Una visión sobre el estatus económico de Cataluña desde la Argentina

Por Pablo Kornblum

Una visión sobre el estatus económico de Cataluña desde la Argentina
Introducción

La discusión sobre la situación catalana no se puede encorsetar en un solo dilema. Factores políticos, económicos, sociales, culturales, históricos e ideológicos se conjugan y entremezclan, lo cual complejiza un análisis que requiere un gran nivel de formación y compromiso.

En este sentido, para poder generar cierta profundidad que intente clarificar y brindar una óptica superadora, he escindido el contexto en dos partes. Por un lado, poniéndole el foco en lo económico, que desde mi punto de vista es un eje central para la comprensión situacional.

Por el otro, realizar bajo la lógica economicista un paralelismo con lo que ocurre en Argentina, para encontrar ejemplos que superpongan escenarios y confirmen – o desmitifiquen – las posiciones que se presentan en el caso Catalán.

La coparticipación económica es un tema que impacta en ambos lados del Océano Atlántico. El federalismo fiscal genera tensiones y rispideces entre los diferentes niveles del Estado, impactando en las políticas económicas (financieras, productivas, comerciales) y los objetivos de cada distrito y a nivel nacional.

En un escenario global de Estados constreñidos por falencias propias y externas (corrupción, ineficiencias, presión de corporaciones, demandas crecientes de una ciudadanía golpeada por las inequidades socio-económicas), las políticas egoístas se exacerban en cada ámbito de decisión pública.

¿Quienes deben cobrar los impuestos? ¿Cómo se deben distribuir? ¿Cuanto debe primar la geografía y los recursos naturales? ¿La Logística y la cercanía a los puertos? Son todos elementos que, más sutil o vehementemente y según el contexto situacional (la coyuntura, el tipo de estructura económica de país, la dinámica política), impactan drásticamente en las relaciones de poder y los deseos de la ciudadanía.
Situación económica de Cataluña con respecto de España

Para comprender la situación, debemos tener un mínimo entendimiento del contexto económico catalán con respecto a España. CATALUÑA representa el 18,7% del Producto Bruto Interno (PBI) de ESPAÑA, un total de 223.629 millones de Euros para el año 2016 (equiparable al de NORUEGA). Con un crecimiento del 3,5%, medio punto por encima de la media española, es la primera Comunidad Autónoma en términos económicos del Estado. Su PBI per cápita es de 28.590 Euros, lo que la sitúa en la cuarta posición (por detrás de Madrid, Navarra y Euskadi), con un valor superior a la media española (de 22.152 Euros), a la media europea (de 24.500 Euros) y a países como FRANCIA.

Otra variable económica clave muestra también un comportamiento superior al del conjunto del Estado español: una tasa de desempleo cinco puntos inferior a la media del país (actualmente en CATALUÑA hay 726.000 desocupados, un 19,1% frente al 22,37% de ESPAÑA).
El sector exterior cuenta con un fuerte superávit de casi un 12% del PBI (frente al 2% de ESPAÑA), siendo este uno de los más altos de la UNIÓN EUROPEA (UE) y superior, por ejemplo, al de ALEMANIA. CATALUÑA históricamente ha tenido una fuerte capacidad exportadora, muy superior a la del resto de ESPAÑA, un elevado espíritu emprendedor, una alta capacidad de innovación, y una conexión directa con otros Estados a través del comercio.
Los pilares más destacados de la economía catalana son la industria (que representa el 25% del PBI industrial español), y el turismo (es la región que atrae más turistas extranjeros). El sistema financiero catalán está formado por el tercer y quinto banco de mayor dimensión en ESPAÑA (Caixabank y Banco Sabadell). Además, cuenta también con un fuerte asentamiento de las finanzas éticas y solidarias a través de dos cooperativas de servicios financieros propias (Coop57 y Cooperativa Catalana de Serveis Financers), y otras entidades extranjeras como Oikocredit y Fiare Banca Ética Catalunya.

 

Porque sí a la independencia (¿Económica?)

Ahora bien, en términos económicos, ¿por qué sería positivo un proceso de independencia económica? En este sentido, tenemos varios puntos a analizar:

Para comenzar, CATALUÑA es la región que más impuestos propios tiene. Pero según los independentistas, un 40% de los impuestos que pagan los catalanes se direccionan al gobierno Central y no regresan en la misma cuantía en términos de coparticipación. Son 2.200 Euros por cada ciudadano de CATALUÑA al año, los cuales representan un 7,7% del PBI catalán.

En Argentina existe la Ley de Coparticipación Impositiva, en la cual cada provincia, según sus características y ciertas variables, recibe un porcentaje del total de los impuestos nacionales. También existen impuestos especiales como las regalías para ciertas provincias con recursos naturales estratégicos. A ello se le debe adicionar una discusión que no solo se centra en el porcentaje de recursos y tipos de impuestos que le corresponden a cada jurisdicción: la que involucra a la celeridad y los mecanismos de pago.

Retornando al caso catalán, el Ministerio de Hacienda ha reconocido que el déficit fiscal de CATALUÑA es de 9.892 millones de Euros. Los pro-independentistas aseguran que con la independencia se pasaría a tener un superávit fiscal de 16 mil millones de Euros. Según el artículo 206.5 del Estatut de Autonomía de Catalunya, se está vulnerando el ‘principio de ordinalidad’, según el cual las transferencias interterritoriales, en base al principio de solidaridad, deben limitarse para que los territorios más ricos, como es el caso de CATALUÑA, no acaben siendo más pobres que los territorios receptores.

En Argentina no existe un punto como tal, pero si ha habido muchas quejas sobre la desproporcionalidad de la coparticipación en términos demográficos, geográficos y de capacidades. Para citar un ejemplo, durante el último gobierno de Cristina Fernández, la Provincia de Buenos Aires ha reclamado incesantemente un mejor reparto de la riqueza debido a que su aporte al PBI nacional era muy superior a lo que recibía.

Por otro lado, la independencia eliminaría el persistente déficit fiscal catalán, que obliga a la Generalitat de CATALUÑA a endeudarse para hacer frente a sus Gastos Corrientes. CATALUÑA pasaría de tener 30.000 millones de Euros de presupuesto, a disponer de alrededor de 80.000 millones de Euros para sus dispendios.

En Argentina existen casos similares; con la salvedad que la mayoría de las provincias – especialmente las del norte del país – son deficitarias sin la ayuda del Gobierno Nacional (gran cantidad de empleados gubernamentales, un sector privado perimido, ineficiencias y corrupción a la hora de poner en marcha políticas públicas productivas que fortalezcan al sector privado competitivo y la economía real, etc.).

Otro punto a tener en cuenta es que con la independencia, el Gobierno de CATALUÑA podría tomar decisiones estratégicas claves que afectan el potencial productivo y el bienestar de sus ciudadanos (Por ejemplo, CATALUÑA pasaría a ser un exportador neto de energía al resto de ESPAÑA; lo que implicaría que el costo de la electricidad podría ser un 60% menor para el nuevo Estado). Se debe tener en cuenta que pasarían a control catalán unos 58.000 millones de Euros solamente en activos patrimoniales.

En este aspecto, cada provincia argentina tiene sus recursos naturales; algunas provincias con activos estratégicos, mientras otras con materias primas de características singulares con una alta proyección de escala para la exportación. En este sentido, dependerá de cómo se equilibra la balanza entre lo que se pierde y lo que se gana ante un escenario de escisión.

Retomando al contexto catalán, se pasaría a tener un superávit en términos de la Seguridad Social (24.126 millones de Euros, gracias a los aportes de los trabajadores generados entre los años 1995 y 2011), mientras que hoy en día CATALUÑA representa el 25% del déficit de 82.704 millones de Euros que mantiene actualmente la Seguridad Social del Estado español.

Los dilemas de la Seguridad Social se encuentran arraigados en todos los países del mundo, incluyendo Argentina. Estados constreñidos en sus capacidades, expectativas de vida y demandas sociales crecientes, mercados deprimidos y un potenciamiento de la lógica financiera en detrimento de la economía real, conllevan a escenarios donde cada Estado, comunidad, o jurisdicción se encuentra, en mayor o menor medida, afectado y urgido de mayores recursos para sostener los dilemas socio-económicos.

