisionista pareciera encontrarse por encima de las problemáticas socio-económicas estructurales colombianas. Es preferible entonces alejarse de Chávez por su afinidad con las FARC antes que reestablecer las relaciones comerciales a través de un dialogo fraterno con Venezuela para generar divisas. Como así también es mejor la mano dura de un caudillo a una verdadera democracia inclusiva que permita entender las raíces de las necesidades de los diversos grupos sociales. 

La problemática de seguridad y la situación socio-económica son situaciones interdependientes, pero a su vez deben tratarse como pares y atacarse de manera simultánea, y no como condiciones derivadas la una de la otra de manera inconexa con fines electoralistas. Para ello se deben entender las bases de los problemas y definir soluciones complementarias que la sociedad toda entienda como racionales y pragmáticas. Aunque Santos aclame por la ayuda divina – ya que declaró en el momento de emitir su voto que solo quiere “Que se cumpla la voluntad de Dios y la voluntad del pueblo” -, los colombianos requieren de respuestas concretas para combatir un miedo estructural que ha mellado en las mentes de toda la ciudadanía y que no permiten mirar hacia delante para lograr un futuro con crecimiento y desarrollo sustentable.

Por lo pronto, Santos concurrirá al ballottage del 20 de junio casi sin la necesidad de armar alianzas. El efecto aluvional del 46,5% de los votos que obtuvo lo deja en una posición inmejorable para obtener los 3,5 puntos que le restan para consagrarse presidente: Sólo con parte del 10,1% de Germán Vargas Lleras, al fin y al cabo un uribista, podrá alcanzar la presidencia. Lo que sí podemos afirmar es que en definitiva, los únicos que salieron satisfechos y tranquilos con los resultados del domingo han sido los grandes inversionistas: Santos es un amigo del libre mercado y de las políticas pro-empresariales. Ya no deberán lidiar con el fantasma de Mockus, que en su último discurso antes de la contienda, abogó por aumentar los impuestos para contener el alto déficit fiscal que tiene el país.

Los desplazados de la guerra en Colombia

Publicado en el diario BAE, 10 de Febrero de 2009.

Autor: Pablo Kornblum

Los datos asombran, más aún cuando no nos estamos refiriendo a los confines del África o del Sudeste Asiático, sino a nuestro cercano vecino latinoamericano Colombia: Según la ONG Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, Codhes, 270.000 colombianos tuvieron que desplazarse en el primer semestre de 2008, lo cual implicó un aumento del 41% frente al mismo período de 2007. Y aunque la agencia presidencial Acción Social reporta que tiene inscriptas a 2,6 millones de personas como desplazados, Codhes estima que en total hay más de 4 millones en todo el territorio colombiano.
¿Qué significado ser un desplazado en Colombia? El tener que huir de un lugar a otro tiene muchas, o mejor dicho demasiadas, connotaciones negativas. Su nivel de gravedad dependerá de quien lo evalúe: desde el desarraigo, pasando por el dolor moral, hasta la vejación que implica la expropiación.

Las explicaciones sociológicas o antropológicas seguramente dejarán consecuencias más ricas (y más dolorosas) para el análisis. Pero es imprescindible entender las variables económicas que se ven afectadas y que potencian las anteriores a medida que el número de desplazados aumenta.

Cuando cientos de miles de familias pierden sus tierras, no solo pierden la capacidad de auto conseguir su sustento diario, sino que automáticamente también cambian su condición de clase: de dueños de la tierra y el capital con la que la trabajan, pasan a ser, en el mejor de los casos, asalariados dentro de un sistema imperfecto. La gran mayoría, sin embargo, solo fortalecen un vínculo de dependencia a través de la ayuda estatal para obtener una fuente de ingreso que les permita evitar el círculo vicioso de la pobreza.

Otro punto importante es que en la América Latina del subdesarrollo, los altos niveles de desocupación y la histórica estructura de explotación de los asalariados conllevan a que el gran número de desplazados solo potencien aún más la devaluación salarial.
Para los que no consigan empleo, la situación es todavía menos alentadora. La escasa institucionalidad y una burocracia inactiva e ineficiente, solo brindan, a cuentagotas, los mínimos medios económicos de subsistencia.

Ahora bien, a los daños individuales o familiares le debemos sumar las consecuencias sobre la macroeconomía estatal. Si al aumento del gasto público que implica la manutención de los desplazados, le agregamos la pérdida de tierras cultivables para la producción y exportación agrícola (con su consecuente escasez y aumento de precios en el mercado interno y las implicancias macroeconómicas derivadas la pérdida de generación de divisas), y que además una gran cantidad de agricultores desplazados poseían capacidad de consumo y de adquisición de insumos y bienes de capital que motorizaban la economía, las perdidas para el producto nacional son significativas.

En definitiva, se puede observar que la debacle económica que se produce es la base que potencia el ya pronunciado derrumbe social provocado por el desplazamiento. Pero como en todos los ámbitos de la vida (y especialmente en la economía y la política), no debemos olvidar que en esta conjunción de hechos que se entremezclan dentro del espiral negativo de la pobreza, siempre existen quienes se aprovechan de la situación. En este sentido, nos encontramos con políticos inescrupulosos (que abundan en nuestra región) que realimentan los lazos de dependencia y poder a través del asistencialismo y el manejo a discreción de partidas presupuestarias que exclusivamente se deberían de destinar a recomponer el debilitado tejido social.

Para concluir, podemos afirmar que torcer este destino parece difícil, pero no es imposible. Si los desplazados logran recuperar sus tierras y los actores políticos pueden lograr una paz duradera que permita visualizar un horizonte estable y sostenible en el tiempo, se podrían sentar las bases para empezar a solucionar el problema. En una segunda etapa, las políticas sociales y productivas para el desarrollo sustentable, comunes a cualquier país, terminarían de allanar el camino. Mientras tanto, millones de Colombianos intentan mantener su moral en alto, sin perder las esperanzas y bogando por un futuro mejor para ellos y sus familias.