El rol del lavado de dinero en la economía

Por Pablo Kornblum

https://www.yumpu.com/es/document/view/59209957/revista-julio-n11

El lavado de dinero, que ya representa alrededor del 7% del PBI global, tiene consecuencias, tanto positivas como negativas, para el balance de cualquier economía. En tanto a las primeras, más allá del origen del dinero, productores y consumidores que se encuentran con liquidez extra tendrán mayor capacidad de pago para acceder a otros bienes y servicios a los que antes no accedían. Industrias como las de servicios, entretenimiento, turismo, construcción, también se ven beneficiadas por ingentes sumas de inversión provenientes del lavado de dinero.

Por otro lado, al mezclar fondos ilícitos con lícitos, se genera un incremento artificial del PBI, que en virtud del tipo de actividad legal tendería a incrementar la recaudación fiscal. Además, el ingreso de divisas también puede ser, si se canaliza a través de reservas generalmente escasas, como un estabilizador del tipo de cambio. A ello se le puede adicionar una reducción de costos (y de precios para el consumidor), solo posibles de fondear con dinero ilegal, fuera del interés medio que pagan por el dinero el resto de los actores de la economía.

Por el contrario, el lavado de activos también genera costos y distorsiones. Uno de los ejemplos macroeconómicos más significativos es el efecto de la apreciación de la moneda cuando en el mercado de divisas la oferta aumenta más que proporcionalmente frente a los movimientos de otras variables económicas, afectando tanto a las exportaciones como al mercado interno. Más aún, el lavado de dinero también puede erosionar la economía por el cambio en la demanda de dinero efectivo (con efectos sobre la inflación) y el incremento en el monto de la tasa de interés, afectando los niveles de producción.

Por otro lado, en las empresas legales cuyo capital en realidad proviene de recursos ilícitos, no será generalmente el eje principal la rentabilidad financiera o el crecimiento corporativo, sino el mero blanqueo de capital; ello afectará a la macroeconomía como un todo en términos de eficiencia y sustentabilidad, al incurrir en cargas adicionales en relación a los precios corrientes del mercado. Ello a su vez genera un tributo adicional que deben pagar las empresas legales para competir, como así también a incrementos de precios generalizados que afectan al resto de los consumidores.

Los gobiernos tienen mucho que hacer. En países en los cuales gran parte de la población no se encuentra bancarizada, gran parte de la liquidez que puede conseguir el ciudadano medio es proveniente del lavado de dinero y a tasas usureras. Por otro lado, si no se toman medidas, se retrae la confianza del público en el sistema financiero, incrementando el riesgo y la inestabilidad del mismo. En este sentido, muchos inversores extranjeros tienden a evitar invertir en mercados asociados con este flagelo (si un aspecto del sistema legal es incumplido, otros actos ilegales probablemente se cometerán). Adicionalmente, si los gobiernos no realizan políticas para controlar y castigar la ilegalidad, el dinero proveniente del blanqueo puede ser convertido en moneda extranjera y fugado de la economía, disminuyendo las reservas internacionales al tiempo que se generarían presiones para con la depreciación de la moneda y al déficit de la Balanza de Pagos.

Para concluir, la clave para combatir el lavado de dinero se encuentra en lograr una articulación entre todos los sectores de la economía, así como también una mayor cooperación internacional para enfrentar la problemática desde una óptica global. La justicia también debe ser implacable. En muchos Estados, dado que los criminales han ido creando mecanismos y esquemas cada vez más complejos y desarrollados, se buscan alternativas ante las insuficientes capacidades logísticas, humanas y financieras. Por ejemplo, sino puede detener a los grupos que delinquen por el delito de lavado de dinero, se los juzga por evasión de impuestos. Para todo ello, se requiere una decisión política firme que permita el accionar coordinado y efectivo de todos los Organismos del Estado.

La economía del Crimen Organizado

Por  Pablo Kornblum, Publicado en Mundo Plural, Abril 2017.