Por otro lado, CATALUÑA entrega el 8,7% de su PBI al resto de ESPAÑA, lo que conllevaría a que no se creen unos 250.000 empleos en la región. Más aún, una CATALUÑA independiente crearía 70.000 puestos de trabajo para poner en marcha las estructuras del nuevo Estado (además de las economías indirectas que generarían las inversiones necesarias en infraestructura).

Este escenario de producción claramente implica recursos que favorecerían, correctamente direccionados, a una mayor generación de valor agregado. En el mismo sentido, los empleos derivados de la creación de un Estado-Nación nuevo no aplicaría en el caso de una mayor autonomía de alguna provincia de la argentina, pero si claramente la potencia para generar empleo (por ejemplo, en la mayoría de las capitales de las provincias argentinas concentra el empleo público provincial y municipal, lo que deriva en tasas de actividad que rondan entre el 70% y el 80% de dependencia estatal directa o indirecta).

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa (IED), el año 2016 ha sido el que mayor volumen de inversión extranjera ha recibido CATALUÑA desde 1993, con un importe de más de 5 mil millones de Euros. En este sentido, la inseguridad jurídica derivada del proceso de independencia sería solo temporal, ya que una vez estabilizado el escenario político, CATALUÑA continuaría siendo tan atractiva como antes de la independencia, dado su nivel de productividad, el desarrollo de sus industrias de punta, sus capacidades logísticas y de exportación, etc.

Es obvio que la situación coyuntural importa, pero no suele ser determinante en la sostenibilidad de las inversiones. Lo que termina siendo clave ‘es la película, no la foto’: un país cíclicamente inestable como la Argentina, tiende a repeler a quienes desean invertir en la economía real. Los gobiernos provinciales suelen ser más estables – feudos si se quiere -, pero sin las economías de escala y las capacidades tecnológicas, logísticas y humanas para generar un salto superador. En este aspecto, las diferencias con CATALUÑA son abismales.

Finalmente, los procesos de secesión pueden generar muchas oportunidades de negocios; siendo en realidad la permanencia en ESPAÑA la que frena la recepción de inversiones internacionales, ya que desde el gobierno central solo se ofrecen excesivos incentivos a las empresas que se instalan en Madrid (como la adjudicación de contratos estatales, o la obtención de subsidios públicos).

La puja de intereses inter e intraestatal se observa en todos los países del mundo. Los Estados necesitados de recursos y capital privado para generar empleo, suelen mostrar su mejor cara para atraer a quienes pueden financiar a los gobiernos y dinamizar los mercados; cada vez más inequitativos y rentísticos. En este sentido, la ARGENTINA como un todo, con sus provincias y municipios, mantienen esta lógica de competencia (más o menos desigual, según cada especificidad política, cultural, geográfica) en cada rincón del país.

Las fortalezas (¿el contraataque?) del no

Una CATALUÑA independiente, fuera de la UE, tendría que afrontar previsibles fugas de capitales, caída de la IED, perdidas de mercados y deslocalizaciones de empresas; todo ello implicaría un impacto en su actividad económica de corto plazo.

A diferencia de la UE, el MERCOSUR es una Unión Aduanera que no ha terminado de afianzarse. La falta de políticas económicas mancomunadas, los diferendos de poder político entre los diferentes Estados participantes, o los diferenciales en las normas burocráticas que generan obstáculos en la fluidez comercial, son solo algunos de los elementos que diferencian la mirada regional. Si a ello le sumamos una paradiplomacia casi nula por parte de las provincias argentinas, los efectos disolutorios o federalistas serían mucho más tibios que en el caso catalán.

Por otro lado, los productos catalanes se encarecerían y perderían competitividad, además de que las ventas al mercado español se reducirían un 30% por el incremento de los costos (per se arancelarios hasta la revisión de su posición en la UE).

Ello también se ve reflejado en cada rincón de la tierra: el dejar de pertenecer a cierto ‘club’ con acuerdos de rebajas de aranceles, menores trabas burocráticas, o mercados de insumos preferenciales, conlleva automáticamente a incrementos en los precios finales y por ende una pérdida de competitividad, lo que se traduce en menor capacidad de penetrar mercados externos, como así también potencia la necesidad de producir productos que antes se importaban a precios convenientes.

Por su parte, CATALUÑA no podría mantener las cuentas públicas equilibradas con toda la nueva estructura burocrática estatal – incluida la Defensa del nuevo Estado si quisieran ser parte de la OTAN -. Se estima en un costo mensual de 5.500 millones de Euros el desarrollo de toda la institucionalidad requerida.

La problemática del empleo público, sin necesidad de visualizarse la creación de un nuevo Estado, también es un dilema global. Ante la recesión de los mercados y la contracción de los niveles de producción y empleo privado, los gobiernos de los diferentes niveles suelen utilizar la expansión del Gasto para contrarrestar los dilemas socio-económicos y productivos en sus jurisdicciones. Ello indefectiblemente suele generar déficits fiscales, los cuales suelen traer consecuencias económicas negativas si se sostienen en el largo plazo.

Otro tema a tener en cuenta es que si el nuevo Estado asume la deuda correspondiente a la parte del PBI que representa CATALUÑA dentro de ESPAÑA (18,7%), ello supondría unos 200.000 millones de Euros de deuda pública, casi el 100% del PBI catalán.

Por supuesto una historia en común implica derechos y obligaciones. Un proceso de escisión justa requeriría hacerse cargo de las deudas del colectivo. En el caso de la ARGENTINA, las frecuentes problemáticas de deuda pública (autónoma y proveniente de estatizar deudas privadas) conllevarían también una significativa carga sobre la mayoría de las provincias o municipios que carecen de una capacidad de producción y exportación para honrar las mismas.

En otro punto, en el caso de que existiera la posibilidad de realizar emisiones de bonos para con el financiamiento de la Generalitat, la misma debería ser acompañada de una presión al alza de todos los impuestos, dado el aumento del costo de financiación. También se reflejaría en los incrementos de las tasas de interés que pagarían los hogares y empresas.

Más allá de las formas de financiamiento en las provincias argentinas, que deberían activarse o reactivarse según el escenario situacional y capacidad de cada nivel gubernamental, el punto clave es el desenvolvimiento en términos de eficiencia para con el gasto y la recaudación: en el largo plazo, el objetivo superador debería poder sortear las dificultades de corto plazo.

Por otro lado, un argumento que ha tenido mucha fuerza se ha centrado en que la crisis económica se extendería dada la inseguridad jurídica. Un ejemplo es la previsible salida de capitales derivado de la suba de la prima de riesgo de la deuda catalana. Más aún, si el gobierno de la Generalitat se viera obligado a introducir una nueva moneda, como probablemente tendría que hacer si CATALUÑA queda excluida de la UE durante varios años, el peso de las deudas contraídas en Euros podría resultar impagable para muchas empresas y comunidades.

En este caso, nuevamente hay que resaltar que la seguridad jurídica es un concepto que se construye con expectativas (positivas o negativas), a lo largo del tiempo. Una provincia o municipio de ARGENTINA en crisis también podría vivenciar una importante salida de capitales, generando una prima de riesgo creciente. Mismo la generación de una cuasi-moneda ante una crisis nacional, como ocurrió en el año 2001 en la Argentina. Cualesquiera sea el caso, solo la sustentabilidad de las buenas prácticas de política económica a lo largo del tiempo consiguen desarrollar la necesaria estabilidad institucional.

En otro punto importante, la caída del valor agregado y la ocupación en CATALUÑA afectarían asimismo a la recaudación por cargas sociales e impuestos sobre los ingresos de las personas físicas y jurídicas; lo que en última instancia impactaría negativamente en las capacidades de Gasto Público del nuevo Estado.

El dinamismo de la economía es un eje fundamental para las más importantes variables socio-económicas y productivas. Mientras la recaudación del sector público recicla la potencialidad del efecto multiplicador, un sector privado fortalecido puede aportar una riqueza neta para un fisco que requiere permanentemente un ingente flujo de dinero. Sin embargo, una de las problemáticas principales de las provincias argentinas es que las industrias privadas son débiles y se encuentran concentradas en pocos productos, lo que potencia el ciclo vicioso de falta de economías de escala para demografías que no crecen a una tasa suficiente, principalmente por la falta de empleo.

Finalmente, al salir de la UE y mientras se aclarase su status, los catalanes perderían los fondos estructurales y de inversión, además de que los bancos con sede en CATALUÑA quedarían fuera del mercado interbancario europeo, por lo que el Banco Central Europeo (BCE) dejaría de inyectarles liquidez. De hecho, los bancos catalanes deberían trasladar sus sedes fuera de CATALUÑA para seguir dentro del sistema monetario europeo.

En cualquier lugar del mundo los bancos buscan insertarse en los escenarios que proveen mayores beneficios económicos, sobre todo incluyendo exenciones impositivas u otros. Más aún, dependiendo su relevancia, su entendimiento con su respectivo banco central se tornará determinante para con la provisión de liquidez de las finanzas públicas provinciales y municipales. En este sentido, la fluidez de un sistema financiero endógeno eficaz aplica a cualquier parte del mundo, incluyendo a la ARGENTINA y sus diferentes niveles de gestión pública.

Marco Internacional (Pros y Contras)
Cabría la remota posibilidad de que CATALUÑA adoptase unilateralmente el Euro por su cuenta, sin esperar la aprobación de ESPAÑA y la UE (como ha sido el caso de Ecuador con el dólar norteamericano). Sin embargo, no podría participar en la política monetaria común del BCE, ni de eventuales mecanismos de rescate, lo que le quitaría margen de maniobra a su capacidad de realizar política monetaria, encarecería las exportaciones catalanas, y reduciría su competitividad.

En este sentido, es difícil realizar un paralelismo con una situación de ‘no escisión’ para con las Provincias de ARGENTINA, ya que la realidad es que sería un escenario improbable de unificación con una moneda inexistente (para que el contexto de cambio sea plausible, se podría pensar en la creación de una divisa común en el MERCOSUR).

Por otro lado, el ingreso de CATALUÑA en la UE requeriría de un proceso de negociación de los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht Europeo. Esto no parece que pueda ser un problema, si se tiene en cuenta que CATALUÑA presenta actualmente un déficit del 0,93% y una deuda del 35,4% de su PBI, ambos por debajo de los límites que marca la UE (y que por el contrario no cumple ESPAÑA, con una deuda del 100% del PBI y un déficit fiscal del 4,54% del PBI).

En este caso, el insertarse en los mercados internacionales – lo que incluye el requerir financiamiento externo para producir y mostrar solidez macroeconómica -, es parte tanto de los ESTADOS como un todo, como de los niveles inferiores. En el caso particular de ARGENTINA, desde fines de los años 1970’ (en correlación con el ‘boom’ de los petrodólares a nivel internacional), las provincias han tomado financiamiento externo autónomo, con distintos resultados de largo plazo (generalmente más negativos que positivos, al no poder separarse de los efectos negativos de la realidad nacional, ni generar fuertes capacidades exportadoras endógenas que les provean de las divisas necesarias para pagar las deudas contraídas).

CATALUÑA exportó 42.878 millones de Euros en bienes a ESPAÑA – un superávit comercial catalán de 17.900 millones de Euros – y 22.281 millones de Euros en bienes al resto del mundo. Si CATALUÑA continúa en la UE o en el Espacio Económico Europeo (EEE), las empresas multinacionales (que suponen cerca del 60% de las exportaciones totales de CATALUÑA) seguirían operando todas en el nuevo país con la misma intensidad que lo hacen en la actualidad.

La capacidad de exportar se construye con el tiempo: esto es alcanzar una `capacidad productiva de escala, normas claras, productos diferenciados, y marketing estratégico para encontrar nichos de mercado y sustentabilidad financiera. Por ende, se debería comprender la dinámica de cada provincia para poder potenciar un escenario exportador per se complicado para un país donde la paradiplomacia se encuentra todavía en pañales, el modelo exportador se centra en pocas firmas de gran poder económico, bajo una lógica de producción concentrada en una decena de productos fuerza.

Otro tópico a resaltar es que las ventas al exterior catalanas representan el 25,6% del total de las exportaciones realizadas por las empresas españolas, lo que representó 65.142 millones de Euros para el año 2016 (su volumen continúa incrementándose año tras año). Más aún, éstas proceden de productos de alto valor agregado (como son los químicos o bienes de capital de alto contenido tecnológico); donde además se destaca que las empresas catalanas cuentan con proyectos de internacionalización fuertemente asentados y con un ingente soporte institucional por parte de la Generalitat.

La matriz productora exportadora argentina es uniformemente agrícola, donde los bienes primarios y las manufacturas de origen agropecuario ocupan la mayor parte de la canasta. Pero además, las zonas económicas exportadoras se centran en la pampa húmeda y alrededores, lo que ‘cerca’ aún más las posibilidades de diversificación. Si a ello le adicionamos la histórica falta de competitividad industrial, con la todavía incipiente exportación de servicios tecnológicos, se puede apreciar que el escenario provincial argentino es muy desigual y dista mucho de un análisis comparativo homogéneo con CATALUÑA.

En términos políticos/diplomáticos, no sería positivo para la UE sentar el precedente de una región rica que se separa con el argumento de que paga más de lo que debe; sobre todo sin el pago de ningún costo político o económico. Con el mismo argumento podrían reclamar la secesión el Véneto italiano, el Flandes belga o la Bavaria alemana.

Los procesos de reclamo por un mayor y más justo federalismo tienen sus grises. Por un lado, se encuentran aquellas provincias que, en pos de potenciar su independencia económica y confiando en sus capacidades superiores, desean la libertad para poder manejarse a su mejor conveniencia. Por el contrario, existen aquellas provincias que, por su histórica incapacidad productiva y permanente dependencia financiera del Estado Nacional, desearán mantener el statu-quo. Por ende, desde una visión nacional cada provincia presentará un desafío diferente.

Por otra parte, en caso de no ser parte de la UE, los independentistas catalanes apuntan hacia alternativas como la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) que agrupa a ISLANDIA, NORUEGA, SUIZA y LIECHTENSTEIN. Estos Estados, sin ser parte, tienen aranceles preferenciales con la UE.

La paradiplomacia u otras formas de llegada hacia el resto de los países de la región como bloque (un potencial acercamiento a la Alianza del Pacifico, para citar un ejemplo) podrá ser una opción válida de dinamismo económico. Dependerá de la política de inserción internacional que realice cada provincia argentina; incluyendo las capacidades productivas, el marketing estratégico, los acuerdos que se puedan tejer, etc.

Finalmente, la salida de la UE supondría la imposición de aranceles y el incremento de los costos administrativos de las compañías: lo que también derivaría en un freno en las compras de empresas españolas en CATALUÑA, ya que se buscarían proveedores en otras regiones debido al encarecimiento de los productos catalanes. Los economistas no independentistas calculan que la caída de las ventas de CATALUÑA al resto de ESPAÑA no sería inferior al 50%, lo que causaría un retroceso del PBI catalán del 10%.

Como contraparte, quienes aseguran que CATALUÑA seguiría dentro de la UE, defienden que la caída de las ventas al resto de España se compensaría por un aumento de las exportaciones de CATALUÑA a la UE y al resto del mundo; ya que se podrían reducir, en el corto plazo, precios y salarios para conseguirlo. Luego, una vez que se estabilice la macroeconomía, se volvería a generar un desarrollo similar al escenario pre-secesionista.

En este sentido, cualquier tipo de escenario de independencia económica que quisieran generar las provincias argentinas, requiere acomodamientos en términos de costos, logística o financiamiento para con otros actores estatales y no estatales. Una buena administración de cualquier tipo de transición disminuiría los ruidos económicos que pudiesen surgir.

En definitiva, a pesar de la profundidad del análisis que se pueda realizar, los escenarios futuros son hipotéticos: las expectativas, las alianzas y el escenario exógeno son dinámicos y podrían cambiar el futuro de cada jurisdicción que desee una mayor independencia a través de una salida, más o menos traumática, del statu-quo.

Consideraciones finales

En términos generales, las expectativas y las alianzas políticas/diplomáticas pueden cambiar radicalmente el escenario económico de mediano y largo plazo. En este sentido, y dependiendo de la posición ideológica para con la generación de políticas económicas, los beneficios y perjuicios para los distintos actores varían diametralmente de formas opuestas.