https://www.yumpu.com/es/document/view/58182357/mundo-plural-numero-8

La reestructuración de la economía, el comercio y las finanzas en un mundo dominado por el neoliberalismo ha desarrollado con fuerza la globalización del crimen organizado en las últimas décadas. Mientras los sistemas estatales de control y regulación se desmoronan bajo el peso de crisis financieras recurrentes y demandas crecientes de la economía real, el crimen organizado comienza a jugar un papel dominante en la vida de los Estados: las estimaciones más conservadoras de la OCDE y el FMI reconocen que los recursos económicos del crimen organizado superan el 5% del PBI mundial. No caben dudas que el crimen organizado se ha transformado en parte integrante del sistema económico internacional, con trascendentales consecuencias sociales, económicas y geopolíticas.
Las ganancias y la influencia del crimen organizado son inmensas, en todos los países del mundo sin excepción. Las mismas son procedentes del tráfico de drogas, armas y materiales nucleares; así como también de servicios controlados por la mafia (prostitución, juego, cambios de moneda). Pero además tiene varias aristas para analizar. Por un lado, el crimen organizado es un perjuicio para el resto de la economía: ya sea por negocios legales que se dejan realizar por la falta de recursos genuinos, o los gastos que los Estados se ven obligados a realizar para luchar contra las mafias (policía, la Administración de justicia), que podrían ser redistribuidos a programas sociales, entre otros. Indirectamente, la violencia del crimen también implica un gasto extra en salud para las víctimas de un delito y sus familias. Ello sin tener en cuento además los nocivos efectos físicos y psíquicos que afectan la productividad y como consecuencia una importante pérdida económica para el Estado como un todo.
Sin embargo, más determinante aún son las magnitudes de las inversiones realizadas rutinariamente por organizaciones criminales en empresas comerciales legítimas; así como su control de los medios de producción en muchas áreas de la economía legal que conllevan a que sus capitales tengan un rol importante en términos macro y microeconómico. Su dinero suele depositarse en bancos comerciales que lo utilizan para ampliar sus préstamos a empresas (legales e ilegales), y también se canaliza hacia inversiones de consumo primario, insumos, bienes de capital, acciones y bonos gubernamentales. Por lo tanto, en lugar de solo proteger su campo tradicional, las organizaciones criminales en diferentes partes del mundo poseen fuerzas combinadas dirigidas hacia la ‘apertura de nuevos mercados’, tanto en la economía legal (inmuebles de lujo, espectáculos, editoriales, medios de prensa, y servicios financieros, entre otros) como en la ilegal (cooperando a su vez con grupos criminales de otros países).
Finalmente, para prosperar, al igual que las empresas legales, el crimen organizado requiere socios entre las elites políticas. Toda organización criminal busca neutralizar la represión estatal (policía y justicia) y captar los recursos económicos, tanto civiles como de los poderes públicos. Esto se traduce en que la relación entre mafia y Estado suele oscilar desde la cohabitación a la simbiosis: en muy raras ocasiones la relación entre el crimen organizado y la política se plantea en forma de confrontación. Para citar un ejemplo, las leyes que promueven la huida de capitales a paraísos fiscales offshore ayudan no sólo a personas y corporaciones a sacar recursos bien habidos, sino también permiten las mafias a movilizar más fácilmente sus activos líquidos. La privacidad, tecnología y falta de regulación que atraen a los criminales son las mismas que facilitan el flujo de dinero legal entre una empresa matriz y una subsidiaria que actúa como fachada.
Para concluir, para combatir el crimen organizado es necesario incrementar la cooperación entre los países en materia de transferencia de procedimientos e investigaciones, con leyes y políticas económicas y tributarias firmes. Este escenario obliga indefectiblemente a las naciones a mejorar sus capacidades técnicas y estructurales para enfrentar esta difícil y compleja lucha, donde los daños económicos causan tanto perjuicio como los políticos, físicos y sociales.

Democracia, Para quien?

Publicado en el Diario www.dbiz.com.ar el Miercoles 13 de Agosto de 2014

La caída del muro de Berlín fue la oportunidad histórica para expandir un sistema capitalista neoliberal a nivel global que reasegure la contratendencia a la caída de la tasa de ganancia de forma ilimitada (al menos en términos geográficos) y la acumulación de capital en manos de las grandes corporaciones transnacionales. Para ello, se tornó necesario generar un sistema institucional que provea la suficiente solidez para el aseguramiento de sostenibles altas tasas de rentabilidad. El ‘capitalismo democrático’, mostrado al mundo a través de las nacientes cadenas de comunicación global como el sistema triunfante, moderno y eficaz, fue la propuesta aceptada mayoritariamente desde las más diversas aristas del globo.

Sin embargo, raudamente el proceso neoliberal arremetió contra cualquier tipo de Estado de Bienestar existente y enterró el progreso y los avances hacia un marco de dignidad y desarrollo personal y profesional en términos de lo que una ‘verdadera democracia’ representa como utopía lingüística. Pero lo más grave no es el avasallamiento de los ‘derechos democráticos económicos’ de los más necesitados: sino más bien, la coercitiva respuesta (verbal y física) para con los reclamos por parte de las mayorías desfavorecidas que desean fervientemente la regeneración o el restablecimiento de una digna calidad de vida conforme con los avances socio-económicos que se deberían disfrutar en el Siglo XXI.

En definitiva, nos encontramos con un modelo global cuyo objetivo es la estabilización sistémica que asegure el estatus-quo: libertad económica y financiera con seguridad jurídica para reproducir y potenciar la acumulación de capital. La ‘democracia’ y los ‘derechos sociales’ de una sociedad global cada día más inequitativa, han sido relegados a tibias mejoras marginales que permitan minimizar las tensiones sociales.