Un proceso de cualquier tinte secesionista o de separación económica podría generar un escenario negativo de reestructuración institucional e inestabilidad macroeconómica en el corto plazo, pero con un potencial reacomodamiento estabilizador en el mediano o largo plazo (siempre que se lleven a cabo las políticas apropiadas). En este aspecto, el sistema de financiamiento, las deudas contraídas, los activos a generar, y la posibilidad de realizar una política económica endógena, en conjunción con la mirada y el posicionamiento exógeno de los diversos actores internacionales (Estatales, Organizaciones Transnacionales, Corporaciones) hacia una jurisdicción con ahora nuevos y mayores atributos, determinarán el futuro macro y socio-económico de sus habitantes.

En cuanto a la situación de las provincias argentinas en particular, en varias ocasiones han sido tomadas como ‘rehenes’ del Gobierno Nacional, donde no se le girado los fondos comprometidos en tiempo y forma. Las consecuencias en algunas ocasiones enormes tensiones sociales, como ocurrió en la Provincia de Córdoba en Argentina en el mes de Diciembre de 2013.

La dependencia económica nacional de muchas provincias argentinas también se visualiza debido a su reducido tamaño (por ende los fondos coparticipables suelen tener una importante incidencia), pero fundamentalmente por la falta de un aparato productivo endógeno sólido que dinamice la economía local y genere un escenario de autosustentabilidad a través del crecimiento de ingresos propios (impositivos o a través de la generación de riqueza).

Por otro lado, tenemos la diferenciación entre los diferentes montos de aporte de cada jurisdicción a la producción nacional: el no recibir una contraparte acorde a ello, genera un escenario de lógica tensión y de repregunta filosófica/ideológica: ¿Debo aportar más de lo que recibo, ya que los demás no hacen un esfuerzo suficiente? ¿Las bondades geográficas son una justificación suficiente para tener privilegios? ¿Hasta qué punto se deben soportar ciertas asimetrías de las cuales no se tiene control?

La competencia entre jurisdicciones a nivel regional – en términos provinciales para el caso argentino – para atraer inversiones también es un punto central: aunque no existen las devaluaciones competitivas, si existen otros incentivos, como son los menores costos laborales o las mayores capacidades productivas/infraestructura, que hacen de algunas provincias más atractivas que otras. Ello a su vez conlleva un círculo virtuoso y vicioso, con migraciones domésticas que contribuyen al valor agregado en algunas provincias, pero que presionan al personal calificado y no calificado a migrar; dejando solamente a los empleados públicos, a las empresas/comercios dependientes del gobierno, y a las industrias de recursos naturales particulares de cada jurisdicción como bastiones de la economía.

Cabe aclarar que este último escenario descripto pro-extractivista no genera una competencia directa entre las provincias, pero tampoco ayuda a una transformación productiva que le permita a cada jurisdicción diversificarse y generar economías industriales y de servicios con mayor tecnología para con el mercado interno y la exportación. No podemos dejar de mencionar los enormes costos logísticos que tiene un país tan extenso como la Argentina, lo que claramente debe ser tomado en consideración ante un reordenamiento del aparato productivo.

Es dable destacar que el escenario de competencia también se visualiza a nivel inter-estatal. Un claro ejemplo es la atención médica gratuita de extranjeros en la ARGENTINA, ya que, al no tener las mínimas condiciones de salubridad en sus países de origen, se atienden en los hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Es justo que, porque el Estado Boliviano o el Estado Paraguayo no proveen los recursos acordes a sus ciudadanos, lo tengan que hacer pagar los ciudadanos argentinos con sus impuestos? Poco se puede hacer a nivel diplomático; en el mientras tanto, la discusión socio-política se acrecienta pari-passu a la crisis económica.

En referencia justamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si se le adiciona a la Provincia de Buenos Aires, entre ambas jurisdicciones poseen un poco más del 50% del PBI de la Argentina. En este sentido, observamos un unitarismo económico que obstaculiza las posibilidades del resto de las provincias: al concentrar las sedes centrales de las grandes corporaciones que más tributan, en adición a las mayores capacidades logísticas, de infraestructura y tecnológicas de escala, conlleva a que se absorban las intencionalidades de las Inversiones Extranjeras Directas más codiciadas, las cuales son las primariamente generadoras de los saltos cualitativos diferenciadores.

En definitiva, a todos los niveles del Estado se les exige más; pero la mayoría de las provincias tienen menos capacidades – con una fuerte presión externa para mantener el déficit fiscal a rajatabla y pagar las deudas a los grandes intereses financieros -, en conjunción con incrementos en la demanda de exigencias derivadas de crecientes recesiones que conviven con un mercado que no brinda respuestas.

No todas las provincias – mejor dicho los gobernantes -, querrán tener la responsabilidad de hacerse cargo de sus destinos. A la comodidad del estatus quo que solidifica la rentabilidad espuria de las elites políticas y económicas, se le adiciona una dependencia que genera permanente potenciales culpabilidades exógenas, lo que a su vez permite poder poner en tela de juicio los procesos federalistas de cualquier índole.

También el efecto espejo o imitación dependerá de cada dinámica coyuntural en particular: un país como ARGENTINA, donde fluyen las heterogeneidades y las disputas, seguramente generará discusiones permanentes a todo nivel sobre la viabilidad de un sistema más autonómico para las provincias.

Sin embargo, el revertir la tendencia descripta no debería ser una utopía. El entendimiento interprovincial para potenciar los concatenamientos productivos y poder adentrarse mejor en el complejo escenario internacional, puede ser un elemento clave para demostrar una mayor madurez institucional que potencie círculos virtuosos de credibilidad política y económica para con el resto de los actores domésticos e internacionales con potenciales intereses económicos en cada región de la ARGENTINA.

Por ende, solo una gestión de excelencia de los recursos, sumado a una política de Estado, podrá atraer las inversiones endógenas y exógenas necesarias para desarrollar un sustentable sector privado productivo pujante. La mayor institucionalidad colectiva que se pueda crear (porque la situación de las provincias argentinas no se podrá escindir de las problemáticas nacionales) deberá conjugarse con un esfuerzo de largo plazo que demuestre un modo diferente de trabajo; es decir, con la seriedad, el mérito y la ética necesaria, de manera sostenida en el tiempo.

Cataluña: La autonomía económica como principal objetivo

http://www.acercandonaciones.com/news/cataluna-la-autonomia-economica-como-principal-objetivo.html

Por estos días, Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas que forman el Reino de España, ha dejado en claro que va en busca de su autonomía. Aunque ya hace décadas el Gobierno de España les ha otorgado una serie de concesiones para que los catalanes puedan mantener y promover su historia y su cultura, parece que en la actualidad no es suficiente. Sí lo fue en el pasado; pero no en un presente donde la crisis económica española ha entrado en un estadío sin precedentes en las últimas décadas.
Por ello, el principal argumento que esbozan hoy en día los nacionalistas para justificar la escisión de España, es el trato injusto en materia fiscal. Según los datos oficiales del gobierno Catalán, el desajuste entre lo que aportan los 7,5 millones de catalanes y lo que reciben del Estado Español, les causa un déficit de 16.500 millones de Euros al año, alrededor del 8,5% de su PBI. Esta situación ha llevado a un espiral de endeudamiento a altas tasas de interés que no solo limitan la potencialidad de la economía regional, sino que además atentan contra la seguridad social y el futuro de millones de jóvenes que no logran insertarse en el mercado laboral.
Por lo tanto, mientras la pérdida económica parece conllevar más fuerza que la pérdida de identidad, la complejidad de un escenario sistémico incapaz de solucionar las estructurales problemáticas económicas y financieras – tanto del sector público como de una gran parte de la ciudadanía – ha generado fuertes rispideces entre secesionistas y nacionalistas españoles, que terminan traduciéndose en disputas dialécticas de “pobres contra menos pobres”, o “ineficientes contra menos eficientes”.
El escenario catalán no es propiedad de aquella región del planeta. En distintas áreas del globo, el objetivo de diversos grupos nacionales no sería un abrazar a la historia o a la cultura que promueven como propia, ni tampoco a los deseos políticos-institucionales para lograr la plena autonomía. Sería más bien un paso más para asegurarse los recursos económicos que posee, permitiendo convertirla en una jurisdicción más rica y autosuficiente, y que limite la dependencia de un mundo exterior cada vez más complejo y competitivo en términos económicos y financieros.
EL cuestionamiento principal, nos llevaría a racionalizar una situación de fuerte inestabilidad. Si en términos relativos, cualquier provincia u municipio del planeta, se encuentra ‘perjudicada’ en términos económicos (siempre podría encontrarse algún justificativo cultural o étnico marginal para demostrar la diferenciación), podría pedir la escisión. Aunque el verdadero problema sea un diferendo en la redistribución de la coparticipación federal, las incapacidades productivas, o la designación de subsidios infundados. En definitiva, se podría abrir una caja de Pandora con derivaciones políticas, económicas y sociales, tanto a nivel nacional como en términos geopolíticos, que generarían, como mínimo, un incierto porvenir.

El cansancio ante la falta de respuestas

Autor: Pablo Kornblum – Publicado en el diario Tiempo Argentino el 22 de Noviembre de 2014

http://tiempo.infonews.com/nota/138345/el-cansancio-ante-la-falta-de-respuestas

La historia indica que los cambios radicales se producen bajo una gran opresión social, ya sea de tinte político, económico o cultural. Desde la revolución bolchevique hace casi un siglo, hasta la reciente primavera árabe, se ha demostrado cómo el hartazgo ciudadano conduce a revueltas que, según las especificidades temporales y geográficas, pueden tener mayores o menores impactos.
El partido político Podemos refleja, ante todo, este contexto. El cansancio de una economía que hace siete años vive una profunda decadencia y ya ha dejado huellas terriblemente adversas en todo el entramado socio-económico. Pero además potencia un segundo escenario, aquel que el bienestar económico ahora desaparecido oculta: el de la corrupción enraizada en los eternos Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. Apañados por las élites del status quo, ambos sostienen un bipartidismo a ultranza que reproduce las ideas teóricamente “centristas”, pero siempre bajo la lógica de la defensa de los intereses concentrados.
Las políticas contra el ajuste, probadamente ineficaz pero aplaudidas por los mercados financieros y las élites políticas, son el caballito de batalla de Podemos. A ello se le adiciona la nacionalización de los servicios estratégicos, la lucha contra la corrupción, la expropiación de viviendas vacías y terrenos agrícolas sin producir, el apoyo a las minorías, el promover la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas, el derecho de autodeterminación de las distintas regiones españolas, y una relación con el mundo más libre y fuera de la OTAN.
¿Que los diferencia entonces de la izquierda tradicional? Justamente esto, que no es un partido tradicional (tiene sólo un año de vida) y no estaría viciado de los males que tendrían los partidos longevos (incluidos los de izquierda). Y es una izquierda que sale de los libros y busca las calles; son “indignados” que no encuentran desconsuelo en las charlas de café. En este aspecto, se vislumbra una oportunidad histórica de profundizar la acción colectiva de la otrora poderosa izquierda española, la cual puede marcar un punto de inflexión en el país y en la región.
Para concluir, el engrandecimiento de Podemos ya genera detractores entre los más poderosos. Desde el ala conservadora lo catalogan como un simple movimiento de protesta y rechazo que se alimenta sobre todo de los errores ajenos, y no como un partido con capacidad de gobernar. El mismo Rajoy aseveró desde el ideologismo –ya que bajo el pragmatismo no evidencia algún tipo de resultado económico positivo durante su gestión– que “va a trabajar y hacer todo lo que esté en sus manos para evitar el avance de los populismos”.
Para contrarrestar estos ataques Podemos deberá actuar enérgicamente. Y está más que demostrado que lo podrá hacer: está en la esencia de este nuevo partido devolverle la esperanza a aquellos que hace mucho tiempo la perdieron.

Algo más que paliativo para la crisis española

Publicado en el Diario Tiempo Argentino, el 25 de Junio de 2014

http://tiempo.infonews.com/2014/06/25/editorial-127042-algo-mas-que-paliativo-para-la-crisis-espanola.php

Las cifras son alarmantes. Un total de 2.306.000 niños (el 27,5% del total) viven en España bajo el umbral de la pobreza. Y el Organismo de la ONU para la infancia, UNICEF, se ha hecho eco de la situación: le propuso al país crear una asignación universal por hijo de 1200 euros al año, lo que supondría una reducción de la pobreza infantil en torno al 18%, con un costo para las arcas públicas de 9.400 millones de euros al año.

Este escenario genera algunas reflexiones, troncales y desideologizadas, pero lamentablemente olvidadas ante los dilemas de la coyuntura y las mezquindades políticas.

Para comenzar, el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos que no cuenten con los medios necesarios para vivir dignamente. Más aún a los niños, quienes no deben trabajar; su responsabilidad se debe limitar al aprendizaje de valores y conocimiento. Cuando los mismos conllevan solidez, el desarrollo futuro, tanto personal como colectivo, será como mínimo provechoso.
Concatenado con el punto anterior, el Estado debe velar por la igualdad de oportunidades para los niños. Desde una visión neoclásica o marxista – siendo al comienzo o durante todo el proceso de crecimiento del ciudadano -, la equidad en los basamentos sociales (salud y educación de calidad, infraestructura habitacional acorde, etc.), se presenta como un concepto sinequanon para que las posibilidades y capacidades se desarrollen armónicamente en todas las ramas sociales y productivas.
Finalmente, en la pobreza infantil se encuentra “el germen” de una sociedad más pobre y desigual a futuro. El círculo vicioso de la pobreza no es solo un condimento economicista que se traslada de generación en generación: torna natural la incapacidad de tener una vida mejor, además de potenciar la incomprensión de que el sistema es dinámico y el futuro no solo es un magro porvenir que debe ser esperado con pasividad y resignación.

Sin embargo, las prioridades para el gobierno Español parecen encontrarse en otros lares: el Gasto Social para la niñez ha descendido un 14,6% desde el año 2010. Por ello, es importante resaltar que aunque la asignación universal no es la solución a la crisis macroeconómica y financiera que vive el país hace más de un quinquenio, si puede transformarse en el punto de inflexión que demuestre que el cambio moral es posible, y que las prioridades deben ir más allá de políticas vacías y viciadas de intereses que solo benefician a unos pocos.

España enfrenta el más difícil proceso de transformación

Revista veintitres internacional - Febrero 2011

http://www.elargentino.com/nota-128706-medios-140-El-dificil-proceso-de-transformacion.html

Autor: Pablo Kornblum

España ha sido, por siglos, una de las grandes potencias mundiales. Sin embargo, su persistente proceso de acumulación feudal y extractivo, conllevó a que los anales del siglo XIX lo hayan encontrado relegado ante las nuevas potencias del escenario internacional. Con la multiplicación de procesos productivos derivados de una sólida base industrialista, Gran Bretaña, Alemana y los Estados Unidos habían logrado una hegemonía económica que sentaría las bases para su posterior expansión geopolítica. El salto cualitativo político e institucional de las potencias Occidentales solo llegaría luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, pero el avance hacia un capitalismo competitivo y desarrollado ya estaba en marcha. 

España llevó a cabo el proceso inverso. Por décadas, la dictadura Franquista, con un comportamiento periférico y dependiente, continuó estancando al país en base a una economía agraria limitada de concatenamientos productivos y valor agregado. Peor aún, el sistema político dictatorial solo coartaba libertades y concentraba el poder en una elite inmutable ante la necesidad de cambio del status-quo económico. Solo la muerte de su líder provocó la caída de un régimen ya exhausto, cediendo paso a un Pacto de la Moncloa que se convirtió en una gran reforma institucional paradigmática para toda la humanidad.

Lo lógica del imperioso orden previo al progreso prevaleció, por lo que la transformación económica fue lenta hasta que las bases políticas se solidificarán. Sin embargo, menos de 15 años después, el naciente modelo neoliberal encontró a España como uno de los principales beneficiados de los enormes flujos de capital, acelerando el crecimiento económico en base al pujante desarrollo de los sectores de las finanzas, las telecomunicaciones y el turismo. La “revolución productiva” derivada de una transformación económica focalizada en el dinamismo de los servicios, sentaría luego las bases para la posterior exponencial expansión económica: Un sistema bancario con abundante liquidez para solventar la industria de la construcción y el consumo suntuario, motorizando las cadenas de valor de una vigorosa economía.

Lamentablemente, las mieles de la bonanza no son eternas en un mundo cambiante que requiere de constante adaptación; más difícil aún en un contexto de derechos políticos y económicos adquiridos. En este sentido, la globalización capitalista es sumamente disciplinadora. Superávit fiscal junto con altos niveles de productividad y competitividad son los requerimientos necesarios (aunque no suficientes) para evitar los descalabros macroeconómicos y fomentar una planificación adecuada para lograr un crecimiento con desarrollo económico sustentable.

Pero los “deberes” no se hicieron y el colapso llegó; tanto el flanco doméstico como el externo debilitaron a un gobierno falto de regulaciones y prevención. Adoptar un régimen monetario rígido significaba un compromiso firme con la estabilidad de precios y el respeto de los contratos adquiridos; sin embargo, el rédito político obstaculizó cualquier intento de frenar el excesivo consumo privado de un individualismo creciente -la deuda de las familias asciende a 900.000 millones de euros-; como así también atisbo alguno de juzgamiento para con los abultados márgenes de rentabilidad empresarial derivados mayoritariamente de un capitalismo financiero desacoplado de la economía real. Por lo tanto el déficit, que no había sido otra cosa que el ahorro externo que decidió volcarse a España para financiar su expansión económica, dio lugar a una elevada e incontenible deuda externa.

Las consecuencias están a la vista. Por un lado, los bancos españoles ya han sufrido un primer tsunami proveniente de los 420.000 millones de Euros que les debe la industria de la construcción (representa el 18% del PBI Español). Este año la crisis se profundizará, ya que se espera una segunda oleada: la imposibilidad de repago de las deudas hipotecarias y crediticias a consecuencia de la creciente desocupación (20,8% de la población económicamente activa). Los primeros desempleados de la crisis están cerca de agotar el subsidio, por lo que reforzarán el círculo vicioso recesivo de la falta de crédito, consumo e inversión. En el mismo sentido, la formación bruta de capital fijo (-3%) seguirá teniendo un comportamiento peor que los otros componentes del PBI, principalmente debido al severo ajuste del sector inmobiliario que no se verá compensado por el estancamiento en el índice de inversión en bienes de equipamiento.

Por otro lado, la Balanza de Pagos, ha sido deficitaria en 2010 en 35.987 millones de euros. Un Euro sobrevaluado inmerso en una economía de alto consumo, ha sido más influyente que los estímulos conservadores consecuentes de la retracción económica (la economía española cerró el año 2010 con un retroceso del PBI en un 0,1%). A ello debemos agregarle el incremento del precio de los commodities (en especial los del petróleo), que también influirá en un aumento en el nivel de importaciones.

El gasto público creciente, más allá de cualquier discusión ética, también es una realidad. Solo para citar un ejemplo, en 1977 había 700.000 funcionarios públicos, mientras que en la actualidad ya superan largamente los tres millones de trabajadores estatales. La enorme estructura burocrática confluye con un marco económico en constante crecimiento, pero es de difícil manutención bajo una coyuntura crítica como la actual. Según un informe del Ejecutivo comunitario, se prevé que el déficit público será del 6,4% del PBI en 2011, principalmente debido a que se estima que el crecimiento del PIB será de solo el 0,7% para el corriente año.

Finalmente, en un sistema cada vez más desigual, la desaprensión y la falta de expectativas de los 4.700.000 de desocupados han conllevado a una crispación creciente en la puja de intereses. Eso es lo que busca desesperadamente evitar el gobierno de Zapatero. Para ello, desea volver a las fuentes que tanto éxito han dado; un nuevo “Pacto de la Moncloa” que logre un acuerdo nacional entre todos los actores socio-económicos, bajo un marco de unidad inmerso en una gran alianza socio-productiva entre el Estado, el sector empresarial y los trabajadores.

El problema del PSOE es que el mundo de hoy no es el mismo que cuatro décadas atrás. Por un lado, el empresariado se ha transnacionalizado, con objetivos que van más allá de los intereses nacionales. En este sentido, los análisis indican que los beneficios empresariales seguirán recuperándose durante el 2011, sobre todo las empresas con mayor expansión en Latinoamérica y Asia, cuyos ingresos no se encuentran sujetos en su totalidad a la recesión española.

Por otro lado, en un marco de gran apreciación del Euro, la competencia con potencias emergentes con demostrada capacidad en las áreas de infraestructura, tecnología y capital humano, es cada vez mayor. A ello debemos agregarle la dependencia en términos de política monetaria, que deriva inevitablemente en constantes ofrecimientos y concesiones para con los mercados globales con el mero objeto de mantener la estabilidad y la confianza. Por ahora, se encuentran lejos del objetivo: en el último año, el spread del bono español a 10 años frente a su par alemán se ha ampliado en unos 200 puntos básicos, como prueba fehaciente de la desconfianza que todavía reina en los mercados para con la situación española. Para citar solo un ejemplo, pocos creen que el gobierno socialista pueda reducir el déficit público del 12% al 3% en un período de 3 años. Por lo tanto, los sacrificios de los empleados públicos que ya han sido castigados con un descenso del 5% en sus salarios, por ahora han sido en vano.

Para concluir, una cooperación intra e internacional verdadera parece ser la única salida, aunque por ahora es solo una utopía. A nivel doméstico, el PP indicó que el acuerdo “son solo palabras”, insistiendo en que el mismo conllevará implicancias negativas para los derechos de los pensionistas y los trabajadores (ya se ha acordado aumentar la edad jubilatoria hasta los 67 años). En cuanto a la política exterior, Zapatero reclamó recientemente a Alemania que tome una posición más activa ante la crisis regional, además de declarar que Alemania y Francia “tienen que impulsar una unión económica más perfecta” mientras recordaba que “todos los países” ayudan a Irlanda y a Grecia, por lo que espera “hagan lo mismo con España”. Exponer culpabilidades exógenas solo desnuda las fragilidades sistémicas, elude responsabilidades propias y propaga un marco de desconfianza política, económica y comercial entre los miembros del bloque. 

En definitiva, hemos observado que la caída ha sido profunda luego de una construcción económica y política exitosa pero asentado en bases frágiles para el complejo mundo actual. ¿Será este un nuevo punto de inflexión histórico para España? La respuesta es incierta. Solo podemos afirmar que mientras no se analicen las verdaderas causas y se evite determinar las consecuentes responsabilidades, la tendencia hacia la inequidad distributiva y la pobreza creciente difícilmente pueda revertirse. En el mientras tanto, millones de españoles sufren expectantes un cambio de rumbo en sus vidas.

La crisis de los PIGS y los falsos intereses comunes

Revista veintitres internacional - Diciembre 2010

http://www.elargentino.com/nota-118594-medios-120-La-crisis-del-euro.html

Autor: Pablo Kornblum

A principios de la década de 1990’ se presentaron algunos hechos fundamentales que cambiaron radicalmente la vida de los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España). La ola globalizadora, potenciada luego de la caída del Muro de Berlín, encontró su desarrollo máximo a nivel regional luego de la firma del Tratado de Maastricht (1992), donde se terminó de establecer los pasos a seguir para lograr una Unión Monetaria, para luego dar paso a la concreción de un Mercado Común con la liberalización de los flujos de capitales y la libre movilidad de personas. La calificación para ingresar como miembros era sencilla: solo obligaba a alinear las tasas de inflación e interés, lograr un déficit fiscal no mayor al 3% del PBI y evitar que la deuda pública exceda el 60% del PBI.

Por otro lado, la integración regional requería esfuerzos pero vislumbraba un futuro próspero. Al apoyo de las potencias europeas a través del conocimiento/experiencia, la estabilidad institucional y la fortaleza económica, se le agregó la posibilidad de obtener subsidios de compensación y acceder a tasas de interés más bajas que las que podían conseguir con sus respectivas monedas nacionales. La bonanza provista por los flujos de capital domésticos e intra-regionales deslumbró rápidamente a los gobernantes de turno, los cuales aprovecharon la coyuntura para combinar el rédito electoral con el beneplácito de los Organismos Internacionales.

Ya hacia fines del siglo XX, las burbujas especulativas parecían no mellar en el ideario de los miembros de la Unión Europea. Las crisis del Sudeste Asiático, Rusia o América Latina pertenecían a regiones con las típicas fragilidades del subdesarrollo, incluyendo graves problemas institucionales y económicos estructurales que se encontraban, supuestamente, fuera del espectro del modelo Europeo Occidental del desarrollo. Las estadísticas lo reflejaban con claridad: la bonanza en las áreas de la construcción, los servicios tecnológicos/financieros y los desarrollos turísticos multiplicaban positivamente los indicadores económicos. Si a ello le agregamos la externalizacion difusa de la problemática de la pobreza derivada de la libre movilidad del factor trabajo dentro de la Eurozona, la relación Ingresos/Gastos de los PIGS se fue incrementando aún más.

Pero lamentablemente, los milagros económicos no existen y el transcurso del siglo XXI fue desnudando lentamente las fragilidades sistémicas. La falta de regulaciones conllevó a préstamos para inversiones en carteras de alto riesgo. La competitividad se vio resentida debido a los bajos costos de los países emergentes embebidos en un marco de mayor productividad (incremento de los mercados internos, mejoras tecnológicas y de infraestructura, multilateralidad creciente). Además, la falta de una política monetaria autónoma y un gasto gubernamental creciente, alejaban cada día más los indicadores económicos de los requisitos acordados en el Tratado de Maastrich: para el año 2010, la Deuda Pública de Irlanda llegó al 61,1% del PBI y el Déficit fiscal se sitúo en el 14,7%; en tanto que para Portugal, la situación no es muy diferente: 83,7% y 8,3% respectivamente. Por otro lado, mientras que las tasas de interés del Banco Europeo convergían a la baja con las alemanas, la paridad del poder adquisitivo del Euro se diferenciaba cada vez más entre los distintos países, de acuerdo con sus respectivas tasas de inflación. Entre 1997 y 2009 el nivel general de precios aumentó en Irlanda el 39,9% y en Portugal el 34,7%, mientras que en Alemania solo un 19,2% y en Francia un 22%. De este modo, se abarataron las importaciones y aumentaron los déficits externos de los europeos en general y los PIGS en particular.  Finalmente, los costos productivos y salariales crecientes de un Euro fortalecido en una región con altos niveles históricos de desarrollo socio-económico, comenzaron a provocar efectos negativos inversos a los vividos en una primera etapa de la integración.

Para enmarcar este contexto, el gran derrumbe económico y financiero desatado en el año 2008 sentó un precedente político importante de post-guerra: las crisis económicas podían doblegar al mundo desarrollado y sus correspondientes “Estados de Bienestar”. Los miedos sistémicos retrotrajeron a los flujos financieros hacia decisiones conservadoras y expectativas cautelosas. Los Organismos económicos y políticos internacionales se acordaban tardíamente de la importancia del cumplimiento de las reglas y la regulación. Mientras que los gobiernos, desesperados por contener las tensiones sociales desatadas por la gran crisis y potenciada por las fragilidades previamente mencionadas, buscaban infructuosamente una receta mágica que ayude a solucionar la grave problemática.

Para enfrentar este contexto adverso, los gobiernos de Portugal e Irlanda decidieron utilizar las viejas recetas neoclásicas emuladas por los Organismos Multilaterales, aquellos que nunca terminaron de admitir culpabilidad alguna de las crisis nacionales y regionales de las últimas décadas. Como mencionó el presidente de uno de los principales sindicatos de Irlanda hace algunas semanas, Jack O’Connor, el nuevo plan es “una hoja de ruta hacia la edad de piedra…”. La pregunta lógica de porqué volver a políticas recesivas de corto plazo y socialmente dañinas en el largo plazo, parece contener una simple respuesta: la problemática es de tinte global y sistémico, lo que implica respuestas de cambios estructurales políticamente inviables para un mundo íntimamente interrelacionado a nivel económico y extremadamente respetuoso de las formalidades diplomáticas.

¿Continuarán los PIGS y el resto de los países de la Unión Europea proponiendo medidas de ajuste ortodoxo hiriendo de muerte a un Estado de Bienestar en decadencia? ¿Seguirán los intereses de los grupos concentrados desviando el foco de atención en nombre de un realismo político patriótico?

Probablemente, la respuesta sea afirmativa y se asiente en dos pilares fundamentales. Por un lado, la homogeneización económica internacional derivada de la nueva multipolaridad, conlleva a una situación donde la Unión Europea no solo compite fuertemente con los Estados Unidos y Japón, sino también con el BRIC, el Sudeste Asiático y América Latina. Esta situación implica que países como Irlanda y Portugal tengan la difícil misión de realizar políticas económicas con gran impacto en la productividad para lograr un salto cualitativo de competitividad dinámica sustentable a nivel doméstico, como así también la activación de todos los mecanismos necesarios para fortalecer la diplomacia comercial a través de las especificidades de mercado y con foco en el capital físico/humano y los recursos naturales.

Por otro lado, las heterogeneidades intrínsecas derivadas de las desigualdades del sistema capitalista no detienen su marcha, conllevando a que la lucha de poder entre las elites económicas/políticas y las clases trabajadoras sea de una asimetría sin precedentes: Terciarizaciones a mercados periféricos, disminución del Gasto Público/Social y fuertes disminuciones al salario real en sus diversas variantes (devaluaciones, incrementos de impuestos regresivos, inmigración, aumentos de la edad jubilatoria, etc.). En este sentido, Portugal recortará en 2011 los gastos en salarios y sueldos del servicio público en un 5%, subirá el IVA del 21 al 23%, aumentará los impuestos sobre la renta y reducirá la ayuda social. Irlanda, por su parte, proyecta eliminar 24.750 empleos públicos (el 8%), reducir las prestaciones de bienestar social y pensiones, e impondrá nuevos impuestos a las propiedades y al agua. En total, se propone reducir en 13.300 millones de dólares el gasto público y recaudar 6700 millones de dólares en impuestos adicionales entre 2011 y 2014.

Podemos observar entonces que la lógica de funcionamiento de la economía de post-guerra se ha quebrado. Hasta hace pocos años, el ámbito de referencia principal de las empresas eran los espacios nacionales, lugar donde se celebraban los acuerdos entre capital y trabajo, y sobre el que el Estado proyectaba su poder de intervención y regulación. Con las nuevas condiciones, los empresarios ganaron muchos grados de libertad para elegir sus emplazamientos, forzando a una creciente competencia entre los Estados para retenerlos por medio de concesiones especiales dirigidas a fortalecer las ganancias empresarias a través de reducciones impositivas, una mayor liberalización de los mercados, programas de apoyo y subsidios, legislación más flexible, etc. Ahora bien, esta competencia generó un costo fiscal importante, obligando a reducir otros gastos, especialmente en materia de seguridad social e inversión en infraestructura. Por lo tanto, mientras los costos de la competencia ahora recaen sobre la población y el trabajo, las grandes corporaciones procuran mejorar su posición en los mercados internacionales a fin de compensar con exportaciones crecientes las constreñidas demandas internas. Para los grandes grupos económicos europeos, la llamada globalización se convirtió en una alternativa al clima de depresión interna provocado por las políticas neoliberales. Lo que es más grave aún es que las políticas contractivas actuales de los gobiernos europeos potencian esta situación recesiva, disminuyendo la demanda y contrayendo aún más economías que, como Irlanda y Portugal, ya han retrocedido en su PBI un -7,1% y -2,7% respectivamente el año pasado.

Peor aún, las noticias de los últimos días nos indican que la socialización de las deudas continúa su marcha. A pesar de las críticas opositoras, el premier Irlandés Cowen salió a defender como pudo el “bailout” o rescate de 85.000 millones de euros de la Unión Europea y el FMI, lo que implicará mayor deuda futura para rescatar al sistema financiero y no al sistema productivo. En este sentido, el gobierno irlandés parece olvidar la premisa de que en una economía sana los flujos de capital deben ser solo un medio para servir a la economía real, y no la inversa a costa de los otros sectores generadores de bienes y servicios. Siguiendo esta línea de análisis, se debe recalcar que los rescates tienen un trasfondo detrás de la buena voluntad y reciprocidad regional: las grandes potencias de la Unión Europea, como Alemania y Francia, tienen grandes intereses creados ya que muchos de sus fondos y bancos de inversión que han puesto importantes sumas de dinero en la época del boom económico, no podrían resistir un colapso financiero de los PIGS.

Por otro lado, el gobierno irlandés se apresta a inyectar centenares de millones de euros como capital en sus bancos, en una virtual nacionalización del AIB y el Bank of Ireland, que fueron los que más créditos otorgaron durante los años del boom del “Tigre Celta”. Tal cual ocurrió a principios de la década de 1980’ cuando se nacionalizó la deuda privada en la Argentina, los accionistas y Organismos Internacionales también entienden a los Estados-Nación como los únicos deudores tangibles y punibles, desasociando las responsabilidades de quienes contrajeron la deuda con los de la ciudadanía en su conjunto que injustamente debe cargar con ella.

En cuanto a los mercados domésticos, los bonos portugueses a 10 años ya ofrecen más de un 7% mientras que Alemania – la referencia en Europa – los coloca a poco más del 2,5%. La gravedad de esta situación no solo implica la potenciación de la deuda futura, sino que además impacta directamente en el incremento de las tasas de interés reales, retrayendo cualquier posibilidad de las Pymes y los particulares de tomar créditos para la producción y el consumo. Si a ello le agregamos la contracción de la demanda doméstica tanto por parte del sector privado (la desocupación en Irlanda se sitúa en el 12%, mientras que en Portugal yo llegó al 10%) como la derivada de la disminución del gasto gubernamental, las posibilidades de un rebote económico positivo son cada vez más escasas. En este sentido, el comisario de Asuntos Económicos de la UE, Olli Rehn, declaró que el plan es “una importante contribución a la estabilización de las finanzas públicas irlandesas”. Demasiada estabilidad para una economía que se encuentra estancada y con tensiones sociales crecientes.

Finalmente, en los últimos días los ministros de Finanzas de la UE avanzaron en discusiones para hacer permanente el por ahora provisional fondo de 750.000 millones aprobado el mes de Mayo pasado para rescatar a los miembros del euro antes de que tuvieran que declarar un default. El miedo a otra crisis derivada de las ineficiencias, el temor a los mercados y los perjuicios a los intereses de ciertas elites, parecen tener más preponderancia que las políticas públicas proactivas, firmes e inclusivas.
 
Para concluir, hemos evidenciado que tanto desde una perspectiva global a través de las relaciones interestatales, como a través de los desarrollos intrínsecos de los Estados-Nación, las inequidades en la distribución global de la riqueza conllevan a que cada día más, en el otrora mundo denominado desarrollado, las clases trabajadoras, los pobres y los excluidos se vean arrinconados dentro de un marco socio-económico que provee un margen de maniobra escaso y sin soluciones estructurales. Por otro lado, la actual crisis de los PIGS refleja una realidad poco discutida por el sistema económico y político internacional: los Estados-Nación incluyen un conjunto de actores con intereses cada vez más diversos, en un marco de recursos escasos y de crisis moral. Solo para citar un ejemplo, al mismo tiempo que días atrás la Ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, aseguraba que los europeos están “determinados y comprometidos” a “defender el euro y la zona monetaria”, la organización Europea NutriAction emitía un informe en el cual indicaba que 600.000 personas mayores de 65 años en Portugal sufren hambre o están desnutridos, mientras que el 27% de los 10 millones de portugueses no tiene nada que comer al menos un día al mes. Esta situación nos demuestra que si los gobiernos no logran nivelar y consensuar un plano ético y político de dialogo, difícilmente se podrá lograr la inmediata redistribución de la riqueza tan necesaria para aquellos que, indefectiblemente, no tienen tiempo para esperar los falsos milagros macroeconómicos provenientes de inexistentes nacionalismos/regionalismos fomentados por los grupos concentrados de interés.

Un cambio de perspectiva para ETA

Publicado en el diario BAE, 07 de Septiembre de 2010.

Autor: Pablo Kornblum

El Sábado pasado, el grupo armado vasco ETA anunció un alto al fuego por medio de un video enviado a la cadena británica BBC, en el que afirmó que no “llevará a cabo acciones armadas” en su campaña por la independencia. En palabras de sus voceros, “ETA se reafirma en el compromiso con una solución democrática (…) para que, a través del diálogo y la negociación, los ciudadanos vascos podamos decidir nuestro futuro de forma libre y democrática”. Sin embargo, el alto el fuego de ETA suena más a desesperación que a convicción, ya que la debilidad contextual tiene raíces sistémicas que deben ser comprendidas y modificadas si se quiere lograr cierta viabilidad y consensos en los objetivos históricamente planteados.

Euskadi Ta Askatasuna (expresión en euskera traducible al castellano como País Vasco y Libertad), conocida por sus siglas ETA, ha nacido como una organización independentista, nacionalista vasca y marxista-leninista. Fundada en 1958 durante la dictadura franquista tras la expulsión de miembros de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, cometió su primera acción violenta en julio de 1961 e, inicialmente, contó con el apoyo de una parte significativa de la población al ser considerada una más de las organizaciones opuestas al régimen. En aquel momento, el mundo vivenciaba un contexto donde la violencia ideológica era asociada a los deseos de libertad e igualdad, la lucha contra el franquismo era sinónimo de democracia y autonomía, y la metodología de oposición estaba estrictamente relacionada con el margen de maniobra que proveía la coyuntura. 

Años más tarde, con el avance norteamericano y el retroceso soviético, la expansión capitalista mundial fue asociada a la palabra democracia – donde los gobiernos democráticos serían más sencillos de amalgamar al sistema corporativo que dictaduras de difícil control -, por lo que los procesos de emancipación no tardaron en llegar. En el año 1977 fue el turno de España. Y al avance capitalista, se le adicionó el respeto al derecho y a las soluciones pacificas, debilitando las bases políticas de ETA y su impronta por la lucha armada. Pero ETA redobló la apuesta. En aquel momento, pensaron que el proceso democrático podría ser de mero carácter transitorio, mientras que el socialismo aún estaba vivo. Más aún: el alejamiento del proceso democratizador conllevó a que la extorsión, el secuestro y el denominado “impuesto revolucionario”, se conviertan en casi la única alternativa de autofinanciamiento para su lucha contra el capitalismo.

Sin embargo, el transcurso del tiempo no produjo cambios favorables para la organización. Si a la consolidación de un Estado democrático pacífico que reafirmó las bases institucionales y jurisdiccionales del status-quo, se le agregó la victoria del capitalismo transnacional sobre las estructuras culturales domésticas, la metodología de acción de la organización perdió el consenso social que tanto había dado para su creación medio siglo atrás. Según el Euskobarómetro (estudio sociológico realizado por un equipo de profesores de la Universidad del País Vasco) de mayo de 2009, el 64% los vascos rechazaba totalmente a ETA. El 13% opinaba que en el pasado su violencia había estado justificada, pero en el momento de la encuesta no. Un 10% compartía sus fines, pero no sus métodos violentos. Finalmente, mientras el 3% justificaban parcialmente la acción ETA, criticando sus errores, solo el 1% de la población dijo que la apoyaban totalmente.

En la actualidad y dentro de un conformismo social mayoritario, parece muy difícil que ETA logre sus objetivos sin cambios radicales en el corazón de su accionar. Por un lado, el crecimiento económico español de las últimas décadas se ha visto potenciado por las mejoras en el autogobierno vasco conseguidas por los nacionalistas moderados, eliminando cualquier tipo de cuestionamiento sistémico. Por el otro, el desarrollo por vía pacífica de una cultura nacional, con su lengua y sus costumbres, ha sido aceptado como complemento de un marco nacional español abarcativo y pluralista.

En definitiva, ETA deberá meditar sobre su accionar de aquí en adelante. Más allá de su compromiso ideológico, cultural y nacional, que merece un análisis aparte, el camino actual no posee el apoyo social y político que pueda encausar sus reivindicaciones. Y si no hay un cambio de rumbo, solo quedan los métodos ilegales para incrementar su riqueza y poder así continuar su lucha. Pero ETA debe tener cuidado. Si no hay un vuelco sustancial, las organizaciones con las arcas más grandes, los gobiernos de España y Francia, redoblarán sus esfuerzos económicos y militares hasta lograr el desmantelamiento definitivo de una de las agrupaciones más antiguas y reconocidas del planeta.